Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132884
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fisco provincial, atento a que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido a la actora y, cumplido ello, proceda a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria.
Las costas se imponen por su orden, en atención al contenido de la decisión (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, en lo que interesa destacar, rechazó la acción promovida por la señora Elba María Trevisioli contra la Provincia de Buenos Aires por la que perseguía el pago de la reparación integral derivada de la incapacidad sufrida como consecuencia de la enfermedad profesional que denunció padecer. Luego, fijó los honorarios de los profesionales intervinientes tomando como base regulatoria el monto reclamado en la demanda con más los intereses calculados en la forma que precisó (v. pronunciamiento de fecha 2-VII-2024).
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico del 29-VII-2024), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 1-VIII-2024).
En su escrito impugnativo, con apoyo en la doctrina legal que individualiza, objeta que el a quo utilizara, como base regulatoria para el cálculo de los honorarios, la suma reclamada en la demanda -actualizada- alegando que debió estarse a aquella equivalente a la que proporcionalmente habría representado la indemnización de haber prosperado la acción. Ello, en tanto entiende abusiva y desproporcionada la cifra fijada para los estipendios de los auxiliares de justicia, de cuyo pago -aduce- resulta deudor en virtud de lo normado en el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial, y más allá de que las costas hubieran sido impuestas al actor.
III. El recurso prospera.
III.1. Liminarmente, se impone señalar que, como la propia interesada lo indica en su presentación, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la diferencia entre el monto de los honorarios regulados por el a quo y el que habría de obtenerse según los parámetros que la recurrente postula- no excede el mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024.
En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado art. 82 de la ley 15.057 (cfr. causa L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024 y L. 133.243, "De Oar", resol. de 20-V-2025).
En este contexto, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 129.813, "Gramajo", resol. de 10-IV-2023; L. 131.129, "Suarez", resol. de 15-IV-2024 y L. 132.829, "Fernández", resol. de 20-V-2025).
III.2. Así las cosas, la impugnación resulta atendible con relación a la conformación de la base económica sobre la cual el juzgador reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.
III.3. Como señalara esta Corte, entre otras, en las causas Ac. 67.487, "Enrique" (sent. de 14-II-2001) -citada por la impugnante- y L. 84.028, "Rojas" (sent. de 9-V-2007); L. 128.175, "Cuervo" (resol. de 26-IV-2022) y L. 130.325, "Zapata" (resol. de 24-X-2023), resultaírrito que, al amparo de una interpretación literal del art. 23 del decreto ley 8.904/77 -receptado en idéntica forma en el art. 23 de la ley 14.967- queden convalidadas situaciones como las que ofrece el caso bajo estudio.
Para más, el hecho de que el actor -en tanto trabajador- goce del beneficio de gratuidad, exige una interpretación adecuada del art. 23 de la ley arancelaria. Parece evidente que, escudado bajo tal condición, no es impensable que se incluya en la demanda un monto excesivo o extraño a los valores en juego, a sabiendas de que eventualmente no habrá de afrontarse mayor riesgo en caso de desestimarse la pretensión.
Cabe apuntar que en el sub examine , si bien en el pronunciamiento impugnado se condena en costas a la parte actora vencida, la responsabilidad por el pago de los honorarios de los peritos que actuaron en el proceso, en función de lo prescripto por el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial, puede tener también como obligada a la parte recurrente.
III.4. De allí que, en las circunstancias descriptas, para efectuar las regulaciones correspondería, previamente, determinar la cuantía que estimativamente habría adquirido la indemnización en caso de prosperar la acción -aunque ello conduzca a prescindir del monto efectivamente reclamado- pues aquélla será, en definitiva, la medida del interés sustancialmente comprometido en el pleito.
De tal suerte, para evitar una estimación desmesurada y por ende irrazonable (arts. 17, 33 y concs., Const. nac.), los estipendios de los profesionales actuantes deben fijarse previa determinación de la base regulatoria en función del monto que verosímilmente le hubiera correspondido percibir al actor de prosperar su reclamo (causas L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020; L. 127.241, "Rizzo", resol. de 11-II-2022 y L. 129.657, "De Siervi", resol. de 1-VIII-2023).
Sin perjuicio de lo expuesto, y en tanto también es una directriz gravitante en el caso, cabe destacar, que esta Corte señaló que cuando la determinación de los honorarios de conformidad con la aplicación de las normas arancelarias que rijan la actividad, condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia, naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la labor cumplida, el juez deberá reducirla equitativamente (arts. 505 y 1.627, Cód. Civ.; arts. 730 y 1.255, Cód. Civ. y Com.; 13, ley 24.432; causas Ac. 86.346, "Calleri", sent. de 26-IX-2007; L. 121.299, "Bernoi", sent. de 29-IV-2020; L. 125.945, "Fioritti", resol. de 10-V-2021 y L. 129.395, "Laina", resol. de 3-XI-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fisco provincial, atento a que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido a la actora y, cumplido ello, proceda a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria.
Las costas se imponen por su orden, en atención al contenido de la decisión (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/09/2026 13:31:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/09/2026 14:44:05 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/09/2026 17:03:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/09/2026 14:48:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/09/2026 08:21:43 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/09/2026 11:07:01 hs. bajo el número RR-2056-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia