Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130361
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Morón rechazó in limine la demanda promovida por la señora Liliana Marina Ocampo contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., por la que procuraba el pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas de la enfermedad profesional que alegó padecer (v. pronunciamiento de fecha 18-VIII-2022).
Para así decidir, sostuvo que el art. 2, tercer párrafo, de la ley 27.348 y el art. 103 de la ley 15.057 prevén contra las resoluciones de la Comisión Médica Central la vía de apelación por recurso directo, no así mediante acción ordinaria, como la que interpuso la parte actora en autos.
Consecuentemente, decidió rechazar la demanda incoada por no resultar la vía de acción intentada adecuada a los fines de la revisión pretendida.
II. Contra dicha decisión, la legitimada activa dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación de 5-IX-2022), los que fueron concedidos por el a quo (v. resols. de 17-XI-2022 y 26-XII-2022, respectivamente), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de 22-VI-2023).
III. En el primero de los remedios interpuestos, la impugnante denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
III.1. Sostiene que el tribunal de grado omitió tratar una cuestión de carácter esencial, tal como lo es -afirmó- que el órgano administrativo que intervino en cumplimiento de la etapa administrativa previa y obligatoria dispuesta por la ley 27.348 fue la Comisión Médica Jurisdiccional de Morón y no así la Comisión Médica Central.
Manifiesta que el a quo incurrió en el equívoco de limitar su análisis a la circunstancia de que el dictamen que se somete a revisión proviene de este último organismo, sin considerar las particularidades que rodearon el caso, demostrativas de que quien actuó habilitando su competencia territorial fue la Comisión Médica Jurisdiccional de Morón, la que unilateralmente decidió elevar las actuaciones a aquel superior jerárquico a efectos de ratificar o rectificar el carácter de la enfermedad profesional denunciada.
Alega que el fallo se encuentra desprovisto de una adecuada fundamentación legal.
III.2. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
Sabido es, que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial, únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021 y L. 129.595, "Palenzona", resol. de 10-IV-2023).
En la especie, la impugnación no puede subsumirse en ninguno de los señalados supuestos, toda vez que de la simple lectura de la sentencia atacada y de los términos de la impugnación contra ella deducida, fácil resulta advertir que la interesada, bajo la denuncia de la supuesta omisión de cuestiones esenciales, en rigor de verdad dirige su crítica a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento propio del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020; L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021 y L. 123.184, "Quiriconi", sent. de 27-X-2022; e. o.).
Tampoco ha de tener cabida el reproche sustentado en la vulneración del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en tanto lo que la referida norma sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación (causas L. 120.845, "SATA Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.635, "García", resol. de 7-X-2021 y L. 127.398, "Rizzo", resol. de 27-II-2023; e. o.).
IV. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, la interesada individualiza las normas y la doctrina legal que considera transgredidas.
Alega, en lo sustancial, que el tribunal de grado aplicó erróneamente las disposiciones contenidas en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057.
Señala que dicha normativa otorga el derecho al trabajador damnificado a incoar una demanda ordinaria, dándole la posibilidad de elegir la Comisión Médica que va a intervenir.
En ese contexto, manifiesta que no está prevista legalmente la remisión del expediente administrativo que llevó a cabo la Comisión Médica Jurisdiccional a la Comisión Médica Central. Refiere que este último organismo solo intervine en grado de apelación, la que no fue interpuesta por la actora.
Indica que el decreto n° 410/01 prevé la intervención de la Comisión Médica Central para que ratifique o rectifique el dictamen de la Comisión Médica jurisdiccional que acogió una enfermedad no listada, pero ello no autoriza a que se disponga una prórroga de la competencia.
Alega que el a quo desplazó la competencia de la Comisión Médica Jurisdiccional elegida por el trabajador, obligándolo a transitar el procedimiento en otra jurisdicción.
Invoca la configuración en el caso de un exceso ritual manifiesto y la trasgresión del derecho de igualdad consagrado por el art. 16 de la Constitución nacional.
IV.1. El recurso no prospera.
IV.1.a. Liminarmente, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria -representado por el capital reclamado en la demanda- no excede el importe mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, el tratamiento del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario- (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 129.307, "Pintos", resol. de 20-IX-2024; e.o.).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
IV.1.b. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la doctrina legal traída por el recurrente en apoyo de su crítica ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; L. 127.838, "Haedo", resol. de 1-IX-2022; L. 130.761, "Actis", resol. de 22-XII-2023 y L. 131.282, "González", resol. de 29-V-2024; e.o.).
IV.1.c. Por lo demás, es dable señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol de 28-XII-2021; L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/02/2025 20:18:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/03/2025 13:03:34 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2025 13:48:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2025 17:00:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/03/2025 08:19:58 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/03/2025 09:43:27 hs. bajo el número RR-123-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia