Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2022-00396830-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la incompetencia de este Tribunal Fiscal de la Nación para entender en la apelación deducida por la actora contra la providencia de fecha 08/12/2021 dictada por el Administrador de la Aduana de Goya, en la Actuación SIGEA 19364-22-2020/4, con costas.
2Encuadrar la presentación efectuada por la firma Enrique R. Zeni ante el servicio aduanero titulada "Solicita vista. Recibe pago bajo protesto", como así también el recurso interpuesto mediante RE-2022-00396025-APN-SGASAD#TFN, en incidente liquidatorio.
3Remitir los presentes autos a la DGA, a fin de dar curso al trámite del incidente respectivo en la Actuación SIGEA 19364-22-2020/4.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-146364121-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 7 de Diciembre de 2023 SGASAD#TFN TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Reunidos los Vocales de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria, Christian M. González Palazzo (subrogante de la Vocalía de la 14ª nominación) y Héctor Hugo Juárez, con la presidencia del Vocal nombrado en último término, para sentenciar en los autos caratulados “ENRIQUE ZENI Y COMPAÑÍA S.A.C.I.A.F.E.I. c/ DGA s/ RECURSO DE APELACION ”, EX-2022-00396830--APN-SGASAD#TFN El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Recurso de apelación de la actora: El 03.01.22 la firma ENRIQUE ZENI Y COMPAÑÍA S.A.C.I.A.F.E.I interpone recurso de apelación contra la Resolución “PROVEÍDO DE FECHA 08 de diciembre de 2021”, recaída en las actuaciones SIGEA 19364-22-2020/4, 13289-17176-2018/1 y 13289-17176-2018/2, dictadas por el Administrador de la Aduana de Goya. Mediante la mencionada resolución la Aduana rechazo “in limine” la presentación efectuada por la actora, por entender que la Resolución 10/2021 (AD GOYA) de fecha 23.08.21 se encontraba firme y consentida, habiendo transcurrido el plazo de 15 días previsto para la presentación del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. Mediante la Resolución 10/2021 (AD GOYA) la Aduana había resuelto hacer lugar a la devolución de importes erróneamente pagados por la Actora en concepto de tributos, con más los intereses previstos del art. 811 del Código Aduanero (“CA”), aplicables desde la fecha del reclamo de repetición, el 17.02.20.
Se queja la actora de que, al proceder a liquidar la devolución de los tributos, el servicio aduanero se apartó de los términos de la resolución que había adoptado y acreditó un importe considerablemente menor, lo que motivó una presentación de su parte, que fue rechazada in limine por la Aduana mediante el proveído del 08.12.21, considerando que se trataba de un recurso extemporáneo contra la Resolución 10/2021 (AD GOYA). Al relatar los hechos la actora expresa que la firma se encuentra alcanzada por los beneficios de la ley 25.080, que estableció un régimen de promoción de inversiones para emprendimientos forestales y ampliaciones de los bosques existentes, gozando de estabilidad fiscal por 30 años.
Señala que dicha estabilidad implica que no podrá ver incrementada su carga tributaria total, determinada al momento de la presentación, por lo cual estaría eximida de tributar derechos de exportación. Se agravia de que la Aduana interpretó arbitraria y erróneamente sus planteos para rechazar “in limine” bajo el pretexto de que se estaría ante una cosa juzgada porque la resolución que concedió la devolución no fue cuestionada oportunamente. Manifiesta la actora que lo que se cuestionó fue la liquidación practicada por la aduana (no la Resolución 10/2021 (AD GOYA)) de la cual jamás se le corrió traslado. Manifiesta que debido a la actitud de la Aduana no tiene otro recurso que plantear la presente apelación.
Expresa que la resolución que hizo lugar a la repetición estableció específicamente hacer lugar a la devolución de U$S 2.214,78 (Dólares Dos Mil Doscientos Catorce con 78/100) en concepto de derechos de exportación erróneamente impuestos sobre el PE 18025EC03000466N y que, al devolverlos, se habría procedido a realizar un cálculo erróneo, o bien a aplicar una normativa incorrecta, la cual deriva en una nueva afectación a la estabilidad fiscal. Manifiesta que la conversión a pesos solo puede ser realizada a la cotización del cierre del día anterior al del pago de la moneda “dólar estadounidense”. Por último, refiere que respecto al PE 18025EC03000466N recibió la suma de $ 132.4553,55, que ni siquiera cubre el capital, atento a que debieron acreditarse U$S 2.214,78 convertidos a pesos conforme la formula antes señalada, lo que hace evidente que resta reingresar un aproximado al 50% del capital y sus intereses.
Ofrece prueba y hace reserva de caso federal.
II. Contestación del traslado: Corrido el traslado, la Aduana lo contesta mediante el IF-2022-37563528-APN- DTD#JGM. Luego de efectuar la negativa de rigor y realizar un recuento de las actuaciones, opone excepción de improcedencia formal del recurso e incompetencia del tribunal, manifestando que la providencia apelada no resulta ser una resolución definitiva y no se encuadra dentro del art. 1025 del CA. Refiere a la normativa que regula el procedimiento de repetición en materia aduanera, invocando los arts. 1068 al 1079 y 809 al 819 del CA, la Resolución General (AFIP) 2365/2007 y la Disposición (AFIP) 250/2016, para concluir que en las presentes actuaciones no corresponde la vía recursiva del artículo 1132 apartado 1 inciso a) del CA. En subsidio contesta el traslado, desconoce los montos reclamados por la contraria y destaca que el tipo de cambio fue aplicado al momento de depositar las sumas cuya devolución se ordenó se ajusta a derecho, por cuanto concuerda con lo resuelto por la Corte Suprema en la causa “CENCOSUD S.A.”. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas y hace reserva de caso federal.
III. Proceso en el Tribunal Fiscal: Mediante la PV-2022-68793139-APN-VOCXIII#TFN se dio traslado a la actora de la excepción opuesta, siendo contestado mediante el IF-2022-79422708-APN-DTD#JGM. La providencia PV-2023- 36399058-APN-VOCXIII#TFN del 03.04.23 dispuso que las excepciones opuestas por la Aduana se resolverían con el fondo y se declaró la causa de puro derecho. En el mismo acto, previo a resolver, se dio vista a las partes de lo actuado y del expediente administrativo para que manifiesten lo que consideren oportuno. El 12.0423 se presentó la Aduana (IF- 2023-39925937-APN-DTD#JGM) y señaló que dos de las tres salas del tribunal -la “F” y la “G”- han resuelto casos análogos haciendo lugar a su defensa. Menciona el fallo del 02.06.22 de la Sala “G” ENRIQUE ZENI Y COMPAÑÍA S.A.C.I.A.F.E.I. c/ DGA s/ RECURSO DE APELACION (EX-2022-00407255-APN-SGASAD#TFN) citando su parte resolutiva y señalando que se encuentra firme. Menciona luego los precedentes de la Sala “F”, del 06.10.22 y del 18.11.22 en las causas caratuladas “ENRIQUE ZENI Y COMPAÑÍA S.A.C.I.A.F.E.I.” (EX-2022-00394017-APN-SGASAD#TFN y EX- 2022-00405009 -APN-SGASAD#TFN) indicando que en ellos se resolvió declarar la incompetencia del Tribunal Fiscal para entender en la apelación contra la providencia del 08.12.21 del Administrador de la Aduana de Goya. Como consecuencia de lo anterior solicita a la Sala se confirme lo actuado en sede administrativa. El 21.04.23, mediante la PV- 2023-44740476-APN-VOCXIII#TFN se elevan los autos a la Sala “E” y el 06.12.23 se llaman los autos a sentencia.
IV. Procedimiento ante la Dirección General de Aduanas: Que las actuaciones administrativas 19364-22-2020/4 se inician con el pedido de repetición respecto del PE 18025EC03000466N por la suma equivalente a U$S 2.214,78 con aplicación del tipo de cambio vendedor del BNA vigente al día anterior al del reintegro efectivo, con más los intereses legales. A fs. 12/28 se agregan copias de la destinación con su respectiva documentación. A fs. 29 obra impresión de pantalla de las Liquidaciones Manuales 18025LMAN0043T. A fs. 30 se agrega la nota 12/2021 de la oficina de sumarios por la cual se solicita la producción de un informe técnico. A fs. 31 obra el Informe 5/21 de la Sección Asistencia Técnica por el cual se indica que la actora continúa siendo beneficiaria del Régimen de Estabilidad Fiscal establecido por la ley 25.082 y que los derechos de exportación cobrados se corresponden con lo establecido por el DNU 793/2018.
A fs. 32 se agrega impresión de pantalla de “Afectación de depósitos en Scta. María”; a fs. 33 obra la impresión de pantalla de consulta de liquidación del Sistema Informático Malvina (“SIM”) y, a fs. 34, impresión de pantalla de consulta síntesis de declaración del SIM. A fs. 35 se ordena el pase de las actuaciones al Dr. Walter Eduardo Starchevich para su conocimiento e intervención. A fs. 36 se tiene por iniciado el procedimiento de repetición, en fecha 02.08.21, por la suma de U$S 2.214,78, lo que se notifica a fojas 37/40. A fs. 44 obra el dictamen 12/21 (AD GOYA) por el cual el Servicio Jurídico entiende que no correspondía aplicar el cobro establecido en el DNU 793/2018, debiendo en consecuencia hacer lugar a la requirente y proceder a la devolución del monto reclamado con sus intereses.
Obra luego la RESOL-2021-10-E- AFIP-ADGOYA#SDGOAI, de fecha 23.08.21, por la cual se resuelve hacer lugar a la devolución de U$S 2.214,78, los cuales deberán ser convertidos a pesos, con más los intereses previstos en el art. 811 del CA, aplicables a partir de la fecha de recepción de la presentación: 17.02.20. A fs. 46/48 se agregan las notificaciones de dicha resolución. A fs. 49 se agrega el formulario 7458 Devolución de Tributos, en el cual se indica un importe neto a reintegrar en pesos de 88.281,13. A fs. 51 se remite el Formulario 7458 de fecha 12.08.21 y la Resolución 10/2021 (AD GOYA), para que se proceda a su liquidación con más los intereses previstos. Allí se indica que la suma de U$S 2.214,74, convertida a pesos a la fecha de oficialización, asciende a la suma de $ 88.281,13.
A fs. 52 obra remisión a Sección Devoluciones al Contribuyente. A fs. 54 se expide la oficina de sumarios de la Aduana de Goya, en donde nuevamente se indica que, respecto al tipo de cambio aplicable para la conversión de la moneda extranjera, será el vigente a la fecha del registro de la solicitud de destinación de exportación para consumo, que es la fecha de oficialización. A fs. 56 obra un nuevo formulario 7458 “Datos de Devolución” en donde se determina un importe neto a reintegrar en pesos de 88.281,13. A fs. 57 obran los movimientos de la devolución. A fs. 60 se agrega el escrito presentado por la firma actora, titulado “Solicita vista. Recibe pago bajo protesto”, en el cual se manifiesta que los importes aparentemente reintegrados comportan una suma considerablemente inferior a la efectivamente pagada por error.
A fs. 61 obra el proveído de fecha 08.12.21 por el que se rechaza “in limine” la presentación efectuada en el entendimiento de que ya se había dictado la Resolución 10/2021. A fs. 62 obra cédula de notificación del proveído. A fs. 65/69 se adjuntan –para mejor proveer- el Dictamen Firma Conjunta IF-2022-00427581-AFIP-DEALEI#SDGASJ, de fecha 22.03.22; y correo electrónico oficial de División Egresos Tributarios – Sección Cancelación de Devoluciones remitiendo comprobante de confirmación del pago de las transferencias efectuadas y contabilizadas el 29.10.21. A fs. 70/74 se adjuntan –para mejor proveer- el Dictamen Firma Conjunta IF-2022-0098059-AFIP-DVDRTA#SDGASJ, de fecha 20.01.22; y Dictamen Firma Conjunta IF-2022-
00426021-AFIP-DEALEI#SDGASJ, de fecha 22.03.22. Por último, a fs. 75 obra la providencia 13/22 (AD GOYA), de fecha 08.04.22, la cual se notifica a fs.76/78.
V. Tratamiento de las excepciones opuestas por la Aduana. Competencia del tribunal: Corresponde, en primer lugar, determinar si este tribunal resulta competente para entender en la causa.
Conforme se desprende del relato que precede, mediante el Proveído del 08.12.21 (en adelante el “Proveído”) la Aduana rechazó “in limine” la presentación de la actora, por considerar que en las actuaciones administrativas se había dictado la Resolución 10/2021 (AD GOYA) la cual, a la fecha de la presentación que el Proveído resolvió, se encontraba firme y consentida. Dicho Proveído es el acto administrativo que la actora apela en estos autos; la actora fundamenta su apelación en que mediante el Proveído la Aduana confirma una liquidación errónea del tributo cuya devolución ordenó, previamente, mediante la Resolución 10/2021 (AD GOYA). Es decir que, para la actora, el Proveído se aparta de la resolución primigenia -la 10/2021- en tanto valida que la Aduana depositó un importe menor al que -según la actoraresulta de la Resolución 10/2021 (AD GOYA).
La Resolución 10/2021 (AD GOYA) ordenó, estrictamente y en lo que aquí interesa, hacer lugar a la devolución de la suma de U$S 2.214,78, los cuales debían ser convertidos a pesos, con más los intereses previstos en el art. 811 del CA. Tal suma es, de modo exacto, la que había sido objeto de la repetición originaria por la actora quién, en tal sentido, consideró que había tenido éxito en sede administrativa, por lo que no apeló dicha resolución y la consintió, en los términos en que fue dictada.
La cuestión relativa a las pautas que la Aduana usaría para liquidar la suma en dólares cuya devolución ordenó la Resolución 10/2021 (AD GOYA) no fueron objeto de tratamiento en esa resolución. Con posterioridad la Aduana estableció la forma en la cual debía liquidarse (véase fs. 49; 51; 54 y 56 de las act. adm.). Por ende, los actos de liquidación de la Aduana complementaron y afectaron el alcance de la Resolución 10/2021 (AD GOYA) al efectivizarse la devolución y depositarse a la actora. Corresponde en ese sentido destacar, conforme surge de las actuaciones, que los actos de liquidación no fueron notificados a la actora, que tomó conocimiento de ellos o, mejor, de su resultado al recibir el depósito en pesos de la Aduana. Fue en ese momento, contra la recepción del depósito, que la actora cuestionó la devolución efectuada mediante el escrito titulado “Solicita vista. Recibe pago bajo protesto” (fs. 60 de las act. adm.). Del examen de los actos por los que la Aduana liquidó las sumas en dólares que debía devolver se colige que aplicó la jurisprudencia de la Corte en el precedente “CENCOSUD S.A. (TF 29.535-A c/ DGA)” del 15.05.14. Liquidar las sumas objeto de repetición, con base en dicho precedente implicó, a criterio de la actora, una denegatoria parcial de la devolución que creía -de buena fe- ya acordada -Resolución 10/2021 (AD GOYA)- en la cuantía en dólares que expresaba y sin otro aditamento. Nuevamente: la referida resolución (primigenia, previa a la liquidación) dispuso la devolución a la actora del preciso monto en dólares que ella repitió.
Conforme lo expuesto y dada la falta de notificación a la actora de los actos de liquidación que, a su criterio, implicaron una denegatoria parcial de la repetición (a posteriori de la Resolución que la admitió) debe considerarse que el Proveído apelado equivale a la resolución definitiva del procedimiento de repetición, encontrándose regida por el art. 1132 punto 1 inc. a) CA en cuanto a su impugnación mediante el recurso de apelación ante este tribunal.
Asimismo, siendo el Proveído el modo en que la Aduana, implícitamente, notificó formalmente al contribuyente la aplicación del precedente “CENCOSUD” para liquidar y pagar el monto en dólares de la Resolución 10/2021 (AD GOYA) surge evidente que dicho Proveído produce al contribuyente, desde su óptica, un daño irreparable. La Aduana no va a apartarse, ni podría hacerlo, del precedente “CENCOSUD”. Solamente un tribunal independiente, de los creados por el Congreso (art. 75 inc. 20 de la Constitución) puede dirimir tal diferencia entre la Aduana y el contribuyente, siendo correcta la opción que este último usó de apelar el Proveído ante estos estrados, bajo la previsión del inc. a) del art. 1132 del CA. El Proveído apelado constituye, jurídicamente, la resolución definitiva del proceso de repetición, complementando a la Resolución 10/2021 (AD GOYA).
Y es que, debe destacarse, la diferencia jurídica entre la Aduana y la actora por la aplicación del precedente “CENCOSUD” no constituye una meramente liquidatoria, sino que, en los términos literales del primer párrafo del art. 20 de la ley 23.905, implica una cuestión sobre el alcance de la determinación en dólares del tributo repetido. Salvo que se niegue la letra del art. 20 primer párrafo de la ley 23.905 no puede sostenerse que la cuestión traída a resolución de este tribunal es liquidatoria y no determinativa del tributo cuya devolución la Aduana ordenó en la Resolución 10/2021 (AD GOYA). En tal sentido, devolver las actuaciones a la Aduana sosteniendo que se trata de una cuestión liquidatoria -no de determinación de la materia tributaria- implica, además de obviar la letra del art. 20 primer párrafo de la ley 23.905, derivar el agravio de justicia de la actora -constitucional y convencional- a una vía muerta pues la Aduana, como se dijo, no va a apartarse, ni podría hacerlo, del precedente “CENCOSUD”.
Por último, debe señalarse que compete al Tribunal Fiscal una revisión sustancial, no meramente formal, de los actos de la Aduana. Este tribunal no puede convertirse (su esencia se lo prohíbe) en un simple replicador o repetidor de los actos del organismo aduanero; si este tribunal fuera tal cosa no valdría la pena su existencia. Su función consiste en emitir pronunciamientos fundados que revisen -no que reproduzcan- aquellas arbitrariedades que, quizás, podrían ser toleradas a la administración dada su función recaudatoria. La confusión entre los conceptos jurídicos y legales de determinación tributaria y liquidación no resulta admisible en los estrados de un tribunal de naturaleza tecnica como éste. Adicionalmente, no resulta jurídicamente admisible, para un tribunal de justicia, atenerse ciegamente a la forma externa del Proveído apelado. No puede afirmarse, por cierto, que la Resolución 10/2021 (AD GOYA) había sido consentida por la actora y pasado en autoridad de cosa juzgada respecto a un contenido que, recién a posteriori de su dictado, le confirió la Aduana, al momento de liquidar y depositar las sumas que había ordenado devolver. Tal actuación, por demás, fue rechazada por el contribuyente desde el primer momento en que tuvo conocimiento de ella: con el depósito. Resulta obvio que la firmeza de la Resolución 10/2021 (AD GOYA) predica exclusivamente sobre lo que formalmente consigna, al punto que el contribuyente no podía apelar una resolución que le había acordado plenamente lo que peticionó. Ulteriormente -con la liquidación interna y el depósito- se reveló el alcance que para la Aduana tenía la Resolución 10/2021 (AD GOYA), divergente con el alcance que el contribuyente, frente a su letra estricta, no tuvo otra opción que consentir. Es por ello que, recién con el Proveído aquí apelado la voluntad auténtica de la administración se manifestó, notificándose formalmente de ella la actora. Se clarificó recién ahí la voluntad imperturbable del organismo fiscal de aplicar el precedente “CENCOSUD” para liquidar el crédito tributario previamente reconocido.
El contenido formal del Proveído apelado no debe ser un óbice que impida visualizar, a partir del examen atento de las actuaciones administrativas, su significado real que complementa el alcance de la Resolución 10/2021 (AD GOYA) y que habilita a la actora a considerar que, al dictarse, su reclamo de repetición fue parcialmente denegado, de modo definitivo, en sede aduanera.
Por lo expuesto, corresponde rechazar las excepciones de improcedencia formal y de incompetencia opuestas por el Fisco y declarar la competencia del tribunal para entender en el recurso de apelación contra la Providencia dictada por la Aduana de Goya -SIGEA N°19364-22-2020/4- en los términos del art. 1132 inc. a) del CA, con costas a la Aduana.
VI. Decisión del caso: Corresponde entonces examinar el planteo de la actora en cuanto a que la liquidación practicada por la Aduana no se ajusta a derecho, carece de fundamento y se aparta de lo ordenado en la Resolución 10/2021 (AD GOYA). Dividiremos en examen de tal cuestión en dos acápites porque entendemos que el reclamo de la actora, al que se hará lugar, cuenta con dos fundamentos jurídicos autónomos.
VI.1. El precedente “CENCONSUD” de la Corte: En primer lugar, y conforme fue reseñado precedentemente, se advierte de las actuaciones administrativas que la Aduana ha liquidado los montos objeto de repetición (siendo la repetición un procedimiento determinativo) aplicando la jurisprudencia de la Corte Suprema del precedente “CENCOSUD S.A. (TF 29.535-A c/ DGA)” de fecha 15.05.14. Este precedente puede verse aquí:
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idD ocumento=7111951 No comparto el criterio sentado por la Corte en el referido precedente, conforme mis votos disidentes en las causas “MONSA S.R.L.” (Expte. 32.261-A, del 03.07.19, que puede verse en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wpcontent/uploads/2020/02/32261-A-03-07-19.pdf ); “TETRA PAK SRL” (Expte. 38.243-A, del 21.08.19, que puede verse en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2020/02/38243-A-21-08-19.pdf ); “CURCIJA S.A.” (Expte. 30.506-A, del 30.08.19, que puede verse en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2020/02/30506-A- 30-08-19.pdf ) y “COFCO International Argentina S.A.” puntos VI y VII (EX-202 1-1082 12085-APN-SGASAD#TFN, del 18.10.22, que puede verse en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2022/12/EX-2021- 108212085-AP N-SGASADTFN-18-10-2022.pdf) los que se consideran integrando y fundamentando este pronunciamiento.
Ahora bien, como consecuencia de la jurisprudencia “CENCOSUD” las sumas fueron devueltas por la Aduana de Goya en pesos, aplicando a la determinación en dólares un tipo de cambio histórico en pesos al momento de liquidar y efectivizar la devolución. Tal comportamiento resulta en la consolidación de una situación de facto en materia aduanera, señalada en los votos del párrafo anterior, manifiestamente lesiva del derecho de propiedad constitucional (art. 17 de la Carta Magna) de los contribuyentes que pagaron tributos en exceso. Ello surge claro tanto de las liquidaciones contenidas en el recurso de apelación como en la que se practica más abajo.
No resulta ocioso recordar -una vez más- que, cuando el primer párrafo del art. 20 de la ley 23.905 establece que los tributos aduaneros se determinarán en dólares, el legislador usa una expresión técnica precisa, propia de nuestra legislación tributaria (determinación) comprensiva tanto de: a) los procedimientos de deficiencia fiscal (cuando hay una deuda del contribuyente con el Fisco) que tramitan mediante los procedimientos de determinación de oficio (en materia impositiva) o impugnación (en materia aduanera); b) los procedimientos de repetición (cuando el contribuyente pagó tributos en exceso, generándose un crédito fiscal a su favor que el estado debe honrar). Ambos procedimientos - impugnación y repetición- tienen carácter jurídico de determinación, expresión técnica usada unívocamente por el legislador en los arts. 11, 14, 16, 81, 83 y concordantes de la ley 11683, como en las normas respectivas del Código Aduanero, del Acuerdo de Valor del GATT y demás legislación tributaria (ver mis votos referidos supra). Se trata de la misma expresión técnica que el legislador emplea en el primer párrafo del art. 20 de la ley 23.905, no pudiendo aducirse su inconsecuencia o imprevisión (Fallos: 315:1922; 321:2021 y 2453; 322:2189; 329:4007, entre otros).
La expresión “determinación” –pese a lo que sostiene la Corte en el considerando 6º de “CENCOSUD”- no se limita a los montos “adeudados por los contribuyentes”, ni puede confundirse con la franquicia -sí, de carácter meramente liquidatorio- del párrafo segundo del mismo art. 20 de la ley 23.905, que habilita a cancelar en pesos las deudas determinadas en dólares (vía impugnación o repetición, respectivamente, por la Aduana o el contribuyente, en paridad de condiciones).
Conforme el segundo párrafo del art. 20 de la ley 23.905 el importe que el servicio aduanero, en este caso, debía reintegrar a la actora, en virtud de la repetición de tributos que se determinan en dólares, tenía que cancelarse en esa moneda o bien, valiéndose de la franquicia del segundo párrafo del art. 20 de la ley 23.905 (que la Corte Suprema no puede afectar, mediante su jurisprudencia, en su recto alcance): en pesos al tipo de cambio vigente al día anterior de su efectivo pago. En consecuencia, correspondía que la DGA practicara la devolución en dólares estadounidenses o su equivalente en moneda de curso legal a la fecha de la efectiva restitución de la suma pretendida (U$S 2.214,7) que fue el día 29.10.21. (fs. 69 de las act. adm.)
Sin embargo, en autos, al momento de realizar la devolución la DGA no aplicó el tipo de cambio vendedor (de $ 105=U$S 1) del día anterior a la fecha de la devolución -28.10.21- conforme las normas legales referidas, sino que aplicó un tipo de cambio de fecha muy anterior (de $ 39,86=U$S 1) correspondiente a la fecha de afectación del pago en exceso de los derechos de exportación: el 17.09.18. De tal modo la Aduana, en vez de devolver a la actora la suma de $ 232.551,9 (equivalente, el 28.10.21, a U$S 2.214,78) le restituyó la suma de $ 88.281,13 (equivalente, el 28.10.21, a U$S 840,77).
La diferencia en pesos en menos resulta de $ 144.270,77 que, al tipo de cambio vendedor del momento de la devolución, el 28.10.21 ($ 105=U$S 1), equivalen a U$S 1374 en concepto de derechos de exportación, pagados en exceso por la actora y que, todavía, no fueron restituidos por la Dirección General de Aduanas. En términos rigurosos la Aduana devolvió U$S 840,77 a la actora y no los U$S 2.214,78 que, por derecho, le correspondían.
Conforme lo expuesto, corresponde revocar la resolución apelada y hacer lugar a la repetición por la diferencia de derechos de exportación reclamada por la actora, en los términos de los arts. 809 y 810 del CA, por la suma de U$S 1.374, que podrán ser cancelados en pesos (art. 20 segundo párrafo de la ley 23.905) tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor vigente al día anterior al de su efectivo pago, con más los intereses, que se devengarán conforme lo establecido por el artículo 811 del CA, desde el 17.02.20 en que inició el reclamo de repetición.
VI.2. El régimen de estabilidad fiscal forestal de la ley 25.080: Como fundamento autónomo respecto al anterior, procede también la devolución a la actora de la suma de U$S 1.374 por aplicación del régimen de estabilidad fiscal del epígrafe.
No es objeto de controversia en las presentes actuaciones que la actora es beneficiaria de dicho régimen, establecido por la ley 25.080 y su decreto reglamentario 133/99, poseyendo el respectivo certificado expedido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. En función de lo establecido por el artículo 8 de la citada ley la estabilidad fiscal implica que los sujetos beneficiados “…no podrán ver incrementada la carga tributaria total determinada al momento de la presentación del emprendimiento, como consecuencia de aumentos en los impuestos y tasas, cualquiera fuera su denominación en el ámbito nacional y en los ámbitos provinciales y municipales, o la creación de otras nuevas que los alcancen como sujetos de derecho de los mismos”. Por su parte, el artículo 8 del decreto reglamentario 133/99 establece que la estabilidad fiscal de los beneficiarios del régimen alcanza, con excepción del impuesto al valor agregado, a todos los tributos, entendiéndose por tales los impuestos, tasas y contribuciones, como así también los derechos o aranceles a la importación o exportación. Asimismo, indica que la carga tributaria total se determinará para cada una de las jurisdicciones, tanto nacional, provincial como municipal, y (…) se la considerará separadamente por cada uno de los poderes tributarios y no por cada gravamen (destacado propio).
Resulta entonces de fácil lectura, y ello está reconocido por la Aduana en autos, que el decreto 793/18 -aplicado sin más para percibir los tributos cuya devolución luego, lógicamente, se admitió- entró en franca contradicción con lo establecido por la ley 25.080 y que el certificado de estabilidad fiscal eximía a la actora de tributar los derechos de exportación adicionales establecidos por ese decreto.
Entiendo que el régimen ilustrado funciona autónoma y globalmente respecto a los regímenes tributarios especiales que comprende (en este caso el aduanero de derechos de exportación). Esto es, opera como un verdadero contrato entre el contribuyente y el estado. Mediante tal contrato el estado se comprometió con el contribuyente a no incrementar el costo tributario existente al momento en que el segundo se convirtió en beneficiario del régimen, debiendo resarcirlo si era infringido por culpa del primero. Ello remite a una obligación de naturaleza civil debiendo cuantificarse el daño que el contribuyente soporta por el incumplimiento contractual del estado al violar el régimen.
En tal sentido, reconocido en este caso por el estado su violación del régimen de estabilidad fiscal, la actora debió soportar un daño económico que ascendió a U$S 2.214,78; tal incumplimiento genera a su favor un crédito de naturaleza contractual, obligando al estado a devolver la misma suma y en la misma moneda en la que reconoció su incumplimiento. Ello, con autonomía de normas o jurisprudencia especiales que pudieran, de algún modo, menoscabar el resarcimiento integral propio de las obligaciones civiles emergentes de relaciones de naturaleza contractual, como lo son las de la estabilidad fiscal.
Siendo ello así, la aplicación de un tipo de cambio histórico a la suma que el estado debe resarcir por violación de la estabilidad fiscal no satisface la naturaleza sinalagmática del régimen incumplido. El estado debió aplicar el tipo de cambio que permitiera asegurar al beneficiario de la estabilidad fiscal una reparación integral, sin que su patrimonio pueda verse disminuido por el improcedente aumento tributario del decreto 793/18.
Por este fundamento autónomo considero, también, que las sumas en pesos depositadas por la Aduana en autos son insuficientes, pues al momento en que se pagaron representaban U$S 840,77 y no los U$S 2.214,78 que, jurídicamente, le corresponde a la actora, en primer lugar, como beneficiaria del régimen legal de estabilidad fiscal que el estado nacional, a través de la Aduana, violó. Restan, por ende, pagar a la actora U$S 1374 a los fines de cumplir con régimen de la ley 25.080 que la protege ante alteraciones tributarias como la suscitada por el decreto 793/18.
Lo expuesto cuenta con respaldo en la jurisprudencia de la Corte. Puede referirse el caso “Metalmecánica S.A. c/ Gobierno de la Nación” (Fallos: 296:672, 1976) dictado en el marco de un régimen promocional para la industria automotriz que consistía en la liberación o reducción de derechos y adicionales aduaneros (Fallos 296, ver p. 687); en este caso una serie de medidas de la Secretaría de Industria provocaron la paralización de la producción por un período prolongado, lo que ocasionó perjuicios patrimoniales (Fallos 296, p. 682). Como consecuencia la empresa demandó al estado su resarcimiento, pretensión a la que la Corte hizo lugar, destacando la importancia de los factores temporales en el marco de dicho régimen.
Sostuvo la Corte: “… se ha expresado que el acogimiento de la empresa Metalmecánica al régimen de promoción de la industria automotriz y la posterior aceptación por parte del Estado, configuraba un acto administrativo bilateral, creador de derechos y obligaciones. Sobre el punto cabe señalar que esta Corte ha reconocido la existencia de derechos adquiridos no sólo en contractuales (Fallos: 164:140), sino también en actos de estructura unilateral o bilateral, los cuales –lo mismo que aquéllos- pueden dar nacimiento a derechos subjetivos para el administrado. (Fallos 175:368). Conforme con lo expuesto, interesa referirse a las obligaciones que el Estado asumía en lo que respecta al régimen de promoción.
El principal de los incentivos que se acordaba a las fábricas de automóviles consistía en la liberación o reducción de derechos y adicionales aduaneros. En la práctica, este beneficio se materializaba mediante los certificados de despacho a plaza autorizados por la Secretaría de Industria y Minería, de acuerdo con los planes de producción aprobados. Fácilmente se comprende que la oportunidad en que eran emitidos esos certificados revestía mucha importancia pues, de no ocurrir así, la producción podía verse seriamente resentida. (…) Dadas las características particulares con que se desarrollaba la industria automotriz, una de esas garantías debía, entonces, hallarse en la actuación temporal oportuna de los órganos de aplicación del régimen, la otra en la estabilidad de los actos administrativos; de ese modo se daba certeza a los derechos patrimoniales puestos bajo el amparo de la Constitución Nacional …En armonía con estos conceptos, cabe reproducir los que expusiera la Corte en Fallos 175:368 al expresar que ‘no existe ningún precepto de ley que declare inestables, revisibles, revocables o anulables los actos administrativos de cualquier naturaleza y en cualquier tiempo, dejando los derechos nacidos o consolidados a su amparo, a merced del arbitrio o del diferente criterio de las autoridades, cuyo personal sufre mutaciones frecuentes por ministerio constitucional, legal o ejecutivo’.
Que vista a través de lo expuesto, no cabe duda que la conducta de la Administración, con la morosidad manifestada en su actuar y con la alteración de la estabilidad de sus propios actos administrativos, jurídicamente pueda ser calificada de otro modo que de irrazonable, con las consecuencias anticipadas en los dictámenes antes transcriptos” (destacado propio). Esta jurisprudencia fue aplicada luego por los tribunales federales; tal el caso “Urundel del Valle S.A.” (CFCA, sala V, 22.06.98) que hizo lugar a una demanda de daños motivada por el decreto 2000/92 que suprimió los reembolsos del decreto 2332/8, decisión que la Corte confirmó (Fallos: 323:1906, 2000). Se reiteró en “Alpesca c/ Estado Nacional” (CFCA, sala III, 05.09.02), originado también en el decreto 2000/92 y resuelto con cita del precedente de la Corte en “Urundel”; la Corte, a su vez, desestimó el recurso interpuesto por la demandada (A.157.XXXIX, 01.06.04).
Incluso antes de los referidos, la Corte ya había establecido principios semejantes en casos de “derechos acordados”. Estos precedentes surgieron de una serie de casos relativos a regímenes de promoción, acordados y dejados luego sin efecto. El primer grupo –anterior a “Metalmecánica”- puede ser identificado como los “casos Ford”, integrado por tres decisiones en las cuales Ford Motor Argentina S.A. reclamó con éxito un resarcimiento por la eliminación de beneficios impositivos de los que gozaba. En el primero (Fallos: 283:360, 1972) la Corte dijo: “(…) si el decreto 3642/65 estableció un plan a regir durante los años 1966, 1967 y 1968, el Poder Ejecutivo no podía modificarlo a posteriori si con ese incremento del 5% agravaba la situación financiera de las empresas que, como la actora, se hallaban protegidas por un régimen promocional en las condiciones de que instruyen los artículos 4º y 5º del citado decreto” (considerando 16); “(…) esa alteración del régimen promocional instituido por el propio gobierno importó desconocer los derechos acordados a las empresas y desvirtuar las finalidades que lo inspiraron (…)” (considerando 17).
Este precedente fue repetido luego en dos causas de la misma empresa actora (Fallos: 295:621, 1976; Fallos: 300:1027, 1978). Más recientemente “Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A. (Fapesa)” (Fallos: 325:1897, 2002) constituye otro precedente en el cual se hizo lugar al reclamo de daños y perjuicios originados en la eliminación de un régimen promocional oportunamente acordado (subrayado propio).
Finalmente en Fallos: 332:1531 (“Cerro Vanguardia”) en relación al régimen de estabilidad fiscal del sector minero el Alto Tribunal sostuvo que debe ponderarse la limitación que se impuso el propio estado mediante tal clase de regímenes, a fin de asegurar a las empresas que encaren tales emprendimientos la estabilidad fiscal por los plazos anuales que fijan, con el propósito de promover las inversiones en el sector de la economía para el que rige, manteniendo la ecuación económico financiera tenida en cuenta al presentarse el estudio de factibilidad. Señaló la Corte que “(…) la Constitución Nacional autoriza al Congreso a dictar esa clase de normas (art. 75, inc. 18) (…)” y que “(…) con arreglo a jurisprudencia de esta Corte, las normas que estatuyen beneficios de carácter fiscal no deben interpretarse necesariamente con el sentido más restringido que su texto admita, sino, antes bien, en forma tal que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación, lo que vale tanto como admitir que las exenciones tributarias pueden resultar del indudable propósito de la norma y de su necesaria implicancia (Fallos: 296:253; 310:177), pues su inteligencia debe determinarse teniendo en cuenta el contexto general de las leyes y los fines que las informan (Fallos: 285:322, entre otros)” rematando con que “tal conclusión es la que mejor se adecua al principio de seguridad jurídica, al que el Tribunal ha reconocido jerarquía constitucional (Fallos: 220:5; 243: 465; 251:78; 253:47; 254:62; 316:3231; 317:218).”
Vale, finalmente, volver a dejar sentado -frente a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Fallos: 335:1315 (“Minera del Altiplano”, sentencia del 10.07.11) y Fallos: 336:2209 (“Procesadora de Boratos Argentinos S.A.” sentencia del 13.11.13)- que el estado argentino, a través de la Aduana, ha reconocido ya el crédito a favor de la actora por U$S 2.214,78 respecto a la operación de exportación de autos (PE 18025EC03000466N) reconocimiento que, en tal sentido, sí ha quedado firme con el dictado de la Resolución 10/21 (AD GOYA). Ello sin perjuicio del segundo párrafo del art. 8 del decreto 133/99, que la Aduana no sustanció, y del hecho de que la Aduana omitió perseguir la declaración judicial de lesividad de la Resolución 10/21 (AD GOYA) -Providencia 13/22 (AD GOYA), del 08.04.22, fs. 75 de las act. adm.-. En efecto, dicha resolución, habiendo generado derechos subjetivos a favor de la actora, únicamente puede anularse mediante una sentencia judicial firme (art. 17 y 18 de la ley 19.549) dado que, obviamente, no media consentimiento de ella para invalidarla, sino que, por el contrario, persigue su cabal cumplimiento.
Por el modo en que se resuelve esta cuestión las costas se imponen también a la Aduana (art. 1163 del CA).
VII. Por los fundamentos expuestos VOTO POR:
1. Rechazar las excepciones de improcedencia formal del recurso de apelación y de incompetencia interpuestas por el Fisco, con costas a la Aduana.
2. Hacer lugar a la repetición por la diferencia de derechos de exportación, en los términos de los arts. 809 y 810 del CA, por la suma de U$S 1.374, los que podrán ser cancelados en pesos tomando en cuenta del tipo de cambio vigente al día anterior del efectivo pago (art. 20 segundo párrafo de la ley 23.905), con más los intereses del artículo 811 del CA desde el 17.02.20, con costas a la Aduana.
Los Dres. Christian M. González Palazzo y Héctor Hugo Juárez dijeron:
I. Que se da por reproducida la relación de los hechos efectuada en el voto del Dr. Juan Manuel Soria, en los Considerandos I, II, III y IV.
II. Que, en efecto, mediante RE-2022-00396025-APN-SGASAD#TFN se presenta, por apoderado la firma ENRIQUE ZENI Y COMPAÑÍA S.A.C.I.A.F.E.I. e interpone recurso de apelación contra el proveído de fecha 8/12/2021 recaído en la Actuación Administrativa - SIGEA 19364-22-2020/4. Efectúa un análisis de los antecedentes de la causa. Manifiesta que en el mencionado expediente se resolvió con fecha 23/08/2021 hacer lugar a la devolución de importes erróneamente retenidos por el fisco en concepto de tributos aduaneros, con más los intereses previstos en el art. 811 del Código Aduanero, aplicables a partir de la fecha de recepción de la presentación -17/02/2020-, e indicando que se debía girar lo actuado a la División Caja para que efectúe el pago de la manera indicada en la Resolución. Sin embargo, la apelante señala que al proceder a liquidar la devolución de tributos, el servicio aduanero se apartó de los términos que la resolución había adoptado y acreditó en la cuenta bancaria de la firma un importe, a su entender, inferior al que resultaría de aplicar aquel dispositivo. Efectuado el planteo correspondiente contra la providencia señalada, la Aduana de Goya con fecha 08/12/2021 emitió la resolución recurrida por la cual rechaza liminarmente el procedimiento rectificatorio por considerar que se trata de un recurso extemporáneo interpuesto contra la resolución N° RESOL-2021-10-E-AFIP- ADGOYA#SDGOAI que hace lugar a la repetición del tributo cuando, según la apelante, sólo se pretende el cumplimiento de dicho acto administrativo.
Manifiesta que la Aduana interpreta arbitraria y erróneamente los planteos introducidos toda vez que entendió que la "resolución de marras" ha pasado a cosa juzgada. En tal sentido, la apelante sostiene que en su presentación sólo indicó que recibía el pago parcial bajo protesto a fin de que la Aduana tome nota de su error y proceda a realizar la liquidación tal como fuera resuelto oportunamente por el Sr. Administrador.
Argumenta que la Aduana también realiza una interpretación arbitraria del derecho aplicable. En tal sentido, asevera que la Aduana al intentar devolver los mismos, habría procedido a realizar un cálculo erróneo, o bien a aplicar una normativa incorrecta. Manifiesta consideraciones respecto del reintegro del capital, como así también respecto de los intereses previstos en el art. 811.
Realiza la liquidación de la tasa de Actuación. Hace reserva del caso federal, ofrece prueba y solicita se revoque la Resolución recurrida, ordenándose a la Aduana que vuelva a liquidar capital e interés conforme los parámetros ordenados por la misma Aduana y con costas.
III. Que mediante IF-2022-37563528-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado conferido y acompaña las Actuaciones Administrativas. Realiza una negativa genérica. Opone excepciones de improcedencia formal del recurso e incompetencia del Tribunal Fiscal de la Nación. Solicita se declare el mismo como de previo y especial pronunciamiento. Señala que resulta improcedente la apelación en autos de conformidad con lo establecido en el artículo 1132 C.A. porque la misma no resulta ser la "resolución definitiva" que exige el artículo citado y tampoco encuadra en las previsiones del artículo 1025 del C.A., que establece la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación. Realiza consideraciones respecto de la normativa aplicable. Manifiesta que el tipo de cambio que fuera aplicado al momento de depositar las sumas cuya devolución se reclamara se ajusta a derecho por cuanto se encuentra en concordancia con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "CENCOSUD SA (TF.29535-A) C/DGA S/REC.EXTRAORDINARIO, S.C., C1242, L.XLJX" con fecha 15 de mayo de 2014. Hace reserva del caso federal y solicita se rechace el recurso interpuesto y se confirme lo actuado en sede aduanera, con imposición de costas a cargo de la parte actora.
IV. Que mediante IF-2022-79422708-APN-DTD#JGM la actora contesta el traslado de la excepción opuesta por el fisco.
Sostiene que corresponde sostener la competencia del T.F.N porque la instancia administrativa se agotó al momento en que el Administrador de la Aduana rechazó un recurso planteado sobre una liquidación que no se ajusta a derecho, por lo que se habilita la instancia recursiva de autos. Señala que la consecuencia de decidir lo contrario sería una concreta denegación de justicia. Solicita que se tenga contestado el traslado y se rechace la excepción planteada con imposición de costas.
V. Que conforme resulta de la Actuación SIGEA ALCANCE N° 19364-22-2020/4 el mismo se inicia con el recurso de repetición interpuesto por la firma actora en sede aduanera con fecha 16/11/2020, solicitando la devolución de los derechos de exportación abonados en relación al Permiso de Embarque N° 18025EC03000466N atento entender que los mismos habrían sido erróneamente liquidados por el Sistema, al omitirse contemplar la exención que beneficiaría a la firma en trato en mérito del "Régimen de Estabilidad Fiscal" A fs. 37, con fecha 02/08/2021, se tuvo por iniciado el procedimiento de repetición. A fs. 45/vta., se emitió el dictamen 12/2021 (AD GOYA), sobre la base del cual se dictó, a fs. 45/46, la resolución RESOL-2021-10-E-AFIPADGOYA#SDGOAJ, mediante la cual la Aduana de Goya hizo lugar a la devolución de la suma de "U$S 2.214,78, convertidos a pesos, con más los intereses previstos en el art. 811 del C4 a partir del 17/02/2020".
Conforme surge de la constancia de fs. 49 dicha resolución definitiva fue notificada a la actora con fecha 29/8/2021. A fs. 51 y 55 obran los informes NO-2021-01033397-AFIP-OFSUADGOYAftSDGOAI y IF-2021-010003634-
AFIPADGOYA#SDGOAI, respectivamente. A fs. 57/59 lucen impresiones de pantalla de "Datos de devolución". A continuación, A Fs. 59 y con fecha 01/12/2021, se acumuló el Alcance N° 19364-22-2020/130 a la Act. principal. A fs. 61/vta., la actora presentó un escrito titulado "Solicita vista. Recibe pago bajo protesto". A fs. 62, con fecha 08/12/2021, el Administrador (mt.) de la Aduana de Goya rechazó in limine la presentación de la actora, "toda vez que la resolución de marros (RESOL-2021-10-E-AFIF-ADGOYA#SDGOAJ) ha pasado a cosa juzgada".
VI. Que, previo a la continuación de todo trámite, corresponde examinar sí este Tribunal resulta competente para entender en las presentes actuaciones.
Que, conforme resulta del texto de los arts. 1025 y 1132 del C.A., la competencia de este Tribunal en materia de apelaciones se encuentra subordinada al previo trámite ante el servicio aduanero de los procedimientos reglados en el título II de la Sección XIV del referido Código.
Que, el art. 1132 del Código Aduanero en el apartado 2 establece que "Contra las resoluciones definitivas del administrador dictadas en el procedimiento de impugnación en los casos previstos en el artículo 1053, incisos a,), b), c), d) y e), como así también en los supuestos de retardo por no dictarse resolución en el procedimiento de impugnación dentro de/plazo señalado al efecto, sólo procederá el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal (.)". A su vez, el art. 1025 del Código Aduanero establece que "Corresponderá conocer y decidir al Tribunal Fiscal de la Nación, creado por la ley 15.265: a) de los recursos de apelación contra las resoluciones del administrador en el procedimiento de impugnación, con excepción de los supuestos previstos en el artículo 1053, inciso fr La apelación sólo procederá cuando el importe controvertido excediere de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000)".
En autos se apela el proveído de fecha 8 de diciembre de 2021, dictado por el Administrador de la Aduana de Goya, mediante el cual se rechaza in límine el planteo interpuesto por la actora relativo al tipo de cambio e intereses que correspondían aplicar a la devolución de tributos ordenada por la Resolución RESOL-2021-10-E- AFIPADGOYA#SDGOAI.
Que el acto que se apela ante este Tribunal es una providencia de mero trámite, mediante la cual el Administrador rechaza el cuestionamiento del pago percibido, por considerar que la resolución que hizo lugar a la solicitud de repetición ha pasado en autoridad de cosa juzgada.
Que, a mérito de lo anterior y teniendo en cuenta que la providencia apelada no reviste el carácter de resolución definitiva dictada en alguno de los procedimientos referidos ut-supra, corresponde declarar la incompetencia de este Tribunal para entender en el recurso de apelación interpuesto contra la providencia de fecha 8/12/2021 dictada en el expte. SIGEA 19364-22-2020/4.
VII. Ahora bien, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, de aplicación supletoria ante los procedimientos que se sustancian ante el servicio aduanero, en su art. 5° prescribe que, cuando un organismo se declare incompetente, deberá indicar cuál es la competencia que corresponde, debiendo remitir los autos al organismo que reputare competente. Que -como surge del Considerando V de la presente sentencia- la RESOL-2021-10-E-ÁFIP-ADGOYA#SDGOAI, hace lugar a la devolución de la suma de "U$S 2.214,78, convertidos a pesos, con más los intereses previstos en el art. 811 del CA a partir del 17/02/2020".
Que conforme surge de autos, el presentante cuestionó -en la instancia aduanera- el tipo de cambio e intereses aplicados al importe a que se hiciera lugar su devolución. En efecto, si bien le asiste razón a la Aduana respecto a que la resolución aquí involucrada se encuentra firme, no cabe efectuar la misma consideración respecto de lo cuestionado por el presentante, ya que justamente se agravia de aspectos liquidatorios que no fueron resueltos en la referida Resolución, que no refieren a si corresponde el pago o no, sino a cómo debe efectuarse dicho pago.
Que, por ende, a los efectos de salvaguardar el derecho de defensa de la parte y por el principio del informalismo a favor del administrado y teniendo en cuenta de que se trata de aspectos liquidatorios relacionados con la devolución del importe a que hiciere lugar la DGA, es que corresponde considerar la presentación efectuada ante el servicio aduanero titulada "Solicita vista. Recibe pago bajo protesto", como así también el recurso interpuesto mediante RE-2022-00396025-APN- SGASAD#TFN como un incidente liquidatorio que deberá tramitar en el procedimiento aduanero de repetición (Actuación SIGEA 19364-22-2020/4) Por ende, corresponde remitir las presentes actuaciones a la Dirección General de Aduanas, a los efectos de que se resuelvan los aspectos liquidatorios cuestionados por el apelante, respecto de los cuales no hay cosa juzgada, toda vez que la RESOL-2021-10-E-AFIP-ADOOYA#SDGOAI no se ha expedido sobre los mismos.
Por ello, VOTAMOS POR:
1. Declarar la incompetencia de este Tribunal Fiscal de la Nación para entender en la apelación deducida por la actora contra la providencia de fecha 08/12/2021 dictada por el Administrador de la Aduana de Goya, en la Actuación SIGEA 19364-22-2020/4, con costas.
2. Encuadrar la presentación efectuada por la firma Enrique R. Zeni ante el servicio aduanero titulada "Solicita vista. Recibe pago bajo protesto", como así también el recurso interpuesto mediante RE-2022-00396025-APN-SGASAD#TFN, en incidente liquidatorio.
3. Remitir los presentes autos a la DGA, a fin de dar curso al trámite del incidente respectivo en la Actuación SIGEA 19364-22-2020/4.
Que en virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE
1. Declarar la incompetencia de este Tribunal Fiscal de la Nación para entender en la apelación deducida por la actora contra la providencia de fecha 08/12/2021 dictada por el Administrador de la Aduana de Goya, en la Actuación SIGEA 19364-22-2020/4, con costas.
2. Encuadrar la presentación efectuada por la firma Enrique R. Zeni ante el servicio aduanero titulada "Solicita vista. Recibe pago bajo protesto", como así también el recurso interpuesto mediante RE-2022-00396025-APN-SGASAD#TFN, en incidente liquidatorio.
3. Remitir los presentes autos a la DGA, a fin de dar curso al trámite del incidente respectivo en la Actuación SIGEA 19364-22-2020/4.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y González Palazzo, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del RPTFN y 1162 del CA).
Date: 2023.12.07 12:37:56 -03:00 Date: 2023.12.07 13:33:30 -03:00 Hector Hugo Juarez Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Subrogante Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.12.07 14:40:53 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.07 14:40:54 -03:00
Fin de la sentencia