Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 135302
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos, y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 y 298, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás, en el marco de la acción iniciada por el señor Jesús Ezequiel Bonardi contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas de la enfermedad profesional que denunció padecer, en lo que interesa destacar, declaró la validez constitucional de las leyes 14.997 y 27.348 y su falta de aptitud jurisdiccional para entender en las presentes actuaciones (v. pronunciamiento de fecha 20-III-2025).
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 7-IV-2025), los que fueron concedidos por el a quo (v. resol. de fecha 11-IV-2025), habiéndose conferido vista al Procurador General (v. dictamen de fecha 4-VIII-2025).
III. En la primera vía extraordinaria mencionada, con cita de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la provincia, el recurrente sostiene que el pronunciamiento de grado se encuentra insuficientemente fundado, vicio que -afirma- lo descalifica como acto jurisdiccional válido.
Refiere que el tribunal de origen analizó la validez constitucional de una norma sin que existiera planteo alguno al respecto por las partes que integran el presente proceso, apartándose así los magistrados del deber de resolver las cuestiones que se someten a su conocimiento y decisión.
Objeta, asimismo, que el sentenciante no tuviera en consideración los hechos alegados en la demanda, como así tampoco la prueba oportunamente ofrecida (referida a los trámites administrativos realizados ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo); todo lo cual -concluye- transgrede los principios de defensa en juico, debido proceso, primacía de la realidad, indemnidad, protectorio, congruencia y de progresividad, entre otros.
III.1. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.1.a. Sabido es que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial, únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021; L. 129.595, "Palenzona", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.716, "Pereyra", resol. de 15-IV-2024; e. o.).
III.1.b. Desde esa perspectiva, las infracciones invocadas por la compareciente no se compadecen con las causales definidas en la Constitución local para habilitar la vía intentada.
Ello así, pues los reproches que formula el recurrente se orientan a objetar el modo en que el tribunal resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de eventuales errores de juzgamiento, materia propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y ajena como tal, a la vía impugnativa intentada (causas L. 120.384, "Rocha", sent. de 19-II-2020; L. 120.924, "Cipolla", sent. de 6-X-2020 y L. 129.167, "Scalise", sent. de 29-V-2024; e. o.).
Más precisamente, cabe recordar que esta Corte tiene dicho reiteradamente que las alegaciones relativas a la apreciación del material probatorio, las dirigidas a controvertir la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, como las vinculadas a la denuncia de violación de normas de la Constitución nacional y la presunta existencia del vicio de demasía decisoria, son ajenas al ámbito del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 120.300, "Antognoli", sent. de 13-X-2020; L. 122.558, "Trápani", sent. de 17-XI-2021; L. 127.067, "Splett", sent. de 4-X-2023: L. 131.874, "Constanzo", resol. de 27-IX-2024 y L. 132.123, "Palmas", resol. de 13-III-2025; e.o.).
Por último, ante la cita de la norma del art.171 de la Constitución local, se impone señalar que el pronunciamiento dictado se encuentra respaldado en expresas disposiciones legales (causas L. 123.718, "Kollrich Borsani", resol. de 9-VI-2020; L. 126.258, "Alterino", resol. de 26-V-2021 y L. 129.219, "Barbuto", resol. de 5-XII-2022; e.o.).
IV. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley tampoco prospera.
IV.1. Liminarmente, se impone señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda- no excede el mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024.
En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado art. 82 de la ley 15.057 (causas L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024; L. 132.862, "Lallement", resol. de 15-IV-2025 y L. 134.349, "Maciel", resol. de 4-VI-2025; e. o.).
De suyo, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; L. 131.128, "Carboni", resol. de 8-IV-2024 y L. 133.597, "Espinoza", resol. de 1-VII-2025; e.o.).
IV.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, pues aun cuando la impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones fácticas y probatorias, cuyo análisis resulta una facultad privativa del juzgador de grado que, como tal, se encuentra marginado del ámbito de la casación por la vía intentada (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L.128.175, "Cuervo", resol. de 26-IV-2022 y L. 129.509, "Passerini", resol. de 3-VI-2024; e.o.), en rigor, no ha denunciado violación de doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto por conducto del carril excepcional por el que transita el recurso (causas L. 128.264, "Pacheco", resol. de 17-X-2022; L. 130.345, "Ciminelli", resol. de 7-IX-2023; L. 129.061, "Roldán", resol de 20-IX-2024 y L. 132.728, "Fabbro", resol. de 13-III-2025; e.o.)
IV.3. Cabe asimismo indicar, que tampoco es apta para habilitar la instancia extraordinaria, por el mentado conducto excepcional, la conculcación de doctrina legal citada por el interesado referida al vicio de absurdo (causas L. 129.265, "Rodríguez", resol. de 3-XI-2022; L. 131.612, "Coronel", resol. de 29-VII-2024 y L. 132.970, "Domínguez", resol. de 1-VII-2024; e. o.).
IV.4. Por lo demás, sabido es que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023 y L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024 y L. 132.722, "Sergio", resol. de 1-VII-2025; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos, y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/08/2025 16:28:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/08/2025 11:12:35 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2025 09:32:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 00:37:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 08:52:16 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/09/2025 13:38:40 hs. bajo el número RR-979-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia