Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 135284
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, en el marco del juicio iniciado por la señora Vilma Daniela Lalli contra la Provincia de Buenos Aires, en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que denunció padecer, rechazó el planteo de caducidad opuesto por la parte demandada (v. resol. de fecha 18-III-2025).
Para así decidir, sostuvo inicialmente que las partes fueron contestes en que la actora transitó la etapa administrativa previa, habiendo la Superintendencia de Riesgos de Trabajo determinado el carácter no profesional de la contingencia denunciada.
Señaló, que de conformidad con lo establecido por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 la trabajadora -o sus derechohabientes- pueden peticionar la revisión de lo actuado en dicha sede ante el Tribunal del Trabajo que resulte competente a través de una acción laboral ordinaria, dentro del plazo de noventa (90) días hábiles judiciales computados desde la notificación de la resolución emanada de la Comisión Médica Jurisdiccional, bajo apercibimiento de caducidad.
Indicó que de la compulsa del expediente administrativo n° 088601/22, no se advierte que la disposición final dictada por el ente administrativo contenga constancia de su notificación a la trabajadora a fin que se haya dado inicio al cómputo del plazo de caducidad normativamente indicado.
En tales condiciones, concluyó que dicha circunstancia determina que la acción de revisión fue interpuesta en término, no existiendo resolución alguna que haya adquirido autoridad de cosa juzgada administrativa en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. Frente a dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 7-IV-2025), el que fue concedido por el órgano de grado el 11 de abril de 2025.
En su presentación, sostiene que la decisión de grado es errónea, toda vez que de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas surge acreditado que la disposición de clausura allí emitida fue remitida al domicilio electrónico y constituido del letrado patrocinante de la trabajadora atento lo dispuesto por la legislación vigente.
Conforme ello, y lo normado por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, indica que la presente acción fue iniciada una vez transcurrido en exceso el plazo de noventa -90- días hábiles judiciales computados desde la notificación de la resolución emanada de la Comisión Médica, motivo por el cual, la misma se encuentra firme y consentida.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda- no excede el mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024.
En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado art. 82 de la ley 15.057 (cfr. causas L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024 y L. 132.862, "Lallement", resol. de 15-IV-2025; e.o.).
De suyo, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.2. Bajo las señaladas premisas, no se observa la concurrencia del mentado supuesto excepcional, toda vez que, además de referirse los agravios traídos a estrictas cuestiones de hecho y prueba, la doctrina que se invoca transgredida ha sido elaborada sobre la base de presupuestos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 125.657, "Durand", resol. de 2-III-2021; L. 129.442, "Pereyra", resol. de 19-XII-2022; L. 129.670, "Verón", resol. de 14-III-2023 y L. 129.729, "Azocar", resol. de 30-V-2023; e.o), no resultando -en consecuencia- idónea en el marco del estrecho carril en tratamiento.
A lo expuesto se agrega, que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol. de 28-XII-2021; L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/05/2025 11:41:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/05/2025 07:06:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2025 12:45:41 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2025 15:09:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2025 08:54:19 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/05/2025 10:13:14 hs. bajo el número RR-555-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia