Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132507
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Nicolás rechazó la demanda promovida por Eugenio Miranda contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. mediante la que procuraba el cobro de las prestaciones dinerarias establecidas en el régimen especial de riesgos del trabajo (v. veredicto y sentencia de fecha 24-IV-2024).
Para así decidir, tras evaluar las constancias de la causa, concluyó que no se había acreditado la existencia de la invocada relación de causalidad entre las afecciones incapacitantes denunciadas por el actor y las tareas prestadas por éste a favor del empleador.
II. Contra dicha decisión, el actor dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 14-V-2024), el que fue concedido por el a quo en el marco del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resol. de fecha 20-V-2024), decisión que, debidamente notificada a las partes, no mereció objeciones del recurrente (v. constancias de fecha 20-V-2024).
En su presentación, cita las normas y doctrina legal que considera transgredidas en el fallo impugnado.
En sustancia, cuestiona la conclusión con arreglo a la cual el a quo descartó la existencia de nexo causal entre la minusvalía que afecta al trabajador y el infortunio invocado en el escrito de demanda.
En ese orden, alega, esencialmente, que el juzgador de grado valoró absurdamente las pruebas aportadas al proceso, especialmente el informe pericial médico.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado (v. resol. de fecha 20-V-2024), la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 117.035, "Abregú", resol. de 25-IX-2013; L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015 y L. 124.706, "Álvarez", resol. de 15-IX-2020), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020; L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021; L. 127.372, "Faure", sent. de 27-III-2023).
No obstante ello, y a propósito de los argumentos desplegados por el impugnante en el apartado séptimo de su presentación, es dable poner de resalto que el planteo contenido en el recurso no permite considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal que autorice su conocimiento sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308: 490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 121.801, "Castro" resol. de 17-X-2018; L. 124.036, "Landes", resol. de 17-VI-2020; L. 125.642, "Eseiza" y L. 125.663, "Siebenhaar", resols. de 4-III-2021).
III.2. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, no se observa en la especie la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que, el impugnante, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, somete a consideración de este Órgano cuestiones cuya definición es privativa de los jueces de grado, detraídas de la revisión en el acotado marco en que se examina el recurso, tales como la relación causal entre las tareas desempeñadas por el trabajador con la minusvalía que lo afecta y la valoración del material probatorio (causas L. 121.164, "Cardozo", sent. de 27-XI-2019; L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020; L. 127.797, "Llanos", sent. de 14-XII-2023).
Cabe añadir que esta Corte tiene resuelto que la doctrina referida al vicio de absurdo no resulta idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 123.817, "Juncos", sent. 28-IV-2021; L. 124.115, "Sabels", sent. de 13-XII-2021; L. 131.128, "Carboni", resol. de 8-IV-2024).
III.3. Por lo demás, es dable destacar que tampoco se observa la concurrencia del mentado supuesto excepcional cuando se traen a consideración agravios vinculados a cuestiones estrictamente procesales, como lo son las relativas a la distribución de la carga de la prueba y a la infracción del principio de congruencia, asuntos detraídos de revisión en el acotado marco cognitivo en el que se examina la impugnación traída (causas L. 120.013, "Quilodran", resol. de 15-XI-2017; L. 120.040, "Salto", sent. de 3-V-2018 y L. 119.551, "Ruiz Acevedo", sent. de 21-VI-2018; L. 132.060, "Nuñez", resol. de 20-IX-2024).
III.4. A mayor abundamiento, cabe recordar que no constituye doctrina legal -en los términos y con los alcances señalados por esta Suprema Corte- la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte nacional (causas L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019; L. 127.240, "Banegas", sent. de 21-III-2024).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en apartado III.3.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncalves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/02/2025 19:43:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/02/2025 11:12:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2025 12:06:43 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2025 12:39:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2025 13:46:33 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/03/2025 14:47:07 hs. bajo el número RR-76-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia