Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 70.809
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Modificar la sentencia apelada de fecha 27/3/2023, haciendo lugar a la demanda en su integridad y condenando a los demandados a pagar a la actora la suma reclamada de u$s 71.413,38, con más los intereses establecidos en la instancia de origen;
2Confirmar la sentencia apelada en cuanto estableció los intereses desde el vencimiento del plazo otorgado en cada una de las facturas, a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones en moneda extranjera;
3Confirmar la sentencia apelada en cuanto impuso las costas de primera instancia a los accionados en su calidad de vencidos (arts.68 y 274 del Cód. Proc.);
4Imponer las costas de segunda instancia en un ochenta por ciento (80%) a los demandados y en el restante veinte por ciento (20%) a la parte actora, en atención al resultado obtenido en esta instancia recursiva (art.68 del Cód. Proc.);
5Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 dec. ley 8.904/77 y ley 14.967).
Causa nº: 2-70809-2023 "ENRIQUE M. BAYA CASAL S.A. C/ NUEVA TIERRA S.H. Y OTROS S/COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - AZUL
En la ciudad de Azul, a los diez días del mes de Julio del año Dos Mil Veinticuatro, celebran Acuerdo los Sres. Jueces integrantes de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Dra. María Inés Longobardi y Dr. Víctor Mario Peralta Reyes (arts. 47 y 48 Ley 5827), con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: "Enrique M. Baya Casal S.A. c/ Nueva tierra S.H. y otros s/ Cobro Sumario Sumas Dinero" (Causa n°70809). Practicado el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del CPCC, resultó el siguiente orden de votación: - Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
-C U E S T I O N E S-
1era. ¿Son procedentes los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de fecha 27/03/2023?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. Tuvo inicio el presente proceso con la demanda de cobro de sumas de dinero promovida por la sociedad anónima Enrique M. Baya Casal S.A., contra la sociedad de hecho Nueva Tierra S.H. y sus socios integrantes Pablo Artigue y Federico Artigue, a quienes les reclama la cantidad de u$s 71.413,38 y/o lo que en más o en menos determine el Juez luego de la producción probatoria, con más los intereses correspondientes desde la mora, costas y costos del juicio (ver a fs.101/102 de las presentes actuaciones, los apartados iniciales de la demanda presentada con fecha 31/5/2013).
Dijo la actora en la referida demanda, que su objeto comercial principal consiste en el acopio y comercialización de cereales, así como la provisión de insumos, servicios y asesoramiento para la actividad agropecuaria en gran parte del país, y que, para ello, posee una planta de acopio y sucursal en la ciudad de Bolívar, donde la demandada - mayoritariamente- realizó las operaciones comerciales, retiro de la mercadería, remitos y demás documentación contable. Y puntualizó que, en virtud de esa vinculación comercial, “la demandada adquirió y recibió las mercaderías, servicios e insumos agropecuarios que surgen de las facturas y demás documentación contable instrumentada al efecto”; agregando que “una vez realizadas las operaciones comerciales y recibido la mercadería en un todo de conformidad, al vencimiento de las mismas, la demandada no abonó las mismas y/o haciéndolo solo parcialmente, ergo constituyéndose en mora, situación en que se encuentra a la fecha, a pesar de las innumerables gestiones de cobranzas realizadas, carta documento remitida, debido a las promesas de pago nunca efectivizadas” (ver fs.102vta./103). Seguidamente, la actora efectuó una detallada enumeración de las facturas y demás documentación -notas de pedido y remitos- que corresponden a las operaciones comerciales realizadas entre las partes. Así hizo referencia a veintidós (22) facturas que abarcan el período que va desde el día 30/8/2011 al día 29/3/2012, y que alcanzan un importe total de u$s 95.406,98. Y a renglón seguido señaló que la demandada realizó pagos parciales -mediante entrega de cereal- por un monto de u$s 23.993,60, por lo que adeuda la suma de u$s 71.413,38, reclamada en el presente proceso (ver fs.103/105). Con el escrito de demanda se allegaron las facturas, notas de pedido y remitos que sustentan la reclamación de la sociedad accionante (ver constancias documentales agregadas a fs.17/96), y también se acompañaron comprobantes de las liquidaciones de entregas de soja cereal realizadas por la demandada (ver instrumentos de fs.97/100). Y en lo que respecta a una prueba que resulta relevante en esta clase de conflictos, ofreció pericial contable para que el experto dictamine sobre los puntos propuestos, sobre los libros y registros de ambas partes del proceso (ver ofrecimiento de fs.108vta./109).
II. La demanda fue contestada únicamente por el codemandado Federico Artigue (fs.185/193vta.), puesto que la sociedad de hecho Nueva Tierra S.H. fue declarada en rebeldía (fs.280/280vta.), y el codemandado Pablo Artigue se encuentra ausente, habiendo comparecido en su representación la Defensora Oficial (ver escrito del 2/8/2021). En este escrito de contestación de demanda, Federico Artigue reconoció integrar la sociedad Nueva Tierra S.H., y, sin intentar deslindar sus responsabilidades, acotó que la administración de esta sociedad de hecho la ejerció siempre su hermano Pablo Artigue -con quien no tiene relación desde hace años-, por lo que desconoce cómo se desarrollaban las diversas tareas comerciales con las empresas y/o sociedades con las que se vinculaba (fs.185vta. y 187). Asimismo, en lo que hace al caso de autos, entre otros desconocimientos negó adeudar la suma reclamada por la actora, negó haber realizado pagos parciales, negó toda vinculación comercial con la firma accionante y negó haber recibido mercaderías, servicios o insumo alguno. Por lo demás, formuló una negativa de las facturas, notas de pedido y remitos adjuntados con la demanda, y negó que Roberto Maitia -que aparece firmando alguno de esos remitos- sea empleado de la empresa y/o tenga vinculación alguna con la empresa de la que es socio (fs.185vta./187).
Sostuvo el codemandado que “la actora no cuenta con elementos probatorios suficientes para endilgar e imputar a la sociedad y/o a los socios (por extensión de responsabilidad) dichos importes dado que no cuentan con la firma clara y determinante de haber sido recibido o bien por los socios o bien por un empleado de la sociedad en relación de dependencia los productos e insumos que se nos imputan” (fs.187vta.). En esta línea agregó que la actora deberá acreditar que lleva los libros contables de acuerdo a las leyes vigentes, puntualizando, en torno a los libros contables de la demandada sociedad de hecho, que al inicio de la relación societaria contrataron al Estudio Contable García Sardón & Asociados, con quien se contactó al recibir la demanda, habiéndole respondido ese estudio que “comenzó a desarrollar su tarea profesional al inicio de la creación de la sociedad y que finalizó al darla de baja a fines de 2013” (fs.188). En el capítulo probatorio, propuso el libramiento de oficio a este estudio y prueba pericial contable, pero a diferencia del ofrecimiento de la parte contraria, limitó el desarrollo de esta pericia a los libros contables de la reclamante Enrique M. Baya Casal S.A. (fs.191/191vta.).
III. Transitada la etapa probatoria se llegó al dictado de la sentencia de la anterior instancia, en la cual se hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por la actora, condenándose a la demandada a pagar la suma de u$s 7.445,95, con más intereses, costas y costos del proceso. Y aquí cabe aclarar que la demanda sólo prosperó en forma parcial, porque la pretensión de la actora se receptó -únicamente- con relación a siete facturas (números 15.613, 18.179, 18.323, 18.336, 18.967, 22.768 y 25.056), que son las que cuentan con un remito vinculado que posee una firma inserta, aspecto al que el Juez de grado le asignó una relevancia definitoria (ver el análisis de estas facturas que se efectúa en los apartados II. c., II. d. y II. e., del pronunciamiento recurrido).
Por el contrario, la demanda se desestimó con relación a las facturas que no poseen remito vinculado (apartado II. a., de la sentencia apelada), y a las facturas que tienen remito que carece de firma del presunto receptor (apartado II. b. de ese mismo decisorio).
Precisamente, antes de comenzar el análisis puntual de los instrumentos contractuales allegados con la demanda, resaltó el juzgador las diferentes características de los mismos, y así precisó que “no toda factura emitida por la accionante posee remito vinculado y recibido por la parte accionada. Asimismo, se advierte que muchos remitos que poseen factura vinculada carecen de firma inserta de persona que lo haya recibido y otros poseen firma de un tercero, por lo que se deberán analizar cada una de las operaciones por separado”.
IV. La referida sentencia de la anterior instancia fue apelada por ambos litigantes, quienes -en su oportunidad- expresaron sus agravios en esta instancia recursiva.
La parte demandada solicitó la revocación de la sentencia apelada y el rechazo de la demanda en su totalidad, para lo cual expresó diferentes agravios que resumió en el apartado IV de su escrito recursivo. Allí sostuvo que la actora efectuó una demanda de cobro de sumas de dinero “con facturas, remitos y notas por mercaderías y productos que no entregó y que tampoco acreditó su entrega”. Destacó las falencias de los remitos allegados por la parte actora y dijo que “los pocos remitos firmados por el Sr. Maitia, no se sabe si es la firma del mencionado, no se sabe en qué fecha, y no se sabe si es empleado de la empresa aquí demandada, todo por la falta de producción de prueba en esa dirección por parte de la actora”. Aseveró que su parte “no tenía la obligación legal y fiscal alguna de contar con los libros contables y fiscales a marzo de 2022 cuando se lo requirió el Perito Contador, dado el transcurso de más de 10 años desde la última factura emitida por la actora”. Argumentó que “hay una grave falsedad instrumental entre los remitos y facturas y notas de pedido de compra adjuntos por la actora, en los presentes actuados, en comparación con los adjuntos en el expediente de medida cautelar antes mencionado, que la Excma. Cámara de Apelaciones advirtió y se expidió al respecto”. Dijo que el Juez de grado no tomó en cuenta y ni siquiera mencionó la orfandad probatoria en que incurrió la parte actora, e intentó -a través de la sentencia- suplir esa carencia de prueba, invirtiendo la carga probatoria en cuanto a determinar si el Sr. Maitia -firmante de remitos- era o no empleado de Nueva Tierra SH. Culminó sosteniendo que ninguno de los dos socios integrantes de la sociedad de hecho firmó absolutamente nada, ni facturas, ni remitos, ni notas de compras, lo que en su entender es demostrativo del caos y desorden que aquejan a la empresa actora (ver escrito de expresión de agravios de fecha 24/11/2023).
Por el contrario, la parte actora solicitó la modificación de la sentencia apelada y el reconocimiento de la totalidad del monto reclamado, con más los intereses convenidos. Su primer agravio versa sobre el monto de la condena reconocido, aduciendo que en la sentencia apelada se ha incurrido en una errónea aplicación legal y en una absurda valoración probatoria de los libros y registros contables. Así se agravió porque en la sentencia se impuso una condena de pago de u$s 7.445,95, siendo que la demanda se promovió por la suma de u$s 71.413,38. Planteó la aplicación al caso del art.474 del Código de Comercio, hizo referencia a la rebeldía de la codemandada sociedad de hecho, y enfatizó en la necesidad de ponderar la conducta procesal de Federico Artigue. Sostuvo que, en virtud de lo dispuesto en el art.63 del Código de Comercio, “en los supuestos en que ambos contendientes sean comerciantes, como en esta litis, debe estarse a las constancias de la contabilidad de uno de ellos si el otro no llevó sus libros conforme lo disponen las normas pertinentes, o bien, no los ofrece para contradecir las registraciones que surgen de los libros de su oponente. Es que, son los asientos de los libros contables y no su respaldo documental lo que materializa la prueba a que hace referencia la norma, por lo que mal hace el juez a quo al escrutar la documentación respaldatoria del modo que lo hace”. Asimismo, hizo alusión a la pericia contable de la que surge que los libros de su parte están llevados en legal forma, y que las facturas objeto de reclamo se encuentran contabilizadas en el libro diario y en el libro IVA. En la última parte de su expresión de agravios, la parte actora criticó la tasa de interés pasiva establecida en la sentencia de grado, y sostuvo que, en su lugar, deben aplicarse los intereses pactados en las facturas, que ascienden al 4% mensual desde el vencimiento y hasta el día del efectivo pago (ver escrito recursivo de la accionante de fecha 6/12/2023).
Habiéndose practicado los trámites procesales de rigor y realizado el sorteo de ley, han quedado estos actuados en condiciones para el dictado de la presente sentencia.
V. 1. Adentrándome en la cuestión que ha sido traída a esta alzada, debo resaltar que la forma en que se resolvió el litigio en el pronunciamiento apelado, obedeció a la marcada trascendencia que el Juez de grado asignó a los remitos, como instrumentos acreditantes de la entrega de la mercadería vendida. Y en esta línea de pensamiento, recordó que la factura no tiene carácter constitutivo de derechos, sino que implica una mera liquidación de las cuentas que corresponden a un negocio previo, siendo una prueba de la existencia del contrato. Dicho esto, puso el acento en la obligación de entregar las mercaderías que pesa sobre el vendedor, y destacó que en este orden “adquiere relevancia el remito, el tercer documento que permite tener por cerrada la operatoria que comienza con la nota de pedido”.
Así sostuvo el magistrado: “Para el vendedor, el remito firmado por el comprador constituye una constancia firme de haber entregado la mercadería, de haber cumplido con una de las obligaciones a su cargo y que autoriza a exigir el pago conforme a las condiciones pactadas” (los destacados en negrita me pertenecen). En consecuencia, tal como lo destaqué en el apartado III, la demanda sólo prosperó en forma parcial al receptársela -únicamente- con relación a siete facturas -números 15.613, 18.179, 18.323, 18.336, 18.967, 22.768 y 25.056-, que son las que cuentan con un remito vinculado que posee una firma inserta, aspecto al cual el Juez de grado le asignó una importancia definitoria. En este orden de ideas, señaló que “es menester discriminar aquellas facturas que poseen remitos de las que no y aquellas que poseen firma inserta en el remito de las que carecen de firma”.
Y en torno a las facturas que no poseen remito vinculado, adujo que “la factura por sí sola, sin constancia de entrega de los insumos objeto de la venta, de ningún modo acreditan el cumplimiento de una de las obligaciones centrales que consisten en la entrega de la mercadería por parte del proveedor (arts.461, 463 y concs. del Código de Comercio” (considerando II. a.). A su vez, con relación a los remitos que carecen de firma del presunto receptor, señaló que al no haberse adjuntado remitos firmados que respalden las facturas, no es posible aseverar que los insumos facturados hayan sido entregados a alguno de los codemandados (considerando II. b). Por último, acogió la demanda respecto a las facturas que poseen remitos con una firma inserta, al señalar que la firma que luce en esos remitos pertenece a Roberto Elvio Maitia; desestimando el planteo del demandado que había desconocido a esta persona como empleado o autorizado para recibir los insumos destinados a Nueva Tierra S.H.
Así le restó validez a dicho desconocimiento del accionado, al puntualizar que “dicha manifestación no es suficiente para desvirtuar la eficacia probatoria de dichos remitos, pues corresponde al comprador -aquí demandadoproporcionar en primer lugar la explicación y -en segundo lugar- la prueba de que las firmas insertas en los remitos no pertenecen a personas que puedan obligarla” (considerando II. c. del pronunciamiento recurrido).
2. En este punto de mi razonamiento, debo señalar que las referidas conclusiones de la sentencia se han centrado, con exclusividad, en el análisis pormenorizado de los instrumentos allegados con la demanda - facturas, notas de pedido y remitos-; más, sin embargo, no se le ha dado relevancia a la prueba resultante de los libros y registros contables, que son de especial importancia en esta clase de litigios y que fueron compulsados por el perito contador interviniente en autos, quien ha presentado su dictamen sobre la base de los elementos que pudieron ser colectados en el proceso (arts.384 y 474 del C.P.C.C.).
En efecto, en el decisorio en examen se mencionaron las conclusiones a las que arribó el perito contador, en cuanto sostuvo que la accionante lleva sus libros de comercio en legal forma y que las facturas se encuentran volcadas en el libro diario y en el libro IVA; a la vez que también se señaló “que la demandada no ha llevado libros de comercio en regular forma y de acuerdo a las prescripciones legales, cuando bien debía hacerlo”. Pero pese a esta circunstancia por demás gravitante, el Juez de grado no receptó el reclamo de la parte actora con relación a las facturas que no poseen remito vinculado, o que tienen remito que carece de firma del presunto receptor, al considerar que, en estos casos, los asientos contables no se encuentran respaldados por la documentación que entiende necesaria, esto es, los remitos firmados (ver los últimos cuatro párrafos del considerando II. b.).
3. No comparto la solución adoptada en la sentencia apelada, por cuanto en esta clase de litigios debe prevalecer el elevado valor probatorio que ostentan los libros de comercio, en atención a las características de la relación comercial existente entre las partes, consistente en la venta de insumos y mercaderías por parte de la actora a la demandada. Es así que, en el inicio mismo de las actuaciones ya se vislumbraba la relevancia que presentaba la prueba pericial contable a realizarse sobre los libros de comercio de ambas partes. Y aquí es menester destacar que esta prueba pericial contable fue ofrecida por ambos contendientes en sus escritos de demanda y contestación, aunque se advierte una actitud diferente de los litigantes, porque la actora solicitó que el experto dictamine sobre los libros y registros de ambas partes del proceso (ver ofrecimiento de fs.108vta./109), mientras que el demandado limitó el desarrollo de esta pericia a los libros contables de la accionante, y solicitó el libramiento de oficio a un estudio contable para que informe sobre su propia documentación contable de la firma Nueva Tierra S.H. (ver ofrecimiento de fs.191/191vta.) Y remarco la trascendencia que debe asignarse a esta prueba, en virtud de lo que disponía el art.43 del derogado Código de Comercio, en el sentido de que “Todo comerciante está obligado a llevar cuenta y razón de sus operaciones y a tener una contabilidad mercantil organizada sobre una base contable uniforme y de la que resulte un cuadro verídico de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos susceptibles de registración contable”. En comentario a este artículo se destacaba que esta obligación que emana de la norma, no puede considerarse como una carga impuesta al comerciante en su propio interés, sino que constituye un deber porque se encuentran en juego otros intereses legítimos y la noción de carga luce como insuficiente (Código de Comercio comentado y anotado, Rouillón director, Alonso coordinador, Bs. As. 2005, tomo I, págs.78 y 79).
En este mismo sentido establece el art.320 del vigente Código Civil y Comercial de la Nación, que “Están obligadas a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios”. Sobre esta temática se puntualiza que el ejercicio de una empresa como actividad organizada y planificada que persigue la obtención de una ganancia racionalmente calculada nunca podría conseguir ese resultado sin que el empresario lleve una contabilidad que le dé a conocer, día por día, la marcha de las operaciones, la situación de los negocios y el rendimiento de ellos. Pero aparte de la utilidad que la contabilidad tiene para el propio empresario, su llevanza hace al interés general en varios aspectos, como los siguientes: razones fiscales; interés de los acreedores que han concedido crédito al empresario; interés de los trabajadores por conocer la situación de la empresa; y en los casos de insolvencia empresaria (concurso preventivo, acuerdo preventivo extrajudicial o de la quiebra), donde la información contable resulta invalorable para la adopción de trascendentes decisiones (conf. Heredia, en Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Lorenzetti director, Santa Fe 2015, tomo II, págs.241, 242 y 243). Y en este orden debe remarcarse que existen sanciones indirectas que justifican el carácter de “obligación” impuesto por el art.320 del C.C. y C., como por ejemplo, la establecida en el art.330, tercer párrafo, según el cual cuando en litigio una parte no presenta contabilidad, la situación puede ser juzgada por la contabilidad del adversario llevada en regular forma (Heredia, ob. cit. pág.244) (esta Sala, causa n° 63.275, “Radiodifusora Tandil S.R.L.”, sentencia del 28/2/2019).
VI. Formulados los señalamientos precedentes, debe recalarse en las vicisitudes por las que ha atravesado la realización de la prueba pericial contable, la cual concluyó con el dictamen del Contador Público Juan Cruz López del día 31/5/22, observado e impugnado únicamente por la parte actora con fecha 13/6/2022, ya que la demandada no realizó presentación alguna. A su vez, el perito contador respondió el planteo de la actora mediante las explicaciones y aclaraciones contenidas en el escrito del día 21/6/2022.
Y en este punto debe ponerse de relieve que, tal como lo puntualizó el Juez de grado, las conclusiones del perito son inequívocas en cuanto a que “la accionante lleva sus libros en legal forma”, habiendo también expresado el juzgador que “la demandada no ha llevado libros de comercio en regular forma y de acuerdo a las prescripciones legales, cuando bien debía hacerlo” (apartado II. a., párrafos segundo y tercero de la sentencia apelada; lo destacado es propio).
Estos dichos de la sentencia de grado se ajustan -con estrictez- a lo dictaminado en la pericia contable, pues al referir a los libros de la parte actora, señaló el perito contador que la sociedad accionante aportó copia de las rúbricas de los libros copiadores del Diario n° 45 -rubricado en la IGJ-, del libro IVA Ventas n° 9 y 10 -también rubricados en la IGJ-, y del libro Inventarios y Balances n° 3 -rubricado por el mismo organismo-. Y concluyó señalando el experto, que: “Por estos libros podemos afirmar que son llevados en legal forma”.
Pero en franco contraste con lo antedicho, en la pericia también se destacó la orfandad probatoria que aqueja a la parte demandada, pues el letrado del único codemandado que se presentó a los autos -Federico Artigue-, le manifestó al perito que “ha sido Pablo Artigue quien tenía la administración de Nueva Tierra SH y que no posee documental alguno”. Así concluyó expresando el perito contador, que “no me es posible dar respuesta al ítem b) incisos 1 a 6 de esta parte del cuestionario pericial de la parte actora, por no disponer la demandada de documental ni libros de comercio a periciar”. Precisamente, en un escrito que presentó el experto con anterioridad a la pericia, sostuvo que el abogado de la accionada “me informa que la parte demandada no posee ningún tipo de documental ni libros de comercio” (ver presentación del día 20/4/2022).
En efecto, durante el curso del proceso se libró oficio al Estudio Contable del Contador Ramiro García Sardon, quien -con fecha 7/3/2022- informó que fue contratado por la firma Nueva Terra SH, en el año 2005, y que “en el año 2013, le hice entrega al Sr. Pablo Artigue de toda la documentación fiscal de la empresa, cuando la misma cesó sus actividades y se retiró del estudio”. Se desprende de este informe que, en la época en que tuvieron lugar las diversas operaciones celebradas entre las partes de este juicio -30/8/2011 al 29/3/2012-, el Contador García Sardón tenía a su cargo la contabilidad de la empresa Nueva Tierra SH. Sin embargo, este profesional no le suministró ninguna documentación al perito, al haber expresado que entregó la misma al codemandado Pablo Artigue, quien no ha comparecido a las presentes actuaciones y, en su condición de ausente, se encuentra representado por la Defensora Oficial.
Este infortunado devenir de la documentación contable de la sociedad demandada, se ve complementado con la presentación realizada en autos por Federico Artigue con fecha 30/3/2022, donde procura encontrar una alternativa que le permita sortear la aludida carencia probatoria. Así, bajo el título: “Prescripción de libros y documentación contable”, señala que el reclamo de autos versa sobre facturas y remitos que van desde julio de 2011 a marzo de 2012, y que, de acuerdo a la normativa que detalla, no es obligación fiscal y legal tener la documentación requerida en el mes de marzo de 2022, esto es, en el momento en que se está produciendo la prueba pericial contable.
Esta novedosa alegación del demandado fue correctamente resuelta por el Juez de grado, quien, en la providencia de fecha 6/4/2022, señaló que “en relación a la prescripción alegada, se advierte al peticionante que en caso de que la misma sea articulada como excepción, el planteo resulta extemporáneo (art.344 y concs. del C.P.C.C.)”. Y delimitando correctamente la situación planteada, con ajuste a las propias expresiones del accionado en su responde, puntualizó el juzgador que “para el caso de que el peticionante pretenda alegar el cese de la obligación de conservación de la documentación contable, establecida en el art.67 del Código de Comercio, tal como se indicara en el marco de la audiencia preliminar, y lo manifestara el demandado en oportunidad de contestar demanda, la prueba pericial contable será realizada con la documentación que se encuentra disponible” (lo destacado en negrita pertenece al suscripto).
De esta manera quedó determinado el material a considerar por el perito contador, sin que se hubieran suscitado posteriores cuestionamientos de las partes, por lo que la indicada providencia del día 6/4/2022, ha quedado alcanzada por los efectos de la preclusión (art.36 inc.1 del C.P.C.C.). En este sentido, resulta claramente improcedente uno de los agravios del demandado, donde critica por erróneas a las apreciaciones del juzgador de que su parte “no cuenta con los libros contables”, intentando reeditar -en esta vía recursiva- el planteo de prescripción que describí en el párrafo precedente, el cual, según sus dichos, no ha sido debidamente evaluado. Muy por el contrario, este planteo fue expresamente abordado y resuelto por el Juez de grado en la mencionada providencia de fecha 6/4/2022, sin que resulte posible volver sobre temáticas que han quedado definidas en el curso del proceso. Sobre el particular ha expresado la Suprema Corte de Justicia Provincial, que: “Dentro de un proceso judicial el paso de un estadio al siguiente importa la clausura del anterior, de manera tal que los actos procesales así cumplidos -dentro de los plazos previstos a tal fin por las normas rituales que rigen en cada etapa de un pleito- quedan firmes y no puede volverse sobre ellos. En esto, precisamente, consiste la preclusión, cuyo efecto -a diferencia de la cosa juzgada que se expanden fuera del proceso, admitiendo o denegando la pretensión- sólo los produce dentro del proceso y para ese proceso” (SCBA., L 94.907, “Muglia”, sentencia del 13/8/2008, sumario JUBA B 3345342; esta Sala, causa n° 66.128 del 10/9/2020, “Tangorra”).
VII. Habiendo quedada definida, entonces, la cuestión relativa a la documentación contable suministrada por las partes y evaluada en la pericia contable, no quedan dudas de que la temática de autos debe regirse por lo establecido en el art.63 del Código de Comercio, que es la norma aplicable en virtud de la época en que quedó constituida la relación jurídica (art.7 del C.C.C.N.).
Según lo establecido en el primer párrafo del referido art.63, “los libros de comercio llevados en la forma y con los requisitos prescriptos, serán admitidos en juicio, como medio de prueba entre comerciantes, en hecho de su comercio, del modo y en los casos expresados en este Código”. Y en lo que respecta al presente litigio, es de aplicación lo dispuesto en el tercer párrafo de ese mismo artículo, según el cual: “También harán prueba los libros de comercio en favor de sus dueños, cuando su adversario no presente asientos en contrario hechos en libros arreglados a derecho u otra prueba plena y concluyente”. En efecto, en el caso de autos sólo la parte actora presentó sus libros y registros contables llevados en legal forma, quedando evidenciada una absoluta orfandad probatoria de la demandada, que no presentó documentación alguna y formuló alegaciones que han quedado desestimadas a lo largo del proceso. Así, al contestar la demanda el coaccionado Federico Artigue -uno de los socios de Nueva Tierra S.H.-, solicitó el libramiento de oficio al estudio contable que llevaba la documentación contable de esa sociedad de hecho, pero tal documentación no pudo ser localizada porque el profesional informó que se la había entregado al otro socio de la empresa -Pablo Artigue-, que no compareció al proceso y se encuentra representado por la Defensora Oficial. Y, por si ello fuera poco, el codemandado Federico Artigue pretendió sortear la situación alegando la prescripción de la obligación de llevar registros contables, habiéndose desestimado este planteo mediante la referida providencia de fecha 6/4/2022, que ha quedado alcanzada por los efectos de la preclusión (art.36 inc.1 del C.P.C.C.).
Con relación al tercer párrafo del art.63 del Código de Comercio, enteramente aplicable al sub caso, se ha sostenido en doctrina que, según lo dispone esta norma, “también harán prueba los libros de comercio en favor de sus dueños, cuando su adversario no presente asientos en contrario hechos en los libros arreglados a derecho u otra prueba plena y concluyente. Sin embargo -prevé el mismo artículo- el juez tiene en tal caso la facultad de apreciar esa prueba, y de exigir, si lo considerase necesario, otra supletoria” (conf. Cabanellas De las Cuevas, Derecho Societario, Parte General, Contabilidad y Documentación Societaria, Bs. As. 1999, pág.183). Precisamente, se ha puntualizado como necesario, que “el acto surja de los asientos llevados en debida forma por una de las partes frente a la carencia de libros arreglados a derecho de la otra que lo contradigan”, y que “no exista prueba (plena y concluyente) para demostrar la inexactitud de la contabilidad presentada”, de manera que “siempre le queda al comerciante que no lleve libros en regla la posibilidad de contradecir (mediante el aporte de datos de suficiente espesor probatorio) lo que surja de los libros de su contendiente” (conf. Quadri, La prueba en el Proceso Civil y Comercial, tomo II, Bs. As. 2011, págs.832 y 833, con cita de variada doctrina y jurisprudencia).
Trasladando estos conceptos al caso en examen se tiene que, según las conclusiones de la pericia contable practicada en autos, la actora lleva sus libros de comercio en legal forma, y en los mismos se encuentran registradas las distintas operaciones comerciales celebradas con la demandada, que han servido de basamento a la pretensión esgrimida en este proceso. Y, por el contrario, la parte demandada no sólo no ha presentado asientos contables que contradigan a los de la parte actora, sino que tampoco ha producido alguna otra probanza tendiente a demostrar la inexactitud de la contabilidad presentada por su contraparte, por lo que cobra plena aplicación el mencionado tercer párrafo del art.63 del Código de Comercio (aquí debo acotar que esta norma del código derogado, ha tenido recepción en los párrafos tercero y cuarto del art.330 del C.C.C.N.). En conclusión, los registros contables volcados en los libros de la parte actora prueban en favor de ésta, por lo que, seguidamente, pasaré a destacar los aspectos salientes de la prueba pericial contable practicada en autos, que cuenta con el necesario fundamento científico y no ha merecido ninguna impugnación u observación por parte de la demandada, revistiendo, por ende, plena eficacia probatoria (arts.384, 457, 458, 473 y 474 del C.P.C.C.).
VIII. Ya señalé anteriormente, que el perito contador mencionó los libros contables presentados por la parte actora que estaban rubricados por la Inspección General de Justicia -Diario, IVA ventas, Inventario y Balances-, y dijo que con respecto a los mismos “podemos afirmar que son llevados en legal forma”; lo que contrasta con lo señalado respecto a la parte accionada, al expresar el experto que no le fue posible responder una parte del cuestionario “por no disponer la demandada de documental ni libros de comercio a periciar”.
Y con relación a los libros de la parte actora, puede observarse que en los mismos se encuentra registrada la totalidad de las veintidós (22) facturas reclamadas en la demanda (ver a fs.103/104vta., la enumeración realizada en el escrito inicial del proceso).
Efectivamente, si se analiza la pericia contable de fecha 31/5/2022, se advierte que en el libro Diario se encuentran asentadas algunas de las facturas en cuestión, mientras que en el libro IVA ventas se hallan registradas diecinueve (19) facturas, faltando las últimas tres (3) facturas incluidas a fs.104/104vta. del escrito de demanda, esto es, las que llevan los números: 25.056, 25.069 y 25.080 (ver el listado que el perito insertó en las respuestas a los puntos periciales de la actora, en este escrito de fecha 31/5/2022). Sin embargo, esta omisión fue subsanada por el experto en su posterior escrito de fecha 21/6/2022, donde, ante la observación de la parte actora, volvió a realizar un listado de las facturas -con indicación del tipo de cambio aplicado en cada caso al solo efecto impositivo-, que se compadece -en plenitud- con el inserto en la demanda. Así se tiene que en este nuevo listado consta la totalidad de las veintidós (22) facturas reclamadas en la demanda, a saber: n°8165, n°8166, n°11.232, n°14.971, n°15.613, n°15.713, n°16.045, n°18.179, n°18.302, n°18.323, n°18.336, n°18.436, n°18.607, n°18.967, n°19.115, n°22.768, n°25.005, n°25.017, n°25.031, n°25.056, n°25.069 y n°25.080.
Asimismo, al responder a los puntos periciales de la demandada, señaló el perito que “de lo informado en los puntos periciales de la parte actora, la documental aportada, libros diario e IVA Ventas, puede afirmarse que Nueva Tierra SH operaba comercialmente con la empresa Enrique M. Baya Casal”. Agregando seguidamente que “de la lectura de los libros IVA Ventas a los que tuve acceso se detecta su más antigua operación el 30/8/2011 y la última el 29/3/2012”; y precisando que: “El saldo informado por dicho libro auxiliar es de u$s 71.413,38”, lo que coincide con el monto reclamado por la actora en su demanda (ver pericia contable de fecha 31/5/2022). Asimismo, al responder las observaciones de la parte actora aclaró el experto que, si bien al solo efecto impositivo se expresaron las facturas en pesos, conforme al tipo de cambio indicado en cada caso, “también es cierto que cada factura indica el valor en moneda extranjera a la que debe considerarse efectuada la transacción, tal como surge de la documental obrante en autos y de la peritada por este Auxiliar de la Justicia, y de lo manifestado en este escrito de impugnación”.
Así se extrae como conclusión inequívoca de los libros de comercio de la parte actora, llevados en legal forma, que en los mismos se encuentran registradas las veintidós (22) facturas indicadas en la demanda, las que totalizan la suma de u$s 71.413,38, que es la reclamada en el presente proceso. Y esta conclusión se extrae -con absoluta nitidez- de la pericia contable practicada en autos, la que cuenta con el necesario fundamento científico y no ha sido objeto de impugnaciones u observaciones por la parte demandada, por lo que reviste pleno valor probatorio (arts.43, 44, 45, 53, 56, 63 y ccs. del Código de Comercio; arts.384 y 474 del C.P.C.C.). De esta manera, ya estoy adelantando opinión de que la demanda debe ser receptada en su integridad, por lo que deberá modificarse la sentencia apelada y condenarse a los demandados a pagar la suma reclamada de u$s 71.413,38, con más los respectivos intereses que se analizarán en la última parte de este voto.
IX. Por lo demás, las nítidas conclusiones que se desprenden de la pericia contable que realizó el perito contador, se encuentran complementadas por otros elementos que resultan de la causa y que también merecen ser destacados a los fines de una adecuada solución del litigio.
En primer lugar, debe recordarse que -tal como ya lo señalé- la codemandada Nueva Tierra SH fue declarada en rebeldía (fs.280/280vta.), siendo éste un dato procesal que viene a sumarse a todo lo antedicho en torno a la carencia de documentación contable de esta sociedad de hecho, y al categórico resultado de una prueba pericial contable realizada sobre los libros de la parte actora llevados con arreglo a derecho. En efecto, los elementos probatorios examinados en los puntos precedentes, resultan por demás suficientes para formar convicción sobre el progreso de la pretensión de la parte actora -tal como adelanté en el último párrafo del anterior apartado VIII-, por lo que la rebeldía de Nueva Tierra SH sólo viene a complementar ese plexo probatorio previamente conformado (ver el comentario al art.60 del Código Procesal, en la obra de Toribio Enrique Sosa, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires comentado, La Plata 2021, tomo I, págs.252 y 253).
Y además de la referida rebeldía de la sociedad de hecho, también deben computarse otras situaciones procesales que merecen ser destacadas. Así debe señalarse la falta de comparecencia al proceso del codemandado Pablo Artigue, que ejerció la función de administrador de la sociedad de hecho, y a quien el Contador García Sardon le entregó la documentación de esa empresa luego de cesar en su asesoramiento profesional en el año 2013 (ver informe allegado a la causa con fecha 7/3/2022). Y la circunstancia de no haberse acompañado esa documentación contable a las presentes actuaciones, se erige en otro dato de relevancia para juzgar la conducta procesal de la demandada, puesto que -como ya lo puse de relieve en el apartado VI- en la época en que tuvieron lugar las diversas operaciones celebradas entre las partes -30/8/2011 al 29/3/2012-, el Contador García Sardón tenía a su cargo la contabilidad de Nueva Terra SH; por lo que dichos registros contables pudieron haber sido de importancia a los fines del esclarecimiento de la cuestión litigiosa - máxime que la parte actora solicitó que el cuestionario pericial versara sobre los libros de ambas partes, como se aprecia a fs.108vta./109-.
Lamentablemente, esta documentación no fue agregada al proceso, y la pericia contable tuvo que realizarse -únicamente- sobre los libros de comercio de la sociedad accionante. Resulta aplicable aquí, en forma analógica, lo establecido en el tercer párrafo del inciso 5 del art.163 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, según el cual: “La conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones” (ver el comentario a esta norma en la obra de Morello-Sosa-Berizonce, Códigos Procesales, cuarta edición ampliada y actualizada, Bs. As. 2015, tomo III, págs.461 y 462).
Asimismo, también debe puntualizarse que el codemandado Federico Artigue se limitó a formular una cerrada negativa con relación a la pretensión de la parte actora, alegando que la administración de la sociedad de hecho la ejercía su hermano Pablo Artigue, con quien dijo encontrarse distanciado - aspectos fácticos que no han sido acreditados en modo alguno-. Al mismo tiempo, resulta llamativo que Federico Artigue no tuviera noticia alguna de la marcha de los negocios sociales, siendo que reconoció - expresamente- su carácter de socio de Nueva Tierra SH. Y también es llamativo que haya negado toda vinculación comercial con la sociedad accionante, siendo que en autos obra una profusa documentación - compulsada por el perito contador- que resulta demostrativa de numerosas operaciones comerciales concertadas entre las partes de este juicio. Por lo demás, la realización de diversos negocios entre las empresas involucradas en este proceso, también surge de la declaración del testigo Ernesto Marcenaro, quien tuvo una directa injerencia en tales operaciones en virtud de la tarea de contralor que, en esa época, cumplimentó en la sucursal de Bolívar. En lo que respecta a este dato fáctico, la declaración del testigo Marcenaro se muestra creíble, sin que se vea menoscabada por la relación laboral que lo vincula con la parte actora (arts.163 inc.5, 384 y 456 del C.P.C.C.).
X. Con los desarrollos precedentes he dejado sellada la solución que corresponde dar a la cuestión litigiosa, más debo volver sobre una temática que dejé planteada en el apartado V de este voto, donde señalé que el Juez de grado otorgó una marcada trascendencia a los remitos, como instrumentos acreditantes de la entrega de la mercadería vendida. Y también señalé en ese apartado, que las conclusiones de la sentencia apelada se han centrado, con exclusividad, en el análisis pormenorizado de los instrumentos allegados con la demanda -facturas, notas de pedido y remitos-; más, sin embargo, no se ha considerado la prueba resultante de los libros y registros contables, que resultan de especial importancia en esta clase de litigios y que han sido compulsados por el perito contador, cuyo dictamen presenta plena eficacia probatoria (arts.384, 457, 458, 473, 474 y ccs. del C.P.C.C.).
Y si bien ya he destacado el elevado valor probatorio que en esta clase de litigios presentan los libros de comercio, en este punto debo referirme a la exigencia de respaldo documental que emana de la última parte del art.43 del Código de Comercio, según la cual: “Las constancias contables deben complementarse con la documentación respectiva”. Pues bien, en torno a esta cuestión, la parte actora ha acompañado una profusa documentación con el escrito de demanda -facturas, notas de pedido y remitos-, que esgrime en respaldo de su pretensión, y el perito contador ha concluido en que las facturas emitidas por la accionante se encuentran registradas en sus libros de comercio que son llevados conforme a derecho (me remito a las conclusiones sentadas en el punto 7).
Entiendo que estas facturas deben considerarse como suficiente documentación respaldatoria de los asientos contables volcados en los libros de comercio de la parte actora, por lo que, en mi opinión, no corresponde dar trascendencia a los remitos que también se allegaron con la demanda. En efecto, las deficiencias que puedan aquejar a estos remitos no revisten entidad como para desmerecer el valor probatorio que ostentan los libros de comercio de la empresa accionante -respaldados por las pertinentes facturas-, que se encuentran llevados en legal forma y que han sido examinados en una pericia contable que posee pleno valor probatorio (arts.43, 44, 45, 53, 56, 63 y ccs. del Código de Comercio; arts.384, 457, 458, 473 y 474 del C.P.C.C.).
Acerca del respaldo documental de los asientos contables, se ha señalado que el mismo no debe exagerarse porque el valor probatorio está dado por los libros en sí mismos. Así se ha sostenido, “en abono de la postura que sustenta que la eficacia probatoria reside en los libros de comercio, llevados cumplimentando las exigencias del Código, que, en síntesis, acuerda valor autónomo a los libros de comercio, cabe argumentar que la exigencia inflexible del respaldo documental tornaría ociosa la prueba de libros, si además de acreditar que ellos han sido llevados en debida forma, se exigiera acompañar cada uno de los instrumentos que sustentan la registración (por ej.: facturas, remitos, notas de débito, etc.)” (conf. Rouillón-Alonso, ob. cit. págs.100 y 101, con cita de Wetzler Malbran, La prueba de libros y el requisito del respaldo documental, ED 152-561, especialmente pág.569; Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala I, en autos “Nihuil Motor SA c. San Javier, JA 1999-III-269; CNCom., Sala A, “Impulsora 2000 S.A”, Lexis n° 300012446). Asimismo, los autores citados traen a colación la opinión de Anaya, quien afirma que no debe exagerarse la imposición legal establecida en los arts.43 y 44 del Código de Comercio, sino que reclama una interpretación razonable acerca de la misma, que no exija el respaldo documental de cada asiento, sino un nexo general entre asientos y documentos (conf. Rouillón-Alonso, ob. cit. Código de Comercio comentado y anotado, tomo I, pág.101).
Por su parte, Cabanellas de las Cuevas puntualiza que la posición predominante en la doctrina contemporánea favorece una interpretación flexible de la exigencia de respaldo documental. Y así señala que Anaya y Podetti, seguidos en esta tesitura por Verón y Fernández y Gómez Leo, señalan: “Reformados los arts.43 y 44 del Cód. Com., la documentación está ahora legalmente impuesta como complemento de las constancias contables. Ello no obstante, esta imposición legal no debe exagerarse sino que reclama una interpretación razonable. La exigencia sistemática del respaldo documental de cada asiento, desnaturalizaría el principio adoptado por nuestro código respecto de la eficiencia probatoria de los libros entre comerciantes. Ni el art.43 ni el 63 requieren que cada uno de los asientos sea comprobado documentalmente; sostener lo contrario importa tanto como reemplazar la prueba de los libros por la prueba documental e instrumental. La complementación documental de las constancias contables debe entenderse como el nexo entre los asientos y los documentos existentes que justifiquen la naturaleza de las operaciones registradas” (conf. Cabanellas de las Cuevas, ob. cit., Derecho Societario, Parte General, Contabilidad y Documentación Societaria, págs.189 y 190; lo destacado es propio).
Esta tesis flexible es compartida por Quadri, quien puntualiza lo siguiente: “A nuestro juicio, debe reconocérseles valor a los libros, sin necesidad de estar exigiendo coetáneamente -y en todos los casos- el aporte de la documental corroborante. Pero si la contraria llegara a impugnar (fundadamente) el contenido de los asientos, bien podría actuarse lo conducente para traer al proceso aquella documentación (v.gr., documental en poder de la contraria) y si ésta no existiera -o no fuera aportada- creemos que implicaría una importante presunción desfavorable al dueño de los libros” (conf. ob. cit., tomo II, pág.836; lo resaltado en negrita es de mi autoría).
Las citadas reflexiones de Quadri resultan aplicables al caso que nos ocupa, ya que los asientos contables de la sociedad accionante - llevados en legal forma- no han sido objeto de ninguna impugnación fundada por parte de la demandada. En efecto, el codemandado Federico Artigue se ha limitado a formular una cerrada negativa con relación a la pretensión de la actora, desconociendo toda vinculación comercial y negando -genéricamente- haber recibido mercaderías, servicios o insumo alguno; a la par que alegó un total desconocimiento de los negocios de Nueva Tierra S.H., al expresar que la administración la tenía su hermano Pablo Artigue. En suma, no se está ante un supuesto en que se hubiera planteado alguna impugnación concreta y fundamentada acerca de la no recepción de mercaderías, o que se hubiera cuestionado -con precisiónalguno de los asientos de la contabilidad de la empresa vendedora. Nada de esto ha sucedido en el presente proceso, por lo que una postura defensiva de tanta vaguedad como la articulada por Federico Artigue, no puede generar una estricta exigencia de respaldo documental en cada uno de los asientos de la contabilidad de la sociedad accionante. En definitiva, tal como ya lo señalé, las deficiencias que puedan aquejar a los remitos no pueden desmerecer el valor probatorio de los libros de comercio de la parte actora, que se encuentran llevados en legal forma y han sido examinados en una pericia contable no impugnada por la demandada y con plena eficacia probatoria (citados arts.43, 44, 45, 53, 56, 63 y ccs. del Código de Comercio; arts. 384, 457, 458, 473 y 474 del C.P.C.C.).
XI. Con las motivaciones precedentes ha quedado definida la cuestión traída a juzgamiento, por lo que propicio la modificación de la sentencia apelada de fecha 27/3/2023, debiendo receptarse la demanda en su integridad y condenarse a los demandados a pagar la suma reclamada de u$s 71.413,38, con más los respectivos intereses que se analizarán en la última parte de este voto (ver último párrafo del apartado VIII). Y en virtud de que ya se ha dado suficiente respuesta a los aspectos principales de los recursos de ambos contendientes, sólo resta abordar algunas críticas puntuales de la parte demandada, tarea que habré de acometer en el presente apartado. Por lo demás, es sabido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquellas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (C.S.J.N., Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 294:466; esta Sala, causa n°68536, ”Pavone”, sentencia del 11/8/2022, entre muchas otras).
El codemandado Federico Artigue cuestiona que en la sentencia apelada se haya considerado que su parte no cuenta con libros contables, insistiendo sobre su planteo de prescripción de la obligación de llevar libros y documentación contable, el cual -como dije- ha quedado alcanzado por los efectos de la preclusión (ver apartado VI de este voto). Asimismo, realiza un denodado esfuerzo argumental tendiente a resaltar las deficiencias que aquejarían a la documentación contable de la parte actora, insiste con la temática referida a la firma de los remitos y abunda en consideraciones sobre la persona de Roberto Maitia, con quien desconoce toda vinculación. Más, sin embargo, el apelante no se hace cargo de la categórica prueba resultante de los libros de comercio de la sociedad accionante -únicos aportados al proceso-, que han sido llevados en legal forma y fueron examinados en una pericia contable dotada de pleno valor probatorio.
Asimismo, el codemandado hace referencia al pronunciamiento de este Tribunal de fecha 22/3/2016, dictado en el expediente de medidas cautelares (causa n° 60.765, en la numeración de esta alzada), donde se dejó sin efecto la medida cautelar de embargo ordenada en la instancia de origen. Pero pierde de vista el recurrente que esta resolución fue dictada en un temprano estadio de las actuaciones, cuando sólo se contaba con la documentación allegada con los escritos iniciales del proceso, sin que aún se hubiera producido la prueba dirimente del presente juicio, cual fue la pericia contable que se expidió sobre los libros y registros de la parte actora y que, como lo expresé reiteradamente, cuenta con el debido fundamento científico y no ha merecido ninguna impugnación de la demandada (arts.384 y 474 del C.P.C.C.).
Precisamente, en la referida sentencia de este Tribunal en la causa n° 60.765 -sobre medidas cautelares- , se aclaró que todos los extremos fácticos aparecían dudosos en aquella temprana instancia procesal, habiéndose señalado que los mismos “deberán ser oportunamente dilucidados en el cobro sumario iniciado por el peticionante, y, por su entidad, conspiran contra la verificación de un derecho verosímil en cabeza del requirente de la medida cautelar trabada (arts.295, 209, y ccds. CPCC)”. Así puede afirmarse que carece de todo asidero la alusión del demandado -en su escrito de expresión de agravios- a aquella resolución de esta alzada, pues la misma fue dictada en un marco procesal completamente distinto, cuando aún no había sido producida la prueba pericial contable que, como lo señalé, ha resultado trascendente para la resolución del presente litigio.
XII. Sólo resta expedirse sobre el último agravio de la parte actora referido a la tasa de interés que corresponde aplicar en el caso que nos ocupa. En efecto, en la sentencia apelada, más allá de un error material que se deslizó en la parte dispositiva -donde por error se colocó la expresión “activa”-, no quedan dudas de que el Juez de la anterior instancia dispuso la aplicación de la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones en moneda extranjera. En efecto, en el considerando de la sentencia dedicado a los intereses, sostuvo el magistrado -con absoluta claridad-: “En cuanto a la tasa de interés y su dies a quo, el Suscripto considera prudente que los intereses moratorios sean liquidados desde el vencimiento del plazo otorgado en cada una de las facturas a la tasa pasiva que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones en moneda extranjera (arts.622, 623, 1197 y 1198 del Código Civil; art.474 y concds. del Código de Comercio)” (ver segundo párrafo del apartado IV de la sentencia apelada).
Ahora bien, la parte actora se agravia de esta parcela del decisorio porque no se conforma con la aludida tasa pasiva de interés, sino que requiere la aplicación de los intereses pactados en las respectivas facturas. Así expresa que las citas que expone el Juez de grado están referidas a “supuestos donde no existía pactada tasa de interés, por lo que correspondía su fijación judicial (art.622, Código Civil)”; y alega que “en las facturas objeto de reclamo y demás documentación comercial labrada, existen intereses expresamente pactados y consentidos…Así, del texto de las facturas surge expresamente dispuesto ‘…Para los pagos posteriores al vto. regirá un interés del subtotal…4% mensual desde el vto. hasta el día de su efectivo pago…’ ”. En virtud de ello culminó expresando que “en base a las propias normas citadas en la sentencia que se impugna, solicito se impongan los intereses previstos y expresamente pactados en las facturas reclamadas (arts.1137, 1197, 622 y ccdtes. Cód. Civ. y art.474 Cód. Com., ello siempre y cuando, claro está, sean mayores a la tasa de interés impuesta en dicha resolución” (lo destacado es propio).
Entiendo que el agravio en análisis es improcedente, ya que no pueden admitirse los intereses indicados en las facturas en dólares estadounidenses emitidas por la parte actora (4% mensual sobre los montos expresados en esa moneda extranjera), puesto que, mediante su aplicación, se arribaría a resultados exorbitantes y alejados de la realidad económica, que generarían un enriquecimiento incausado de la parte acreedora. Acerca de la tasa de interés aplicable, se ha sostenido que “doctrina y jurisprudencia admiten unánimemente que el pacto que estipula intereses exorbitantes es nulo. Coinciden en esta conclusión tanto quienes encuadran la cuestión en torno a los arts.502 y 903 del Cód. Civil cuanto aquellos que la emplazan en el art.954 del mismo Código. La nulidad, empero, no es total, pues no aniquila el pacto de intereses ni el derecho del acreedor a percibirlos, sino meramente parcial. Importa, de tal modo, la nulidad de los intereses en cuanto tienen de exorbitante, quedando facultado el tribunal a reducirlos equitativamente en función de las circunstancias del caso y de su función económica (Llambías)” (conf. Pizarro- Vallespinos, Instituciones de Derecho Privado, Obligaciones, Bs. As. 1999, tomo 1, págs.428 y 429).
En esta línea de pensamiento ha sostenido -reiteradamente- este Tribunal, que, en principio, deben aplicarse los intereses “que hubieran pactado las partes, pues es ésa la ‘ley’ a la que los contratantes quisieron someter sus conductas (art.1197 del C.C.). A pesar de ello, y con fundamento en las reglas moralizadoras contenidas en los arts.953 y 1071 del Código Civil, el Tribunal ha morigerado los intereses cuando los pactados pudieran exceder “el límite de la ganancia lícita para convertirse en un enriquecimiento injusto” (esta Sala, causas n° 56.986 del 4/10/12 “Consumo SA c/Echeverría”; 48.348 del 05-5-05, “Seguro de Depósito S.A…”; n° 49.681 del 30-05-06, “Mele…”; n° 54.746 del 18-8-10, “Carbonazzo Hogar S.A.”; n° 55.899 del 27-10-11, “Banco de la Prov. de Bs. Aires c/. Burgos Roberto Duilio y otros s/. Cobro Ejecutivo”; n° 55.992 del 08-3-12, “Don Nicolás S.A. Agropecuaria y Com…”; n° 65.594, “Bazar Avenida c/San Martín Julieta Belen s/Cobro Ejecutivo” del 6-8-2020; n° 69.351, “Promaq S.A.” del 16/2/2023, entre otros).
En consecuencia, propicio el rechazo del presente agravio de la parte actora, debiendo confirmarse la sentencia apelada que estableció los intereses, desde el vencimiento del plazo otorgado en cada una de las facturas, a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones en moneda extranjera.
XIII. En cuanto a las costas de primera instancia cabe señalar que, en la sentencia apelada, las mismas se impusieron a los accionados en su calidad de vencidos, lo que debe ser confirmado, al no haberse planteado ninguna circunstancia que amerite su adecuación en esta alzada; más aún, la parte actora ha resultado sustancialmente gananciosa, al haber obtenido el acogimiento pleno del monto de capital reclamado en la demanda. Y en lo que respecta a las costas de alzada, las mismas deben imponerse en un ochenta por ciento (80%) a los demandados, y en el restante veinte por ciento (20%) a la parte actora, en atención al resultado obtenido en esta instancia recursiva (arts.68 y 274 del Código Procesal). Por su
XIV. En virtud de todo lo expuesto, propicio al acuerdo adoptar la siguiente resolución: 1) Modificar la sentencia apelada de fecha 27/3/2023, haciendo lugar a la demanda en su integridad y condenando a los demandados a pagar a la actora la suma reclamada de u$s 71.413,38, con más los intereses establecidos en la instancia de origen; 2) Confirmar la sentencia apelada en cuanto estableció los intereses desde el vencimiento del plazo otorgado en cada una de las facturas, a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones en moneda extranjera; 3) Confirmar la sentencia apelada en cuanto impuso las costas de primera instancia a los accionados en su calidad de vencidos (arts.68 y 274 del Cód. Proc.); 4) Imponer las costas de segunda instancia en un ochenta por ciento (80%) a los demandados y en el restante veinte por ciento (20%) a la parte actora, en atención al resultado obtenido en esta instancia recursiva (art.68 del Cód. Proc.); 5) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 dec. ley 8.904/77 y ley 14.967). Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
demandados a pagar a la actora la suma reclamada de u$s 71.413,38, con más los intereses establecidos en la instancia de origen; 2) Confirmar la sentencia apelada en cuanto estableció los intereses desde el vencimiento del plazo otorgado en cada una de las facturas, a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones en moneda extranjera; 3) Confirmar la sentencia apelada en cuanto impuso las costas de primera instancia a los accionados en su calidad de vencidos (arts.68 y 274 del Cód. Proc.); 4) Imponer las costas de segunda instancia en un ochenta por ciento (80%) a los demandados y en el restante veinte por ciento (20%) a la parte actora, en atención al resultado obtenido en esta instancia recursiva (art.68 del Cód. Proc.); 5) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 dec. ley 8.904/77 y ley 14.967). Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, 10 de Julio de 2024.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Modificar la sentencia apelada de fecha 27/3/2023, haciendo lugar a la demanda en su integridad y condenando a los demandados a pagar a la actora la suma reclamada de u$s 71.413,38, con más los intereses establecidos en la instancia de origen; 2) Confirmar la sentencia apelada en cuanto estableció los intereses desde el vencimiento del plazo otorgado en cada una de las facturas, a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones en moneda extranjera; 3) Confirmar la sentencia apelada en cuanto impuso las costas de primera instancia a los accionados en su calidad de vencidos (arts.68 y 274 del Cód. Proc.); 4) Imponer las costas de segunda instancia en un ochenta por ciento (80%) a los demandados y en el restante veinte por ciento (20%) a la parte actora, en atención al resultado obtenido en esta instancia recursiva (art.68 del Cód. Proc.); 5) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 dec. ley 8.904/77 y ley 14.967). Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia