Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133658
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso extraordinario de nulidad incoado por el actor, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y rechazar los de inaplicabilidad de ley interpuestos por ambas partes, en tanto no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Zárate, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por Alfredo Alberto Miner contra Interacción Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (en liquidación) y, en consecuencia, condenó a Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. -en su carácter de gerenciadora de la Superintendencia de Seguros de la Nación- al pago de la suma que especificó en concepto de las indemnizaciones contempladas en el art. 14 apdo. 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo, con más el adicional del art. 3 de la ley 26.773 (v. pronunciamiento de fecha 19-IX-2024).
En lo que resulta de interés por ser materia de agravio, a efectos de calcular los rubros indemnizatorios, con sustento en el precedente de esta Corte que mencionó, declaró la inconstitucionalidad sobreviniente del art. 7 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561), así como del Decreto de Necesidad y Urgencia 669/19, y concluyó que debían ser actualizados tomando como parámetro el índice de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables -RIPTE-. Luego, al resultado de dicha operación lo redujo en un treinta por ciento -30%-, por considerar que ello se encontraba ceñido al valor de la equidad y evitaba resultados desmedidos. Asimismo, sobre dicho importe adicionó intereses, calculados a una tasa pura del seis por ciento (6%) anual.
II. Frente a lo así resuelto, Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (en su carácter de representante de la Superintendencia de Seguros de la Nación que opera como administradora legal del Fondo de Reserva, en los términos del art. 34 de la ley 24.557), deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 30-IX-2024). Posteriormente, la legitimada activa también articuló el remedio previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y recurso extraordinario de nulidad (v. presentación de fecha 4-X-2024). Todas las vías extraordinarias incoadas fueron concedidas por el a quo (v. resoluciones de 17-X-2024 y de 8-X-2024, respectivamente).
III. Al incoar el remedio extraordinario de nulidad, con sustento en el art. 168 de la Constitución provincial, el actor denuncia que el tribunal de grado omitió expedirse respecto a la prestación adicional de pago único contemplada en el art. 11 inc. 4 de la ley 24.557.
Por otra parte, sostiene que el fallo en crisis se encuentra desprovisto de una adecuada fundamentación legal respecto a la decisión de reducir la prestación.
III.1. El presente medio de impugnación no puede tener favorable acogida.
III.2. Corresponde señalar, en primer lugar, que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial, únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021; L. 128.000, "Flores", resol. de 19-IX-2022 y L. 130.716, "Pereyra", resol. de 15-IV-2024).
Por otro lado, sabido es que la omisión de cuestiones esenciales que genera la nulidad del pronunciamiento es la referida a la falta de tratamiento de los asuntos que estructuran la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe necesariamente atender para su validez (causas L. 123.161, "Díaz", resol. de 19-II-2020; L. 129.832, "Cañueto", resol. de 4-X-2023 y L. 130.636, "Valcarce", resol. de 8-IV-2024).
III.3. Así, en el caso, el embate deducido deviene improcedente, desde que, de la lectura del escrito de inicio (v. fs. 8/26 y ampliación, v. fs. 36/45), se observa que la temática que se reputa soslayada (esto es, la supuesta pretensión vinculada a la compensación adicional de pago único) no integró la litis, siendo que la vía escogida sólo es válida para aquellas cuestiones que fueron sometidas por las partes a la decisión de los juzgadores de grado, en forma legal y en la debida oportunidad procesal (causas L. 91.056, "Alfonso", sent. del 14-XI-2007; L. 82.806, "Alberro", sent. del 21-IV-2004; L. 100.310, "García", sent. de 17-XII-2014; L. 124.440, "Sanabria", resol. de 21-IX-2020 y L. 132.761, "Díaz", resol. de 2-IX-2025).
III.4. Por lo demás, cabe agregar que las alegaciones referidas a la apreciación y valoración del material probatorio no son atendibles, desde que se sustentan en el cuestionamiento a la forma en que el juzgador resolvió la contienda, lo que importa la imputación de típicos errores in iudicando , ajenos al carril intentado y propios del recurso de inaplicabilidad de ley (causas L. 132.123, "Palmas" sent. 13-III-2025, L. 120.774, "Mansilla", sent. de 4-IX-2019; L. 120.384, "Rocha", sent. de 19-II-2020 y L. 120.924, "Cipolla", sent. de 6-X-2020; L. 131.653, "Ruiz", resol. de 20-IX-2024 y L. 134.035, "Pizzano", resol. de 27-X-2025).
III.5. Finalmente, resta señalar que los argumentos ensayados en la impugnación, vinculados a la falta de fundamentación de la decisión, tampoco son de recibo, desde que no se observa transgredido el art. 171 de la Constitución provincial, pues dicho precepto sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 118.979, "Márquez", sent. de 21-IX-2016; L. 122.167, "Bizzanelli", resol. de 24-IV-2019; L. 120.242, "Cantoni", sent. de 12-II-2020; L. 128.962, "Parenti", resol. de 1-VIII-2023 y L. 134.823, "Fernandez", resol. de 4-XII-2025), hipótesis que no concurre en el pronunciamiento atacado.
IV.1. En el remedio extraordinario previsto en el art. 278 del Código procesal, con denuncia de absurdo y arbitrariedad, el señor Miner cuestiona, en primer lugar, que el juzgador de grado, no obstante haber constatado que el actor padece una incapacidad global superior al cincuenta por ciento -50%- del índice de la total obrera (al haber reconocido que también portaba minusvalías preexistentes), omitió fijar la compensación adicional de pago único estipulada en el art. 11, apdo. 4 de la ley 24.557.
Seguidamente, se agravia de la reducción del monto actualizado, alegando que la decisión resulta infundada.
Desde otroángulo, objeta el índice utilizado por el juzgador de grado, reclamando la aplicación de un parámetro que entiende más acorde, como sería el publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
IV.2. El recurso no prospera.
IV.2.a. Cabe inicialmente señalar que el recurrente no especifica, a tenor de los agravios desplegados en la vía impugnativa, como estaría representado el valor del litigio, ni cuantifica su importe, prescindiendo demostrar -en consecuencia- que lo cuestionado supere el mínimo establecido por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024.
En este sentido, esta Corte ha declarado expresamente que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el imperativo de acreditar que la cuantía económica de los agravios excede el monto fijado por la ley como recaudo de admisibilidad (causas L. 123.865, "R.M.P.A.", sent. de 13-VII-2021; L. 122.636, "Romero", sent. de 15-VI-2022; L. 127.682, "Scarlata", sent. de 30-V-2023 y L. 132.336, "Ferreyra", resol. de 28-XI-2024; e.o.).
IV.2.b. En estas condiciones, corresponde ingresar al análisis de los agravios que porta el recurso en el marco de la excepción contemplada en el citado art. 82 de la ley ritual del fuero. De allí que la función revisora de esta Corte se circunscriba a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 124.102, "Jose", sent. de 21-X-2022; L. 126.044, "López", sent. de 27-II-2023; L. 131.689, "Carmona", resol. de 3-VI-2024 y L. 132.689, "Mesito", resol. de 12-III-2025; e. o.).
IV.2.c. En ese contexto, y sin perjuicio de otras consideraciones, respecto del primer agravio traído, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que en la pieza recursiva se omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 129.198, "Sosa Moura", resol. de 21-X-2022; L. 131.299, "Iuliano", resol. de 21-III-2024 y L. 133.358, "Leguizamón", resol. de 14-VII-2025).
IV.2.d. Luego, en relación al siguiente reproche, por el que objeta la reducción del monto actualizado, así como la elección del índice utilizado, no se advierte configurado en la especie el citado supuesto habilitante, toda vez que, mediante el precedente que individualiza (v. páginas 6/8 del escrito impugnativo), lo que en rigor pretende la recurrente -mediante su mera discrepancia- es la revisión de tópicos por regla privativos del sentenciante de grado; así, aquellos que refieren a la determinación del quantum indemnizatorio y la elección del mecanismo de actualización del crédito, labores que -debe destacarse- son fruto de la ponderación de la plataforma de hecho que está en la base del litigio (causas L. 132.561 "Moreyra", resol. de 1-IX-2025; L. 133.284, "García", resol. de 2-X-2025 y L. 133.497, "Bascoas", resol. de 26-XI-2025).
IV.2.e. Por lo demás, es dable añadir que esta Corte tiene resuelto que las doctrinas referidas al vicio de absurdo no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé la citada norma ritual (causas L. 123.817, "Juncos", sent. 28-IV-2021; L. 125.983, "Iribas", resol. de 28-V-2021; L. 124.115, "Sabels", sent. de 13-XII-2021; L. 131.128, "Carboni", resol. de 8-IV-2024 y L. 133.834, "Pontaquarto", resol. de 2-XII-2025).
IV.2.f. Finalmente, esta Corte tiene dicho que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023 y L. 133.047, "Domínguez", resol. de 14-VII-2025; e.o.).
V. En su remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley, la gerenciadora plantea que, a los fines de actualizar, el tribunal debió -previamente- declarar la invalidez constitucional del art. 7 de la ley 23.928. En el mismo sentido, alega que la indexación practicada es contraria a los lineamientos establecidos por la doctrina legal citada en la página 9 de su escrito. Sostiene que, en el caso, la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 669/19 provoca un monto abusivo y excesivo de condena. Luego, denuncia la violación del principio de congruencia.
Por otro lado, entiende que la aplicación del índice de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables -RIPTE- es improcedente, por cuanto no resulta ser un interés reglamentado por el Banco Central de la República Argentina.
También objeta que liquidara intereses a una tasa pura del seis por ciento (6%) anual, por cuanto entiende se configura anatocismo.
Por último, apela los honorarios por altos.
V.1. La vía extraordinaria deducida no ha de prosperar.
V.1.a. En el caso, el compareciente tampoco especifica, a tenor de los agravios desplegados en la vía impugnativa, como estaría representado el valor del litigio, ni cuantifica su importe, prescindiendo demostrar -en consecuencia- que lo cuestionado supere el mínimo establecido por el mencionado art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024. En consecuencia, y como se adelantó al abordar el recurso introducido por la parte actora, la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el articulo citado.
V.2.a. En ese contexto, respecto a los reproches tendientes a cuestionar la determinación del monto de condena, así como su actualización y la aplicación de intereses, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que las citas de doctrina legal traídas por la recurrente en apoyo de su pretensión no guardan relación con las motivaciones del pronunciamiento, o fueron elaboradas a partir de presupuestos disímiles a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 119.192, "Artigau", sent. de 21-VI-2018; L. 120.423, "Bocanegra", sent. de 27-XI-2019; L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; L. 129.676, "Nuñez", resol. de 23-XI-2023; L. 131.761, "Maisonobe", resol. de 29-VII-2024 y L. 128.750, "Carabajal", resol. de 23-V-2025).
V.2.b. Asimismo, y en relación al planteo relacionado con la regulación de honorarios, el recurrente omite citar como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 127.799, "Avellaneda", resol. de 29-VI-2022; L. 129.118, "Taha Taha", resol. de 4-X-2022 y L. 131.004, "Dorronzoro", resol. de 26-II-2024).
V.2.c. Por último, es dable señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la de la opinión de los autores, de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024 y L. 134.900, "De mugica", resol. de 11-XII-2025).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar el recurso extraordinario de nulidad incoado por el actor, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y rechazar los de inaplicabilidad de ley interpuestos por ambas partes, en tanto no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/02/2026 16:26:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/02/2026 10:39:07 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2026 14:26:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2026 15:42:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/03/2026 09:35:43 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/03/2026 11:41:00 hs. bajo el número RR-150-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia