Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130509
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el remedio extraordinario incoado por la Fiscalía de Estado en atención a que el planteo introducido en el punto III.1. ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos, y el analizado en el punto III.2. no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la recurrente vencida (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción promovida por Rodolfo Jorge Torrielli y, en consecuencia, condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 14 apartado 2 inc. "a" y 20 de la ley 24.557 y el incremento establecido en el art. 3 de la ley 26.773, como consecuencia de la enfermedad profesional que denunció padecer (v. pronunciamiento de fecha 7-XII-2022).
Para así decidir, y en lo que resulta de interés por ser materia de agravio, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo -según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348- solicitado por la demandada y realizó el cálculo del resarcimiento conforme las pautas allí establecidas.
Finalmente, dispuso implementar, entre la fecha de exigibilidad (18-V-2017) y hasta la sentencia, una tasa pura de interés que estimó en el seis por ciento -6%- anual, y luego, que el importe resultante de la acumulación de capital y dichos accesorios, devengue hasta el efectivo pago un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, ello, con sustento en los arts. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial y 12 inc. 3 de la ley 24.557, modif. por la referida ley 27.348.
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 3-II-2023), el que denegado por el órgano de grado (v. resolución de fecha 4-IV-2023), fue concedido por esta Corte al resolver la queja incoada (v. presentación de 14-IV-2023 y resolución de fecha 3-VI-2024).
II.1. En su presentación cuestiona, en primer lugar, que el tribunal de grado hubiera desestimado el planteo de inconstitucionalidad del citado art. 12 inc. 2 de la ley 24.557, plasmado al contestar la demanda.
Afirma que la decisión es absurda y afecta las garantías constitucionales de igualdad, integridad patrimonial y razonabilidad de la reparación del daño (arts. 16, 17 y 19, Const. nac.).
Se agravia de la aplicación de la tasa de interés activa como mecanismo para actualizar el ingreso base mensual.
II.2. Por otro lado, objeta la forma en que el órgano de grado aplicó el art. 12 inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, según el texto de la ley 27.348.
Alega que si bien, respecto del período que va desde el dies a quo y hasta la fecha de la sentencia, acató el contenido de los precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), al resolver el tramo posterior (es decir, desde allí y hasta el momento del efectivo pago) ignoró las directivas establecidas en las citadas causas, imponiendo irregularmente a su parte cargar con el anatocismo contemplado en aquella norma en sustitución de la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, y más allá del valor de lo cuestionado, lo cierto es que el primer agravio que contiene el medio de impugnación debe rechazarse toda vez que ha sido desestimado por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 124.171, "Gutiérrez" y L. 124.420, "Mancuello", sents. con fecha 21-X-2022). En consecuencia, debe permanecer incólume el pronunciamiento en cuanto se rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, según el texto de la ley 27.348, articulado por la demandada.
III.2. En otro orden, los cuestionamientos vinculados a los intereses aplicados no resultan atendibles.
En efecto, debiendo resolverse la cuestión en el estrecho marco de análisis que provee el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -conforme lo resuelto en la resolución de fecha 23-V-2022-, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que las únicas doctrinas legales denunciadas por la quejosa han sido elaboradas sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020 y L. 107.939, "Melgar", sent. de 12-II-2021). En las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), se dijo que, habiéndose determinado la indemnización por daños y perjuicios a valores actuales, debía emplearse para computar los intereses moratorios el denominado interés puro a fin de evitar distorsiones en el cálculo y determinación del crédito, el que se estableció en el seis por ciento -6%- anual sobre el crédito indemnizatorio conforme el dies a quo establecido en la sentencia impugnada y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (conf. arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.); y que, de allí en más, resultaba aplicable la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (ambas sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
Ahora bien, en estos últimos precedentes citados, y que también invoca la recurrente, el núcleo central de la cuestión sometida a conocimiento de este Tribunal radicaba en la fijación, por conducto de la estimación judicial, -del tipo de tasa de interés a aplicar en los términos del art. 622 del Código Civil- respecto de la liquidación de deudas derivadas de obligaciones, cuando ni las partes ni la legislación especial preveían una alícuota determinada.
De lo expuesto, se evidencia que -conforme lo anticipado- dichos antecedentes difieren sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, donde el tribunal de grado declaró aplicable una tasa de interés fijada normativamente (art. 11, ley 27.348), lo que determina el fracaso de la impugnación por la inaplicabilidad en la especie de la doctrina que aquí se denuncia violada (causas L. 121.551, "Lince", sent. de 14-VII-2020; L. 122.776, "Galeno", sent. de 27-VII-2020 y L. 126.459, "García", resol. de 28-V-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el remedio extraordinario incoado por la Fiscalía de Estado en atención a que el planteo introducido en el punto III.1. ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos, y el analizado en el punto III.2. no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la recurrente vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/05/2025 13:14:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2025 10:20:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2025 12:26:40 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2025 18:21:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2025 08:29:34 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/05/2025 10:03:20 hs. bajo el número RR-486-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia