Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134569
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 298, CPCC). Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por el señor Juan Andrés García y, en consecuencia, condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de las prestaciones dinerarias establecidas en el régimen especial de riesgos del trabajo (v. pronunciamiento de fecha 27-XII-2024).
Para así decidir, en lo que interesa, juzgó acreditado que el accionante padece una incapacidad laboral que -incluidos los factores de ponderación- lo invalida en un 14,65 % del índice de la total obrera motivada en la patología lumbar. Asimismo, entendió que no se acreditó que trabajara de pie ni que estuviera expuesto al riesgo alguno con entidad para causar las várices reclamadas.
II. Contra dicha decisión, el legitimado activo dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 18-II-2025), los que fueron concedidos por el a quo (v. resol. de fecha 19-II-2025), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de fecha 23-XII-2025).
III. En la primera vía extraordinaria mencionada, con cita de los arts. 168 y 171 de la Constitución local, el recurrente sostiene que en el fallo de grado se omitió el tratamiento de la responsabilidad de la aseguradora por la patología lumbar como enfermedad no listada, la inconstitucionalidad del artículo 6 de la Ley 24.557, y la aplicación de la indiferencia de la concausa para que la aseguradora responda por la totalidad del daño.
III.1. El recurso no prospera.
III.1.a. En principio, corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021; L. 128.677, "Martín", resol. de 13-VII-2022; L. 129.832, "Cañueto", resol. de 4-X-2023 y L. 134.039, "Nieto", resol. de 29-XII-2025).
III.1.b. En tal sentido, cabe recordar que preterición a que se refiere el art. 168 de la Carta local ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema por descuido, pero no cuando -como sucede en el caso- las cuestiones se encuentran desplazadas de consideración como consecuencia de la solución a la que arribó el tribunal, pues lo que se sanciona con la nulidad del pronunciamiento es la preterición de una cuestión esencial y no la forma en que ésta fuere resuelta (causas L. 124.712, "Vivas", resol. de 6-X-2020; L. 125.753, "Rey", resol. de 8-II-2021 y L. 133.005, "Zapata", resol. de 15-XII-2025).
En rigor, la crítica se dirige a objetar el modo en que el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento propio del recurso de nulidad (causas L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020; L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021 y L. 134.103, "Albornoz", resol. de 12-II-2026).
III.2. Finalmente, carece de entidad atendible ante esta Corte la denuncia de violación del art. 171 de la Constitución local, ya que no se advierte en el recurso desarrollo de agravios relacionados con una eventual falta de fundamentación legal del pronunciamiento (causas L. 129.219, "Barbuto", resol. de 5-XII-2022 y L. 130.202, "Jordan", resol. de 1-XI-2023; L. 131.775, "Zepeda", resol. de 20-IX-2024).
IV.1. En el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley, el interesado, con denuncia de absurdo, se agravia de la conclusión del sentenciante que determinó una concausalidad en la lesión lumbar denunciada, atribuyendo un porcentaje a factores personales, según afirma, sin ningún sustento técnico ni científico.
Por otro lado, también cuestiona el rechazo del reclamo por várices como enfermedad profesional, fundado antojadizamente en que el trabajador no realizaba tareas bajo bipedestación prolongada por trasladarse o subir escaleras, desatendiendo la prueba aportada.
IV.2. El recurso tampoco prospera.
IV.2.a. En relación al primer agravio, cabe recordar que este Tribunal ha dicho que la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, así como la evaluación del material probatorio, específicamente lo atinente al mérito y fundamento de los informes periciales, a fin de determinar las dolencias que presenta el trabajador y establecer -en consecuencia- el grado de minusvalía que lo afecta, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de trabajo y, por ende, no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo que debe ser eficazmente demostrado por quien lo invoca (causas L. 129.440, "Aquino", resol. de 22-XII-2022; L. 128.773, "Sorgue", resol. de 17-IV-2023 y L. 131.704, "Ruíz", 20-XI-2024).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020 y L. 130.143, "Mobilio", resol. de 12-IX-2023 y L. 130.901, "Videla", resol. de 20-IV-2026).
En el caso, la crítica se estructura sobre la base de la distinta eficacia que el recurrente le atribuye al informe pericial médico. Así, por conducto de su propia opinión en orden a la entidad convictiva que, a su juicio, correspondería asignarle a la referida experticia, no consigue descalificar la labor axiológica del juzgador, pues el recurso sólo refleja una mera contraposición de criterios con el razonamiento empleado en el fallo de grado, revelando su insuficiencia para demostrar el excepcional yerro valorativo invocado (causas L. 117.656, "Barraza", sent. de 23-XI-2016; L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017; L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019 y L. 131.365, "Morando", resol. de 29-VII-2024; e.o.).
En efecto, limitándose a señalar supuestas falencias en la evaluación realizada por el sentenciante al determinar el grado de invalidez del trabajador, pretende -en definitiva- hacer prevalecer su opinión sobre la del juzgador de grado en lo que atañe a la facultad de seleccionar, jerarquizar e interpretar las probanzas del proceso, método inapropiado para evidenciar el grave error denunciado.
IV.2.b. También debe desestimarse el restante agravio, por conducto del cual se cuestiona la conclusión del sentenciante vinculada a la ausencia de prueba respecto de la realización de tareas que requirieran bipedestación prolongada, estática y/o con movilidad reducida ni el agente de riesgo que pudiera generar las várices reclamadas.
En efecto, dicha conclusión del fallo no logra ser conmovida por el interesado, en tanto omite rebatir los argumentos que llevaron al juzgador a arribar a la decisión objetada.
En este sentido, tiene dicho este Tribunal que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el impugnar concreta, directa y eficazmente todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 122.683, "Aguado", resol. de 16-VI-2020; L. 128.196, "Suárez", sent. de 6-XII-2023 y L. 131.343, "Fratelli", sent. de 15-IV-2025).
Finalmente, corresponde destacar que no resulta hábil el cuestionamiento afincado en la ponderación de la prueba oral, pues la valoración de las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa queda reservada a los jueces de grado. Ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo, que el interesado no logra acreditar (causas L. 128.469, "Areco", resol. de 21-VI-2023 y L. 133139, "Porfidio", resol. de 4-VI-2025).
Por ello, oído el señor Procurador General, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 298, CPCC). Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/09/2026 13:32:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/09/2026 15:56:32 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 23/09/2026 17:02:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/09/2026 14:48:48 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/09/2026 08:22:45 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/09/2026 11:07:07 hs. bajo el número RR-2061-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia