Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 134026
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 134.026, "Romero, Matías Ezequiel contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Kohan.
El Tribunal de Trabajo n° 3 con asiento en la ciudad de Campana, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, hizo lugar a la demanda, imponiendo las costas a la legitimada pasiva (v. sent. de 30-VIII-2024).
Se interpuso, por Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 17-IX-2024).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo hizo lugar a la acción deducida por Matías Ezequiel Romero y condenó a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 y el adicional establecido en el art. 3 de la ley 26.773, con motivo de la incapacidad de origen laboral que padece.
En lo que resulta relevante, calculó las prestaciones debidas al trabajador con base en la normativa que declaró vigente al momento de la toma de conocimiento de la incapacidad (noviembre de 2013), esto es, los arts. 11, 12 y 14 de la ley 24.557, el decreto 1.694/09 y la ley 26.773.
A su vez, declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19 y su inaplicabilidad al caso, en razón de no haberse cumplido para su dictado los requisitos que la carta magna establece.
A continuación, expresó que si al capital de condena se le adicionaban intereses conforme el mismo tribunal lo venía haciendo en otros casos (dijo: "tasa pasiva BIP hasta 5/3/2017, tasa activa desde esa fecha hasta la sentencia"), el monto resultante violaría los principios de razonabilidad, equidad, y de los derechos de propiedad y a una tutela judicial efectiva. En base a ello, y con sustento en lo resuelto por esta Corte en la causa C. 124.096, "Barrios" (sent. de 17-IV-2024) declaró la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 —modificada por la ley 25.561—, disponiendo la aplicación al caso del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) como mecanismo de actualización, por tratarse —dijo— de un parámetro netamente laboral; además de certero, uniforme y sistemático.
Seguidamente, en cuanto a los intereses, dispuso que debían computarse desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la sentencia a la tasa pura del 6% anual, y, en caso de incumplimiento de lo ordenado en el fallo, conforme la pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días.
II. La aseguradora accionada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo, arbitrariedad, violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 9, 10 y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 8 incs. "a", "b" y "c" y 22 de la ley 9.688 (t.o., ley 23.643); 44 inc. "e", 47 y 65 del decreto ley 7.718/71; 330, 354 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial y de la resolución 7/89 del Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil y de la doctrina legal que invoca (v. escrito electrónico de fecha 7-VI-2024).
II.1. Impugna el monto de condena por considerarlo irrazonable, desproporcionado e injustificado.
Alega que el juzgador al determinar las prestaciones dinerarias debidas al accionante se apartó de la legislación relativa a riesgos del trabajo.
Sostiene que efectuó una errónea interpretación de lo resuelto en la causa C. 124.096, "Barrios" (sent. de 17-IV-2024). Destaca que dicho precedente no es de aplicación al caso, por haberse abordado allí otro tipo de causa y materia con un sistema reparatorio diferente al de autos.
A los fines de fundar la irrazonabilidad que postula del mecanismo de actualización fijado por el tribunal, transcribe diversos pasajes de lo establecido en el mentado fallo, al igual que de lo resuelto por la Corte federal en la causa "Oliva".
Refiere que el sentenciante no justificó que el monto que le hubiera correspondido al trabajador, en el supuesto de aplicar las pautas establecidas por la ley de riesgos, le hubiera generado un menoscabo a sus derechos.
Afirma que el método de actualización fijado en el pronunciamiento en crisis provoca un enriquecimiento ilícito del actor en detrimento de los derechos patrimoniales de la demandada. Cita, a modo de ejemplo, una sentencia de primera instancia.
II.2. Por otro lado, denuncia que en la sentencia de grado se violó el principio de congruencia por haberse dispuesto una actualización que no fue solicitada en el escrito de demanda.
II.3. Agrega que el a quo repotenció la deuda por haber aplicado a un capital actualizado mediante el CER, una tasa de interés del 6% anual desde la fecha del hecho. Aduce que ello implica un anatocismo encubierto prohibido por la ley y contrario a la prudencia que impone el art. 771 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Manifiesta que aquellos intereses debieron establecerse a partir de la fecha de la sentencia. Apoya su posición en doctrina autoral y la jurisprudencia que transcribe.
II.4. Objeta que el sentenciante haya aplicado el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación y, a partir de ello, capitalizado los intereses hasta la fecha de notificación de la demanda generando una desmesurada consecuencia patrimonial a la accionada y un enriquecimiento sin causa justificada en favor del trabajador. Cita en favor de su postura diversos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Arguye —además— que tal mecanismo no fue requerido en el escrito de inicio.
Luego, recalca que el fallo en crisis vulnera el derecho de propiedad y la garantía de defensa en juicio (art. 18, Const. nac.).
II.5. Finalmente, cuestiona los estipendios regulados en favor de los letrados y peritos actuantes por considerarlos altos y contrarios al derecho aplicable. Asimismo, solicita la aplicación de la ley 24.432.
III. El recurso no prospera.
III.1. El embate dirigido a cuestionar el monto de condena no resulta atendible.
III.1.a. No le asiste razón a la recurrente al sostener que el órgano de grado se apartó de la normativa prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo a los fines de determinar las prestaciones dinerarias.
En efecto, tal como se reseñó en los antecedentes, el juzgador las cuantificó siguiendo las pautas previstas en los arts. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, el decreto 1.694/09 y el adicional establecido en el art. 3 de la ley 26.773, normas que juzgó aplicables en razón de la fecha de toma de conocimiento que estableció en la sentencia (v. sent., pág. 7).
III.1.b. Sentado ello, en lo atingente al tramo del pronunciamiento que abordó el mecanismo de actualización del crédito del trabajador (v. sent., págs. 9/10), los embates formulados por el interesado deben ser desestimados en razón de su marcada insuficiencia (art. 279, CPCC).
Es que el análisis que efectuó el tribunal para definir el tópico —en ejercicio de potestades por regla privativas—, no ha sido atacado en el escrito recursivo con críticas idóneas y frontales, lo que sella adversamente la suerte de su impugnación.
En rigor, lo expuesto por el impugnante al señalar que el tribunal de origen no ponderó que el monto que le hubiera correspondido al trabajador en el caso de aplicar los parámetros establecidos por la ley de riesgos resultaba insuficiente, ni fundó la elección del índice de actualización, contrasta con lo analizado y decidido en la causa.
Debe acudirse entonces a las directrices de este Tribunal que enseñan que es requisito ineludible del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que se asienta (causas L. 120.086, "Magallanes", sent. de 7-III-2022; L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-2024 y L. 131.409, "López", sent. de 9-X-2025).
Adicionalmente, a tenor de las citas transcriptas por el quejoso, cabe recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de la Corte nacional (causas L. 127.597, "López", sent. de 4-X-2023; L. 130.504, "Basterrechea", sent. de 20-XI-2024 y L. 129.820, "Di Gerónimo", sent. de 3-IV-2025).
III.1.c. A su vez, el agravio que formula en torno de la denunciada afectación del principio de congruencia tampoco puede tener andamiaje.
Es sabido que este tipo de cuestionamientos, por estar vinculados con la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, deben ser acompañados de una adecuada denuncia y demostración del absurdo en la tarea del juzgador (causas L. 121.269, "Alem", sent. de 29-IX-2020; L. 128.156, "Casco", sent. de 28-X-2024 y L. 120.047, "Solans", sent. de 11-VI-2025); carga que no ha sido satisfecha en el caso.
Tal deficiencia, conforme lo ilustra la jurisprudencia de esta Corte, lleva a desestimar esta parcela de la impugnación (causas L. 117.458, "Vidal", sent. de 27-V-2015; L. 119.704, "Jerez", sent. de 14-XII-2016; L. 119.556, "Costa", sent. de 22-VIII-2018 y L. 130.914, "Rodríguez", sent. de 26-XI-2025).
III.2. Tampoco luce hábil el reproche efectuado en lo tocante a los intereses fijados en el fallo desde la fecha del siniestro.
III.2.a. Como se anticipó, el sentenciante de la instancia ordinaria estimó oportuno adicionar al capital actualizado —según el índice RIPTE y no el CER como erróneamente se invoca en la crítica—, una tasa de interés puro del 6% anual.
III.2.b. Además, el embate deviene ineficaz, pues el interesado no demuestra la configuración de la supuesta "doble imposición para igual período" que denuncia (v. rec., pág. 21), toda vez que el único interés moratorio dispuesto en el fallo sobre el total del capital fue la tasa pura antes aludida, aplicada habitualmente en este tipo de decisiones, sin que el quejoso evidencie una transgresión normativa o apartamiento de la doctrina legal.
Resulta de aplicación la jurisprudencia de este Tribunal que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 125.486, "A., N. B.", sent. de 14-III-2023; L. 126.356, "Atencio", sent. de 27-III-2023; L. 131.556, "Ramírez", sent. de 17-IX-2025; e.o.).
III.2.c. Luego, dado que la crítica se disipa en transcripciones de distintos fragmentos de jurisprudencia en apoyo a la pretendida fecha de inicio de cómputo de los acrecidos, se impone recordar —nuevamente— que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 123.338, "Panchin", sent. de 27-II-2023; L. 127.035, "Quiroz", sent. de 17-IV-2023; L. 127.428, "Vega", sent. de 30-V-2023; L. 130.709, "Toffoli", sent. de 17-IX-2025; e.o.).
III.3. También corresponde desestimar el embate mediante el cual el compareciente objeta la supuesta aplicación —al caso— del art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial. Ello así por cuanto —sin perjuicio de otras consideraciones que pudieran efectuarse— del pronunciamiento recurrido se desprende que la aludida disposición legal no resultó actuada en el fallo. Ello revela un claro desencuentro entre lo resuelto en la instancia y los argumentos que estructuran la impugnación, lo que priva de eficacia a la crítica (conf. causas L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023; L. 130.485, "Bas", sent. de 28-XI-2024 y L. 131.556, "Ramírez", sent. de 17-IX-2025).
III.4. De suyo, que la supuesta vulneración de derechos y garantías constitucionales ha de descartarse en tanto el quejoso no ha evidenciado liminarmente la violación de las normas legales actuadas en el fallo (causas L. 121.275, "Moreira", sent. de 17-II-2021; L. 125.849, "Saúl", sent. de 23-II-2022; L. 127.779, "Almirón", sent. de 9-VIII-2024 y L. 131.518, "Vaccaroni", sent. de 12-V-2025).
III.5. Finalmente, en lo que concierne a la cuantía de los honorarios que fueron regulados por el tribunal de grado, cabe señalar que el planteo no cuenta con mayor desarrollo y, como tal, no cumple con los recaudos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial para transitar la instancia de casación.
Por lo demás, el reclamo vinculado a la aplicación de las disposiciones de la ley 24.432 se halla desprovisto de toda fundamentación (art. 279, CPCC), tornándose —por ello— inatendible.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Kohan dijo:
Sin abrir juicio sobre el acierto de la decisión bajo censura, me sumo a la propuesta de rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad traído en razón de la insuficiencia técnica de los agravios, tal como lo pusiera de resalto el doctor Soria en su exposición (art. 279, CPCC), con costas (art. 289, Cód. cit.).
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/10/2026 22:29:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/10/2026 11:49:28 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 20/10/2026 15:06:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/11/2026 19:35:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2026 08:44:58 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/11/2026 11:10:13 hs. bajo el número RS-123-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia