Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134926
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás rechazó la demanda interpuesta por la señora Pamela Patricia Martínez, por sí, y en representación de sus hijos menores de edad M.D.N. y Paloma Maite Quinteros (hoy mayor) contra Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en procura del pago de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial de la Ley de Riesgos del Trabajo con motivo de la enfermedad profesional (brucelosis) del trabajador fallecido Nicolás Victorio Quinteros, quien fuera conviviente y padre, respectivamente de las reclamantes (v. pronunciamiento de fecha 25-II-2025).
Para así resolver, juzgó que la demandante no logró demostrar que en vida- el señor Quinteros fuera portador de incapacidad laborativa conforme el baremo del decreto 659/1996, con motivo de la enfermedad profesional diagnosticada (brucelosis).
II. Contra dicha decisión, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 17-III-2025), el que fue concedido por el tribunal de grado (v. resol. de fecha 25-III-2025), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de fecha 17-III-2026).
En sustancia, invoca absurdo en la valoración de las constancias de la causa. Fundamentalmente, alega que el a quo se apartó, sin fundamento alguno, de las conclusiones contenidas en el dictamen médico, contrariando, de ese modo, la doctrina que cita.
III. Oído el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.1.a. De modo liminar, corresponde analizar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, más precisamente, lo relativo al valor del litigio.
Al respecto, contrariamente a lo sostenido por la parte impugnante en su escrito liminar, no se advierte que en el caso nos encontremos frente a una pretensión de monto indeterminado. A partir de ello, incumbía a la interesada demostrar que el valor de lo cuestionado en esta sede supera el umbral establecido en el art. 82 de la ley 15.057.
En este sentido, se observa que la parte apelante prescinde de toda iniciativa conducente a mensurar el agravio que invoca, incumpliendo, de ese modo, con la carga procesal que recae sobre ella de acreditar que eventualmente el monto del litigio alcanza el mínimo previsto en el citado precepto legal (causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 118.130, "Paz", sent. de 12-IV-2017; L. 125.335, "Rocha Rattel", resol. de 12-II-2021 y L.131.363, "Araneda", resol. de 9-VIII-2024).
Luego, a propósito de los argumentos desplegados por la atacante en su presentación, se impone señalar que no se encuentra involucrada como denuncia- una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento de la impugnación sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478).
En este contexto, corresponde recordar que esta Suprema Corte ha dicho que el presente carril se concede con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (art. 161 inc. 3 "a" de la Constitución local) y su limitación, no vulnera derechos y garantías constitucionales resultando compatible con el citado art. 161, pues no impide deducir el recurso extraordinario previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causa L. 132.874, "Márquez", resol. de 27-IX-2024).
III.1.b. En estas condiciones, resultando que, en la especie, no ha satisfecho tal imperativo de su propio interés, corresponde ingresar al análisis de los agravios que porta el recurso en el marco de la excepción contemplada en el art. 82 de la ley 15.057 aplicable a la fecha de su interposición-. De allí, que la función revisora de esta Corte se circunscriba a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 124.102, "Jose", sent. de 21-X-2022; L. 126.044, "López", sent. de 27-II-2023 y L. 132.689, "Mesito", resol. de 12-III-2025; e. o.).
III.2. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado desde que, en rigor, el cuestionamiento está orientado a censurar la labor axiológica de los magistrados de grado con relación a la ponderación de uno de los elementos de prueba obrantes en la causa, como lo es el informe elaborado por el perito médico.
En ese orden, sabido es que la crítica que la impugnante intenta someter a revisión ante esta sede extraordinaria versa sobre típicas cuestiones fácticas y probatorias vinculadas al contenido de la experticia médica y al eventual absurdo en su valoración, lo cual constituye una técnica ineficaz a los fines de lograr la apertura del control casatorio en el marco del excepcional conducto habilitante previsto en el precepto antes señalado (causas L. 120.113, "Leguizamón", sent. de 3-V-2018; L. 121.528, "Trifaro", sent. de 31-VIII-2020; L. 130.641, "Areco", resol. de 22-XII-2023; L. 132.539, "Reyes", resol. de 3-IV-2025 y L. 134.578, "Olivares", resol. de 27-II-2026).
Asimismo, cabe recordar que la doctrina legal referida al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado precepto legal (causas L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019; L. 127.812, "Casas", resol. de 7-III-2022; L. 128.456, "Germiniani", resol. de 29-VI-2022 y L. 133.918, "Selva", resol. de 12-III-2025).
III.3. Finalmente, es dable señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte nacional (causas L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019; L. 127.240, "Banegas", sent. de 21-III-2024 y L. 132.724, "Catania", resol. de 27-III-2025).
IV. Por lo demás, atento lo manifestado en el dictamen (v. punto IV.), la forma del fallo no imposibilita el ejercicio de la facultad revisora de esta casación.
Por ello, oído el señor Procurador General, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/05/2026 17:59:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/05/2026 11:49:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2026 19:19:12 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 11/05/2026 14:30:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/05/2026 08:22:38 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/05/2026 12:32:24 hs. bajo el número RR-802-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia