Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132934
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación a los agravios tratados en los puntos III.1 y III.3, en atención a que se encuentran insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2; debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida por Clara Andrea Arriola Forneron, Tiziano Joel y Eduardo Agustín Escalante y, en consecuencia, condenó a Federación Patronal Seguros S.A. al pago de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 11 apartado 4 inc. "c" y 18 de la ley 24.557, y la compensación adicional del art. 3 de la ley 26.773, con motivo del fallecimiento del señor Juan José Escalante, ocurrido el 6 de agosto de 2020, como consecuencia de la enfermedad profesional -coronavius- contraída en ocasión del trabajo (v. pronunciamiento de fecha 26-IV-2024).
Para así decidir, en lo que resulta relevante, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 efectuado por la parte actora y procedió a la cuantificación del resarcimiento de acuerdo con dicha normativa, descartando expresamente la aplicación en la especie de las Resoluciónes 1.039/19 y 332/2023 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Asimismo, declaró la invalidez constitucional del art. 11 apartado 4 inc. "c" de la Ley de Riesgos del Trabajo, según resolución 24/20 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y estableció que la prestación dineraria allí prevista sea calculada conforme el importe determinado en la resolución 18/24 de dicha cartera. Al respecto, destacó que la reparación que resulta del quantum fijado por la primera disposición a la fecha del infortunio no atempera satisfactoriamente el daño padecido, provocando una injustificada reducción del crédito de carácter alimentario, vulnerando los arts. 14 bis, 17, 19, 75 inc. 22 y 23 de la Constitución nacional, entre otras normas que cita.
Finalmente, aplicó -por mayoría- intereses moratorios sobre el capital de condena, desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta el dictado de la sentencia, a la tasa pura del seis por ciento -6%- anual.
II. Contra lo así resuelto -con cita de las normas y jurisprudencia que considera vulneradas- la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 13-V-2024), el que fue concedido en la instancia de grado (v. resolución de fecha 30-V-2024).
II.1. Inicialmente, objeta la aplicación al caso del decreto de necesidad y urgencia 669/2019. Indica que dicho órgano jurisdiccional se apartó de lo dispuesto en la resolución 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, y su modificatoria n° 332/23.
II.2. denuncia la vulneración del principio de congruencia, al considerar que la decisión adoptada se aparta de los términos en que quedó trabada la litis.
II.3. Asimismo, se agravia de la decisión del tribunal de grado que, por conducto de declarar la inconstitucionalidad del art. 11 apartado 4 inc. "c" de la ley 24.557 (según resolución 24/20, SRT), utilizó el último valor publicado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en el marco de la resolución n° 18/24. Manifiesta que, una vez más, el órgano de grado vulneró el principio de congruencia.
Denuncia violada la doctrina legal sentada en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016); así como la jurisprudencia emanada del precedente "Espósito" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto lo resuelto transgrede el principio de irretroactividad de las normas consagrado en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Invirtiendo -por razones metodológicas- el orden en que los agravios fueron expuestos, cabe inicialmente señalar que resultan infructuosas las críticas que formula la recurrente vinculada a la denunciada violación del principio de congruencia.
Esta Corte ha señalado que los agravios relativos a la violación del principio de congruencia, por estar vinculados con la apreciación de los escritos presentados en el proceso, deben ser acompañados de la denuncia y condigna demostración de absurdo en la tarea del juzgador (causas L. 121.269, "Alem", sent. de 29-IX-2020; L. 122.223, "Góngora", sent. de 21-XII-2020; L. 124.779, "Muise", sent. de 1-IV-2022 y L. 128.156, "Casco", sent. de 28-X-2024; e.o.).
Teniendo en cuenta esas directrices, se advierte que el recurso se encuentra insuficientemente fundado, toda vez que la agraviada no satisface la inexcusable carga de denunciar en su embate que el sentenciante hubiese incurrido en el mentado vicio a la hora de ponderar el contenido de los escritos liminares.
La señalada deficiencia cobra insalvable relevancia en el caso y avizora el rechazo del agravio analizado, pues esta Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada para sustentar la impugnación (causas L. 125.917, "López", sent. de 27-X-2022; L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023; L. 128.695, "Baiz", sent. de 30-IV-2024 y L. 133.403, "Nievas", sent. de 12-II-2026; e.o.).
III.2. En otro orden, se impone observar que la impugnación dirigida a controvertir la decisión del tribunal de grado que aplicó el decreto de necesidad y urgencia 669/2019, halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) y su progenie (L. 128.977, "Chocobar", sent. de 13-III-2026; L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026 y L. 130.546, "Paszkiewich", sent. de 23-VI-2026; entre muchos otros), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.); resultando ello suficiente para resolver esta parcela de la impugnación traída.
III.3. Finalmente, cabe indicar que resulta infructuoso el embate orientado a censurar la suma establecida en concepto de prestación dineraria adicional del art. 11 apartado 4 inc. "c" de la ley 24.557.
Es que la impugnante no se ocupa de rebatir aquellas razones que condujeron al tribunal de grado a declarar la inconstitucionalidad del citado precepto, según la cuantía fijada por la resolución 24/20 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, para luego calcular dicho importe utilizando como pauta la resolución que determinaba su valor mínimo a la fecha del fallo.
Conviene entonces precisar que es requisito ineludible del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley su adecuada fundamentación, impugnando concreta, directa y eficazmente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que aquella se asienta (causas L. 127.656, "Producciones Industriales S.A.", sent. de 27-III-2023; L. 128.196, "Suárez", sent. de 6-XII-2023 y L. 129.068, "Kelly", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación a los agravios tratados en los puntos III.1 y III.3, en atención a que se encuentran insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2; debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/10/2026 22:29:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/10/2026 12:54:57 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2026 15:06:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/11/2026 19:35:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2026 08:45:24 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/11/2026 11:10:32 hs. bajo el número RR-2370-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia