Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131533
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que el planteo introducido en el punto III.2., ha sido insuficientemente fundado, y el tratado en el III.3. no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
II. Desestimar el planteo efectuado mediante escrito electrónico de fecha 22 de noviembre de 2024 por improcedente.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 6 con asiento en la ciudad de Lanús, perteneciente al Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, hizo lugar a la demanda promovida por el señor Daniel Ramón Valdez y condenó a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias por la incapacidad derivada de la enfermedad profesional que denunció padecer (v. vered. y sent. de fecha 29-III-2023).
Para así decidir, y en lo que resulta de interés por ser materia de agravio, con sustento en las conclusiones establecidas en el informe pericial contable, estableció el valor del ingreso base mensual.
Luego, con los parámetros acreditados en el veredicto, efectuó el cálculo de las prestaciones dinerarias que estimó procedentes y adicionó al monto de condena intereses conforme la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta -30- días.
II. Contra lo así resuelto, el legitimado activo interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 19-IV-2023), el que fue concedido por el órgano de grado (v. resolución de 9-VI-2023).
En su presentación denuncia, en primer lugar, que el a quo omitió tratar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, planteada por su parte en el alegato con fundamento en las causas L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) y L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021).
En ese sentido, relata los antecedentes de los casos citados y efectúa hipotéticos cálculos con distintas variables que, según sostiene, demuestran la irrazonabilidad y confiscatoriedad que resulta de la aplicación de la cuestionada norma.
Además, cuestiona la tasa de interés -pasiva digital- que ordenó adicionar el sentenciante al capital de condena. Indica que debió aplicar los arts. 48 de la ley 11.653 (texto según ley 14.399) y 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, norma esta última que -afirma- resulta de aplicación inmediata al caso.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe destacar que el compareciente no especifica, a tenor de los agravios desplegados, cómo estaría representado el valor del litigio, ni tampoco cuantifica su importe; en consecuencia, no se ocupa de evidenciar que lo cuestionado ante esta instancia casatoria supere eventualmente el monto mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
En este orden, debe recordarse que tiene dicho esta Suprema Corte que es el impugnante quien tiene la carga procesal de acreditar que el monto de lo cuestionado supera la cuantía mínima fijada por la ley adjetiva como recaudo de admisibilidad (causas L. 122.636, "Romero", sent. de 15-VI-2022; L.134.084, "Nicolaci", resol. de 26-XI-2025 y L. 132.120, "García", resol. de 12-II-2026).
En estas condiciones, la función revisora extraordinaria se circunscribe a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021; L. 130.708, "Giménez", resol. de 20-IX-2023; L. 133.509, "Del Grosso", resol. de 14-VII-2025 y L. 132.681, "Ayunta", resol. de 2-IX-2026; e.o.).
III.2.a. Empero, no puede soslayarse que el primer agravio traído, dirigido a poner en tela de juicio la validez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 (anterior a la reforma de la ley 27.348), involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 -aplicable al caso- corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2.478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, dicho cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2.b. Aclarado ello, es dable advertir que, al igual que en las causas L. 131.325, "Ocampos" y L. 131.431, "Vivone" (ambas sents. de 27-II-2026), la impugnación se dirige -en rigor- a evidenciar la falta de tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del citado art. 12 de la ley 24.557 que fuera introducido por la aquí recurrente en su alegato.
Luego, sin perjuicio de otras consideraciones que pudieran formularse, cabe recordar que -como tiene dicho reiteradamente este Tribunal- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no constituye la vía idónea para canalizar denuncias vinculadas con la preterición de alguna cuestión esencial, pues tal impugnación es materia propia del de nulidad (causas L. 124.861, "Gil", sent. de 28-V-2021; L. 130.157, "Melita", resol. de 30-V-2023; L. 131.947, "Alaise", sent. de 27-X-2025; e.o.), que el impugnante se abstuvo de deducir en el caso.
En consecuencia, el planteo debe ser desestimado.
III.2.c. Para más, en una mejor hipótesis para el recurrente, la denuncia asentada en un supuesto apartamiento por parte del tribunal de origen de la doctrina legal emergente de las causas L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) y L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), resulta igualmente inatendible.
En efecto, a tenor de los elementos obrantes en autos y lo argumentado en el escrito postulatorio, no es posible vislumbrar la concurrencia de las condiciones que fueron ponderadas en las causas antes mencionadas a fin de declarar la invalidez constitucional del precepto en lo referido al período a tomar en cuenta para calcular el ingreso base (causas L. 118.997, "Da Rocha Figueiredo" y L. 120.992, "Machado", sents. de 30-VIII-2021, y L. 131.325, "Ocampos" y L. 131.431, "Vivone", cits.).
Luego, surge evidente que lo juzgado en las invocadas causas no refiere a situaciones similares, atento haber mediado presupuestos diferentes a los propios del caso bajo juzgamiento (causas L. 120.736, "Gorosito", sent. de 27-VII-2020; L. 123.734, "Peralta", sent. de 18-V-2021; L. 131.693, "Vergara Jarpa", sent. de 14-VII-2025; e.o.).
III.3. Finalmente, el embate orientado a objetar la tasa de interés moratorio aplicada por el tribunal de grado sólo puede justificarse -como lo anticipé- en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo última parte, de la ley 11.653, de aplicación al caso.
Desde esa perspectiva, respecto de la crítica traída en torno a la falta de aplicación de las normas contenidas en los arts. 48 de la ley 11.653 (texto ley 14.399) y 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial, la exclusión de la hipótesis habilitante se impone nítida ni bien se repara en que el interesado omite denunciar la eventual violación de doctrina legal relacionada con el tópico, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de la vía de impugnación de referencia (causas L. 124.037, "López", sent. de 31-V-2021; L. 127.181, "Comezaña", resol. de 6-XII-2021; L. 125.939, "Ostertag", sent. de 27-III-2023 y L. 131.509, "Hidalgo", sent. de 9-X-2025; e.o.).
Adicionalmente ha de memorarse que la opinión de autores y los pronunciamientos emanados de otros tribunales de justicia, quedan excluidos del concepto de doctrina legal contenido en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 123.405, "D'Ascenzo", sent. de 14-III-2022; L. 127.286, "Riveros", sent. de 7-IX-2023 y L. 126.860, "Lombardi", sent. de 3-VI-2024).
IV. Por último, el planteo traído por la recurrente en el escrito electrónico presentado ante esta instancia con fecha 22 de noviembre de 2024 no puede ser abordado, atento su improcedencia (conf. doctr. causa L. 131.120, "Ferreyra", resol. de 13-III-2026).
El señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto por mis distinguidos colegas en los apartados III.1. y III.2.a. Este último, incluso -a tenor de lo argumentado por el recurrente- en orden a lo dicho en su último párrafo.
I.2. En cuanto al planteo de inconstitucionalidad traído que gira en torno al art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la reforma de la ley 27.348) -sin abrir juicio respecto de la oportunidad procesal de su introducción-, lo hago en virtud de lo señalado en el apartado III.2.b.
I.3. Luego, acompaño lo resuelto en los puntos III.3. y IV.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que el planteo introducido en el punto III.2., ha sido insuficientemente fundado, y el tratado en el III.3. no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
II. Desestimar el planteo efectuado mediante escrito electrónico de fecha 22 de noviembre de 2024 por improcedente.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/10/2026 22:29:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/10/2026 12:54:55 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2026 15:06:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/11/2026 19:35:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2026 08:45:23 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/11/2026 11:10:29 hs. bajo el número RR-2367-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia