Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131066
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal del Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la acción iniciada por el señor Joaquín Marcelino Alcocer Mercado contra Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de un resarcimiento por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que invocó padecer, declaró configurada la cosa juzgada administrativa y ordenó el archivo de las actuaciones (v. pronunciamiento de fecha 28 de junio de 2023).
Para así decidir, tras analizar las constancias obrantes en la causa, tuvo por probado que el trabajador había dado cumplimiento al procedimiento previo y obligatorio establecido en el art. 1 de la ley 27.348, obteniendo dictamen de la Comisión Médica local, ratificado luego por la Comisión Médica Central, no habiendo cuestionado esta última decisión dentro del plazo previsto, por lo que entendió que había adquirido firmeza (conf. ley cit. y resol SRT 298/17).
II. Frente a lo así resuelto el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico del 12-VII-2023), el que fue concedido en la instancia de grado en fecha 4-VIII-2023.
En su presentación relata los antecedentes del caso, cuestiona la validez constitucional del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial y cita las normas y la doctrina que considera vulneradas.
En lo sustancial, manifiesta que el plazo de caducidad de noventa -90- días previsto por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 es contrario al de prescripción establecido por el art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que afecta garantías constitucionales.
Indica, además, que el juzgador incurrió en absurdo al interpretar la normativa aplicable, transgrediendo el deber de motivar y justificar sus decisiones.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, corresponde señalar que el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial deviene abstracto. Ello así, pues en virtud de lo establecido en el art. 22 de la ley 11.653, aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario, el trabajador goza del beneficio de gratuidad, por lo que se encuentra exceptuado de cumplir con la carga prevista en aquel precepto legal.
III.2. Sentado lo anterior, se impone observar que, en el sub examine , el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el importe reclamado en la demanda- no supera el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, el tratamiento del canal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 -aplicable, como se adelantó, a la fecha de la articulación del recurso extraordinario- (causas L. 127.604, "Díaz", resol. de 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023; L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023 y L. 133.385, "Conti", resol. de 14-VII-2025).
Asimismo, debe indicarse que el impugnante no expuso razones suficientes que ilustren -en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 118.518, "Berg", resol. de 1-VII-2015; L. 125.642, "Eseiza", resol. de 4-III-2021; L. 128.521, "Bruzzo", resol. de 29-VI-2022 y L. 132.705, "Robles", resol. de 27-III-2025; e.o.).
En este contexto, corresponde recordar que esta Suprema Corte ha dicho que el presente carril se concede con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (art. 161 inc. 3 "a" de la Constitución local) y su limitación, no vulnera derechos y garantías constitucionales resultando compatible con el citado art. 161, pues no impide deducir el recurso extraordinario previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 132.874, "Márquez", resol. de 27-IX-2024; L. 133.932, "Aranda", resol. de 17-IX-2025 y L. 135.340, "Sequeira", resol. de 27-II-2026; e. o.).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede precisamente en un caso similar (causas L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020; L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021; L. 123.296, "González", resol. de 15-II-2023 y L. 133.597, "Espinoza", resol. de 1-VII-2025; e. o.).
III.3. Desde esa perspectiva de análisis, es dable advertir que no se verifica la excepcional hipótesis referida ni bien se repara en que el principal agravio que trae el recurrente remite al análisis de cuestiones de índole fáctica -cuya definición constituye una facultad privativa de los jueces de grado- como lo es determinar si, en el caso, concurren las condiciones necesarias para declarar configurada la cosa juzgada administrativa alegada (causas L. 124.453, "Pino", resol. de 16-VI-2020; L. 127.524, "Testa", resol. de 6-XII-2021 y L 127.514, "Cardozo", resol. de 7-IV-2022).
Sin perjuicio de lo expuesto -que resulta suficiente para rechazar el embate-, cabe aclarar, en relación a los precedentes que cita la interesada, que tampoco se observa en la especie la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que la doctrina de esta Corte que la recurrente invoca como infringida ha sido elaborada sobre la base de presupuestos diferentes de los que se ventilan en la causa bajo examen (causas L. 125.657, "Durand", resol. de 2-III-2021; L. 129.442, "Pereyra", resol. de 19-XII-2022; L. 129.670, "Verón", resol. de 14-III-2023 y L. 130.501, "Aceituno", resol. de 7-IX-2023; e.o.).
Por lo demás, conforme reiteradamente ha sostenido este Tribunal, tampoco resulta útil en el excepcional supuesto de revisión en tratamiento, la cita de antecedentes que versan sobre la obligación que tienen los jueces de fundar sus sentencias (causas L. 125.476, "Pellegrini", resol. de 9-XII-2020; L. 127.182, "Acosta", resol. de 1-XI-2021 y L. 130.722, "Moraglio", resol. de 8-IV-2024; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/04/2026 14:34:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/04/2026 10:31:15 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/04/2026 19:56:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2026 14:30:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/04/2026 08:57:53 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/04/2026 10:28:15 hs. bajo el número RR-640-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia