Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133062
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, en lo que interesa, hizo lugar a la demanda deducida por el señor César Osvaldo Portal y, en consecuencia, condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que especificó en concepto de la prestación contemplada en el art. 14 apdo. 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo y el adicional previsto en el art.3 de la ley 26.773, por la enfermedad profesional que padece, y cuya primera manifestación invalidante data del 15 de septiembre de 2016 (v. vered. y sent. de fecha 4-VI-2024).
Para así decidir, en cuanto al modo de calcular la prestación que le correspondía percibir al demandante, luego de declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, juzgó que el ingreso base debía ser fijado tomando como parámetro el salario mínimo, vital y móvil vigente a la fecha de la sentencia.
II. Contra dicha decisión, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 8-VII-2024), el que fue concedido por el órgano de grado en el marco de la excepción contenida en el art. 82, segundo párrafo, de la ley 15.057 (v. resol. de 5-VIII-2024).
En su presentación, con denuncia de violación de la doctrina legal que cita, objeta la pauta utilizada por el tribunal de origen para establecer el ingreso base mensual. En ese sentido, sostiene que es insuficiente, y solicita se aplique el Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, corresponde observar que el remedio procesal en examen fue concedido en el marco de la excepción prevista en el art. 82 de la ley 15.057 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario, según resolución 1.840/2024- por juzgar el tribunal de grado insuficiente el monto de lo cuestionado (v. resol. de fecha 5-VIII-2024), decisión que, debidamente notificada a las partes, no mereció objeciones del aquí recurrente.
De suyo, entonces, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 128.848, "González", resol. de 19-IX-2022; L. 130.708, "Giménez", resol. de 20-IX-2023 y L. 133.509, "Del Grosso", resol. de 14-VII-2025).
III.2. En ese contexto, no se advierte configurado en la especie el citado supuesto habilitante, toda vez que, a partir de la denuncia de errónea aplicación del precedente que menciona, lo que en rigor pretende el recurrente -mediante su mera discrepancia- es la revisión de tópicos por regla privativos del sentenciante de grado; así, aquellos que refieren a la determinación del quantum indemnizatorio y la elección del mecanismo de actualización del crédito, labores que -debe destacarse- son fruto de la ponderación de la plataforma de hecho que está en la base del litigio (causas L. 132.561 "Moreyra", resol. de 1-IX-2025; L. 133.284, "García", resol. de 2-X-2025 y L. 133.658, "Miner", resol. de 13-III-2026).
Finalmente, dable es señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 126.246, "Dieguez", resol. de 22-IX-2021; L. 130.081, "Torres", resol. de 27-III-2023 y L. 140.003, "López", resol. de 5-VIII-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/09/2026 13:31:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/09/2026 14:44:06 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/09/2026 17:03:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/09/2026 14:48:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/09/2026 08:21:43 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/09/2026 11:07:03 hs. bajo el número RR-2057-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia