Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2022-71657705-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos e imponer multa en relación a la firma ENTRETELAS AMERICANAS S.A. en las presentes actuaciones.
2Imponer las costas del pleito a la demandada vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-106951597-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 25 de Septiembre de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “ENTRETELAS AMERICANAS S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/Recurso de Apelación”, EX-2022-71657705- -APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que se presenta la firma del epígrafe, mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución 4808/2016, dictada por el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros de la Dirección General de Aduanas, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 970 del CÓDIGO Aduanero; intimándola al pago de $ 25.250.07 (pesos veinticinco mil doscientos cincuenta con siete ctvs.) en concepto de multa; U$ 8.232,82 (dólares ocho mil doscientos treinta y dos con ochenta y dos ctvs.) en concepto de derecho de importación; Estadística e IVA y $ 9.335,10 (pesos nueve mil trescientos treinta y cinco con diez ctvs.) en concepto de IVA Adicional y Anticipo de Impuesto a las Ganancias, más los intereses que pudieran corresponder, por aplicación del artículo 794 del CÓDIGO Aduanero.
Informa que importó temporariamente a través de la Aduana de Buenos Aires, mediante la destinación Nº 04001IT16000255A, mercadería para ser aplicada al Régimen de Perfeccionamiento Industrial, regulado al tiempo de los hechos por el Decreto 1439/96; señalando que antes de que operase el vencimiento previsto para la destinación en trato (12 de febrero de 2006) la empresa reexportó en tiempo y forma la totalidad de la mercadería importada. No obstante, afirma que el servicio aduanero inició la instrucción de un Sumario (Expediente SIGEA 12197-11923-2005) por considerar en infracción: “…2.957,50 kgrs. del ítem 1.1, toda vez que los PE involucrados según DD.JJ de fs. 2, no exportan la Posición Arancelaria autorizada por la solicitud de CTC Nª 061-003505/97 (5516.93) y 233,16 kgrs. Del ítem 1.2, atento que el PE Nª 05001EC03009576Y no exporta la P.A. autorizada por la solicitud de CTC 0244081/03 (5516.93), y el 3% de merma no fue destinada (53,68 Kgrs)”. Advierta preliminarmente que la instrucción del sumario fue decretada con fecha 14 de octubre de 2011 y recién, en el mes de julio de 2016, fue notificada la corrida de vista por la presunta infracción al artículo 970 del CÓDIGO Aduanero, poniendo de manifiesto que la Resolución objeto de litis (DE PRLA Nº 4808/2016) fue dictada el día 13 de octubre de 2016 y recién fue notificada mediante SICNEA 22001NOTI133528S con fecha 24 de junio de 2022, es decir, más de cinco años después.
Invoca la prescripción de la acción para aplicar penas y percibir tributos regidos por la legislación aduanera, explicando los fundamentos jurídicos que le dan sustento, en virtud -esencialmente- de lo dispuesto en los artículos 934, 937, 803 y concordantes del CÓDIGO Aduanero. En tal sentido, destaca que el artículo 1° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos dispone que los plazos serán obligatorios para la Administración (inc. e), pto. 1); que el procedimiento deberá ser impulsado de oficio (inc. a); con celeridad (inc. b) y, particularmente, en cuanto la instrucción del sumario; a la corrida de vista y a la resolución definitiva, se establece la obligación de su notificación al administrado dentro de los cinco días “computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación” (Arts. 1012 incs. b) y c) ; 1037 incs. f) y j) del C.A.; Art. 39 inc. c) y Art. 40, párrafo primero, del Dto. 1759/72).
Acredita la reexportación de los insumos y sostiene la validez de la declaración jurada involucrada en la litis. Subsidiariamente, impugna la liquidación practicada por la DGA, cita jurisprudencia, hace reserva del caso federal, ofrece prueba y solicita que se revoque la decisión aduanera apelada en la litis, con expresa imposición de costas.
II. Que, a su turno, la DGA contesta el traslado del recurso que le fuera oportunamente conferido y ofrece las actuaciones administrativas pertenecientes a la causa. Efectúa una negativa genérica de todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Relata los hechos del caso. En cuanto al fondo, arguye que la resolución recaída en el sumario contencioso resulta ajustada a derecho, toda vez que la mercadería ingresada mediante el Despacho de Importación Temporal no ha sido reexportada en legal plazo, por lo que se configuró la infracción prevista por el artículo 970 del CÓDIGO Aduanero. Destaca que a fs. 58 de las correspondientes actuaciones administrativas obra el informe de la Sección Operativa y Registral donde indica: "(...) habiéndose analizado la documentación aportada por cuerda separada, se informa que se encuentra en infracción la totalidad del ITEM 2,3,4,6,7 y 8, toda vez que no se encuentra tipificado el insumo, ya que no coincide el código de insumo declarado en la DIT con el declarado en los CTIT correspondientes, por lo que no se puede determinar la relación insumo/producto ni la reexportación de la mercadería”. Consecuentemente, y conforme lo dispuesto por el artículo 274 de la ley 22.415, la mercadería se presume importada para consumo y corresponde que sean abonados los tributos aplicables a ese hecho imponible. Concluye en que la firma La importadora no cumplió con sus obligaciones y la Aduana, en consecuencia, no puede ejercer sus funciones de control sobre la mercadería ingresada temporariamente; por lo que en aras a la equidad en relación a los administrados que cumplen acabadamente con sus obligaciones como contrapartida de los beneficios obtenidos, la recurrente merece sin lugar a dudas el reproche infraccional en los términos imputados por la DGA. Cita jurisprudencia favorable a su tesitura, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita el rechazo de la apelación interpuesta por la contraria, con expresa imposición de costas.
III. Que a fs. 24 de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12197-11923-2005 obra el Acta de Denuncia N° 144/07, en la cual se deja constancia de que la firma importadora Entretelas Americanas S.A. se encontraría incursa en la presunta comisión de la infracción prevista y penada en los artículos 970 y 972 del Código Aduanero en relación con la totalidad de la mercadería amparada por la destinación de importación temporaria (DIT) nro. 04001IT16000255A. A fs. 28, con fecha 14/10/2011, el servicio aduanero dispone la apertura de sumario conforme a lo establecido en el artículo 1090, inciso c), del CÓDIGO Aduanero. A fs. 29 se agrega la determinación de tributos y multa y a fs. 33 (18/4/2016) se ordena correr vista de lo actuado a la firma importadora, imputándole la infracción tipificada en el artículo 970 del citado cuerpo normativo. Asimismo, se cita a la firma aseguradora Aseguradoras de Cauciones S.A. Compañía de Seguros, en su carácter de garante de la operación. A fs. 35 (1/7/2016) se notifica la corrida de vista a la importadora, quién la contesta a fs. 37/38. A fs. 49 se apertura la causa a prueba. A fs. 59/61, obra la Resolución (DE PRLA) N° 4808/16, de fecha 13 de octubre de 2016, que es notificada automáticamente de oficio a fs. 68, el día 24 de junio de 2022; resultando la misma objeto de apelación en las presentes actuaciones.
IV. Que, en primer término, corresponde entender en el planteo impetrado por la recurrente respecto de la prescripción de la acción del Fisco para exigir tributos e imponer la multa objeto de autos.
Que la resolución apelada en la litis fue dictada el 13 de octubre de 2016 y notificada recién el 24 de junio del año 2022, por lo que más allá de los agravios de la parte actora introducidos en materia prescriptiva, la presente causa encuentra adecuada respuesta en el voto emitido por el suscripto in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN y “EX-2022-71387564- -APN-SGASAD#TFN- MERISANT ARGENTINA S.R.L.”, del 7 de septiembre de 2023, entre muchos otros.
V. Que, bajo tales premisas, cabe destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de cinco años que prescribe el artículo 803 del CÓDIGO Aduanero, que comenzó a correr el 1/1/2007, en los términos del artículo 804, inciso b), de la ley 22.415 (atento a que el vencimiento de la operación en trato operó el 12 de junio del año 2006), debiendo haber fenecido el 1/1/2012, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas.
Por otra parte, desde el 14 de octubre de 2011 en que se dispuso la apertura del sumario - es decir, ya transcurridos 4 años, 9 meses y 13 días-, el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a), del C.A.).
VI. Que, bajo tales postulados, corresponde tener en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración, en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del CÓDIGO Aduanero -norma que fuera declarada inconvencional por el suscripto in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expte. Nro. 30.630-A), del 6 de marzo de 2015, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación; entre muchos otros- deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A S/ apelación (Expte. nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 -voto del suscripto-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente n° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
Que, en tal orden de ideas, cabe colegir que si bien desde la fecha en que se dispusiera la apertura del Sumario (14/10/2011) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 13 de octubre de 2016- el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó el 24 de junio de 2022 (confr. fs. 68 act. adm.), es decir, cinco años, ocho meses y nueve dias después de su dictado -constituyendo un extremo fáctico de vital importancia temporal a los fines de la resolución del agravio prescriptivo de naturaleza tributaria expresamente articulado en la litis, cuyo tratamiento ningún Tribunal de Justicia puede soslayar-, cuando el curso de la prescripción había ampliamente fenecido, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 de la ley 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
Que, en efecto, toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415 -más allá que la normativa que rige en la actualidad, es decir la Ley 27.742, también conocida como Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, actualizó la Ley de Procedimientos Administrativos, disponiendo en su artículo 1 bis, inciso e), apartado iv) que “Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días”-, reanudando su cómputo a partir de dicho instante-.
Que el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo –vigente al momento de los hechos analizados- dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
VII. Que, por ello, cabe colegir que la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en la referida normativa no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el décimo día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar (debido a la modificación suscitada por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -Ley 27.742-), reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
VIII. Que, asimismo, también corresponde precisar que el inciso a) del artículo 806 del CÓDIGO Aduanero expresa que “La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se interrumpe por: a) la notificación de la liquidación tributaria aduanera...”, que en la práctica dicho acto se corresponde con la notificación de la corrida de vista, contemplada en el artículo 1101 del citado cuerpo normativo.
En tal sentido, el propio artículo 1103 de la ley 22.415 enfatiza que “La vista contemplada en el artículo 1101 tendrá los efectos de la notificación de la liquidación de los tributos a que alude el artículo 1094, inciso d)”.
IX. Que, no obstante, y sin perjuicio que la Corte Suprema de justicia de la Nación ha destacado que el instituto de la prescripción tiene que ser interpretado restrictivamente en cuanto tiende a la pérdida de las acciones, y por ello, ante la duda, debe estarse por la existencia de interrupción (Fallos: 323:192, "Andrili de Cúneo Libarona"; 326:742, "Garbellini; 329:1012, "Randazzo"; entre otros), en la especie su análisis carece de finalidad práctica, toda vez que dicha causal de interrupción se encuentra subsumida dentro de la causal de suspensión de la prescripción de la acción del Fisco Nacional para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera contemplada en el inciso a) del artículo 805 del CÓDIGO Aduanero, habida cuenta que ella empezó a correr en primer lugar, precisamente desde el auto de apertura del Sumario objeto de autos (14/10/2011), mientras que la corrida de vista es del día 18 de abril de 2016, y su notificación se produjo el 1 de julio de ese año (confr. fs. 35. act. adm.), cuando el curso de la prescripción ya se encontraba suspendido.
X. Que, por ende, cabe concluir que la acción del Fisco Nacional para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, por lo cual corresponde hacer lugar al planteo de prescripción articulado por la firma actora, con expresa imposición de costas; siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios meses, años, lustros, decenios, etc.) una resolución con la consiguiente incertidumbre, en cuanto a los derechos de los administrados.
XI. Que en relación a la prescripción de multa dispuesta en autos mediante la Resolución apelada, resulta ajustado a derecho poner de manifiesto que los artículos 934 y 935 del CÓDIGO Aduanero establecen que prescribe por el transcurso de cinco (5) años la acción del Fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras, la que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación.
Por su parte, el artículo 937 del citado cuerpo legal establece que "la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) El dictado del auto por el cual se ordene la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero; d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera”.
XII. Que de plena conformidad con la normativa citada, teniendo en consideración la fecha del vencimiento del D.I.T en cuestión (12/6/2006) y la fecha en que comenzó a correr la prescripción (01/01/2007), cabe destacar que el auto por el que se dispuso la apertura del sumario administrativo, de fecha 14/10/2011 (el CÓDIGO Aduanero hace expresa referencia al dictado del auto por el cual se ordene la apertura de sumario y no a su posterior notificación, de acuerdo a los términos señalados por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Wonderland” S.R.L., del 12 de mayo de 2009, Fallos: 332:1109), había interrumpido el curso de la prescripción de la acción del Fisco para imponer multas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 937, inc. a), de la ley 22.415.
Asimismo, corresponde añadir que una vez reanudado el plazo de cinco años para la prescripción de la acción del Fisco para imponer multas, el mismo volvió a ser interrumpido por el dictado de la resolución aduanera condenatoria, de fecha 13/6/2016, en los términos contemplados en el citado artículo 937, inc. d), del referido cuerpo normativo. No obstante, toda vez que la misma se notificó en fecha 24 de junio de 2022, en exceso del plazo prescriptivo quinquenal, cabe concluir, sin hesitación, que se ha producido la pretendida prescripción de la acción del Fisco para imponer multas, por lo que corresponde hacer lugar al planteo articulado por la firma recurrente en tal sentido.
XIII. Que, por lo demás, y sin perjuicio del modo en que se decide el agravio bajo análisis, este Tribunal no puede dejar de señalar la honda preocupación que implica la extensa duración del sumario aduanero de marras, en el cual la resolución apelada ha sido notificada casi 6 (seis) años después, cuadra repetir, de haber sido dictada. Por consiguiente, cabe concluir que la acción del Fisco para exigir tributos e imponer penas se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, por lo cual corresponde hacer lugar a este planteo, con expresa imposición de costas (en el mismo sentido, esta Sala in re “3M ARGENTINA SACIFIA”, del 3 de febrero de 2023); siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios años, lustros, decenios, etc.) una resolución datada antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados (en el mismo sentido, esta Sala “F” in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN- VOCXVIII#TFN, voto del Dr. Pablo Garbarino), y sin respetar la mencionada garantía del plazo razonable de tramitación de procesos aduaneros, de raíz tanto consitucional como convencional, vinculada estrechamente con el derecho al debido proceso adjetivo, cuyo irrestricto respeto corresponde a este Tribunal siempre salvaguardar.
XIV. Que, en definitiva, entiendo que la forma en que se resuelve tanto la cuestión tributaria como el reproche infraccional es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.).
XV. Que ello es así, en virtud de que las normas específicas que rigen toda cuestión litigiosa deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos: 255:360; 258:75; 281:146; 302:813.
Y si bien resulta cierto que la primera exigencia de cualquier método hermenéutico en la interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, también lo es, y desde el plano normativo, la de estimar que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema a que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias (Fallos: 234:482; 295:1001).
XVI. Que, por último, no debe jamás olvidarse que la función específica de los magistrados exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión -SUBLIME- de administrar justicia (doctr. Fallos: 234:482; entre muchos otros).
Por ello, VOTO por:
1. Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos e imponer multa en relación a la firma ENTRETELAS AMERICANAS S.A. en las presentes actuaciones.
2. Imponer las costas del pleito a la demandada vencida.
El Dr. González Palazzo dijo:
El vocal preopinante, dr. Pablo Garbarino, sostiene que la prescripción de las acciones del Fisco para imponer penas y exigir tributos comienza a computarse nuevamente a partir del mero dictado de la resolución aduanera, aun prescindiendo de su notificación al administrado. No comparto tal criterio, que se ha reiterado en no pocos casos sustancialmente análogos al presente.
El caso bajo examen se encuentra regido por el marco normativo vigente con anterioridad al decreto de necesidad y urgencia 70/2023. Pretender que el nuevo plazo prescriptivo se inicie con el mero dictado de la resolución importaría atribuir al legislador una previsión que jamás introdujo en el régimen anterior. El DNU 70/23 vino a establecer expresamente la obligatoriedad de la notificación de la resolución como presupuesto de eficacia, reforzando la idea de que no existió imprevisión normativa, sino que siempre se entendió que el acto deviene ejecutable recién desde la notificación. Por ende, la suspensión de la prescripción prevista en el art. 803 del Código Aduanero se mantiene hasta que la resolución pueda ser ejecutada, lo que solo ocurre con su notificación al administrado.
La jurisprudencia nacional refuerza esta conclusión. El Plenario “Hughes Tool Company” (CNCAF, 22/12/1965) resolvió que, tratándose de prescripción en materia de sanciones, las normas que disponen la suspensión e interrupción de los plazos deben aplicarse con estricto apego a la ley, por cuanto constituyen un límite a la potestad punitiva del Estado. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en “Wonderland Entertainment S.A. c/ EN – DGA s/ recurso de apelación” (Fallos: 342:917, 2/07/2019), reafirmó que los efectos suspensivos e interruptivos en materia de prescripción de la acción fiscal deben ser interpretados en forma estricta y restrictiva. Allí, al analizar la interrupción de la prescripción para exigir tributos, el Máximo Tribunal puso de relieve que se trata de una garantía de seguridad jurídica en favor del contribuyente, que no puede ser debilitada mediante interpretaciones extensivas o analógicas.
En igual línea, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ha sostenido reiteradamente que la prescripción debe ser aplicada con criterio estricto: “Shell C.A.P.S.A. c/ DGI” (Sala IV, 12/06/2003), donde se resaltó la finalidad de asegurar certeza en las relaciones jurídicas; “Molinos Río de la Plata S.A. c/ DGA” (Sala V, 04/09/2007), donde se afirmó que la prescripción limita el poder estatal y debe ser interpretada en forma restrictiva; y “Harriet y Donnelly S.A. c/ DGI” (Sala III, 28/08/2012), donde se reafirmó que la prescripción opera como garantía de seguridad jurídica.
Estos precedentes —uno en materia sancionatoria (“Hughes Tool”) y otro en materia tributaria (“Wonderland”)— confluyen en un mismo principio rector: la prescripción constituye un límite temporal al poder estatal, y su interpretación debe ser restrictiva en resguardo de la seguridad jurídica y de la garantía de defensa. A la luz de tales lineamientos, no resulta jurídicamente sostenible la tesis del dr. Garbarino que pretende iniciar un nuevo cómputo de la prescripción desde el mero dictado de la resolución aduanera, prescindiendo de su notificación. Tal criterio importaría, en los hechos, prolongar indebidamente la potestad del Fisco, en abierta contradicción con el principio de interpretación restrictiva consagrado por la CNCAF y la CSJN.
A pesar de ello, el dr. Garbarino recurre en este caso a la Convención Americana sobre Derechos Humanos para sostener que la prescripción debe computarse desde el dictado de la resolución. No puedo dejar de advertir la inconsistencia de ese razonamiento con sus propios antecedentes. En su voto en el Expte. N° 33.400-A, “RECKITT BENCKISER ARGENTINA SA c/ DGA s/ Apelación”, del 21 de junio de 2023, citando la Opinión Consultiva OC-22/16 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que “el artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado”. Del mismo modo, en su habitual estilo autoreferencial, recordó lo que ya había dicho al votar en “Chubb Argentina de Seguros S.A.” (Expte. 31.241-A, Sala F) y en “ABB S.A.” (Expte. 36.950-A, Sala F), como si el argumento necesitara del eco de sí mismo para robustecerse. Paradójicamente, tras tantas autocitas donde insiste en que las personas jurídicas no son sujetos de la Convención, se invoca ahora la CADH para fundar una solución precisamente en un caso donde el obligado es una persona de existencia ideal.
Más allá de ello, considero que todos los sujetos de derecho —de existencia real o ideal— deben ser ponderados a la luz de la Convención. Ello porque, detrás de cada persona jurídica, existen individuos cuyos derechos pueden verse afectados por actos estatales dirigidos contra aquélla. La Corte IDH, en la Opinión Consultiva 22/2016, reconoció que los derechos de las personas físicas pueden verse comprometidos cuando sus intereses se canalizan a través de una persona jurídica. En igual línea, aplicar los principios de la Convención a la actuación estatal evita que la República Argentina se exponga a eventuales condenas internacionales por actos que, aunque formalmente dirigidos a una entidad, terminan afectando a seres humanos que la integran o representan.
La Corte Interamericana ha resaltado la importancia de velar por el plazo razonable (art. 8.1 CADH), pero también ha subrayado que su análisis exige evaluar la actividad procesal del interesado. Así, en los casos Genie Lacayo vs. Nicaragua (1997), Valle Jaramillo vs. Colombia (2008) y Furlan y Familiares vs. Argentina (2012), se estableció que la razonabilidad del plazo depende de la complejidad del asunto y de la conducta de las partes. Aun cuando aquí se advierte una dilación sustancial en la tramitación, no corresponde fundar la solución en la CADH. Ello porque la firma se encontraba debidamente impuesta de la existencia del procedimiento, habiendo sido notificada oportunamente de la corrida de vista prevista en el art. 1101 del Código Aduanero (tal como bien lo destaca el dr. Garbarino). Por ende, no se configuró desconocimiento absoluto ni indefensión que justifique la aplicación directa del estándar convencional.
Por lo expuesto, voto por RECHAZAR la tesis prescriptiva del dr. Pablo Garbarino, aclarando que no me adentro en el tratamiento de la cuestión de fondo, tanto porque la jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ha desestimado en gran medida planteos de esta índole, como en razón de la elevada carga de tareas de esta Vocalía, todo lo cual desaconseja un dispendio jurisdiccional innecesario.
Por ello, de adoptarse el temperamento aquí propuesto, los autos deberán volver a la Vocalía instructora para que se expida sobre la cuestión de fondo.
Así lo voto.
El Dr. Segura dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos e imponer multa en relación a la firma ENTRETELAS AMERICANAS S.A. en las presentes actuaciones.
2. Imponer las costas del pleito a la demandada vencida.
Regístrese. Notifíquese. Oportunamente, archívese.
Date: 2025.09.24 17:58:51 ART Date: 2025.09.25 14:29:06 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.25 15:39:40 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.25 15:40:27 -03:00
Fin de la sentencia