Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129380
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.380, "Sartorelli, José Luis contra Municipalidad de Suipacha. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Mercedes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción promovida e impuso las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 31-V-2022).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 21-VI-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor José Luis Sartorelli contra la Municipalidad de Suipacha, en cuanto había reclamado con sustento en las normas del derecho común la reparación de los daños y perjuicios derivados de la minusvalía padecida.
En su pronunciamiento, juzgó configurada responsabilidad objetiva de la demandada en los términos del art. 1.113 del Código Civil (ley 340), condenándola al pago de la suma que estableció en concepto de reparación del daño material y moral.
Asimismo, resolvió que Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (citada como tercero) debía abonar determinado monto a título de la prestación prevista en el art. 14 inc. 2 de la ley 24.557.
Declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.399 y dispuso aplicar intereses sobre el capital de condena —desde el 4 de abril de 2011 y hasta su efectivo pago— a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Por su parte, rechazó los reclamos indemnizatorios por los accidentes denunciados como ocurridos en el año 1987 y 4 de abril de 2011, por las lesiones en las rodillas y por el trastorno de índole psiquiátrica.
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16, 19 y 75 incs. 19 y 23 de la Constitución nacional; 39 de la Constitución provincial y de la doctrina legal que cita.
II.1. Cuestiona la base salarial utilizada por el tribunal de grado para calcular la indemnización en concepto de daño material (lucro cesante).
Afirma que al valorar los perjuicios sufridos por el trabajador el sentenciante contradijo el concepto de "deuda de valor" receptado en el art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación, apartándose además de la doctrina legal sentada en los precedentes que individualizó.
Argumenta que no resulta razonable atender para calcular el monto indemnizatorio al salario percibido por el actor al momento de consolidación de la incapacidad, ya que tratándose de una deuda de valor deben considerarse las remuneraciones vigentes a la fecha del dictado de la sentencia.
Agrega, que utilizar una base de cálculo harto desactualizada no ampara satisfactoriamente el daño, provocando una injustificada reducción del crédito del trabajador.
Refiere que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Ontiveros" estableció que la reparación debe ser plena, congruente con el daño sufrido, habiendo sido reconocido dicho postulado en el art. 1.740 del Código Civil y Comercial.
Tras efectuar distintas comparaciones señala que el salario mensual que el tribunal consideró para calcular las sumas por las que prosperó el reclamo fue el correspondiente al momento en que juzgó consolidada la incapacidad, pero si se tomase como referencia al salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha del pronunciamiento, aplicándolo luego a la misma fórmula utilizada por el a quo , se arribaría a un importe indemnizatorio más cercano y real para reparar la minusvalía. Postula que con ese método restablecería el derecho de propiedad, al tiempo que refiere que la determinación del valor de reparación del daño al momento del efectivo pago no resulta incompatible con las normas relativas al nominalismo (arts. 7 y 10, ley 23.928).
Finalmente, con apoyo en distintos precedentes de la Corte nacional, considera inconstitucional cualquier esquema que no repare debidamente el daño que sufra el trabajador con motivo de sus labores.
II.2. Por otra parte, objeta el porcentaje de incapacidad determinado en la instancia de grado, pues expresa que el tribunal se apartó de las conclusiones volcadas por el perito médico sin brindar ningún tipo de fundamentación.
Alega que el galeno desinsaculado en autos determinó que el actor es portador de una incapacidad del 67,76%, arribando a tal conclusión luego de indicar que las lesiones que padece no se relacionan únicamente con sus tareas de ambulanciero y camillero, sino fundamentalmente con las de camionero y trabajo con máquinas, habiendo sufrido además una afección severa en su columna el día 4 de abril de 2011, siendo posteriormente operado con lesión de L4-L5 y L5-S1.
En suma, refiere que no existe prueba más idónea para determinar el grado de minusvalía física que porta el reclamante que el informe presentado por el experto en la materia, y dado que el juzgador no expuso las razones que justifiquen el apartamiento a tal medio probatorio, corresponde revocar este aspecto del fallo.
III. El recurso no prospera.
Razones de método aconsejan alterar el orden de tratamiento de los agravios traídos.
III.1. El interesado impugna la minusvalía reconocida en la sentencia conforme las razones arriba detalladas.
En este punto, interesa recordar que valorar el material probatorio, determinar el porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador y establecer su eventual relación causal con las contingencias motivo de reclamo, constituyen potestades privativas de los señores jueces del trabajo, y las conclusiones que al respecto formulen no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo la invocación y eficaz demostración de absurdo (causas L. 118.683, "Moreno", sent. de 23-XI-2016; L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020 y L. 126.343, "Arias", sent. de 10-VII-2023; e.o.).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 121.265, "Ojeda", sent. de 6-X-2020; L. 122.965, "Juárez", sent. de 23-II-2021; L. 121.787, "Schroeder", sent. de 8-III-2021; L. 121.592, "Arado", sent. de 18-VIII-2022; L. 125.486, "A., N. B.", sent. de 14-III-2023 y L. 126.343, "Arias", sent. de 10-VII-2023; e.o.).
Ahora bien, en el caso, el recurrente cuestiona la entidad de los argumentos que llevaron al juzgador a apartarse del porcentaje de incapacidad fijado en el informe pericial médico.
Cabe advertir que, en la evaluación de la experticia, el tribunal de origen concluyó que el médico se había referido a distintos sucesos traumáticos (1992/1993 y 4 de abril de 2011). Asimismo, que la Comisión Médica n° 14 de Junín había establecido que la última contingencia había provocado al actor una lumbociatalgia de esfuerzo, al tiempo que la espondilosis con listesis L4-L5, resultaba una enfermedad inculpable.
A partir de la evaluación conjunta de todos los elementos de juicio (v.gr. escrito postulatorio, declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa, dictamen de la Comisión Médica de Junín en el expediente n° 014-L.00909/11, documental aportada por Provincia Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A., informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y pericia psicológica; v. vered., primera cuestión), el a quo concluyó que el último evento traumático había agravado la patología de base.
En su confronte con el desarrollo plasmado en la sentencia, el recurrente formula, tan solo, apreciaciones que se mantienen en el plano del mero disentimiento; y, por ende, carentes de virtualidad para enervar el extremo cuestionado, de suyo insuficiente para demostrar la existencia de absurda valoración de los elementos ponderados por el tribunal de origen, en uso de potestades privativas (causas L. 118.733, "Merlo", sent. de 17-VIII-2016; L. 120.386, "Roldán", sent. de 3-X-2018; L. 122.472, "Appendino", sent. de 20-XI-2020; L. 126.512, "Iribarne", sent. de 22-XI-2022; L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022; L. 125.486, "A., N. B.", sent. de 14-III-2023 y L. 126.356, "Atencio", sent. de 27-III-2023; e.o).
III.2. La crítica concerniente a la cuantificación del resarcimiento no prospera (art. 279, CPCC).
III.2.a. En su demanda, sostuvo el actor que el daño material podía estimarse mediante diversos procedimientos, escogiendo para calcular dicho rubro a la denominada "fórmula Méndez" e identificando cada uno de sus componentes (así, la sumatoria de las remuneraciones percibidas durante el año anterior al daño sufrido por el trabajador, incluyendo el sueldo anual complementario, los coeficientes de ajuste por edad y financiero del valor actual, el porcentaje de incapacidad, la tasa de interés y la cantidad de años restantes hasta el límite de vida útil; v. fs. 149 y vta.).
En oportunidad de practicar la liquidación final del reclamo solicitó que el importe estimado fuera reajustado en más o en menos según las pruebas que se produzcan o lo que determine el elevado criterio del tribunal, más los intereses hasta el íntegro pago (v. dem., fs. 149 vta.).
III.2.b. El juzgador de origen dispuso, a efectos de determinar el quantum indemnizatorio, que si bien algunos magistrados apelan a fórmulas aritméticas como las conocidas "Vuotto" y "Méndez" que presentan ciertas ventajas ya que simplifican la labor, unifican criterios y descartan la arbitrariedad de la decisión, tienen como falencia que no ponderan adecuadamente las particularidades del caso.
Expuso que para evaluar el monto resarcitorio por la disminución de las aptitudes físicas y psíquicas deben tenerse en cuenta las secuelas, los efectos que puedan tener en el ámbito de la vida laboral de la víctima y en su vida en relación, no estando los señores jueces constreñidos a la aplicación de fórmula matemática alguna, facultando el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial fijar el importe de los daños y perjuicios reclamados siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto.
Sin perjuicio de lo expuesto, el sentenciante indicó que no podía abstraerse de realizar una operatoria que posibilite conocer de qué manera se llega al monto que se considere suficiente como reparación integral.
En tales condiciones, consideró la fecha de consolidación de la incapacidad, la edad del actor a ese momento, el ingreso mensual, el porcentaje de incapacidad y la edad jubilatoria y cuantificó la reparación por el daño material.
Luego, dispuso que a la suma resultante se le aplicaran intereses moratorios desde el 4 de abril de 2011 y hasta el momento de su efectivo pago, liquidados con arreglo a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días.
III.2.c. Luce evidente el desencuentro entre los argumentos y las concretas peticiones realizadas en el escrito de la demanda vinculados con el resarcimiento del daño material y aquellos otros desarrollados en el recurso bajo examen. Mientras que en la postulación inicial, como se dijo, solicitó que el importe reclamado en concepto de daños y perjuicios se reajustara en más o en menos según el criterio del juzgador, incrementado por los intereses hasta el íntegro pago, el recurrente propone ahora, de manera extemporánea, un nuevo alcance de lo pretendido inicialmente, esto es, que el módulo salarial de la fórmula utilizada por el sentenciante de grado sea calculado a valores actuales, contemplando el salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha de la sentencia, modificando así el objeto de debate y juzgamiento en la instancia anterior.
Esta Corte ha resuelto en distintas oportunidades que las argumentaciones novedosas —fruto de una reflexión tardía—, resultan ineficaces para habilitar la vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley toda vez que no fueron introducidas oportunamente como objeto de la discusión ante el tribunal de grado (causas L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017; L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023 y L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023; e.o.).
Entonces, lo señalado conduce a que también en este tramo el medio de impugnación sea desestimado.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/12/2024 13:44:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/12/2024 07:28:06 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2024 14:35:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2025 13:30:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/02/2025 08:28:50 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 10/02/2025 09:24:02 hs. bajo el número RS-2-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia