Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 15.593
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNecochea, 5 de mayo de 2026 VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo corresponde revocar revoca la sentencia apelada y en consecuencia el capital del crédito prendario se indexará a partir del 10/4/2014 y hasta su efectivo pago conforme el RIPTE. Al capital actualizado, deberá aplicarse una tasa de interés del 3% anual a partir de esa fecha, momento hasta el cual correrán los intereses conforme la tasa declarada verificada. Las costas por la presente incidencia deben ser impuestas en el orden causado pues la novedad del debate permite hacer excepción al principio general de que sean a cargo del vencido (art. 68 2a. parte CPCC; 278 LCQ).
(RGE:Identificacion en Receptoría )
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial-Necochea En la ciudad de Necochea, a los 5 días del mes de mayo de 2026, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "ENGRAULIS S.A. S/ QUIEBRA (GRANDE)", Expte. 15.593, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente: Sra. Jueza Doctora Laura Alicia Bulesevich, Sr. Juez Doctor Fabián Marcelo Loiza y Sra. Jueza Dra. Ana Clara Issin.
El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª ¿Se ajusta a derecho la sentencia dictada el 10/09/2025?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
I. La sentencia:
El Juez dictó sentencia en la que resolvió rechazar el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y, consecuentemente, denegó la actualización de los créditos laborales verificados, declarados admisibles y con privilegio general.
Siendo que la sentencia reedita en lo sustancial -tanto en su faz narrativa como argumental- la resolución que fue materia de revisión en la reciente causa “Nahuel Che S.A. s/ Quiebra (Pequeña)”, me limitaré a destacar que en el caso el argumento central y dirimente para resolver en tal sentido fue, a criterio del juez, la existencia de cosa juzgada. En prieta síntesis, el titular del juzgado civil y comercial n° 2, señalando el criterio restrictivo de la declaración de inconstitucionalidad y su última ratio, entendió que la actualización del crédito implicaba la reapertura de un debate que fue clausurado con la sentencia verificatoria del crédito. Sostuvo que podría haberse utilizado el mecanismo de revisión dispuesto por la normativa falencial para cuestionar las sumas verificadas. A lo que añadió: “no fue cuestionado el recálculo realizado por la Sindicatura previsto en el art. 202 de LCQ (Arg. Arts. 36, 37 y 202 de la LCQ).
II. El recurso de apelación:
La decisión agravió a los acreedores laborales que interpusieron apelación y fundaron mediante presentación del 22/09/2025. Expusieron que la resolución implica una reducción del 98% del poder adquisitivo en las acreencias de naturaleza eminentemente alimentaria, lesionando ello garantías constitucionales como el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley, la razonabilidad de las normas y la tutela judicial efectiva. El primer agravio lo centraron en el apartamiento deliberado de la doctrina legal sentada en “Barrios”, considerando que se consagra una desigualdad. Alegaron: “No puede dejar de causar perplejidad la senda argumental adoptada por el a quo. Allí donde, en reiterados pronunciamientos, se había mostrado celoso en la aplicación de la doctrina legal consagrada por la Suprema Corte bonaerense en el precedente “Barrios”, ahora ensaya un viraje tan marcado como injustificado, procurando sostener un “criterio restrictivo” al que se atribuye el carácter de “última ratio del orden jurídico”.
En segundo término impugnaron la invocación de la cosa juzgada concursal, exponiendo que no es lo mismo la existencia y legitimidad del crédito que su monto, principalmente frente a contextos económicos diferentes, ante cuyas fluctuaciones consideraron de aplicación los postulados de la inconstitucionalidad sobreviniente para evitar la licuación del crédito, sentada en “Barrios”, y los lineamientos expuestos por este Tribunal en la causa “Kressi c/ Mercantil Andina” del 15/09/2025. Como tercer agravio destacaron la omisión de ponderar el carácter laboral y alimentario de los créditos, los que imponen la aplicación de principios de jerarquía constitucional como los de irrenunciabilidad, progresividad y no regresividad, protectorio, in dubio pro operario y la tutela judicial efectiva.
Finalmente se agraviaron por el resultado confiscatorio del decisorio exponiendo los guarismos propios del caso. Compararon que el capital original de $ 728.664,08 con intereses a tasa pasiva arroja la suma de $3.997.382,06 y que la misma suma actualizada con CER y tasa pura asciende a $190.935.606,32.
III. La decisión:
Recientemente en la causa “Nahuel Che S.A. s/ quiebra (pequeña)” este Tribunal dictó sentencia (Expte. 15.420; Reg. elect. 7(S) del 20/02/26) revocando la decisión de primera instancia que rechazó el pedido de inconstitucionalidad sobreviniente de los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928. Allí se hizo lugar a la actualización de un crédito prendario en el marco de una quiebra. El caso que nos convoca presenta aristas similares, es decir, se trata de la depreciación de las acreencias verificadas y declaradas admisibles en un proceso de quiebra, pero en esta oportunidad, los créditos son de origen laboral.
Por ello anticipo que el recurso prospera en cuanto a la procedencia de su actualización pero con alcances diferentes, propios de la particularidad de la causa, que paso a explicar.
III. 1. De manera preliminar creo necesario advertir que la opinión de la Sindicatura no abona la solución que propicio. Sin embargo, una cuestión fundamental me lleva a apartarme del criterio sostenido por la Síndico, que siendo la misma profesional en el caso “Nahuel Che S.A.” mantuvo un criterio diametralmente opuesto.
Allí se mostró a favor de la actualización del crédito del acreedor prendario, justificando el pedido de inconstitucionalidad “por el detrimento y erosión que se produce por los efectos inflacionarios sobre las obligaciones monetarias, más aun en procesos falenciales”. En una postura contraria, al contestar la vista en estas actuaciones solicitó el rechazo de la actualización afirmando que “se estaría alterando la par conditio creditorum entre los acreedores, al establecerse un mecanismo de actualización específico para una categoría específica de crédito o posterior a las liquidaciones y estimaciones ya presentadas y firmes.” (v. presentación del 1/10/2025).
III. 2. Sentado ello, corresponde en primer lugar repasar las fechas y etapas del proceso que acompasan un extremo no cuestionado: la diferencia entre el monto del capital original y la suma que refleja ese capital en la actualidad sin la aplicación de un mecanismo de actualización, es decir, la “brecha lesiva”, premisa nodal en la nueva doctrina legal de la SCBA (v. “Barrios” ap. 16).
Así observo que el 23/09/2014 se dictó sentencia verificatoria por la cual se declararon admisibles y con privilegio general los créditos laborales de los apelantes. La resolución que declaró la quiebra data del 10/04/2014, fecha a partir de la cual solicitan la actualización. El 08/06/2018 se efectuó el recálculo del art. 202 LCQ. El 19/11/2021 la Síndico informó que no existían fondos disponibles para dar cumplimiento al pronto pago del art. 16 de la LCQ.
Más cerca en el tiempo, el 17/4/2024 la SCBA dictó el precedente “Barrios” (C. 124.096) cambiando la doctrina legal que prohibía las actualizaciones de las deudas dinerarias por imperio del principio nominalista consagrado en la ley 23.928. Ante este nuevo contexto, el 03/07/2025 los apelantes solicitaron la inconstitucionalidad que nos convoca, exponiendo guarismos que dan cuenta de un 98% de pérdida del poder adquisitivo de los créditos verificados, por los efectos inflacionarios y consecuente depreciación monetaria de las sumas dinerarias.
III. 3. Despejado ese primer punto de la brecha lesiva, incontrovertido y cuya discusión ni siquiera se enunció en la sentencia, cabe abordar la cuestión que fue dirimente a criterio del juez para rechazar la actualización de los créditos y que ya fuera materia de pronunciamiento por esta Alzada en el precedente “Nahuel Che S.A.”: la cosa juzgada. Allí suscribimos que dicha cuestión ya había sido abordada por este Tribunal en base a precedentes de las Cortes Nacional y Provincial.
Sostuvimos al respecto, con el voto preopinante de nuestra distinguida colega la Dra. Issin: “Así hemos sostenido -y es igualmente aplicable aquí- que “ya ambas Cortes -Nacional y Provincial- trataron la cuestión y admitieron que los planteos indexatorios podían efectuarse y prosperar en etapas posteriores al dictado de la sentencia final firme y en la oportunidad de la ejecutoria como es el presente caso (CSJN Fallos 294:434 Camusso Vda. de Marino, Amalia c/ Perkins S.A. del 21/5/1976; SCBA Ac. 26.606 Caporossi del 10/5/1977). Señalaba entonces el Máximo Tribunal -con elocuente vigencia- que lo que la cosa juzgada busca fijar definitivamente no es tanto el texto forma del fallo cuanto la solución real prevista por el juez a través de éste, es decir -en el caso- el resarcimiento íntegro del crédito del acreedor y su inmutabilidad a través de todo el proceso judicial. (CS ob. cit., consid. 7°).
Habiendo advertido antes que los mecanismos de actualización del monto de la condena lejos de menoscabar la autoridad de la cosa juzgada la salvaguardan, porque salvaguardan su justicia, sin la cual el más íntimo sentido de dicha autoridad, que es su sentido moral, no es concebible. (ídem consid. 6°).” (expte. 14045 “Kressi c. Cía.” reg. 151 (S) del 15/9/2025; entre muchos otros).
A su vez el hecho de tratarse el presente del debate relativo a un crédito verificado como privilegiado en el marco de un proceso concursal no impone -como parece indicar la decisión cuestionada- una excepción a tal interpretación” (Expte. 15.420, Reg. elect. 7(S) del 20/02/2026). Sin dudas, es necesario destacar que actualizar un monto dinerario es mantener y preservar su poder adquisitivo. Mantener la misma ecuación inicial en términos de poder de compra. No hacerlo es precisamente modificar aquellos términos iniciales. Si lo juzgado es la procedencia y la extensión del crédito, “licuarlo” en términos económicos es modificar ese juzgamiento.
Por ello no se altera la cosa juzgada cuando el crédito permanece impago y se actualiza por haber sido depreciado, sino que se preserva la acreencia con el mismo poder adquisitivo reconocido. De lo contrario, se alentaría la morosidad con la premiación de su degradación adquisitiva si sólo se la valora en términos nominales. Es decir: “la variación de numerario no implica variación de esencia. En el caso de la inflación, se daría más para mantener la misma esencia” (Condorelli, Epifanio, Régimen Procesal de la Indexación, Librería Ed. Platense, 1978, pp. 193-216).
Repasemos la cronología de los fallos de la Corte Nacional, porque tal como sostuvo mi colega en su profuso voto, al que adherimos: “comportan un razonable aprovechamiento de la experiencia jurisprudencial que se consolidó en etapas inflacionarias precedentes -fruto de un rico debate doctrinario y judicial- y son de clara aplicación a la actual realidad pues conforme se desprende de las actuaciones y de las propias presentaciones de la acreedora prendaria, la depreciación del crédito es evidente y como tal agraviante de su derecho de propiedad, autorizando así la declaración de inconstitucionalidad para el caso de las reglas de los arts. 7 y 9 de la ley 23928…”
En tal sentido observamos que el Máximo Tribunal se pronunció en favor de las actualizaciones de los créditos en los procesos falenciales: en lo concerniente a los créditos hipotecarios lo hizo en “Marrone c. Egom” 12/11/1981, Fallos: 303:248; en relación a los créditos prendarios en “Copaca SA s. Quiebra” 20/5/1982 en LL1983-D-231; y en materia de créditos de origen laboral, en el caso “Complejo Textil Bernalesa SRL s/ quiebra”. Me detendré en este último antecedente en función de la naturaleza laboral del crédito.
Allí la Corte Suprema descalificó constitucionalmente el art. 4° de la ley 21.488 que condicionaba la actualización e intereses a la concurrencia del remanente y sin considerar privilegios. Aún más, excluyó a los créditos laborales de la norma del art. 2° in fine de esa misma ley, “estableciendo que los créditos laborales son indexables en las quiebras conforme el régimen de la ley de contrato de trabajo, sin limitación temporal alguna (estos es antes y después de la apertura falencial), hasta el momento del efectivo pago; con privilegio sobre la actualización y con la directiva -implícita, al menos- de que con esa extensión han de pagarse antes que el resto de las acreencias, no estando condicionada la indexación a la determinación previa de remanente alguno” (Rouillon Adolfo, “Indexación concursal”, Astrea 1989, pp. 37/38).
Los fundamentos esgrimidos por el Máximo Tribunal Nacional fueron, entre otros, que: la doctrina esbozada en “Marrone” (garantía real) resultaba aplicable a los créditos laborales pues aquellos tienen una tutela especial caracterizada por el derecho al pronto pago atento su carácter alimentario; que en épocas de aguda depreciación monetaria resulta incompatible el pago nominal y, que la ley de contrato de trabajo -posterior a la ley concursal- integra la interpretación de la ley falencial, reconociéndose allí la compensación por depreciación monetaria del crédito laboral hasta el efectivo pago (art. 276 LCT).
Es interesante ver que en esa decisión, en lo particular:
1. Respecto a la alteración de la “par conditio creditorum” la Corte dijo que no se vería alterada con la actualización de los créditos en tanto aquel principio importa la justa distribución de los bienes en el concurso. Y aún más, afirmó que -por el contrario- esa máxima “se vería alterada en desmedro de los acreedores laborales si su privilegio se restringiese al importe nominal de los créditos al tiempo de la quiebra, excluida la actualización contemplada por el art. 276 de la ley de contrato de trabajo, en beneficio de la masa, la cual se vería coincidentemente beneficiada por la valorización de los bienes sobre los cuales recae el privilegio”. (CSJN, del 02/04/1985, Fallos 307:398, consid. 7° e)
2. Respecto a la afectación del derecho de propiedad (art. 17 CN) sostuvo que “los créditos de los trabajadores contra la empleadora fallida constituyen derechos incorporados definitivamente a su patrimonio en el momento en que se devengaron, y que, por consiguiente, deben considerarse garantizados por tal prescripción constitucional” (consid. 7° f) y que, “el reconocimiento del privilegio de los capitales reajustados conforme a las disposiciones de la ley de contrato de trabajo, lejos está de desvirtuar el régimen concursal; por el contrario, lo confirma, al dar a los privilegios sus efectos plenos, evitando que desaparezcan en la práctica como consecuencia de la depreciación” (consid 9°).
El Dr. Fayt nos compele a la reflexión cuando enuncia en su voto: “la ajustada guarda de la misión de los magistrados, requiere de éstos la permanente atención a la realidad en la que se halla inserto el conflicto que están llamados a componer, pues hacer justicia no consiste en otra cosa que la recta determinación de lo justo "in concreto".
Esa directriz a su vez, es la que ha guiado a esta Corte hacia el reconocimiento de la actualización por depreciación monetaria, en una diversidad de materias -si bien teniendo en cuenta la naturaleza de los derechos en juego y a las distintas hipótesis procesales que puedan presentarse-, derivada de un manifiesto imperativo de justicia en épocas de acelerado envilecimiento del valor de la moneda” (consid. 5° del voto de Fayt).
Casi 40 años después el debate parece reeditarse en el profundo análisis de la realidad económica realizado en el caso “Barrios” cuando, al sostenerse que los hechos hablan por sí solos, la Corte provincial afirma: “La inflación que aqueja a la economía del país ha sido -y es- un factor tan corrosivo para el equilibrio negocial y, en términos más amplios, para la realización eficaz de los derechos, que la evidencia de sus efectos lesivos debe ser plenamente afrontada. Por ello, el enfoque interpretativo adecuado debe partir del reconocimiento de esta compleja problemática; lo contrario sería negar la realidad” (consid. V.1.b).
Efectivamente la reciente doctrina legal de la Suprema Corte permite otro análisis y hace viable la actualización monetaria, mediante un escrutinio prudente y realista de los casos sometidos a análisis de la judicatura, prescribiendo una lectura razonable del nominalismo, siendo que: “Tanto en el plano regulatorio como en el hermenéutico, el factor económico condiciona la opción jurídica y compele a la consideración circunstanciada de los impactos y mudanzas producidos a causa del deterioro patrimonial provocado por la depreciación de la moneda” (consid. V. 8).
Por ello, la nueva doctrina legal nos motoriza a reconocer que: “…no es legítimo mirar de soslayo los efectos perniciosos que, en un contexto altamente inflacionario, provoca sobre las acreencias de las personas la interdicción de un adecuado mecanismo de actualización” (consid. V.11).
III. 4. Sorteado el supuesto valladar de la cosa juzgada, corresponde declarar la inconstitucionalidad sobreviniente de los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928, “haciendo lugar a la actualización solicitada, sin que sea necesario, declarar también la inconstitucionalidad de los art. 765 y 766 CCyCN pues -como ya se ha pronunciado reiteradamente este Tribunal- “...ni el concepto de la obligación de dar dinero (art. 765) ni la especie de moneda (art. 766) resultan un tema dirimente en el caso (...) De allí que quepa entender que removida la prohibición de indexar, su interés queda suficientemente custodiado, sin que estas otras normas le impliquen un gravamen constitucional específico pues estamos frente a una deuda de dinero que se indexará y no se reclama una especie distinta de la moneda de curso legal. (este Tribunal “Rizzo Juan Carlos C/ De Michele Gaston Ivan S/ Daños” Expte. 12397” del 5/12/2024; reg. 163 (S)”) (Expte. “Nahual Che S.A. ya citado).
III. 5. Finalmente, declarada procedente la actualización corresponde abordar el mecanismo de actualización de los créditos laborales verificados y declarados admisibles con privilegio general.
Se trata de 15 trabajadores con acreencias laborales que van desde los $ 8.985,92 a los $ 109.356,26, siendo la suma total del capital inicial de $ 728.664,68. Dicho crédito actualizado con CER desde la fecha de declaración de la quiebra (10/04/2014) asciende a la suma de $ 141.259.467. El mismo monto con el cálculo de intereses a tasa pasiva actualmente asciende a $ 4.179.053 y a tasa activa promedio descuento a 30 días a $ 4.770.000. Es decir, con esos guarismos la pérdida de poder adquisitivo representa el 97% aproximadamente.
Para la actualización en “Barrios” se sostiene que “es preciso que el órgano jurisdiccional adopte el curso de acción más consistente con los intereses implicados” (consid. 17) debiendo tenerse presente las particularidades de la causa en diálogo con los principios y las previsiones enumeradas en el considerando V. 17. d. Esas directrices son: la interdicción del enriquecimiento sin causa y el abuso del derecho; la buena fe; la equidad; la equivalencia de las prestaciones; la morigeración de los resultados excesivos; en su caso, el esfuerzo compartido; y el principio de congruencia Por ello, en función del tipo de crédito, que en el caso es laboral, corresponde establecer el mecanismo de actualización por índices en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo. Tal como lo referenció en su voto el Dr. Soria (consid. V 15). A tales fines considero que en este caso la actualización por índice RIPTE (remuneración imponible promedio de los trabajadores estables) elaborado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación sería la adecuada conforme la naturaleza jurídica del crédito, que refleja el patrón específico y propio de la materia, en tanto expone la evolución del salario, reflejando una actualización ligada al salario real de modo de preservar la integridad del crédito y mitigar la brecha lesiva generada por la inflación monetaria (conf. razonamiento aplicado en la causa “Zambón”, Expte. 12.576, reg. elect. 7 (S) del 11/02/2025 en el que para actualizar la base regulatoria de los honorarios ante una demanda rechazada se tuvo en cuenta el valor del Jus)
En función de ello propongo que el capital de los presentes créditos verificados y declarados admisibles con privilegio general sean indexados a partir de la resolución que decretó la quiebra (10/4/2014) y hasta su efectivo pago, el que deberá efectuarse en los términos de los arts. 129; 218; 246 y ccdtes. LCQ. La indexación ordenada deberá realizarse utilizándose el RIPTE, por ser esta pauta la que más se ajusta a las circunstancias del caso. Al capital actualizado, deberá aplicarse una tasa de interés del 3% anual a partir del 10/04/2014, momento hasta el cual correrán los intereses conforme la tasa declarada verificada (conf. SCBA "Barrios" consid. V.17.e). Respecto de los restantes créditos laborales -los que no han aun peticionado actualización- y que ostentan igual calidad y privilegios, su situación deberá ser necesariamente considerada, tal como se hace aquí, por el Juez de la quiebra, previo a autorizar cualquier pago o compensación en las respectivas oportunidades procesales (arts. 183; 203 bis y ccdtes. y 218 LCQ). Ello a fin de no afectar la igualdad entre los acreedores de la misma jerarquía (conf. arts. 125; 239; 241 inc. 2°; 242 inc. 1°; 246 inc. 1°; 247 y ccdtes. LCQ).
Las costas por la presente incidencia deben ser impuestas en el orden causado pues la novedad del debate permite hacer excepción al principio general de que sean a cargo del vencido (art. 68 2a. parte CPCC;
278 LCQ).
Voto por la NEGATIVA El Sr. Juez Doctor Loiza votó en el mismo sentido por análogos fundamentos.
La Sra. Jueza Doctora Issin votó en el mismo sentido por análogos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
Atento lo resuelto en la primera cuestión se revoca la sentencia apelada y en consecuencia el capital del crédito prendario se indexará a partir del 10/4/2014 y hasta su efectivo pago conforme el RIPTE. Al capital actualizado, deberá aplicarse una tasa de interés del 3% anual a partir de esa fecha, momento hasta el cual correrán los intereses conforme la tasa declarada verificada. Las costas por la presente incidencia deben ser impuestas en el orden causado pues la novedad del debate permite hacer excepción al principio general de que sean a cargo del vencido (art. 68 2a. parte CPCC; 278 LCQ).
ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Doctor Loiza votó en el mismo sentido por análogos fundamentos.
La Sra. Jueza Doctora Issin votó en el mismo sentido por análogos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, 5 de mayo de 2026 VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo corresponde revocar revoca la sentencia apelada y en consecuencia el capital del crédito prendario se indexará a partir del 10/4/2014 y hasta su efectivo pago conforme el RIPTE. Al capital actualizado, deberá aplicarse una tasa de interés del 3% anual a partir de esa fecha, momento hasta el cual correrán los intereses conforme la tasa declarada verificada. Las costas por la presente incidencia deben ser impuestas en el orden causado pues la novedad del debate permite hacer excepción al principio general de que sean a cargo del vencido (art. 68 2a. parte CPCC; 278 LCQ).
Notifíquese mediante el depósito del presente en el domicilio electrónico constituido por las partes y la funcionaria interviniente (art. 10 Ac. 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA). Devuélvase.
Fin de la sentencia