Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130914
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad traído por la parte demandada, con costas (art. 298, CPCC).
Respecto del de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora, se hace lugar parcialmente y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto II.1. del voto emitido en primer término respecto de la segunda cuestión planteada. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte el fallo que corresponda cuantificando nuevamente el resarcimiento reconocido en concepto de indemnización por daños y perjuicios.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.914, "Rodríguez, Sandra Deolinda Elizabeth contra Dirección General de Cultura y Educación y otro/a. Enfermedad Profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. veredicto y sent. de fecha 13-III-2023 y aclaratoria de 25-IV-2023).
Se interpusieron, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 28-III-2023) y, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de nulidad (v. escrito electrónico de fecha 30-III-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de 5-II-2024), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la señora Sandra Deolinda Elizabeth Rodríguez y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de una indemnización —fundada en el derecho civil— de los daños y perjuicios derivados de la incapacidad generada por la enfermedad profesional contraída. A su vez, acogió la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y rechazó —por mayoría— la acción dirigida contra esta última.
Para así decidir, juzgó acreditado que en razón de sus tareas como docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación provincial, la accionante padece una incapacidad permanente, parcial y definitiva del 28% de la total obrera, en razón de su disfonía funcional irreversible y reacción vivencial anormal neurótica grado II, las que resultan consecuentes de la agravación de la enfermedad profesional individualizada como disfonía crónica irreversible y en función de cuya incapacidad fuera indemnizada conforme la Ley de Riesgos del Trabajo (en el mes de junio de 2009).
En el pronunciamiento, el tribunal de grado consideró probado que la actora se encontró expuesta en forma rutinaria y habitual, desde su ingreso (en el año 1997) a un ambiente laboral ruidoso, que incidió en forma directa en la sobrecarga en el uso de la voz, permaneciendo en las mismas tareas hasta su recalificación en funciones "no docentes" (ocurrida en el mes de septiembre de 2015); asimismo, que quedó acreditado el incumplimiento de la implementación de planes de prevención de riesgos y de capacitación en el uso de la voz de los docentes y, específicamente, de la actora.
Asimismo, detalló el monto al que ascendió el ingreso base mensual a la fecha de la primera manifestación invalidante.
En ese marco, estimó configurada la responsabilidad objetiva de la Provincia con fundamento en el art. 1.113 del Código Civil y el actual art. 1.757 del Código Civil y Comercial al ponderar que las labores realizadas por la trabajadora resultaron una actividad riesgosa productora del daño.
Luego, cotejada la reparación pecuniaria resultante de la aplicación de la ley 24.557 y aquella que derivaría de las normas del Código Civil, tuvo por verificada la disminución en la indemnización que arroja la primera, y seguidamente, con sustento en lo resuelto por esta Corte en la causa L. 124.087, "Vera" (sent. de 11-V-2021), declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 en cuanto prevé la llamada "opción excluyente".
Seguidamente, cuantificó la reparación en concepto de daño material —según dijo: comprensiva de la pérdida de capacidad física y psíquica, terapia psicológica, el lucro cesante y la pérdida de chance—, a la cual adicionó el resarcimiento del daño moral; todo ello —precisó— a valores actuales situados al momento del dictado de la sentencia, y a los que ordenó descontar lo abonado oportunamente.
Asimismo, con sustento en jurisprudencia de este Tribunal (así, aquella forjada en las causas C. 120.536, "Vera", sent. de 18-IV-2018 y C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018), afirmó que debían aplicarse intereses moratorios a una tasa del 6% anual, desde el día 25 de febrero del año 2015 hasta la fecha de la liquidación de la sentencia y, de allí en adelante, en caso de mora en el cumplimiento de la presente, se habrían de imponer intereses conforme la tasa pasiva más alta que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en sus depósitos a treinta días.
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de nulidad en el que denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. presentación electrónica de fecha 30-III-2023).
Sostiene que el juzgador de grado incurrió en la omisión del tratamiento de cuestiones esenciales, toda vez que —alega— en el veredicto no proporciona los presupuestos fácticos necesarios para acoger la pretensión de daños y perjuicios con fundamento en la responsabilidad civil objetiva.
Afirma que tal error, provoca graves defectos de fundamentación y ausencia de acuerdo en el pronunciamiento, que acarrean su anulación.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. dictamen de 5-II-2024), corresponde desestimar el recurso.
III.1. Dable es recordar que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020; L. 123.216, "Bravo", sent. de 9-IX-2021; L. 124.860, "Mayotti", sent. de 19-IX-2022; L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023; e.o.).
III.2. En el caso, bajo la denuncia de transgresión del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, lo argumentado por el recurrente lejos de evidenciar la preterición de una cuestión esencial, antes bien, remite a la imputación de eventuales errores de juzgamiento, materia ajena al acotado ámbito del recurso en análisis y propio del de inaplicabilidad de ley (causas L. 127.674, "Geri", resol. de 15-II-2023; L. 127.035, "Quiroz", sent. de 17-IV-2023 y L. 130.046, "Berón", resol. de 29-V-2023).
III.3. Por último, aunque sin mayor desarrollo, todavía cabría adicionar que no resulta atendible la denuncia fundada en el art. 171 de la Constitución local, toda vez que el pronunciamiento atacado se encuentra fundado en ley, no correspondiendo analizar por esta vía la incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación jurídica que eventualmente pueda contener (causas L. 116.963, "LLoret", sent. de 15-VII-2015; L. 118.979, "Márquez", sent. de 21-IX-2016 y L. 119.636, "Medina", sent. de 28-II-2018).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia la violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1.1. y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 9 y 11 de la ley 20.744 y 504, 622, 623, 776, 777, 900, 903 del Código Civil (indica: actuales 1.027, 768, 770, 900 y 903 del Cód. Civ. y Com., respectivamente); y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de 28-III-2023).
I.1. Bajo la denuncia de absurdo y arbitrariedad, sostiene que el juzgador de grado omitió definir en el fallo la base salarial utilizada para calcular el quantum indemnizatorio, proceder necesario para el debido control de legalidad de la confrontación que efectuó entre ambos regímenes indemnizatorios.
Además, plantea que el a quo incurrió en una contradicción en la definición de "valores actuales", al no identificar la pauta salarial actual utilizada.
Refiere, a su vez, que cometió un error aritmético, pues según expone, la reparación sistémica arroja una suma mayor a la determinada en sentencia. Y en el punto, agrega que en autos no resulta aplicable lo resuelto por esta Corte en la causa L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), no siendo procedente reducir el ingreso base mensual.
Con cita de jurisprudencia, sostiene que el monto de condena derivado de la aplicación de la normativa civil debe corresponderse con el método de cálculo y los parámetros definidos por este Tribunal provincial, por lo cual el campo de discrecionalidad judicial se encuentra limitado por pautas objetivas, debiéndose individualizar los elementos de juicio.
Alega que el cálculo destinado a obtener una indemnización a valores actuales debe efectuarse de acuerdo a los salarios vigentes al momento de la condena, para cuya determinación no es necesaria prueba alguna.
I.2. Seguidamente, y toda vez que —según entiende— la indemnización civil no fue calculada a "valores actuales", afirma que los intereses que fijó el tribunal a la tasa pura devienen absurdos y violatorios de la doctrina legal que individualiza.
Solicita que se fijen intereses a la tasa pasiva más alta que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, pero con su capitalización.
I.3. Critica el porcentaje de incapacidad ponderado en el fallo de grado, en tanto sostiene que el juzgador no resolvió juzgando lo requerido en el escrito de inicio, concretamente, en cuanto se solicitó que se indemnice el "daño incapacitante profesional de la actora en el 100% de la total obrera", cuando se encuentran acreditados los requisitos para su procedencia.
I.4. Impugna la decisión del tribunal de origen que rechazó la extensión de la responsabilidad pretendida en relación con Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y desestimó la demanda promovida en su contra.
Expone que tal pedimento se fundó en el incumplimiento de las obligaciones de seguridad e higiene asumidas por la aseguradora en favor de los trabajadores de la Provincia en virtud de la calidad de "administradora" del autoseguro provincial, y que ello no fue analizado vulnerándose el principio de congruencia.
I.5. Finalmente, dice que el tribunal de origen omitió disponer la capitalización periódica de intereses moratorios devengados a partir del día 1 de agosto de 2015, conforme lo regla el inc. "b" del art. 770 del Código Civil y Comercial, lo que solicita conforme las pautas que expone.
II. El recurso prospera con el alcance que seguidamente habrá de precisarse.
II.1. Liminarmente, cabe señalar que acierta el interesado cuando objeta el accionar que desplegó el tribunal de la instancia a la hora de determinar el monto reconocido en concepto de indemnización por daños y perjuicios conforme el derecho común.
Es que si bien se señala en el pronunciamiento que a los fines de la cuantificación dineraria del daño material se debe considerar la edad, profesión, ingresos, tiempo de vida útil respecto del mercado laboral, porcentaje de incapacidad y demás condiciones personales de la persona afectada, no surge dato alguno que permita comprender cuál ha sido el método que empleó el a quo para conformar el resarcimiento, desde que, en lo relevante, siquiera se observa una referencia o indicación acerca del componente salarial que habría ponderado para edificar el resarcimiento a "valores actuales" correspondientes al momento del dictado de la sentencia.
Dable es memorar, que esta Corte tiene dicho que, si bien es cierto que los jueces de grado no están constreñidos a la aplicación de fórmula matemática alguna para determinar el quantum resarcitorio, no lo es menos que la decisión que en este sentido se dicte debe encontrar sustrato en una operatoria que posibilite conocer de qué modo se arribó a un importe y no a otro diferente (causas L. 88.121, "Topa", sent. de 4-XI-2009 y L. 120.626, "Torrea", sent. de 14-VIII-2019). Y en concordancia, que resulta revisable por vía de absurdo el monto indemnizatorio fijado si el juzgador no expresa ni da razón del método empleado para su cuantificación, incurriendo en una conclusión dogmática (causas L. 114.126, "Colombo", sent. de 15-V-2013 y L. 117.930, "Robledo", resol. de 15-IV-2015).
Luego, corresponde acoger este tramo del medio de impugnación y revocar lo decidido en el fallo de grado en lo concerniente a la cuantificación de resarcimiento fundado en el derecho común.
II.2. A tenor de lo resuelto en el apartado anterior, y conforme los términos en que lo ha diseñado el quejoso —quien dice que se ha indicado falazmente que el resarcimiento se cuantificaba a valores actuales— pierde virtualidad el tratamiento del agravio con los intereses fijados al capital de condena.
II.3. En otro orden, no es de recibo la objeción vinculada con el porcentaje de incapacidad.
La crítica que porta el medio de impugnación pretende adquirir vigor en aquella afirmación en la que se le reprocha al tribunal de trabajo no haber atendido la petición que —afirma— se habría efectuado en la demanda para que "se indemnice el daño incapacitante profesional de la actora en el 100% de la T.O.".
Sin embargo, ningún esfuerzo argumental contiene este pasaje de la impugnación tendiente a evidenciar un supuesto yerro por parte del a quo que conduzca a revisar este aspecto del fallo, en tanto carece de toda denuncia destinada a demostrar la eventual configuración del vicio de absurdo en la labor valorativa que ejerce el tribunal de grado en torno a los escritos constitutivos. Tal deficiencia, conforme lo ilustra la jurisprudencia de esta Corte, lleva a desestimar la impugnación (causas L. 117.458, "Vidal", sent. de 27-V-2015; L. 119.704, "Jerez", sent. de 14-XII-2016 y L. 119.556, "Costa", sent. de 22-VIII-2018).
II.4. No corre mejor suerte el embate relacionado con el rechazo de la responsabilidad endilgada a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.
Como se describió inicialmente, todo lo argumentado en este tramo del medio de impugnación parte de la afirmación por la cual el recurrente expresa que en el escrito de demanda claramente se fundó la responsabilidad solidaria endilgada a la firma aseguradora en razón de haber asumido las obligaciones de seguridad e higiene en favor de los empleados provinciales, y ello, en su rol de "administradora" del autoseguro de la Provincia de Buenos Aires. Es bajo ese razonamiento que el quejoso asegura que tales fundamentos no resultaron analizados en el voto mayoritario del tribunal de grado, sino que fueron desinterpretados y sustituidos por otros que la actora no expuso, violándose la congruencia; también con esa tesitura es que despliega su propio estudio sobre el punto.
Sin embargo, del modo en que ha sido diseñada la impugnación, y en línea con las directrices señaladas en el punto anterior, también aquí el recurrente debió denunciar la eventual configuración del absurdo en la tarea interpretativa llevada a cabo por el tribunal del escrito de inicio. El incumplimiento de dicha carga, da por tierra con la impugnación, pues los argumentos que contiene parten de aquella hipótesis inicial planteada en este espacio del recurso.
II.5. El último agravio, pergeñado en torno a la capitalización de los intereses prevista en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial, es notoriamente improcedente, toda vez que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no constituye la vía idónea para canalizar las denuncias vinculadas con la omisión de tratamiento de cuestiones litigiosas (causas L. 120.800, "Fleita", sent. de 13-XI-2019; L. 121.164, "Cardozo", sent. de 27-XI-2019 y L. 121.046, "Trillo", sent. de 6-V-2020).
III. En razón de lo afirmado, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada conforme lo resuelto en el punto II.1. del presente. Los autos deben regresar al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte el pronunciamiento que corresponda cuantificando nuevamente el resarcimiento reconocido en autos. Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad traído por la parte demandada, con costas (art. 298, CPCC).
Respecto del de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora, se hace lugar parcialmente y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto II.1. del voto emitido en primer término respecto de la segunda cuestión planteada. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte el fallo que corresponda cuantificando nuevamente el resarcimiento reconocido en concepto de indemnización por daños y perjuicios.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/11/2025 12:22:42 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/11/2025 11:37:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/11/2025 12:58:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/11/2025 16:41:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2025 08:41:05 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 26/11/2025 13:20:35 hs. bajo el número RS-108-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia