Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131474
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.474, "González, Ana María contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent. de fecha 25-IV-2023).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 10-V-2023).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Ana María González y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 11 inc. 4 apartado "a" y 14 inc. 2 apartado "b" de la ley 24.557, con más el adicional contemplado por el art. 3 de la ley 26.773 (v. sent. de fecha 25-IV-2023).
Para así decidir, juzgó acreditado que, como consecuencia de las tareas que desarrollara como dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, la actora contrajo enfermedades profesionales que le provocan una minusvalía del 54,98 % de la total obrera; habiendo tomado conocimiento de su estado incapacitante el día 15 de julio de 2016.
En lo que resulta relevante destacar por ser materia de agravio, al cuantificar la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "b" de la ley 24.557, estableció que debía ser calculada según las pautas establecidas en el art. 14 inc. 2 apartado "a" del mismo cuerpo legal, conforme lo dispuesto por el art. 2 apartado 2 del anexo del decreto 472/14 (v. sent. pág. 10).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 14, 14 bis, 17, 18, 19, 28, 31, 75 incs. 2, 12, 22 y 23 y 99 inc. 2 de la Constitución nacional; 15 y 39 de la Constitución provincial; 5.1, 8.1, 25.1, 29 incs. "a" y "b" del Pacto de San José de Costa Rica; 9, 11 y 17 bis de la Ley de Contrato de Trabajo; 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 10-V-2023).
Plantea la inconstitucionalidad del art. 2 apartado 2 del decreto 472/14. Explica que el mentado decreto incurre en un exceso reglamentario al modificar el texto del art. 14 inc. 2 apartado "b" de la ley 24.557, equiparando el cálculo de la indemnización allí prevista para una incapacidad de entre 50% y 65%, a la fórmula actuarial que resulta del art. 14 inc. 2 apartado "a" de la referida ley, que contempla el supuesto de incapacidades menores al 50%. En ese contexto, afirma que dicha normativa es irrazonable, contraria al principio protectorio, al derecho de propiedad del actor, al principio de no regresión y de progresividad, así como al de la norma más favorable para el trabajador.
Postula entonces, que se ha aplicado erróneamente el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 e inaplicado el referido art. 14 inc. 2 apartado "b", norma que —según afirma— corresponde aplicar al caso al encontrarse vigente.
Además, pone de relieve la potestad que tienen los jueces de declarar de oficio la inconstitucionalidad de las normas, lo que así solicita.
Finalmente, denuncia que el fallo impugnado ha omitido aplicar la doctrina legal establecida en los precedentes L. 104.576, "Manrique Obregón" (sent. de 7-III-2012); L. 119.772, "De la Cuadra" (sent. de 28-IX-2016) y L. 122.216 "Ochoa" (sent. de 26-II-2020).
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente cabe señalar que el medio de impugnación deducido fue concedido por el tribunal de grado en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 —aplicable a la fecha de su interposición—, toda vez que el valor de lo cuestionado ante esta instancia no excede el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141. Por tal razón, la función revisora de esta Corte quedaría circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal (causas L. 127.429, "Sack", sent. de 23-VIII-2023; L. 128.810, "Enciza", sent. de 26-II-2024 y L. 129.336, "Balbuena", sent. de 24-II-2025).
Sin embargo, no puede soslayarse que —como alega la recurrente— el agravio dirigido a objetar la validez constitucional del art. 2 apartado 2 del anexo del decreto 472/14, involucra el análisis de una cuestión federal que conduce a ingresar en su análisis prescindiendo de aquel condicionamiento procesal, ello, conforme lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio"), y decidido en ese sentido este Tribunal (entre muchas: causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
III.2. Sentado lo anterior, no es de recibo el embate al que se hizo referencia en el párrafo que antecede.
III.2.a. He sostenido antes de ahora que el planteo por el que se impugna la constitucionalidad de una norma legal o reglamentaria debe ser introducido en la primera oportunidad procesal viable al efecto (conf. mis votos en las causas L. 77.727, "Vallini", sent. de 10-IX-2003; L. 76.687, "Páez Nolasco" y L. 76.279, "Castillo", sents. de 1-X-2003; L. 71.014, "Celaya", sent. de 29-X-2003 y L. 127.806, "Suárez", sent. de 1-VIII-2023), con la posibilidad de garantizar audiencia suficiente a la contraparte (causas L. 69.523, "Barone", sent. de 1-IV-2004; L. 79.304, "Portal", sent. de 14-IV-2004 y L. 128.876, "Pereyra", sent. de 23-XI-2023). Pues, de ese modo, se habilita la potestad de los jueces de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión comparándolas con el texto de la Constitución nacional, permitiendo el control judicial difuso que todos los tribunales de justicia están llamados a ejercer (art. 31, Const. nac.).
Esa exigencia traduce un principio de orden que promueve que las cuestiones acerca de la eventual invalidez constitucional de una norma, ultima ratio del orden jurídico, conforme conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 285:322; 300:241 y 1087; 301:962 y 1062; 302:457, 484 y 1149; 307:906; 312:435 (conf. dictamen del señor Procurador General, al que se remitió la Corte Suprema); 314:407; 326:2692; 327:831 e in re, "Berón", B.2.216.XXXVIII, sentencia de 15-II-2005, —estos tres últimos conforme dictamen del señor Procurador General al que se remitió la Corte nacional— sean decididas con el mayor grado de debate posible, con adecuada contradicción y en función de las posiciones sustentadas por las partes en el litigio.
III.2.b. En la especie, el planteo de inconstitucionalidad del art. 2 apartado 2 del decreto 472/14 recién ha sido introducido en el litigio en el medio extraordinario de impugnación en estudio.
Todavía, puede constatarse que, en el escrito de demanda, si bien la parte actora se refirió a dicho instrumento, lo hizo únicamente objetando la validez constitucional de las disposiciones que trajo vinculadas con la actualización del importe de las indemnizaciones por aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto en la ley 26.773 (v. fs. 20/24 vta. del escrito de demanda). Evidentemente, y más allá del grado de incapacidad denunciado con el reclamo inicial, el cuestionamiento de índole constitucional que tardíamente propone el quejoso, bien pudo ser llevado ad eventum ante el tribunal de grado en esa ocasión, procurando de este modo su debida y oportuna bilateralización. Incluso, tampoco se verifica que en el transcurso del pleito la parte actora hubiese arrimado un planteo como el que aquí propone.
III.2.c. Cierto es que el examen de la tempestividad de la articulación constitucional exige ponderar las circunstancias que concurren en cada caso, lo cual puede determinar una mayor flexibilidad a efectos de evitar un crudo ritualismo (conf. mi voto en causa C. 86.429, "Asociación Mutual de Empleados Municipales", sent. de 22-VIII-2007). Mas no lo es menos que, en la especie, el camino transitado por la parte en la instancia de grado torna inadmisible el planteo tardíamente pergeñado por el recurrente.
En determinados supuestos puede descartarse la imposición de este tipo de exigencias de planteamiento oportuno, pero al respecto, se observa que el impugnante no ha argumentado que concurra en autos ninguna hipótesis que conduzca a exceptuar este recaudo, las que en rigor igualmente no se constatan en el caso (v. mis votos en causas L. 100.590, "Vega", sent. de 3-IV-2014; L. 106.853, "Pérez", sent. de 9-IX-2015 y L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023).
III.2.d. A partir de lo expuesto, toda vez que la parte no ha sometido la cuestión constitucional a la decisión del a quo y la introdujo extemporáneamente en ocasión de deducir el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído a estudio, no corresponde a esta Corte ingresar a su conocimiento.
III.2.e. Y no han de gravitar en la suerte del recurso las aisladas referencias que efectúa el recurrente al abogar por la facultad de los jueces de declarar de oficio la inconstitucionalidad de las normas, en tanto, en el marco de la insuficiencia argumental de esta parcela de la impugnación, no se verifican motivos que conduzcan a emprender tal análisis (v. mis votos en las causas L. 92.731, "Martínez", sent. de 1-XII-2010; L. 103.467, "E., R.", sent. de 26-X-2011; L.113.361, "T, J. H.", sent. de 25-II-2015; e.o.).
III.3. Finalmente, ante el fracaso de los agravios tratados, permaneciendo firme entonces la decisión con arreglo a la cual el tribunal de grado resolvió aplicar las reglas de cuantificación de la prestación adeudada previstas en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la Ley de Riesgos conforme el referido decreto 472/14, corresponde desestimar la crítica fundada en la denuncia de violación de la doctrina legal elaborada en las causas L. 104.576, "Manrique Obregón" (sent. de 7-III-2012), L. 119.772, "De la Cuadra" (sent. de 28-IX-2016) y L. 122.216 "Ochoa" (sent. de 26-II-2020).
Ello es así, desde que el criterio sentado en los mencionados casos resultó forjado a influjo de presupuestos disímiles a los del caso bajo juzgamiento (causas L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; L. 129.167, "Scalise", sent. de 29-V-2024; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. Coincido con lo expuesto por el colega doctor Soria en el punto III.1. de su voto.
Es que, aun cuando el valor de lo cuestionado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 de aplicación al caso, corresponde ingresar al tratamiento —únicamente— del planteo de invalidez constitucional del art. 2 apartado 2 del decreto 472/14 contenido en la impugnación, sin las restricciones referidas a la cuantía del litigio, pues involucra claramente, una cuestión federal que esta Corte debe abordar en tanto órgano máximo de la judicatura local (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; 311:2478 in re "Di Mascio" y causa L. 120.479, "Guzmán", sent. de 21-XI-2018).
I.2. Aclarado ello, adhiero a las consideraciones vertidas por el citado colega en los puntos III.2. de su voto.
Solo he de agregar, respecto al agravio dirigido a obtener la declaración de inconstitucionalidad de la norma mencionada ut supra, que concuerdo en que su introducción —recién— en el recurso bajo examen es producto de una reflexión tardía que, como tal, resulta inatendible en esta instancia extraordinaria (causas L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023; L. 126.046, "Agüera" y L. 126.076, "Benítez", sents. de 27-VI-2023; e.o.). Ello, sin que se observen motivos suficientes que puedan dar sustento bastante a la pretendida existencia de un agravio constitucional que permita exceptuar al órgano de grado de efectuar una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, como lo es la declaración de invalidez constitucional de una ley o un decreto, la cual constituye un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (conf. mi voto en causa L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023); de allí que —por las razones expuestas por el colega que abre el acuerdo— corresponda su rechazo.
I.3. Finalmente, también concuerdo con lo expuesto en el punto III.3. del sufragio inaugural.
II. Por lo dicho, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en su voto.
Solamente he de señalar —en lo concerniente a los argumentos expuestos por mi colega para desestimar el planteo de inconstitucionalidad del art. 2 apartado 2 del decreto 472/14— que, de conformidad a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde exigir la tempestividad del planteo constitucional como condición indispensable para su andamiaje. Ello, sin perjuicio de la atribución de los jueces de declarar la inconstitucionalidad de oficio de las normas respectivas cuando así corresponda (v. mi voto de adhesión en la causa C. 97.534, "Nizzola", sent. de 6-IV-2016; así como L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023; e.o.).
II. Por lo dicho, y reiterando mi aquiescencia con el voto del ponente, estimo que corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Budiño dijo:
I. Adhiero a lo expresado por el doctor Soria en el punto III.1. de su voto.
II. Luego, concuerdo con los ministros que me anteceden en el orden de votación en cuanto a que el agravio dirigido a obtener la declaración de inconstitucionalidad del art. 2 apartado. 2 del anexo del decreto 472/14 debe ser rechazado en razón de su tardía introducción.
Ello así toda vez que al constituir la declaración de inconstitucionalidad de una norma una de las funciones más delicadas susceptible de ser encomendada a un tribunal de justicia a la vez que un acto de suma gravedad que debe ser considerado último recurso del orden jurídico, la alegación de un supuesto de aquella índole requiere, por parte de quien lo invoca —además de su tempestividad—de una crítica clara, concreta y fundada que identifique las normas constitucionales que reputa afectadas, sin perjuicio de la atribución de los jueces de declarar la inconstitucionalidad de oficio de los dispositivos respectivos cuando así corresponda (conf. mi participación en las causas L. 128.224, "Medina", sent. de 28-X-2024; L. 129.296, "Florentín", sent. de 20-XI-2024; L. 120.753, "Lovera", sent. de 30-XII-2024; e.o.).
En la especie, el tema de la oportuna introducción del planteo constitucional no debe ser desplazado por la inicial estimación de la minusvalía efectuada en la demanda.
Al respecto, cabe advertir que la norma ahora en disputa se hallaba vigente al tiempo de promoción del reclamo, fue citada en esa oportunidad sin objeciones a su validez y tampoco fue censurada durante el transcurso del proceso.
III. Por último, coincido con los fundamentos expuestos en el punto III.3 del voto emitido en primer término.
IV. Por todo lo expuesto, soy de la opinión que el recurso extraordinario de inaplicabilidad analizado debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/03/2026 13:21:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/03/2026 14:36:50 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/03/2026 10:16:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2026 16:29:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/03/2026 09:43:30 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 13/03/2026 11:44:36 hs. bajo el número RS-21-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia