Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130134
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.134, "Broglia, Gabriel Jorge Alberto contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. vered. y sent. de fecha 31-X-2022).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 22-XI-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente, en lo que es motivo de impugnación, hizo lugar a la acción entablada por Gabriel Jorge Alberto Broglia y condenó a la Provincia de Buenos Aires —en su calidad de empleadora autoasegurada— al pago de la suma que especificó en concepto de diferencias derivadas de la prestación dineraria establecida en el art. 14 inc. 2 apartado "b" de la ley 24.557, con más el adicional contemplado por el art. 3 de la ley 26.773, como consecuencia de la incapacidad derivada del accidente de trabajo protagonizado por el actor el día 26 de septiembre de 2014.
En lo que interesa, en relación con el ingreso base mensual a considerar, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la ley 27.348), y efectuó la cuantificación de la referida prestación con arreglo al salario vigente a partir del 1 de septiembre de 2022 ($68.862,45) para un policía con la jerarquía (sargento) del actor al momento del evocado infortunio.
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 1, 16, 17, 18, 19, 28, 31 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional; 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 31 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales; 34 inc. 4, 163 inc. 6, 165, 166, 266, 272 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653; 7 y 10 de la ley 23.928 —conforme el art. 4 de la ley 25.561—; y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 22-XI-2022).
Se agravia porque el tribunal de origen declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la ley 27.348), y se apartó del ingreso base mensual que establece la norma. Aduce que la decisión es arbitraria en tanto los fundamentos invocados en ella son meramente aparentes.
Afirma que el control de constitucionalidad de las leyes que incumbe a los jueces no implica la posibilidad que se sustituyan a los órganos gubernamentales y alega que lo resuelto le causa gravamen por cuanto se la condena más allá del límite por el que se obligó contractualmente conforme la ley vigente.
Alega que el absurdo de lo decidido en este tópico es ostensible cuando se advierte que el tribunal reivindicó su potestad para cuantificar la reparación a cualquier tiempo, evadiendo lo establecido en el sistema de reparación (tarifado) conscientemente elegido por la parte actora.
Refiere que la declaración de inconstitucionalidad de una norma no puede fundarse en una mera conveniencia económica, ni tampoco en afirmaciones dogmáticas.
Entiende que dicho pronunciamiento, al tener en cuenta implícitamente la desvalorización del salario durante el tiempo que demandó la determinación de la incapacidad, se apartó de lo dispuesto por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, en la medida en que el objetivo evidente fue mantener el poder adquisitivo.
Agrega que la solución que podría haberse adoptado, para no infringir la citada normativa, era la de aplicar intereses al monto resultante de la fórmula prevista por el art. 12 de la ley 24.557.
De igual modo, cuestiona que el a quo haya considerado la prestación dineraria de la ley 24.557 como una "deuda de valor", utilizando conceptos de la reparación plena del derecho civil cuando justamente nos encontramos en un microsistema tarifado con sus propias normas, procedimientos y pautas para la cuantificación de indemnizaciones.
En ese orden, argumenta que la reparación tarifada de la ley sistémica se encuentra basada en "prestaciones dinerarias", que aluden a obligaciones dinerarias que se basan en el principio nominalista. Sostiene que, en materia de legislación laboral, las deudas de dinero se ajustan mediante índices y topes mínimos indemnizatorios, tal como lo establecen la ley 26.773 y el decreto 472/14.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. La impugnación a la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la ley 27.348) pronunciada en la instancia de grado debe desestimarse.
III.1.a. En el fallo de los hechos, el órgano judicial tuvo por acreditado que el 26 de septiembre de 2014 el actor fue víctima de un accidente de trabajo, y que —a consecuencia de ese hecho— padece una incapacidad definitiva del 51,98% de la total obrera.
También estableció que al momento del infortunio el señor Broglia devengaba un ingreso base mensual de $14.002,85, mientras que, de acuerdo al anexo del decreto provincial 2022-1110-GDEBA-GPBA, la remuneración básica de un policía con su misma jerarquía (sargento), ascendía a la suma de $68.862,45, a partir del 1 de septiembre de 2022 (v. vered., págs. 3 y 4).
Ya en la sentencia, procedió a calcular la prestación dineraria establecida en el art. 14 inc. 2 apartado "b" de la ley 24.557 (texto anterior a la ley 27.348), y señaló que el seguimiento estricto de los parámetros allí previstos, conllevaba una notable insuficiencia para reparar la minusvalía del actor, correspondiendo revisar aquel sistema indemnizatorio en el caso concreto, pues su aplicación se evidenciaba claramente irrazonable en orden a la finalidad reparatoria que el propio régimen especial persigue.
En ese aspecto, entendió que si entre la fecha en la cual se produjo el accidente (año 2014), aquella en la cual se realizó el pago parcial de la prestación dineraria pertinente (año 2018) y la del pronunciamiento que propone abonar la diferencia, existió una evolución salarial considerable, no sería justo ni razonable que la tarifa se calculase con un salario depreciado, pues en esta situación la indemnización dejaría de cumplir adecuadamente con su función de resarcir en términos completos la pérdida de capacidad de ganancia de la víctima, que es el objetivo de las leyes especiales sobre accidentes de trabajo, por lo que la norma en cuestión entraría en franca contradicción con la doctrina sentada por la Corte Suprema de la Nación en el caso "Ascua" (sent. de 10-VIII-2010).
Luego, indicó que la obligación de pagar la indemnización por accidente de trabajo resulta conceptualmente una deuda de valor, no de dinero, razón por la cual no observaba impedimento jurídico alguno para calcular su importe con arreglo al salario vigente al momento en que se paga la indemnización, pues lo adeudado por la demandada no era una suma de dinero, sino una prestación que puede ser cuantificada en dinero a la fecha de su determinación.
Enfatizó que la norma examinada debía ser entendida en el contexto de convertibilidad de la moneda y estabilidad de precios y salarios imperantes a la fecha en que fue sancionada, situación completamente diferente a la existente en la actualidad, lo que impedía mantener —sin incurrir en una injusticia intolerable contraria a los principios protectorio y de justicia social imperantes en el Derecho del Trabajo (arts. 14 bis y 75 inc. 23, Const. nac.)— una solución legal que se ha tornado, ha sobrevenido, injusta al haberse modificado radicalmente las circunstancias socioeconómicas tenidas en cuenta al momento de su dictado.
Señaló, asimismo, que esta Suprema Corte tiene establecido, con fuerza de doctrina legal, que en los juicios por daños derivados de infortunios laborales el importe de la reparación debe ser cuantificado computando el salario a valores actualizados a la fecha en que se determina el importe de la indemnización. Citó las causas L. 119.914, "A., D. A." (sent. de 22-VI-2020) y L. 122.532, "Papalia" (sent. de 29-IX-2020).
Expresó que no podía considerarse constitucionalmente válida una norma (art. 12 de la ley 24.557) que evalúa menguadamente la pérdida de capacidad de ganancias al tomar como base para el cálculo indemnizatorio un salario significativamente inferior al vigente al momento de practicarse la liquidación de la deuda.
A partir de lo señalado, concluyó que al mediar una diferencia notable entre el ingreso base mensual devengado por el actor en la fecha del accidente —$14.002,85— y la que sería su remuneración básica actual —$68.862,45—, el citado precepto, al establecer el mecanismo para determinar el módulo salarial (que luego se proyecta sobre el importe final de la prestación sistémica) sobre la base de un guarismo manifiestamente depreciado, resultaba —en el caso— indudablemente inconstitucional, pues provocaba una injustificada reducción del crédito de carácter alimentario del trabajador, vulnerando los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional.
Consideró —entonces— que correspondía declarar la inconstitucionalidad del referido art. 12 de la citada ley 24.557, y determinar la prestación establecida en el art. 14 inc. 2 apartado "b" de la aludida normativa, con arreglo al referido módulo salarial vigente a partir del 1 de septiembre de 2022. Más aún, destacó, teniendo en cuenta que desde su demanda el trabajador hizo explícita la pérdida de valor de su crédito y solicitó una solución justa a tal perjuicio, llevando ya más de ocho años su intento de reconocimiento (v. sent., págs. 5/15).
III.1.b. Pues bien, a la luz de tales fundamentos, la crítica que ensaya la recurrente se muestra insuficiente para conmover la decisión objetada, desde que no rebate todas las razones que condujeron al tribunal de grado a resolver este aspecto de la controversia y descalificar constitucionalmente el art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la ley 27.348).
En efecto, soslayando atacar idóneamente las motivaciones sobre las que se estructura el pronunciamiento de grado, el compareciente se limita a formular consideraciones genéricas, tales como la necesidad de que se cumplan estrictos requisitos para que se declare la inconstitucionalidad de una norma, la supuesta fundamentación inadecuada del decisorio, el carácter de "deuda dineraria" que poseería la indemnización tarifada, la razonabilidad del régimen reparatorio previsto en el mentado artículo o la afectación del principio de seguridad jurídica.
Surge clara entonces la deficiencia técnica del embate, habida cuenta de que, conforme a la doctrina de este Tribunal, resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denota un desencuentro con los argumentos del decisorio apelado, evidenciando un ataque parcial a los fundamentos del fallo y soslayando la referencia a otros que, siendo esenciales por sí mismos, otorgan a aquel debido sustento (conf. doctr. art. 279, CPCC y causas L. 119.085, "Olguín", sent. de 30-VIII-2021; L. 124.447, "Taulamet", sent. de 7-IV-2022; L. 127.198, "Nitsch", sent. de 23-XI-2023; e.o.).
Tampoco resulta útil la cita del tramo de los precedentes B. 64.953, "Ithurrart" (sent. de 15-VII-2015) y B. 58.475, "Petrini" (sent. de 16-IV-2014), realizada por el interesado, en tanto la misma no se corresponde con la doctrina legal, en los términos y con los alcances en que esta ha sido definida por la Suprema Corte, sino que refiere la opinión personal de uno de sus ministros.
Asimismo, cuadra señalar que la sola denuncia del vicio de absurdo carece de idoneidad si no se lo demuestra a través de una correcta y concreta argumentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones insostenibles o inconciliables con las constancias de la litis (causas L. 123.516, "Ramos", sent. de 9-XI-2021; L. 126.591, "D'Onofrio", sent. de 27-III-2023 y L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 27-VI-2023).
IV. Por lo expuesto, propongo rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/06/2025 10:13:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/06/2025 09:29:49 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/06/2025 14:13:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/07/2025 12:31:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/07/2025 13:55:24 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 08/07/2025 14:47:20 hs. bajo el número RS-47-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia