Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2023-25555109-APN-TFN#MEC
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el beneficio de litigar sin gastos, con costas.
2Intimar a ENRIQUEZ PABLO RUBÉN para que en el término de cinco (5) días ingrese la suma de $ 1.425.162,81.- (pesos un millón cuatrocientos veinticinco mil ciento sesenta y dos con ochenta y un centavos) en concepto de tasa de actuación, la que ya incluye los intereses resarcitorios devengados (conf. arts. 7 y 9 y cc., ley 25.964) desde los 5 días subsiguientes a la fecha de notificación de la PV-2023-35153784-APN-VOCXII#TFN que obra en el expediente principal, bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda, a fin de que la AFIP inicie el procedimiento de ejecución fiscal.
3Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, en la suma de $ 374.543.- (Pesos trescientos setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y tres), equivalente a 8,24 (ocho con 24/100) UMA, por el patrocinio letrado y de $ 149.817.- (Pesos ciento cuarenta y nueve mil ochocientos diecisiete), equivalente a 3,30 (tres con 30/100) UMA por la representación procesal; teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada, las etapas procesales cumplidas y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423, la Resolución SGA Nº 626/2024 y la Acordada N° 08/2024 (04/04/2024) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe firma conjunta Número: IF-2024-44445160-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 30 de Abril de 2024 S/INC." - VOCXII En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O’Donnell (Vocal titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el EX-2023-25555109- -APN- TFN#MEC, caratulado “ENRIQUEZ PABLO RUBÉN s/ incidente de beneficio de litigar sin gastos”.
El Dr. Martin dijo:
I. Que a IF-2023-27189956-APN-DTD#JGM, los Dres. Gastón Carballo Argañaraz y Edgardo Pardella, en representación de ENRIQUEZ PABLO RUBÉN, solicitan se le conceda el beneficio de litigar sin gastos que acuerda el artículo 2° de la Ley N° 25.964, que regula la tasa de actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, con aplicación de las normas contenidas en los arts. 78 y siguientes del C.P.C.C.N.
Funda su solicitud explicando que se interpuso recurso de apelación contra la orden de intervención N° 1628063 a través de la cual el Fisco Nacional determina presuntas diferencias en el ingreso del impuesto al valor agregado por los periodos abril a diciembre de 2016.
Plantea al mismo tiempo que el Sr. Enríquez fue empresario industrial del rubro textil, al frente de la firma Textil Sport Tech S.A., que se dedicó a la confección de indumentaria deportiva, como taller de las firmas de la talla de Adidas, Nike, Puma, entre otras. Durante el año 2014 plantea la incidentista que la marca Adidas no cumplió con su promesa de producir las camisetas de la selección Argentina de fútbol y su colección de accesorios para el mundial de fútbol 2014, a pesar de que ya se había realizado la inversión necesaria para llevar a cabo esta tarea. Teniendo en cuenta esto y la apertura de importaciones que se dio en el país durante el año 2015 hizo que las ventas de Textil Sport vayan en caída. Asimismo, manifiesta que en el año 2018 Adidas, que representaba en ese momento el 70% de la producción de la firma, y que ya venía de a poco sustituyendo producción nacional por importaciones, decidió unilateralmente dar por finalizada la relación comercial con Textil Sport Tech S.A.. Ese mismo año el incidentista plantea que la empresa no tuvo más remedio que presentar la quiebra para proteger los derechos de los acreedores, siendo que además, las otras marcas siguieron el mismo camino que Adidas.
Así fue como el 21 de enero de 2019, a requerimiento del suscripto para que se habilite la feria, el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 25, Secretaría N° 50 decretó la quiebra directa de la sociedad TEXTIL SPORT TECH.
Finalmente plantea que por lo anteriormente mencionado no está en condiciones de afrontar personalmente el pago de la tasa de justicia lo que hace necesario solicitar el beneficio de litigar sin gastos.
Ofrece prueba testimonial ofreciendo el testimonio de Gustavo Javier Couto, Francisco Gullo y José María Secundino Lala. Asimismo ofrece prueba documental acompañando últimos seis resúmenes de cuenta en el banco Galicia, banco provincia y banco BBVA y prueba informativa solicitando se libren oficios al registro del automotor, al registro de la propiedad inmueble de CABA, al registro de la propiedad inmueble de la Prov. de Buenos Aires, AFIP y ANSES. Hace reserva del caso federal.
II. Que a IF-2023-30474627-APN-DTD#JGM toma intervención el Fisco Nacional, solicitando el rechazo del beneficio de litigar sin gastos. Niega que el incidentista no pueda afrontar los gastos que demanda el pago de la tasa y expresa que el beneficio se limita a aquellas personas que carecen de recursos para solventar los gastos, pero no para quien carece de liquidez. Finalmente, hace reserva del Caso Federal.
III. Que mediante PV-2023-61098863-APN-VOCXII#TFN se intima al incidentista a que acompañe las dos últimas declaraciones juradas vencidas del Impuesto a las Ganancias e Impuesto sobre los Bienes Personales de los últimos dos años, más un detalle de los ingresos obtenidos durante el año 2022 hasta la fecha.
Que mediante IF-2023-65801422-APN-DTD#JGM y IF-2023-65801297-APN-DTD#JGM el incidentista acompaña la información solicitada haciendo saber que no posee capital alguno en cuentas del exterior. Asimismo, se observa que durante el año 2022 tuvo ingresos por $2.035.158,74.- y desde enero 2023 hasta la fecha por $1.580.886.- Por último, se decidió por PV-2024-11550814-APN-VOCXII#TFN no abrir a prueba el presente beneficio teniendo en cuenta que con la documentación acompañada era suficiente para su tratamiento.
IV. Que mediante la PV-2024-13559993-APN-VOCXII#TFNB se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D”.
V. Que la ley N° 25.964 en su art. 9° establece la exención del pago de la tasa de actuación para las “personas que actúen con beneficio de litigar sin gastos” y que este instituto se ve plasmado en el art. 78 del CPCCN, donde se ampara a quienes “carecieran de recursos” esto es, los que se encuentran en una situación de pobreza tal que de no poder afrontar el pago de la tasa, afectaría su derecho a estar en juicio.
Que para analizar el sustento del citado instituto, debemos remitirnos a los dos preceptos de raigambre constitucional como son; la garantía de defensa en juicio y la igualdad ante la ley (arts. 18 y 16 de la Constitución Nacional), como pilares que vienen a asegurar la prestación de los servicios de justicia que se ajusta a la situación económica de quienes no pueden afrontar un litigio.
En este orden de ideas, en tanto constituye un privilegio de carácter excepcional, su concesión ha de valorarse en forma restrictiva, lo que determina que la ausencia de recursos económicos que imposibiliten el pago de los costos causídicos deba ser demostrada en forma fehaciente, carga que le incumbe al peticionante (conf. art. 79, ap. 2°. C.P.C.C.N.) Que asimismo corresponde aclarar que la concesión de este beneficio “...queda librada a la prudente apreciación judicial, en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas” ;(CSJN, “Siderman José y otros c/Nación Argentina y Provincia de Tucumán s/daños y perjuicios”; ED - T. 132 - pág 142), por lo que es el Tribunal quien debe efectuar en cada situación concreta, un examen particularizado de las pruebas aportadas a fin de determinar la carencia de recursos, o la imposibilidad de obtenerlos, de quien invoque el beneficio para afrontar las erogaciones que demande el proceso en cuestión.
VI. Que, de la documentación remitida por el Sr. Enriquez a instancias de esta Vocalía Instructora, se destacan las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2020 y 2021, Impuesto sobre los Bienes Personales períodos fiscales 2020 y 2021. Adicionalmente acompañó constancias correspondientes a sus liquidaciones previsionales (ANSES) desde el año 2022 a la actualidad.
Con carácter previo cabe recordar que la Tasa de actuación por la que se promueve el presente beneficio de litigar sin gastos asciende a $1.414.904,75.-
Que del análisis de la documentación acompañada (detalles bancarios, declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias, Impuesto Sobre los Bienes Personales, y las liquidaciones previsionales se puede observar que el peticionante se halla imposibilitado realmente de poder afrontar la tasa de actuación que se le intimó y/o los gastos causídicos. No solo por la inexistencia de bienes sino además debido a la ausencia de flujo de fondos.
El incidentista relata que tuvo que presentar la propia quiebra de la empresa Textil Sport Tech S.A., y que en la actualidad se encuentra desempleado, sin reservas económicas. Explica que es jubilado (situación que acredita con las liquidaciones de haberes previsionales) y que dicho haber es el único ingreso con el cuenta. Que vive en la casa de su madre en el partido de San Martín y no paga alquiler. Que además es titular de un vehículo marca Renault Clio, dominio ESV938, del año 2005 cuya valuación fiscal asciende a $769.800.- Cuenta que es cotitular de la casa familiar en la que vivió hasta su separación en la calle Juramento 5744, CABA, hoy habitada por la madre de sus tres hijos y dos de ellos. Por último que no cuenta con ahorros, ni depósitos bancarios, ni títulos valores nacionales ni extranjeros.
Deviene necesario hacer saber que la información acompañada por el incidentista no hace más que confirmar la situación de imposibilidad de hacer frente al pago de la tasa de actuación y/o los gastos causídicos; lo que permite concluir que existen razones suficientes para conceder el beneficio de litigar sin gastos.
VII. De lo expuesto precedentemente, cabe concluir que el solicitante ha demostrado la carencia de recursos o bien la imposibilidad de obtenerlos o que se encuentra atravesando una crisis financiera. En consecuencia, corresponde conceder el beneficio de litigar sin gastos solicitado en autos, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que el beneficio solicitado se encuentra enderezado a evitar sufragar la tasa establecida por la ley 25.964 y demás gastos del juicio.
Que dicha ley en su art 9° establece la exención del pago de la tasa de actuación a las “personas que actuaren con beneficio de litigar sin gastos” y este beneficio que contempla el artículo 78 del C.P.C.C.N., se acuerda a aquellas personas que “carecieren de recursos” esto es, que se encuentren en una situación de pobreza que al no poder afrontar el pago de la tasa, afectaría su derecho a estar en juicio.
Que en tal sentido, cabe destacar que la falta de ingreso de la tasa de actuación, no obsta a la continuación del juicio ante este Tribunal, por lo que no puede argumentarse que el rechazo del pedido de beneficio de litigar sin gastos podría violentar o limitar de modo alguno el derecho de defensa en juicio.
Así, la concesión del beneficio de litigar sin gastos queda librada a la prudente apreciación judicial, en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas. Que el legislador ha omitido referencias basadas sobre el concepto de pobreza, pues éste, por ser contingente y relativo, presenta insalvables dificultades para ser definido con un alcance genérico que abarque la totalidad de las diferentes circunstancias que puedan caracterizar a los distintos casos para resolver; y es por ello que en cada situación, el Tribunal deberá efectuar un examen particularizado a fin de determinar la carencia de recursos, o la imposibilidad de obtenerlos, de quien invoque el beneficio para afrontar las erogaciones que demande el proceso en cuestión (Fallos: 311:1372; considerando 1° y sus citas; 315:276 y 1025), y con tal propósito, corresponde analizar las probanzas arrimadas en estos actuados.
Que el incidentista aporta como prueba documental (embebido al IF-2023-27190473-APN-DTD#JGM): a) la resolución judicial por la que el 21 de enero de 2019 se decreta la quiebra de Textil Sport Tech SA,; b) resúmen de la cuentas “Eminent” de la caja de ahorro -en pesos- que posee en el Banco Galicia de la que surgen movimientos mensuales y el cobro del haber jubilatorio; c) copia de los últimos resúmenes de la tarjeta de crédito Visa “Black card” emitida por el Banco de la Pcia de Buenos Aires y del BBVA “Platinum”. Se hace notar que no aporta copia de lo resúmenes de la cuenta que según indica en el escrito inicial posee en el Banco Provincia y en el BBVA -que, en ambos casos, individualiza-, más allá que ofreció librar un oficio para que la primera de las entidades mencionadas informara los movimientos, lo cierto es que dicha medida no se llevó a cabo conforme surge del PV-2024-11550814-APN- VOCXII#TFN, decisión que no fue cuestionada y tampoco aportó documental alguna. Que ello impide tener un cabal conocimiento de los fondos con los que contaba el peticionante del mentado beneficio.
Que también lucen agregadas las declaraciones testimoniales brindadas por los Sres.Couto, Gullo y Lala, coincidiendo todos ellos en que el Sr. Enriquez se encuentra jubilado, que tiene un automóvil modelo 2005, que vive en la casa de su madre y es propietario de la casa donde vive su ex esposa y alguno de sus hijos, pero ninguno puede precisar si puede hacer frente a los gastos del presente juicio.
Que el incidentista también manifestó que se encuentra “inhibido” en el proceso que tramita por ante el Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias N° 3 y ofreció el libramiento de un oficio a dicho juzgado, lo cierto es que dicha probanza no fue admitida y a pesar de ello el peticionante no insistió con el diligenciamiento ni acompañó copias de dicha causa a pesar de tener acceso a ella por ser parte.
Que a instancias de la Vocalía Instructora, el incidentista acompaña constancias donde surge el monto que percibe como jubilación y aporta copia de las las declaraciones juradas vencidas del Impuesto a las Ganancias y las correspondientes a los Bienes Personales, detallando que los ingresos obtenidos durante el año 2022 y 2023, obrando también la constancia de inscripción impresa de la página web de la AFIP que indica que a febrero de 2023 figura “sin impuestos activos”. Que no puede soslayarse que si bien el peticionante alega la imposibilidad de acceder en el sistema financiero a un crédito por el monto de tasa intimada y dice aportar “simulación del máximo monto de crédito” al que puede acceder en el Banco Galicia, lo cierto es que tampoco esa documentación fue allegada a estos autos, a lo que se agrega que -tal como él mismo lo reconoce- es titular de dos cuentas bancarias más en otras entidades bancarias, posee una vivienda, un automóvil y de la documental relativa a los resúmenes aportados tanto de la una de las cuentas bancarias como de las tarjetas de crédito se observa que tienen “premium” lo que pone en evidencia que el incidentista debió acreditar ante la entidad bancaria poseer cierto respaldo económico, lo que permitiría acceder a determinados beneficios tales como acceder a préstamos.
II. Que considero prudente poner de resalto que “el objeto de la actividad probatoria para el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos consiste en aportar elementos que permitan al Tribunal formar convicción acerca de la posibilidad del peticionario de obtener o no los recursos para afrontar los gastos que eventualmente irrogue la acción por él incoada (conf. CNACAF, Sala I, in re “Stancato, Carmelo Alfredo c/ BCRA s/ beneficio de litigar sin gastos”, sentencia del 13/7/15).
Que en tal inteligencia, de los elementos analizados, no queda acreditado de manera indubitable la carencia de recursos alegada por el incidentista para afrontar el pago de la tasa de actuación y demás gastos que irrogue el recurso de apelación incoado. Que por otra parte, no puede pasarse por alto que así como debió prever los honorarios de los dos profesionales que lo patrocinan, también debió considerar el arancel correspondiente a la tasa de actuación que establece la ley Nº 25.964, puesto que ninguno de esos gastos surgió en forma intempestiva, sino que son consecuencia de la decisión que tomó el propio incidentista en el momento de acudir ante esta instancia jurisdiccional.
Que a mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que: “No se halla, -pues-, la actora, en la situación de quien por verse circunstancialmente privado de recursos, es merecedor de una franquicia que le permite litigar en defensa de sus derechos, hasta tanto su situación cambie. Es que la peticionante no ha demostrado una mínima intención de superar la indigencia, antes bien, pretende prevalerse de ella para eximirse de las erogaciones que a todo litigante le son impuestas” (DE. Tº 135, pág.144).
Que ello así, considero que no procede acordar el beneficio de litigar sin gastos solicitado en autos, con costas III- De acuerdo con lo resuelto corresponde intimar al incidentista para que en el término de cinco (5) días ingrese la tasa de actuación debida por ante este Tribunal; todo ello bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda (Conf. Ley 25.964).-
La Dra. O’Donnell dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Gómez, por lo que corresponde intimar al Sr. Enríquez a que en el término de cinco (5) días ingrese la tasa de actuación debida por ante este Tribunal, con más los intereses devengados, bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda que incluirá también los accesorios (conf. Arts. 7° y 9° ley 25.964 y sus reglam.).
Que no existiendo acuerdo respecto del monto de la tasa de actuación a intimar, se somete este punto a nueva votación. El Dr. Martín dijo:
En atención a lo resuelto por mayoría y en lo que hace al monto de la tasa de actuación a ingresar, sin perjuicio de ratificar el criterio adoptado en mi propio voto, pero en atención a la discrepancia entre las Dras. en el suyo y con el fin de que pueda emitirse la sentencia, adhiero al voto de la Dra. O´Donnell.
La Dra. Gómez dijo:
Conforme se expuso, corresponde intimar al incidentista el pago de la tasa actuación debida por ante este Tribunal, bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda, conforme los lineamientos fijados en la Ley 25.964. La Dra. O'Donnell dijo:
Que ratifica su voto.
Que en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría SE RESUELVE:
1. Rechazar el beneficio de litigar sin gastos, con costas.
2. Intimar a ENRIQUEZ PABLO RUBÉN para que en el término de cinco (5) días ingrese la suma de $ 1.425.162,81.- (pesos un millón cuatrocientos veinticinco mil ciento sesenta y dos con ochenta y un centavos) en concepto de tasa de actuación, la que ya incluye los intereses resarcitorios devengados (conf. arts. 7 y 9 y cc., ley 25.964) desde los 5 días subsiguientes a la fecha de notificación de la PV-2023-35153784-APN-VOCXII#TFN que obra en el expediente principal, bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda, a fin de que la AFIP inicie el procedimiento de ejecución fiscal.
3. Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, en la suma de $ 374.543.- (Pesos trescientos setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y tres), equivalente a 8,24 (ocho con 24/100) UMA, por el patrocinio letrado y de $ 149.817.- (Pesos ciento cuarenta y nueve mil ochocientos diecisiete), equivalente a 3,30 (tres con 30/100) UMA por la representación procesal; teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada, las etapas procesales cumplidas y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423, la Resolución SGA Nº 626/2024 y la Acordada N° 08/2024 (04/04/2024) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Date: 2024.04.30 13:33:01 -03:00 Date: 2024.04.30 14:56:47 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.04.30 16:15:37 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.30 16:15:38 -03:00
Fin de la sentencia