Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Regular los honorarios profesionales del Dr. Alvaro Tomás Molina, en la suma de pesos setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco con treinta centavos ($ 72.455,30).
2Regular los honorarios profesionales del Dr. Guillermo Felipe Clark, en la suma de pesos ciento treinta y un mil quinientos seis con treinta y seis centavos ($ 131.506,36).
SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: Cuarenta
San Fernando del Valle de Catamarca, 12 de mayo de 2022.
Estos autos Corte Nº 074/2017 "ENRIQUE SORIANO S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA s/ Acción Contencioso Administrativa", traídos a despacho a fin de resolver sobre la petición de regulación de honorarios, y
1. Que a fs. 200 de estos autos, comparece el Dr. Guillermo F. Clark, y solicita se regulen los honorarios profesionales de la parte actora por las actuaciones cumplidas en la presente causa
Examinados los antecedentes de autos resulta que, a fs. 57/69 y vta y 81 y vta. comparece el Dr. Alvaro Tomas Molina como apoderado de la empresa Enrique Soriano S.A. y promueve Acción Contenciosa Administrativa en contra de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.
A fs. 92 el Dr. Guillermo F. Clark solicita participación como apoderado de la actora.
Corrido traslado de ley, a fs. 100/105 y vta., comparece la parte demandada a través de apoderados y contesta demanda.
Abierta la causa a prueba, la actora produjo prueba documental, instrumental e informativa proveída a fs. 111 y 119.
A fs. 138/140 y vta. obra alegato de la parte actora.
La causa es resuelta en Sentencia Definitiva Nº 3 de fecha 03/02/2022 que ordenó: “1) Hacer lugar a la Acción Contencioso Administrativa interpuesta por Enrique Soriano S.A. en contra de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca y en consecuencia, declarar la nulidad de la Resolución Nº 342/17, dictada por la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca y por consiguiente todas las resoluciones anteriores. 2) Imponer las costas a la parte demandada vencida".
2. Que resulta de aplicación la Ley N° 5724 -Decreto N° 2678- (BO N° 01 de fecha 04/01/22) que actualiza y fija las pautas de regulación de los honorarios de abogados y procuradores de la Provincia de Catamarca. En la misma, se consagra expresamente que los honorarios profesionales revisten carácter alimentario (art. 3°), que es una ley de orden público (arts. 1°, 17°), instituye el JUS como unidad de honorario p rofesional de abogados/as y procuradores/as (art. 22°), estableciendo una nueva base de cálculo, en relación a lo dispuesto por la Acordada N° 4183/2011 modif. Acordada N°4547/2021 y establece honorarios mínimos arancelarios (arts. 23° y conc.), entre sus modificaciones al régimen anterior (Ley Nº 3956/1983).
En lo que respecta al auto regulatorio y en particular a la facultad jurisdiccional que ejerce esta Corte de Justicia, se destaca lo dispuesto en el art. 17° in fine: “En ningún caso podrán los/as jueces/zas apartarse de los mínimos establecidos en la presente Ley, los cuales revisten carácter de orden público.”; el art. 48 establece: “La interposición de acciones y peticiones de naturaleza administrativa seguirán las siguientes reglas: a) Demanda contencioso administrativas: se aplicarán los principios establecidos en los Artículos 25 y 27 de la presente, si la cuestión es susceptible de apreciación pecuniaria se aplicará la escala del primero de ellos; (…) En los casos en que los asuntos no sean susceptibles de apreciación pecuniaria, la regulación no será inferior a 20 o 7 JUS, según se trate del ejercicio de acciones contencioso administrativas o simples actuaciones administrativas, respectivamente. ” y el art. 25 in fine establece: “(…) En todos los casos, si no existiera susceptibilidad de apreciación pecuniaria, para la regulación de honorarios se aplicarán las pautas de valoración del Artículo 17.
No se soslaya que la ley en cita, importa un merecido reconocimiento a la dignidad de la labor que despliegan los profesionales del derecho. Más debe dejarse a salvo, en cuanto a la obligatoriedad impuesta en Corte Nº074/2017
relación a los mínimos arancelarios, que el deber jurisdiccional que inviste a los jueces y juezas impone el examen de razonabilidad de la norma. No puede prescindirse, sin más de las circunstancias del caso, de la extensión y complejidad de la labor desarrollada, aplicando de forma mecánica los mínimos legales, dado que en determinados supuestos, puede resultar una regulación de honorarios desproporcionada o irrazonable, en violación a la norma fundamental.
En tal inteligencia, conforme las pautas de mérito, en el caso bajo análisis, se han cumplido todas las etapas del proceso –Dr. Molina, 1º etapa, Dr. Clark, 2º -diligenció 3 oficios- y 3º etapa-, se constata que los profesionales han desarrollado su labor con calidad jurídica y ha concluido con resultado favorable a la pretensión de su mandante.
Que conforme lo expuesto, y siendo la presente causa, no susceptible de apreciación pecuniaria, corresponde regular los honorarios de los apoderados de la parte actora ganadora: Dres. Alvaro Tomás Molina, por su intervención en la 1º etapa del proceso en 10 JUS y del Dr. Guillermo F. Clark, por los trabajos realizados en la 2º y 3º etapa del proceso en 15 JUS con más el 21% (fs. 198) en atención a los arts. 16, 17 y 48 de la Ley 5724 (valor del JUS $ 7.245,53).- - -
Por todo ello,
LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA
1. Regular los honorarios profesionales del Dr. Alvaro Tomás Molina, en la suma de pesos setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco con treinta centavos ($ 72.455,30).
2. Regular los honorarios profesionales del Dr. Guillermo Felipe Clark, en la suma de pesos ciento treinta y un mil quinientos seis con treinta y seis centavos ($ 131.506,36).
3. Protocolícese, notifíquese a las partes, al Colegio de Abogados y a la Dirección General de Rentas.
Fdo.: Dres. Carlos Miguel Figueroa Vicario (Presidente), Vilma Juana Molina(Ministro), José Ricardo Cáceres (Ministro), Fabiana Edith Gómez (Ministra), Luis Raúl Cippitelli (Ministro), Dr. Pablo Rosales Andreotti (Ministro Subrogante) y Maria Guadalupe Perez Llano (Ministro Subrogante). Ante mi: Dra. Maria Margarita Ryser (Secretaria - Corte de Justicia).- - -
Fin de la sentencia