Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132979
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora rechazó la demanda promovida por el señor Alejandro Gabriel González contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. mediante la cual procuraba el cobro de las prestaciones dinerarias establecidas en el régimen especial de riesgos del trabajo (v. vered. y sent. de fecha 25-VI-2024).
Para así decidir, juzgó que no resultaba acreditado en autos el nexo de atribución causal entre el trabajo y las dolencias incapacitantes padecidas por el actor.
II. Contra dicha decisión, el accionante dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 11-VII-2024), el que fue concedido por el a quo en los términos que precisó (v. resol. de fecha 2-VIII-2024).
En su presentación, cuestiona la validez constitucional de los arts. 278 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial.
En sustancia, se agravia de la conclusión con arreglo a la cual el a quo declaró no demostrada la relación de causalidad entre la incapacidad del actor y su actividad laboral. En ese orden, alega absurda valoración de las constancias de la causa.
Por otro lado, controvierte la imposición de costas.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, corresponde señalar que el planteo de inconstitucionalidad del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial introducido por el impugnante deviene abstracto en razón que, en virtud de lo establecido en el art. 27 de la ley 15.057 (según Resolución 1.840/2024), aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario, el trabajador goza del beneficio de gratuidad. Por lo tanto, está exceptuado de cumplir con la carga prevista en el mencionado precepto legal
Sentado ello, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado en el caso por el monto de la demanda rechazada con más el importe de las costas de cuya imposición se agravia- no excede el mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del remedio (según Resolución 1.840/2024). Por lo tanto, su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción contenida en el citado precepto legal (causa L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024).
Luego, a propósito de los argumentos desplegados por el impugnante en su presentación, se impone señalar que no se encuentra involucrada -como denuncia- una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento de la impugnación sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478).
Asimismo, luce infructuoso el planteo de invalidez constitucional del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L. 129.268, "Senger", resol. 15-II-2023).
De suyo, entonces, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021; L. 127.372, "Faure", sent. de 27-III-2023; L. 132.963, "Bazán", resol. de 4-VI-2025).
III.2. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, no se observa en la especie la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que, el recurrente, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, somete a consideración de este órgano cuestiones cuya definición es privativa de los jueces de grado, detraídas de la revisión en el acotado marco en que se examina el recurso, tales como la determinación de las tareas desempeñadas por el accionante y su relación causal con la minusvalía que afecta al trabajador y la valoración del material probatorio (causas L. 121.164, "Cardozo", sent. de 27-XI-2019; L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020; L. 127.797, "Llanos", sent. de 14-XII-2023).
Cabe añadir que esta Corte tiene resuelto que la doctrina legal referida al vicio de absurdo no resulta idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el conducto que prevé la ya citada norma ritual (causas L. 123.817, "Juncos", sent. 28-IV-2021; L. 124.115, "Sabels", sent. de 13-XII-2021; L. 131.128, "Carboni", resol. de 8-IV-2024).
Respecto del reproche destinado a objetar la imposición de costas, sin perjuicio de otras consideraciones que pudieran efectuarse, cabe señalar que se ha omitido citar como vulnerada doctrina legal de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 122.558, "Trapani", sent. de 17-XI- 2021; L. 128.016, "Montecinos", resol. de 1-IV-2022; L. 126.883, "Vallejos", sent. de 3-VI-2024).
En ese orden, cabe recordar que no constituye doctrina legal -en los términos y con los alcances señalados por esta Suprema Corte- la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019; L. 127.240, "Banegas", sent. de 21-III-2024).
III.3. Finalmente, y en atención a los términos que surgen del auto de concesión de fecha 2 de agosto de 2024, corresponde hacer una observación a los integrantes del tribunal de trabajo actuante, para que, al momento de analizar la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal -único-, cumplan con estrictez lo dispuesto por los arts. 281 del Código Procesal Civil y Comercial y 82 de la ley 15.057, aplicable al momento de interposición del recurso extraordinario.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/11/2025 14:19:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/11/2025 16:25:16 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2025 16:48:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/12/2025 14:46:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/12/2025 08:23:08 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/12/2025 10:12:41 hs. bajo el número RR-2007-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia