Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134894
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que el planteo introducido no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Zárate, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, hizo lugar a la acción promovida por el señor Gabriel Zambon y, en consecuencia, condenó a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a pagar la suma que especificó en concepto de las prestaciones dinerarias establecidas en el régimen especial de riesgos del trabajo con más intereses, calculados a una tasa pura del seis por ciento (6%) anual (v. pronunciamiento de fecha 18-II-2025).
En lo que resulta de interés, por mayoría, procedió a actualizar el ingreso base mensual utilizando el índice de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables -RIPTE-. Posteriormente, sostuvo que correspondía morigerar el resultado obtenido en un cincuenta por ciento -50%-, a los fines de sostener el valor de la equidad.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 10-III-2025), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 26-III-2025).
En su presentación, con denuncia de violación de la doctrina legal que menciona, así como de la vulneración del principio de congruencia y de las garantías constitucionales que indica, objeta, en sustancia, el modo empleado por el sentenciante de origen para calcular el ingreso base mensual.
A su vez, critica la decisión del tribunal de grado en cuanto juzgó aplicable al caso lo dispuesto en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación.
Finalmente, y en forma genérica, cuestiona la imposición de costas y apela por altos los honorarios regulados a los profesionales intervinientes en autos.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, resulta prioritario destacar que la impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no estableció cómo estaría representado el valor de lo cuestionado ni cuantificó su importe, incumpliendo de ese modo con la carga procesal de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en el art. 82, primer párrafo, de la ley 15.057 para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024 (causas L. 132.840, "Encina", resol. de 12-V-2025 y L. 133.177, "Martínez González", resol. de 29-V-2025; e.o.).
En tal sentido, esta Suprema Corte expresamente ha declarado que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad demostrar que la cuantía de lo cuestionado excede el importe mínimo fijado por la ley adjetiva como recaudo de admisibilidad (causas L. 118.481, "Campana", sent. de 29-VIII-2018; L. 122.636, "Romero", sent. de 15-VI-2022; L. 130.683, "Escalante", resol. de 4-X-2023 y L. 133.135, "Cabello", resol. de 29-V-2025).
III.2. En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado art. 82 de la ley ritual del fuero (causas L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024; L. 132.450, "Sánchez", resol. de 29-V-2025 y L. 133.106, "Cardozo", resol. de 2-X-2025; e.o.).
De suyo, entonces, la función revisora de esta sede queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; L. 131.809, "Girardi", resol. de 20-IX-2024 y L. 133.519, "Curo", resol. de 1-VII-2025; e.o.).
III.3. Bajo las señaladas premisas, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, toda vez que la impugnación -dirigida a cuestionar el modo empleado para calcular el ingreso base mensual- se limita a la simple mención del precedente que entiende erróneamente aplicado, sin explicar cómo o en qué forma aquel resultaría vulnerado (art. 279, CPCC).
En este sentido, es oportuno recordar que es carga específica de la recurrente, no sólo denunciar la doctrina legal violada o erróneamente aplicada, sino, además, acompañar tal invocación con la explicación concreta sobre el modo en que dicha infracción o yerro se habría producido (causas L. 132.646, "Valdivia", resol. de 28-IV-2025 y L. 132.726, "González", resol. de 11-VI-2025).
III.4. En relación a los restantes agravios ensayados, y sin perjuicio de otras consideraciones, cabe señalar que la apelante prescinde citar como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 131.021, "González", resol. de 7-IX-2023 y L. 134.068, "Flores", resol. de 17-IX-2025).
IV. Por lo demás, es dable señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024 y L. 136.189, "Giménez", resol. de 15-IX-2025).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que el planteo introducido no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/03/2026 13:19:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/03/2026 10:16:57 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 11/03/2026 10:14:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2026 16:27:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/03/2026 09:40:41 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/03/2026 11:43:36 hs. bajo el número RR-212-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia