Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134399
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 298, CPCC); y desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora rechazó la acción iniciada por el señor Ramón Bautista Moyano contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en cuanto perseguía el pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas de la enfermedad profesional que denunció padecer (v. pronunciamiento de fecha 15-XII-2024).
Para así decidir, tras destacar que no se produjo prueba en el proceso de las tareas desempeñadas por el trabajador, juzgó no acreditada la exposición a los riesgos que denunció en el escrito liminar como causa de su incapacidad.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 3-II-2025), los que fueron concedidos por el a quo (v. resolución del 11-II-2025) habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen electrónico de fecha 29-X-2025).
En el remedio extraordinario de nulidad, el interesado denuncia vulnerado el art. 168 de la Constitución local en tanto sostiene que el órgano de grado incurrió en omisión de cuestiones esenciales. En este marco, manifiesta que el sentenciante no consideró, en el caso, que la demandada había aceptado la existencia del siniestro laboral vinculado a las minusvalías que presenta el actor.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
En principio, corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.033, "Aguirre", sent. de 9-XI-2020; L. 122.346, "Amaya", sent. de 20-X-2021 y L. 129.167, "Scalise", sent. de 29-V-2024).
Desde esa perspectiva, se observa que el contenido del agravio que porta el remedio intentado resulta ajeno a las causales taxativamente definidas en los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial.
En efecto, la improcedencia del remedio procesal elegido se exhibe nítida ni bien se advierte que sus argumentaciones se dirigen a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
Asimismo, es dable recordar que, resultan cuestiones ajenas al remedio en examen, tanto la denuncia de violación de garantías consagradas en la Constitución nacional, como la vinculada a la supuesta "arbitrariedad" del pronunciamiento (conf. doct. causas L. 118.696, "Praxair", resol. del 25-II-2015 y L. 130.555, "Armayor", resol. 26-II-2024).
IV.1 En lo que respecta al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el impugnante relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera violadas. Alega absurdo en la valoración de la prueba. En sustancia, cuestiona la decisión del juzgador de grado en cuanto consideró no comprobada las tareas desarrolladas por el actor.
IV.2. El recurso no prospera.
Ante todo, se impone observar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el importe reclamado en la demanda- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según resolución 1.840/2024. En consecuencia, el tratamiento de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción contenida en el citado art. 82 segundo párrafo, de la ley 15.057 (causa L. 132.789, "Testone", resol. de 20-IX-2024).
En estas condiciones, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 122.338, "Alfonso", resol. de 29-V-2019; L. 125.404, "Bollón", resol. de 16-X-2020; L. 128.987, "Ojeda", resol. de 18-VIII-2022 y L. 129.838, "Saavedra", resol. 17-IV-2023).
En ese contexto, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que el planteo propuesto por el recurrente remite al análisis de cuestiones de hecho y prueba, situación detraída de revisión en el estrecho marco cognitivo del remedio procesal intentado (causas L. 107.496, "Kalcich", sent. de 29-V-2013; L. 118.759, "Fioravanti", resol. de 28-X-2015; L. 122.289, "Córdoba", resol. de 10-IX-2019; L. 128.965, "Ruau Saubidet", resol. de 21-X-2022 y L. 131.680, "Godoy", resol. de 29-VII-2024).
Asimismo, no resulta apta para justificar la revisión casatoria, en el acotado marco de revisión por el que transita el recurso, la cita de doctrina definitoria del vicio de absurdo (causas L. 113.490, "Andino", resol. de 16-III-2011; L. 125.236, "Espíndola", resol. de 14-XII-2020; L. 127.212, "Acuña", resol. de 9-XI-2021 y L. 131.598, "Moreira", resol. de 29-VII-2024).
Cabe asimismo agregar, que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023 y L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 298, CPCC); y desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/05/2026 16:12:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2026 09:47:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/05/2026 12:00:30 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 11/05/2026 14:32:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/05/2026 08:26:03 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/05/2026 12:46:06 hs. bajo el número RR-861-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia