Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 137525
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad en tanto ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos, y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 y 298, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Nicolás, en el marco de la acción iniciada por la señora Micaela Pérez Luzi contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas de la enfermedad profesional que denunció padecer, en lo que interesa destacar, declaró la validez constitucional de las leyes 14.997 y 27.348 y su incompetencia para entender en las presentes actuaciones (v. pronunciamiento de fecha 29-VIII-2025).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 16-IX-2025), los que fueron concedidos por el a quo (v. resol. de fecha 29-IX-2025), habiéndose conferido vista al Procurador General (v. dictamen electrónico 20-IV-2026).
III. En la primer vía extraordinaria mencionada, con cita de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, sostiene que el pronunciamiento de grado se encuentra insuficientemente fundado, vicio que -afirma- lo descalifica como acto jurisdiccional válido.
Objeta, asimismo, que el sentenciante no tuviera en consideración para resolver la contienda a los hechos alegados en la demanda, como así tampoco la prueba oportunamente ofrecida.
III.1. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.1.a. Tiene reiteradamente dicho esta Suprema Corte que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial, únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021; L. 129.595, "Palenzona", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.716, "Pereyra", resol. de 15-IV-2024; e.o.).
III.1.b. Desde esa perspectiva, las infracciones invocadas por la compareciente no se compadecen con las causales definidas en la Constitución local para habilitar la vía intentada.
Ello así, pues los reproches que formula el recurrente se orientan a objetar el modo en que el tribunal resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de eventuales errores de juzgamiento, materia propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y ajena como tal, a la vía impugnativa intentada (causas L. 120.384, "Rocha", sent. de 19-II-2020; L. 120.924, "Cipolla", sent. de 6-X-2020 y L. 129.167, "Scalise", sent. de 29-V-2024; e.o.).
Más precisamente, cabe recordar que esta Corte tiene dicho reiteradamente que las alegaciones relativas a la apreciación del material probatorio, las dirigidas a controvertir la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, como las vinculadas a la denuncia de violación de normas de la Constitución nacional, son ajenas al ámbito del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 120.300, "Antognoli", sent. de 13-X-2020; L. 122.558, "Trápani", sent. de 17-XI-2021; L. 127.067, "Splett", sent. de 4-X-2023: L. 131.874, "Constanzo", resol. de 27-IX-2024 y L. 132.123, "Palmas", resol. de 13-III-2025; e. o.).
Por último, ante la cita de la norma del art. 171 de la Constitución local, se impone señalar que el pronunciamiento dictado se encuentra respaldado en expresas disposiciones legales (causas L. 123.718, "Kollrich Borsani", resol. de 9-VI-2020; L. 126.258, "Alterino", resol. de 26-V-2021 y L. 129.219, "Barbuto", resol. de 5-XII-2022; e. o.).
IV. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley tampoco prospera.
IV.1. Alega el compareciente que al resolver la contienda el tribunal de grado incurrió en absurdo, configurado al interpretar erróneamente el objeto del pleito definido en el escrito inicial, ya que -explica- su parte no hubo de interponer un recurso contra la decisión de la comisión médica jurisdiccional en los términos de la ley 14.997, sino que promovió –inicialmente- una demanda interruptiva de prescripción por pago de prestaciones de la ley 24.557, para luego ampliarla y perfeccionarla una vez agotados todos los trámites ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo por cada siniestro denunciado.
Indica que tal incorrección condujo al tribunal a quo a apartarse de la verdad jurídica objetiva, estableciendo una conclusión en abierta contraposición con las constancias objetivas de la causa.
IV.2. Liminarmente, se impone señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado el monto reclamado en la demanda- no excede el mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024.
En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado art. 82 de la ley 15.057 (causas L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024; L. 132.862, "Lallement", resol. de 15-IV-2025 y L. 133.485, "Garófalo", resol. de 16-X-2025; e.o.)
De suyo, entonces, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023; L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023 y L. 136.253, "Martínez", resol. de 26-XI-2025; e. o.).
IV.3. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, se observa que la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que mediante la denuncia de violación de doctrina legal la recurrente trae a consideración cuestiones vinculadas al ejercicio de facultades privativas de los tribunales de grado, como es la interpretación de los escritos constitutivos de la litis y las circunstancias fácticas de la causa, detraídas de la revisión en el acotado carril por el que transita el recurso (causas L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020; 126.508, "Gorjon", resol. de 28-V-2021 y L. 127.421, "Bertana", resol. de 20-VIII-2024; e. o.).
Asimismo, tiene resuelto esta Corte que la doctrina legal referida al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional marco que prevé la norma ritual laboral (causas L. 128.456, "Germiniani", resol. de 29-VI-2022; L. 131.612, "Coronel", resol. de 29-VII-2024 y L. 133.640, "Díaz", resol. de 9-IV-2026; e. o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad en tanto ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos, y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/05/2026 17:59:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/05/2026 11:49:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2026 19:19:25 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 11/05/2026 14:30:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/05/2026 08:22:42 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/05/2026 12:33:04 hs. bajo el número RR-809-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia