Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 138457
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, por encontrarse insuficientemente fundado, con costas (art. 289, CPCC).
El depósito previo efectuado queda perdido para la recurrente (art. 294 del CPCC), debiendo el tribunal de origen dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto seg. resol. 3.135/13).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la acción iniciada por el señor Carlos Aníbal Acosta -derechohabiente de la señora Ana María Juárez, quien falleciera en fecha 3-IX-2020- contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, en procura del pago de las prestaciones dinerarias previstas en las leyes 24.557 y 26.773, rechazó el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 1 a 4 de la ley 27.348 formulado por la parte actora y desestimó la excepción de incompetencia opuesta por la demandada (v. resolución de fecha 3-X-2025).
Para así decidir, trajo inicialmente a colación el criterio delineado por esta Suprema Corte al fallar en las causas L. 121.939, "Marchetti", sent. de 13-V-2020; L. 123.792, "Szakacs"; L. 124.309, "Delgadillo", ambas sents. de 28-V-2020 y L. 124.285, "Bustos Torres", sent. de 27-II-2023.
Luego, juzgó configurado en el caso el agotamiento del procedimiento administrativo previo establecido en el Título I de la citada ley 27.348. En tal sentido, y ante la imposibilidad fáctica acreditada en autos de acceder al trámite específico regulado por la resolución de la SRT n° 38/2020 y complementarias (evidenciada tras el cierre y archivo dispuesto en el expediente administrativo n° 218.201-20), declaró habilitada la vía judicial intentada, desestimando la excepción de incompetencia articulada.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 23-X-2025), el que fue concedido en la instancia de grado el 18 de noviembre de 2025.
En lo sustancial, sostiene que la decisión del tribunal de grado de admitir la acción judicial vulnera el sistema instituido por la ley 27.348 y la normativa provincial de adhesión (ley 14.997).
En ese orden, argumenta que el procedimiento establecido por dicha normativa resulta plenamente válido y defiende su validez constitucional con sustento en la jurisprudencia del Máximo Tribunal nacional y doctrina legal de la Suprema Corte que cita. Afirma que la intervención administrativa previa y obligatoria no vulnera la división de poderes, el debido proceso ni el juez natural, y que el archivo dispuesto en el expediente administrativo no eximía al trabajador de transitar el trámite específico. Con base en ello, afirma que la vía judicial ordinaria resulta improcedente y solicita la revocación del decisorio y la declaración de incompetencia.
III. El recurso no prospera.
Una detenida lectura de la pieza recursiva evidencia que la recurrente parte de una premisa errónea al atribuir al fallo recurrido un razonamiento ajeno a sus términos. Ello así pues, se exhibe nítido, que el a quo no declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1 a 4 de la ley 27.348, ni de la normativa provincial de adhesión; por el contrario, con expresa cita de la doctrina legal vigente en la materia, ratificó la validez del sistema de paso previo por las comisiones médicas.
Frente a este preciso fundamento, la aseguradora discurre por carriles ajenos. Su libelo se limita a desplegar consideraciones abstractas sobre la constitucionalidad de la ley 27.348 y la obligatoriedad de la instancia previa, omitiendo formular una crítica concreta y directa contra la motivación sustancial que informa la decisión.
En ese sentido, cabe recordar la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, formulado bajo premisas erróneas, transita de tal modo por carriles propios y desentendiéndose de las razones proporcionadas por el sentenciante de grado, a las que sólo opone un mero disentimiento de índole subjetiva que, como tal, deviene ineficaz a los fines pretendidos (causas L. 114.207, "Ledesma", sent. de 25-IX-2013; L. 121.812, "Villalba", resol. de 10-IV-2019; L. 127.407, "Bazán", resol. de 29-XI-2021; L. 130.333, "Cejas", resol. de 7-IX-2023 y L. 126.893, "Aguirre", resol. de 20-XI-2024; e. o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, por encontrarse insuficientemente fundado, con costas (art. 289, CPCC).
El depósito previo efectuado queda perdido para la recurrente (art. 294 del CPCC), debiendo el tribunal de origen dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto seg. resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía correspondiente.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/10/2026 20:13:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2026 10:37:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/11/2026 12:12:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2026 11:40:30 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2026 12:04:05 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/11/2026 12:48:43 hs. bajo el número RR-2530-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia