Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131700
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.700, "Magliano, Mauricio Germán contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Torres , Budiño , Kohan , Maidana , Carral .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata declaró la inconstitucionalidad del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 y rechazó el planteo de caducidad opuesto por la demandada (v. pronunciamiento electrónico de fecha 11-VIII-2023).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 1-IX-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, en el marco de la acción iniciada por el señor Mauricio Germán Magliano contra la Provincia de Buenos Aires, el tribunal interviniente declaró la inconstitucionalidad del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 y, en consecuencia, rechazó el planteo de caducidad introducido por la parte demandada (v. pronunciamiento de fecha 11-VIII-2023).
Conforme los escritos constitutivos del proceso y constancias de autos, el a quo señaló que las partes fueron contestes en afirmar que el actor transitó el procedimiento previo reglado por la ley 27.348 con su adhesión por la ley provincial 14.997, y que allí, la comisión médica interviniente determinó que la patología denunciada por el trabajador era de naturaleza inculpable, dictándose el día 21 de marzo de 2022 el acto de cierre del procedimiento.
Con ello, dijo que, si bien la acción se había iniciado el día 26 de septiembre de 2022 y, por ende, debía entenderse operada la caducidad del plazo establecido en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, teniendo en cuenta que el mentado instituto contenido en la legislación provincial limita el tiempo de prescripción fijado por las leyes nacionales para instar el proceso judicial, correspondía realizar el respectivo control de constitucionalidad y convencionalidad.
Adujo que los plazos prescriptivos dispuestos por la legislación nacional no pueden ser alterados por las leyes provinciales cuando el poder local dicta normas procesales, en tanto se quebranta el bloque constitucional y la distribución de competencias (citó aquí a los arts. 31, 67 inc. 11 y 108, Const. nac.).
Bajo esos lindes, entendió que el plazo de caducidad establecido en la referida ley 15.057 afectaba la regulación de los arts. 44 de la ley 24.557 y 258 de la Ley de Contrato de Trabajo, reduciendo sustancialmente el término de dos años contemplados en dichos ordenamientos para la prescripción de la acción. Agregó que se conculcaba lo dispuesto en el art. 259 de la última de las leyes citadas, en tanto la norma procesal venía a establecer un nuevo modo destinado a regular la pérdida de derechos por el transcurso del tiempo.
Según manifestó, a su juicio, la norma provincial importa una violación de las facultades exclusivas del Estado federal en la materia y del orden jerárquico constitucional (arts. 31, 75 inc. 12 y 121, Const. nac.), lo que resultaba suficiente para considerarla inconstitucional.
Con fundamento en los arts. 31, 14 bis, 16 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 39 de la provincial, agregó que dicha norma transgredía los principios de progresividad, irrenunciabilidad, tutela preferencial de la persona trabajadora y de igualdad.
Consideró que la progresividad se veía afectada en tanto las leyes nacionales que reglamentan el sistema de riesgos del trabajo nunca establecieron un régimen de caducidad respecto del ejercicio de los derechos subjetivos que pone en cabeza de la persona trabajadora lesionada.
Respecto del principio de irrenunciabilidad, dijo que el precepto cuestionado hacia derivar de la inacción del legitimado activo una pérdida de derechos, lo que resultaba incompatible con lo establecido por el art. 11 de la Ley de Riesgos del Trabajo. Manifestó que dicho postulado, se encontraba también previsto en los arts. 12 y 58 de la Ley de Contrato de Trabajo, vulnerándose —asimismo— los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 39 inc. 3 de la Constitución local.
Precisó que también se hallaba afectado lo dispuesto en el art. 16 de la Constitución nacional, en tanto el plazo de caducidad fijado se traducía en un trato desigual de la persona trabajadora, sometida a transitar un trámite previo, obligatorio y excluyente, frente a aquellas que se encuentran eximidas de hacerlo, por caso, los dependientes sin registración de empleadores que no se encuentran asegurados (detalló: según el art. 1 apdo. 3, ley 27.348).
Finalmente, afirmó que la medida se percibe claramente como un perjuicio, y se manifiesta —en ese sentido— como un obstáculo para el acceso a la justicia.
II. La parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y violación de los arts. 1, 16, 17, 18, 19, 28, 31 y 75. inc. 12 de la Constitución nacional; 1, 2 y 3 de la ley 27.348; 2 inc. "j" y 103 de la ley 15.057; 34 inc. 4 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 44 inc. "d" de la ley 11.653; la ley 14.997. Asimismo, invoca transgredida la doctrina legal que cita.
Se agravia de la declaración de inconstitucionalidad del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 y del consecuente rechazo del planteo de caducidad efectuados por el tribunal laboral.
II.1. Expone que el juzgador de grado confundió los ámbitos de aplicación de la ley 20.744 que rige las relaciones de trabajo individuales, con el de la ley 24.557, que regula la prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados de los riesgos del trabajo.
Explica que, sin perjuicio de ello, el art. 259 de la Ley de Contrato de Trabajo se refiere a los supuestos de caducidad contemplados en esa ley de fondo, mientras el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 contiene un plazo de índole procesal.
II.2. Afirma que el fallo de grado vulnera la doctrina sentada en el precedente L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020), pues de su contenido es posible deducir que esta Suprema Corte convalidó la constitucionalidad y operatividad del plazo de caducidad contemplado en la ley 15.057.
Luego de apuntar que los trabajadores cuentan con patrocinio letrado desde el inicio del procedimiento administrativo, argumenta que el mentado plazo se refiere a un aspecto del diseño normativo avalado por el criterio forjado en el precedente citado, por lo que, a partir de un razonamiento lógico y comprensivo de todo el sistema, la solución no puede ser sino su convalidación. Pone de relieve que de interpretarse lo contrario, quedaría puesta en tela de juicio la doctrina legal de este Tribunal.
Destaca que la validez de ese plazo resulta coherente con la regulación que contiene el sistema especial de reparación de los infortunios laborales, pues el propósito de dicho régimen es lograr rapidez en la resolución de los conflictos. Advierte que la no imposición de un plazo en tales términos conduciría a prolongar una tramitación que tiene en miras otorgar premura en el cobro de las prestaciones dinerarias debidas.
Adiciona que lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Pogonza" (sent. de 2-IX-2021), corrobora que el proceso iniciado en relación con un siniestro laboral concluye cuando la decisión administrativa no es cuestionada en término a través de la apelación administrativa o revisión judicial.
Finaliza este pasaje de la impugnación efectuando una reseña de precedentes en los cuales indica que esta Suprema Corte ha convalidado la validez constitucional de distintos plazos de caducidad.
II.3. Alega que el razonamiento empleado en el fallo de grado carece de todo sustento, pues no constituye una reflexión lógica jurídica, sino que se limita a evidenciar una mera disconformidad con el régimen legal imperante.
Sostiene que, sin bases sólidas, con su decisión el a quo desplazó la disposición legal específica aplicable al caso recurriendo a conceptos generales que consideró de rango superior. Sin embargo, argumenta que la solución del caso concreto debe alejarse de un mero sistema de preferencias, desde que la declaración de inconstitucionalidad es una decisión de suma gravedad, considerada como ultima ratio del ordenamiento jurídico.
III. El recurso prospera.
III.1.a. Ha de memorarse que en el precedente L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020), esta Suprema Corte hubo de juzgar válida la adhesión provincial dispuesta en el art. 1 de la ley 14.997 a la ley nacional 27.348 (arts. 1 a 4, en lo pertinente), en el contexto del posterior dictado de la ley 15.057 (arts. 2 inc. "j" y 103).
También sostuvo que el sistema de resolución de controversias pergeñado en la mentada ley 27.348 garantizaba los derechos de defensa, debido proceso y acceso a la justicia, así como el control judicial suficiente; algo coincidente —en gran medida— con lo que luego habría de señalar la Corte federal en el caso "Pogonza, Jonathan Jesús c/ Galeno ART S.A. s/ accidente ley especial" (sent. de 2-IX-2021; Fallos: 344:2307).
En particular, en oportunidad de emitir mi voto en la mencionada causa "Marchetti", expresé que, como una de las formas de legítimo ejercicio del poder autonómico provincial, con la sanción de la primera de las leyes locales arriba referidas los contenidos pertinentes de la ley nacional se integraron al derecho local. En ese marco, entre otras consideraciones, ponderé que la ley provincial 15.057 se encargó de precisar que la revisión judicial de las resoluciones dictadas por las comisiones médicas habría de ser promovida por el trabajador o sus derechohabientes a través de una "acción laboral ordinaria" y dentro del plazo de noventa días hábiles judiciales contados desde la notificación del acto dictado en sede administrativa.
Así pues, la regulación del plazo de caducidad en estudio cae dentro del círculo de actuación de la potestad provincial, que si bien tuvo su inicio con la mentada incorporación a su ordenamiento de la estructura procedimental de la ley 27.348 continuó con el diseño de la "revisión" de las resoluciones dictadas por los órganos administrativos contemplados en el régimen dedicado a los infortunios del trabajo, y específicamente, con el trazado de la "acción laboral ordinaria" y su plazo de interposición (art. 2 inc. "j", ley 15.057).
De allí que este plazo no tenga otra naturaleza que la de configurar un recaudo condicionante de la admisibilidad de la acción, esto es, una regla de neto corte procesal, como tal, producto natural de las facultades legislativas de la Provincia, no delegadas al Gobierno federal (arts. 75 inc. 12 y 121, Const. nac.). Y no está demás mencionar que, lejos de constituir una extraña respuesta por parte del legislador bonaerense, la adopción de plazos como el que aquí se analiza se ha replicado en las distintas jurisdicciones locales, incluso regulando tramos temporales más acotados para la promoción de la acción (v.gr. sesenta días en el caso de las provincias de Misiones, dec. 177/18 y Río Negro, ley 5.253; cuarenta y cinco días en el caso de Córdoba, ley 10.456; Corrientes, ley 6.429; Chaco, ley 2.856; Mendoza, ley 9.017 y Salta, ley 8.086; treinta días en el caso de San Juan, ley 1.709-K; veinte días en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ley 1.199; o bien, quince días como puede verse en Entre Ríos, ley 10.532).
Luego, si la acción y su plazo se integran y entrelazan en una sola noción, la ponderación de este último no podría llevarse a cabo válidamente sin atender a la significancia de aquella otra. Al respecto, a tono con lo juzgado por este Tribunal en la causa L. 124.285, "Bustos Torres" (sent. de 27-II-2023), procede destacar que la recepción de la "acción laboral ordinaria" por parte de la Provincia de Buenos Aires implicó otorgar al trabajador o a sus derechohabientes una herramienta superadora de aquella contemplada en la legislación nacional bajo la fisonomía de un "recurso" de apelación (arts. 2 y 14, ley 27.348), instrumento de impugnación este último que según la resolución 298/17 dictada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) debe de ser interpuesto en un plazo significativamente más reducido (dentro de quince días de la notificación del acto pertinente).
Por otro lado, dable es observar que en el actual mecanismo que regla el tránsito de los conflictos situados en la órbita de la ley 24.557 —y modificatorias y complementarias—, el trabajador —o sus derechohabientes— no se encuentra de modo abrupto y sorpresivo ante el comienzo del plazo para instar la acción, ese hito temporal recién acontece luego de haber cursado el procedimiento ante las comisiones médicas y habiendo contando para ello con asesoramiento jurídico (obligatorio, conforme el art. 1, ley 27.348 y resol. 298/17, SRT). En análogos términos: ya hubo de consumarse anteriormente una etapa —administrativa— en la cual en cierta manera el interesado formuló su presentación procurando obtener las prestaciones contempladas en el régimen especial laboral, planteo que fue conducido con la asistencia de un profesional del derecho.
Con todo, no lucen atendibles los argumentos sobre los que se erige la declaración de inconstitucionalidad efectuada por el tribunal de trabajo, ni siquiera, aquel que, circunscribiéndose a sus extensiones temporales, intenta cotejar sin más plazos heterogéneos como lo son el aquí observado y el de prescripción previsto en la ley 24.557, o todavía —más aun atendiendo por regla a la configuración de un vínculo de empleo público— en el de una alejada norma de la Ley de Contrato de Trabajo.
Finalmente, no debe soslayarse que la declaración de inconstitucionalidad de una ley constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708 y 324:920; e.o.), doctrina que, incluso, ha sido reiterada por la Corte federal en un análisis centrado en el ejercicio del control de constitucionalidad de oficio en el conocido precedente R.401.XLIII "Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ Daños y perjuicios" (sent. de 27-XI-2012).
Y en esa línea, debe memorarse que el acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas, no son puntos sobre los que el Poder Judicial pueda pronunciarse; por lo que la declaración de inconstitucionalidad de una ley se insiste: —acto de suma gravedad institucional— exige que la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (causas I. 70.162 RSD-38-18, "Otonello", sent. de 11-IV-2018 e I. 73.005 RSD-88-21, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 26-V-2021); extremos que, desde ya, no concurren en la especie.
III.1.b. A modo de cierre, y aunque ello recaiga en una previsión inserta en un disímil segmento del sistema normativo provincial, en tanto los lineamientos expuestos pueden ser aplicables al plazo de autos, adicionalmente resulta provechoso mencionar que al analizar aquel previsto para promover la acción contencioso administrativa regulada en el art. 18 de la ley 12.008 y modificatorias, este Superior Tribunal hubo de señalar que su fijación se funda en el propósito de dar estabilidad al acto administrativo impidiendo que quede expuesto a una eventual revocación por tiempo indefinido (doctr. causas A. 69.495, "Bambil", sent. de 21-X-2009 y A. 73.145, "Usuarios y Consumidores Unidos contra Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Público", sent. de 18-X-2017); además, que en tanto supone un requisito procesal establecido en la ley para reclamar ante la justicia por la vía correspondiente, no configura una violación del debido proceso ni del derecho de propiedad (doctr. causa A. 74.081, "First Data Cono Sur S.R.L.", sent. de 6-XI-2019).
III.2. Todo lo dicho resulta suficiente para abastecer la respuesta al remedio ensayado, sin que corresponda ingresar en consideraciones de otro orden.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar el pronunciamiento de grado en cuanto descalificó constitucionalmente al art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, cuya validez constitucional se declara. En consecuencia, los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que, teniendo en cuenta lo que aquí se decide, determine la viabilidad —o no— de la acción incoada.
Atento a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa en juego, las costas de esta instancia deberán ser soportadas en el orden causado (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Por los motivos que expondré a continuación, a mi juicio, el recurso no prospera.
I.1. En el conocido precedente "Marchetti" (rememorado por el ponente), señalé que, a consecuencia de lo establecido en el último párrafo del art. 4 de la ley 27.348, la ley 15.057 en su art. 2 inc. "j" contempla la "acción ordinaria de revisión plena" del dictamen de la comisión médica interviniente ante la justicia laboral.
Dicho precepto indica, además, que el trabajador puede iniciar el juicio prescindiendo de la obligatoriedad de interponer el recurso administrativo ante la Comisión Médica Central, contenido en la ley nacional, y prevé que el remedio que eventualmente interponga la aseguradora de riesgos del trabajo ante la Comisión Médica Central quede aprehendido por dicha prescripción.
Por su parte, dije que el art. 103 de la ley 15.057 dispone que hasta tanto se ponga en funcionamiento el nuevo fuero del trabajo, la revisión establecida en el indicado art. 2 para las resoluciones dictadas por las comisiones médicas jurisdiccionales —así como el "recurso de apelación" establecido para las resoluciones dictadas por la Comisión Médica Central— deberán interponerse ante los actuales tribunales de trabajo que resulten competentes.
Como manifesté en los autos de referencia, estos últimos ocuparán su rol en el supuesto de discrepancia con la valoración administrativa, donde se habilitará la función jurisdiccional, que solo puede ser ejercida por los órganos integrantes del Poder Judicial.
Referí que la mencionada ley 15.057 estableció que la solución definitiva de las controversias suscitadas con motivo de la intervención de los entes previstos en el art. 1 de la ley 27.348 ocupa a los tribunales locales con competencia en materia laboral.
Postulé que el diseño normativo propone entonces una especificidad de la contienda, que remite a conocimientos técnicos específicos, a un procedimiento bilateral que resguarda el derecho de defensa del trabajador, la limitación temporal y razonable del trámite, articulado todo ello con una acción judicial posterior de conocimiento pleno.
Expresé que dicho aserto ha sido recogido por el legislador local al instituir un procedimiento concreto de revisión amplia y plena en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, cuya operatividad es inmediata (art. 103, ley cit.), quedando entonces en este aspecto superado el test de constitucionalidad.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.