Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133220
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.1., en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2., debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de General San Martín, con asiento en dicha ciudad, revocó lo resuelto por el Servicio de Homologación de la Comisión Médica n° 383 de dicha ciudad -en el marco del expediente administrativo SRT N° 325.398/22- y determinó que el señor Cristian Francisco Benedetti posee una incapacidad parcial y permanente del 29,04% del índice de la total obrera, que guarda relación causal con la contingencia sufrida por el trabajador , mientras prestaba tareas para Alper Química S.R.L., afiliado a la aseguradora accionada Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al momento de la contingencia y, en consecuencia, condenó a esta última a abonarle al trabajador la suma que especificó en concepto de prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y el adicional contemplado en el art. 3 de la ley 26.773 (v. vered. y sent. de fecha 6-VIII-2024 y aclaratoria del 11-IX-2024).
Para así decidir, y en lo que resulta relevante destacar, tuvo en consideración especialmente lo dictaminado por el perito médico en su informe y las impugnaciones formuladas al mismo, ponderando a su vez los factores de ponderación establecidos en el decreto 659/96 y, sobre dicha plataforma fáctica meritó que el reclamante resulta portador de la referida minusvalía como consecuencia de haber contraído la enfermedad profesional de COVID-19 -cuya primera manifestación invalidante quedó determinada con fecha 19-X-2020- durante el efectivo cumplimiento de las tareas prestadas a favor de su empleadora.
Luego, al cuantificar las prestaciones dinerarias referidas juzgó aplicable al caso las disposiciones contenidas en el decreto de necesidad y urgencia 669/19.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 20-VIII-2024), el que fue concedido en la instancia de grado el 11 de septiembre de 2024.
II.1. En primer término, cuestiona que el órgano judicial de grado empleó de manera errónea las disposiciones del decreto 669/2019, en tanto prescindió de la aplicación de lo dispuesto en sus normas reglamentarias, esto es, las resoluciones 1.039/19 y 332/23 de la Superintendencia de Seguros de la Nación; todo ello, estableciendo un cálculo del valor mensual del ingreso base del actor ajeno a lo normado por el art. 12 de la ley 24.557, reformado por la ley 27.348.
II.2. A su vez, controvierte el porcentaje de incapacidad determinado en el fallo, denunciando un apartamiento de lo determinado por el galeno interviniente en su informe.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Invirtiendo -por razones metodológicas- el orden en que los agravios fueron expuestos, cabe inicialmente señalar que resultan infructuosas las críticas que formula la recurrente a las conclusiones que se establecieron en el veredicto sobre el porcentaje de incapacidad que padece el actor.
III.1.a. En este sentido, reiteradamente ha señalado esta Suprema Corte que la determinación del porcentaje de incapacidad constituye una cuestión reservada a la apreciación de los jueces de grado y las conclusiones que al respecto formulen no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo efectiva configuración del vicio de absurdo (causas L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020; L. 126.343, "Arias", sent. de 10-VII-2023 y L. 130.890, "Soriano", sent. de 1-IX-2025; e.o.).
III.1.b. En el caso, la interesada ni siquiera ha denunciado que la decisión de grado fuese producto del mencionado vicio, deficiencia técnica que sella la suerte adversa de la impugnación, pues, como lo ha resuelto este Tribunal, es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite invocar idóneamente la existencia de absurdo cuando se pretende la apertura de esta instancia extraordinaria a la revisión de los hechos y las pruebas (causas L. 118.388, "Astudillo", sent. de 29-III-2017; L. 124.239, "Angeloni", resol. de 16-VI-2020; L. 129.480, "Legal", resol. de 29-XI-2022; L. 129.582, "Soto", resol. de 27-II-2023, L. 130.333, "Cejas", resol. de 7-IX-2023 y L. 131.541, "Sarmiento", resol. de 15-IV-2025).
III.2. En otro orden, se impone observar que la impugnación dirigida a controvertir la decisión del tribunal de grado que aplicó el decreto de necesidad y urgencia 669/2019, halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) y su progenie (L. 128.977, "Chocobar", sent. de 13-III-2026; L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026 y L. 130.546, "Paszkiewich", sent. de 23-VI-2026"; entre muchos otros), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.); resultando ello suficiente para resolver la impugnación traída.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.1., en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2., debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/09/2026 13:33:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/09/2026 14:44:21 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/09/2026 17:01:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/09/2026 14:49:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/09/2026 08:24:21 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/09/2026 11:08:54 hs. bajo el número RR-2103-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia