Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133293
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas del recurso y de la queja a la vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 133.293, "Ballestero, Marcela Edith contra Fisco de Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de la ciudad de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. vered. y sent. de fecha 29-V-2024).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 1-VII-2024), el que fue denegado por el órgano de grado y luego concedido por esta Suprema Corte al hacer lugar a la queja interpuesta (v. resol. de fecha 3-IV-2025).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal interviniente —en lo que interesa destacar por ser materia de agravio— declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la ley 27.348) y condenó a la Provincia de Buenos Aires a abonarle a Marcela Edith Ballestero la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de dicha ley y el adicional establecido en el art. 3 de la ley 26.773, como consecuencia de las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo ocurrido el día 1 de febrero de 2017.
Para así decidir, tuvo por acreditado en el veredicto, a partir de las conclusiones establecidas en el informe pericial médico, que en razón del aludido infortunio la actora padece una incapacidad parcial y definitiva del 7,6% de la total obrera.
También juzgó probado que en la fecha indicada —en la cual ubicó la primera manifestación invalidante— devengaba un ingreso base mensual (IBM) de $23.791,61; mientras que, con arreglo a la escala salarial vigente más cercana al pronunciamiento en crisis, el salario correspondiente a su categoría profesional (subteniente) ascendía a $406.796,41.
En la sentencia, al momento de cuantificar las prestaciones referidas, concluyó que, al mediar una diferencia notable entre los montos señalados, correspondía computar como base salarial —a los efectos del art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la ley 27.348)— el último importe mencionado, pues representaba el salario actual para la categoría del trabajador accidentado.
Sobre esa base, procedió a determinar el importe de las prestaciones dinerarias reclamadas por la accionante.
Luego, dispuso que el interés moratorio debía calcularse desde la fecha de exigibilidad del crédito (1-II-2017) hasta el dictado de la sentencia, a una tasa pura del 6% anual.
Añadió que, en caso de incurrirse en mora en el cumplimiento de la obligación dispuesta, el importe de condena debía actualizarse de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos; devengando, en el mismo período, intereses al 6% anual.
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado provincial interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28 y 33 de la Constitución nacional; 12 de la ley 24.557; 768, 770, incs. "b" y "c" del Código Civil y Comercial; 44 inc. "d", 47 y concordantes. de la ley 11.653 y 34 inc. 4 y 163 incs. 4, 5 y 6 del Código Procesal Civil y Comercial; así como la violación de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer término, cuestiona que el tribunal de origen haya declarado la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 para calcular la prestación, en tanto afirma que la decisión es arbitraria, pues sus fundamentos son meramente aparentes y conjeturales.
Sostiene que, sin perjuicio de que en la especie no se advierte cual es la real afectación que le produce a la parte actora la aplicación de aquella norma, ella no resulta violatoria de la Constitución nacional. En tal sentido, expresa que la proyección de una limitación en materia de responsabilidad, mientras no resulte discriminatoria, no afecta en su esencia ninguna garantía constitucional.
Señala que el juzgador de grado, al considerar la prestación dineraria de la ley 24.557 como una "deuda de valor", se arrogó injustificadamente la facultad que le corresponde al legislador de estipular una fórmula indemnizatoria en la que los rubros que componen el salario para liquidar el ingreso base mensual son a valores "históricos". A su entender, esto le permitió al sentenciante fijar una base de cálculo indemnizatoria de manera arbitraria y antojadiza, sustituyendo la fórmula legal por un criterio propio y despojado de toda referencia objetiva.
Expone que el juzgador aplicó erróneamente la doctrina de esta Suprema Corte relativa a que los sueldos constituyen una "medida de valor" (propia de reparaciones civiles, como en la causa L. 119.914, "Aguiar", sent. de 22-VI-2020; entre otras que identifica), al considerar que la prestación dineraria y tarifada de la Ley de Riesgos del Trabajo tiene esa misma naturaleza. Por el contrario, afirma que se trata de obligaciones dinerarias regidas por el principio nominalista, por lo que la actualización efectuada por el juzgador mediante la sustitución del IBM por una pauta salarial actual —en el caso, el salario que cobra un oficial de policía según la escala vigente— resulta absurdo.
II.2. Por otro lado, objeta la aplicación de intereses.
En términos generales, alega que, si bien respecto del período comprendido entre la fecha de exigibilidad del crédito hasta el dictado de la sentencia el tribunal acató, en un principio, el contenido de los precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018); al resolver el tramo posterior (es decir, a partir de la mora en el cumplimiento de la sentencia y hasta el momento del efectivo pago) ignoró las directivas establecidas en las citadas causas.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe señalar que —como se indicó al resolver el recurso de queja deducido en autos— el valor del litigio no supera el límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del recurso deducido, en principio, solo podrá justificarse en el estricto marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653 (aplicable al momento de interposición del recurso).
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte se limita a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.474, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2020; L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021; L. 128.183, "Kralik", sent. de 27-VI-2023 y L. 131.336, "Quiñones", sent. de 1-IX-2025).
Ahora bien, también se estableció en oportunidad de dictar la resolución de fecha 3 de abril de 2025, la existencia de cuestión federal en torno al agravio dirigido a rebatir la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 —en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348—, de modo que dicho cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales, dados los fundamentos allí expuestos por este Superior Tribunal, a los que remito.
III.2.a. En cuanto a la objeción inicial, cabe aquí poner de relieve, que en su pronunciamiento el tribunal de la instancia juzgó acreditado que, teniendo en cuenta los doce meses anteriores a la fecha de la primera manifestación invalidante, la señora Ballestero devengaba un ingreso base mensual de $23.791,61, mientras que, en la fecha más reciente al pronunciamiento (a saber, de acuerdo a los datos aportados por el sitio web que citó), el salario correspondiente a su categoría ascendía a $406.746,41.
En la etapa de sentencia —dictada en el año 2024—, el tribunal de origen señaló que no podía desconocer la injusticia que conllevaría determinar el valor de la prestación dineraria correspondiente al trabajador con arreglo a las pautas vigentes en el año 2017. Consideró entonces que, por efecto de la sustancial modificación de los contextos económicos en el período de tiempo que transcurrió entre uno y otro hito (casi 7 años), cuantificar las indemnizaciones de aquel modo produciría —como efecto— la afectación de la integridad del crédito de la trabajadora, del derecho de propiedad, como así también de los principios de justicia y de equidad.
Indicó, también, que la obligación de pagar la indemnización por accidente de trabajo resulta conceptualmente una deuda de valor, no de dinero, razón por la cual no es posible observar impedimento jurídico alguno para calcular su importe con arreglo a pautas vigentes al momento en que se fija la indemnización (en el caso, el salario), pues lo adeudado por la demandada no constituyó nunca una suma de dinero, sino una prestación que podía ser cuantificada en dinero a la fecha de pago.
En aval de lo expresado, y con cita de distintos precedentes de esta Suprema Corte (causas C. 120.536, "Vera", sent. de 18-IV-2018 y C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018), y sin desconocer la diversa naturaleza de las acciones debatidas en tales causas, procedió a determinar las prestaciones sistémicas reclamadas teniendo en cuenta la remuneración mínima garantizada más cercana al momento del fallo.
Con todo, juzgó que correspondía declarar la inconstitucionalidad del mentado art. 12, debiéndose computar la prestación tomando como base salarial el importe de $406.746,41, que representaba el valor del salario que percibiría la categoría subteniente al momento del dictado del fallo.
III.2.b. A la luz de tales fundamentos, la crítica que ensaya la recurrente se muestra insuficiente para conmover la decisión objetada puesto que no rebate todas las razones que condujeron al tribunal de grado a resolver este aspecto de la controversia.
En efecto, soslayando atacar idóneamente las argumentaciones sobre las que se estructura el pronunciamiento de grado, la interesada se limita a formular genéricas consideraciones —algunas de las cuales ni siquiera se corresponden con el texto de la decisión puesta en crisis, a saber: la referencia que ensaya en torno al salario vigente que cobra un "oficial de policía", o la mención que formula del precedente L. 119.914, "A., D. A." (v. rec., pág. 6)— y, bajo esos términos, alega —sin éxito— una supuesta falta de adecuación de la jurisprudencia que dice utilizada por los magistrados de grado e, insistentemente, pretende evidenciar que el pronunciamiento peca de dogmático.
En ese marco se inscriben además las citas que contiene la impugnación referida a los precedentes de esta Corte individualizados como B. 64.953, "Ithurrart" (sent. de 15-VII-2015) y B. 58.475, "Petrini" (sent. de 16-IV-2014), que —sin constituir doctrina legal— reflejan la opinión personal de uno de sus ministros.
De suyo, la sola invocación del vicio de absurdo que también contiene el recurso carece de todo vigor. En modo alguno se logra demostrar la concurrencia de dicho vicio invalidante, pues la denuncia se encuentra despojada de una correcta y concreta argumentación, siendo que es sabido que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones insostenibles o inconciliables con las constancias de la litis (causas L. 123.516, "Ramos", sent. de 9-XI-2021; L. 126.591, "D'Onofrio", sent. de 27-III-2023; L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 27-VI-2023 y L. 130.432, "López", sent. de 30-IV-2024).
En fin, surge clara entonces la deficiencia técnica del embate, habida cuenta de que, conforme la doctrina legal de este Superior Tribunal, resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denota un desencuentro con los argumentos del pronunciamiento apelado, evidenciando un ataque parcial a los fundamentos del fallo y soslayando la referencia a otros que, siendo esenciales por sí mismos, otorgan a aquel debido sustento (art. 279, CPCC y causas L. 119.085, "Olguín", sent. de 30-VIII-2021; L. 124.447, "Taulamet", sent. de 7-IV-2022; L. 127.198, "Nitsch", sent. de 23-XI-2023; L. 130.386, "Villalba", sent. de 28-XI-2024; L. 122.936, "Navarro", sent. de 23-VI-2026; e.o.).
III.3. Por otro lado, tal como se anticipó, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado, el restante agravio vinculado a la aplicación de intereses habrá de analizarse en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653, aplicable al caso.
Sentado ello, el embate no admite recepción en tanto, si bien el recurrente denuncia la violación de la doctrina legal sentada en las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018); C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018); C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009), entre otras; no acredita que se verifique en la especie la configuración de la hipótesis de excepción. Ello así, pues la jurisprudencia invocada se refiere a los intereses moratorios, mientras que la crítica —de contornos confusos, por cierto— parece recaer en los intereses que el juzgador estableció para el caso de incumplimiento de la manda judicial, de naturaleza sancionatoria (v. causas L. 84.266, "Rosado", sent. de 9-VI-2010 —citada por el propio tribunal de grado—; L. 118.612, "Almiranda", sent. de 25-II-2015; L. 126.512, "Iribarne", sent. de 22-XI-2022; L. 130.814, "Toledo", sent. de 17-IX-2025; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas de esta instancia y de la queja a la vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas del recurso y de la queja a la vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/09/2026 11:27:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/09/2026 10:27:46 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2026 15:12:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/09/2026 16:53:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/09/2026 10:04:10 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 24/09/2026 10:15:26 hs. bajo el número RS-106-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia