Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros. 241/2005, periodos fiscales 05/2001 a 12/2001, 293/2005, y 136/2014, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por la representación procesal la suma de $176.935, y por el patrocinio letrado $441.348, teniendo en consideración la naturaleza de la causa, el monto del litigio, las etapas procesales cumplidas, y demás pautas establecidas por la ley 21.839 modificada por la ley 24.432. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-26453712-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 10 de Marzo de 2023 Servicios Urbain .S.A. s/ apelación”- Sentencia.
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en el Exp. N° 26.141-I y sus acum. Nros. 26.142-I, 26.517-I y 41.119-I caratulado “Equipos y Servicios Urbain S.A. s/recurso de apelación”. La Dra. Agustina O’Donnell dijo:
I. La empresa Equipos y Servicios Urbain S.A. interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las siguientes Resoluciones dictadas el 27 de septiembre de 2005, el 25 de noviembre de 2005 y el 24 de octubre de 2014 respectivamente, por la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Microcentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos:
a.- la Resolución N°241/2005, en la que se impugnan los créditos fiscales del impuesto al valor agregado computados en los períodos fiscales 5/2001 a 4/2002 y se determina de oficio su obligación y se la intimó a ingresar $409.432,10, más intereses resarcitorios.
b.- la Resolución N°240/2005, en la que se intima el pago del impuesto a las salidas no documentadas por los períodos fiscales 5/2001 a 12/2001, por $295.520,67, más intereses resarcitorios.
c.- la Resolución N° 293/2005, en la que se determina de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2001 y 2002, y se la íntima a ingresar $822.638,65, más intereses resarcitorios. En los tres actos se hizo reserva de juzgar la conducta infraccional de los responsables por aplicación del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.).
d.- la Resolución N°136/2014 en la que se le aplicó una multa de $1.915.454,82, por la presentación inexacta de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias por el período fiscal 2002, con sustento en el art. 46 y presumiendo el dolo en su conducta por aplicación del art. 47, inc. b), de la misma ley. En su presentación ante este Tribunal, Equipos y Servicios Urbain S.A. solicita la nulidad de la determinación de oficio del impuesto al valor agregado en la Res. N° 241/2005 por considerar que no se impugnaron previamente las declaraciones juradas, lo que entiende vulnera la secuencia específicamente preordenada en el art. 16 de la ley 11.683 para habilitar la determinación de oficio como medio subsidiario de cuantificación de la obligación tributaria.
Además, desconoce la competencia del juez administrativo que dictó las Resoluciones, ya que cambió su domicilio fiscal a la Provincia de Buenos Aires y comunicó dicha circunstancia a la dependencia en donde tramitaba el procedimiento con fecha del 2/9/2004, el que le fue aceptado, por lo que considera que el juez administrativo de la Dirección Regional Microcentro quedó desplazado por una nueva regional –la Oeste-. Explica, por otro lado, que el acto administrativo que prorrogó la jurisdicción no se le notificó, todo lo cual encuadra como incompetencia territorial del juez administrativo.
Respecto a los ajustes, sostiene que la fiscalización estuvo frágilmente dirigida a acreditar la falsedad de las facturas extendidas por distintos proveedores por razones tales como su falta de inscripción, que carecían de domicilio y el desconocimiento de la imprenta acerca de las facturas atribuidas a dichos proveedores. Agrega que las operaciones objetadas corresponden a compras a proveedores, a quienes exigió la entrega de facturas, que fueron esenciales para los servicios que prestó con su propio equipamiento. En ese orden de ideas, que alega la imposibilidad desde un punto de vista de la realidad negocial y comercial que tales servicios hayan sido inexistentes, ya que caso contrario debió reputarse de falsas las ventas facturadas por Equipos y Servicios Urbain S.A. y ajustarse también el débito fiscal.
Considera también que quien afirma la inexistencia de operaciones comerciales que se encuentran debidamente registradas, contabilizadas y documentadas, es la Administración Tributaria y que sobre ella recae la carga de acreditar la pretendida inexistencia de las mismas. Agrega, por otro lado, que no está controvertida la documentación de las operaciones con comprobantes que cumplen con todos los requisitos, ni su registración en los libros pertinentes.
En cuanto a la intimación por salidas no documentada, explica que es improcedente, porque las erogaciones que presuntamente se encontrarían respaldadas con documentación falsa o inexistente –de acuerdo a lo afirmado por el juez administrativo-tuvieron por destino sujetos claramente individualizados, por lo que no hay los beneficiarios ocultos que permita exigir el impuesto previsto en el art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias. Por último, respecto a la multa de defraudación aplicada en Resolución N°136/2014 respecto del impuesto a las ganancias del período fiscal 2002 opone las defensas de prescripción al considerar que lo único que interrumpe el plazo es el inicio de la acción judicial, y de inconstitucionalidad del art. 20 de la ley 24.769, del dictamen 108/1999 y de los arts. 9 y 10 del decreto 618/1997; aporta prueba documental y ofrece la producción de prueba informativa y pericial contable y solicita, en consecuencia, que se revoquen las Resoluciones en todas sus partes, con costas.
II. A fs. 70/96, 226/249, 323/351 y fs. 546/551 el Fisco Nacional contesta el traslado de los recursos, solicitando que se rechacen las nulidades articuladas y que se confirmen sus actos, también con costas.
III. A fs. 102 está el auto de apertura a prueba del 15 de junio de 2006 en el que se hace lugar a la prueba informativa y a fs.122 no se hace lugar a la pericial contable ofrecida por improcedente. A fs. 112, 113/116, 119, 124/148 obran las respuestas a los oficios librados a la Cámara Argentina de Empresas de Saneamiento Ambiental, a Martin y Martin S.A., a Consorcio El Trebol S.A. y a la Administración Federal de Ingresos Públicos, respectivamente.
A fs. 356 obra la acumulación del Exp. N°26.517-Ial N°26.142-I; a fs. 370 la del Exp. N°26.142-I al N° 26.141-I y a fs. 571se resuelve acumular el Exp. N°41.119-I al N°26.141-I.
A fs. 435/436 Equipos y Servicios Urbain S.A. informa la regularización y desiste de los recursos de apelación contra las Resoluciones Nros. 241/2005 (Exp. N°26.141-I) y 240/2005 (Exp. 26.142-I), por lo que a fs. 452/453 obra la sentencia en que se la tuvo por desistida de la acción y del derecho –incluso el de repetición- respecto a tales actos, pero en el caso del impuesto al valor agregado únicamente por los períodos fiscales 01/2002 a 04/2002.
A fs. 471 se declara el cierre del período probatorio y se eleva a Sala; a fs. 477 se pusieron los autos para alegar, obrando a fs. 478/479 únicamente el escrito del Fisco Nacional.
Por último, a fs. 579 quedan en estado para dictar sentencia.
IV. Corresponde resolver sobre la validez y legitimidad de las Resoluciones Nros. N° 241/2005 sólo por los periodos fiscales no desistidos -05/2001 a 12/2001-, Resolución N° 293/2005 y Resolución N° 136/2014, para lo cual cabe recordar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970 y en el mismo sentido la Cámara in re “Agropecuaria Huinca SRL”, sentencia del 2/9/2014 y sus citas, entre muchas otras).
En primer término, debe decirse que ninguna norma impone como recaudo de validez del acto de determinación de oficio que previamente se impugnen las declaraciones juradas por lo que lo que mal puede acusarse nulidad por un recaudo que la Administración Tributaria no estaba obligada a cumplir; ello, sin perjuicio de señalar que cuando ésta determina de oficio es porque previamente ha reunido los elementos de prueba que la llevan a dudar de la veracidad o de exactitud tales instrumentos, es decir, no existe un acto procesal y/o administrativo autónomo de impugnación sino que el acto de determinación de oficio es la impugnación con entidad suficiente para determinar de oficio la materia imponible. No se advierte, entonces, violación alguna al art. 16 de la ley 11.683 que es la norma invocada por el recurrente.
Respecto al planteo de incompetencia del juez administrativo que emitió las Resoluciones, también es improcedente por cuanto no se cuestiona que éstas fueron notificadas en el nuevo domicilio fiscal constituido por el recurrente e informado en las actuaciones administrativas cuando ya se había notificado el acto de vista que da inicio al procedimiento de determinación de oficio reglado en el art. 17 de la ley 11.683. Fue dicho acto el que estableció la jurisdicción competente, tanto en razón de la materia como del territorio, para dictar el acto administrativo previsto también en dicha norma. Por otro lado, suponer que cada vez que contribuyente cambia de domicilio fiscal, conlleva un cambio de jurisdicción implicaría tanto como convalidar la posibilidad de que a través de este tipo de trámites se lleven a cabo maniobras que entorpezcan el normal desenvolvimiento de los procedimientos reglados en la citada ley. Por ello, corresponde rechazar los planteos de nulidad y de incompetencia, sin costas (conf. “Bolland”, Fallos 336:70).
En cuanto a la legitimidad de la pretensión fiscal y sancionatoria, surge de los Considerandos de las Resoluciones que luego de sustanciarse el procedimiento de fiscalización iniciado a Equipos y Servicios Urbain S.A., cuya actividad es prestar servicios de saneamiento público, se impugnaron las operaciones con proveedores que luego de una exhaustiva investigación realizada a cada uno de ellos fueron calificados de apócrifos: Transportes de Cargas Generales Silver de Juan Carlos Retar, Ingeniería del Movimiento S.O.N.O.R. S.A. y Movi- Construcciones S.A.
Para ello se tuvo en cuenta aspectos tales como que el número de C.U.I.T. correspondía a otro contribuyente (vgr. Transportes de Cargas Generales Silver de Juan Carlos Retar); en el caso de Ingeniería del Movimiento S.O.N.O.R. S.A. y Movi-Construcciones S.A. se detectó que los números de C.U.I.T. y la razón social eran inexistentes, al igual que el C.U.I.T. de la imprenta consignada al pie de las facturas; con respecto a Ingeniería del Movimiento S.O.N.O.R. S.A. se concurrió al domicilio de la imprenta y su titular manifestó que no realizó el trabajo de impresión de las facturas y que no conoce a la firma en cuestión, asimismo, no se pudo localizar en sus domicilios ni a las empresas ni a sus directores; en el caso de Movi-Construcciones S.A. se constató que el domicilio comercial sito en D. Pombo, San Martin, Prov. de Buenos Aires la numeración era inexistente. Respecto a Ingeniería del Movimiento S.O.N.O.R. S.A., personal fiscalizador fue atendido por la Sra. Marta Graciela Rodríguez en su carácter de propietaria del inmueble, quien afirmo que se trata de una vivienda familiar donde vive hace aproximadamente veinte años y que desconoce a la firma, por último se constató que en el domicilio comercial consignado por Transportes de Cargas Generales Silver de Juan Carlos Retar funciona un taller de chapa y pintura de automóviles, manifestando desconocer al Sr. Juan Carlos Retar y a la firma, en este caso se realizó la búsqueda del Sr. antes mencionado a través de su nombre y apellido no surgiendo número de C.U.I.T. alguno.
En cuanto a la verificación del circuito de pagos de las operaciones cuestionadas, arrojó como resultado que los pagos efectuados mediante cheques fueron librados en su mayoría a nombre del presidente, del director o de un empleado de Equipos y Servicios Urbain S.A., quienes cobraron tales instrumentos de pago, según lo informado por el Banco Francés S.A.
Todo ello tuvo como resultado la impugnación de los créditos fiscales en el impuesto al valor agregado al desconocerse la realidad de los servicios documentados en los comprobantes a nombre de los proveedores; así como la impugnación de los gastos deducidos en el impuesto a las ganancias por desconocerse su efectiva existencia; y, por último, la intimación del pago del impuesto a las salidas no documentadas al dudarse de los reales beneficiarios de los pagos de las erogaciones.
La prueba rendida en esta instancia consiste en las respuestas dadas a los oficios que se libraran a la Cámara Argentina de Empresas de Saneamiento Ambiental para que dijera si era razonable que una empresa del sector hubiera tenido en los años 2001/2002 una rentabilidad neta superior al 80%, y si los precios consignados en las facturas impugnadas tenían una razonabilidad en los términos generales de mercado de aquellos años, quien contestó que excedía la incumbencia y objetivo de dicha Cámara ya que eran cuestiones propias de las empresas asociadas.
Asimismo, se le requirió a la Administración Federal de Ingresos Públicos que informara cual había sido la rentabilidad neta promedio que las empresas con código de actividad 900090 y/o similares, obrando la respuesta a fs. 148, donde se desprende que el porcentaje de ventas/resultado neto final positivo fue del 9,2% para el año 2001 y de 3,9% para el año 2022. También le requirió informes a dos de sus clientes -Martin Y Martin S.A. y Consorcio El Trébol S.A.- que declararon haber realizado actividades comerciales con la aquí recurrente. En el primer caso, la aquí recurrente le prestó servicios de alquiler de equipos y en el segundo, de transporte de residuos a granel.
Sobre esta plataforma fáctica corresponde resolver en cada uno de los ajustes.
a.- Ajustes en el impuesto al valor agregado -Res. N°241/2005 – periodos fiscales 05/2001 a 12/2001. Respecto a la impugnación de los créditos fiscales computados en las declaraciones juradas de los periodos fiscales 05/2001 a 12/2001, por los servicios efectuados por los proveedores Transportes de Cargas Generales Silver de Juan Carlos Retar, Ingeniería del Movimiento S.O.N.O.R. S.A. y Movi-Construcciones S.A., y contrariamente a lo que invoca Equipos y Servicios Urbain S.A. en su recurso de apelación, era a ella a la que le correspondía demostrar su efectiva realización.
En efecto, le correspondía al recurrente, en el derecho de contradicción que la ley procesal le acuerda ejercer, demostrar que realmente contrató con dichas firmas y que le asiste el derecho a computar los créditos fiscales de tales operaciones, mas no lo hizo.
Ello así, toda vez que ante ajustes como el que aquí se analiza resulta de aplicación la interpretación realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de las disposiciones del art. 12 de la ley del gravamen en la causa “Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI”, del 10 de marzo de 2015, entre muchas otras, al sostener: "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. 1997 y sus modificaciones), sobre cuya el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...".
Similares consideraciones hizo en “ADM Argentina S.A.” del 10 de marzo de 2015 y en “Molinos Río de la Plata S.A.” del 25 de agosto de 2015, entre muchas otras.
Lo explica la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal cuando dice que “…el contribuyente debe acreditar fehacientemente la real existencia de las operaciones realizadas y a su vez, para que se pueda computar el crédito fiscal, es necesaria la existencia de la generación de un débito fiscal en la etapa anterior por esa misma operación para el vendedor, locador o prestador, pues se supone que el contribuyente puede tomar en cuenta el crédito así constituido por haber abonado el Impuesto al Valor Agregado en la etapa anterior(conf. esta Sala, in re “Molinos Río de La Plata SA c/ EN- AFIP DGI- Resol. 227/0639/06 (GC) s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 14/08/12)” – conf. “Avital S.A.”, del 24.2.2022, entre otras-.
Resulta así claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto del prestador del servicio o del vendedor de los bienes, extremo que es el que corresponde analizar aquí, en orden a determinar si fueron realmente los proveedores impugnados los que efectivamente prestaron los servicios, por ende, si le asiste al recurrente el derecho a computar el crédito fiscal de los comprobantes fiscales extendidos por éstos, a pesar de las múltiples irregularidades invocadas por el juez administrativo a partir de las tareas de fiscalización llevadas a cabo a cada uno de ellos. Entre ellas, las más relevantes, la imposibilidad de identificarlos por sus números de C.U.I.T., por inexistentes o porque correspondían a otros contribuyentes, y la imposibilidad de localizarlos en los domicilios informados ante la Administración Tributaria, ni a los proveedores ni a sus directores, en el caso de personas jurídicas.
Debe decirse que la prueba informativa producida en el Expediente en nada contribuye con el propósito antes indicado, ya que no ha tenido por propósito, sino demostrar ventas a clientes e índices de rentabilidad. Queda decir por último, que ha sido el propio recurrente el que ha puesto en duda la veracidad de las operaciones al rectificar sus declaraciones juradas del impuesto al valor agregado en las que computó créditos fiscales de operaciones de los mismos proveedores pero de otros períodos fiscales. En efecto, en el escrito que obra a fs. 445 informó al respecto “Cabe mencionar que los períodos discutidos de 05/2001 a 12/2001 no se acogieron a la moratoria atento que los mismos se encontraban prescriptos conforme fuera señalado oportunamente”, aunque no hay en el recurso de apelación presentado ante este Tribunal planteo alguno referido a la prescripción de las obligaciones correspondientes a tales períodos.
De cualquier modo, teniendo en cuenta que la Resolución de determinación de oficio fue emitida el 27/9/2005, debe concluirse que fue en término.
En ocasión de regularizarse las operaciones con los proveedores de los período fiscales 01/2002 a 04/2002 también se regularizó el impuesto a la salidas no documentadas de los períodos 05/2001 a 12/2001, prueba que sumada al resto de los elementos más arriba reseñados permite también concluir en su inexistencia. En efecto, fue la propia recurrente la que reconoció que los cheques entregados en cancelación de las facturas a los proveedores no los cobraron éstos sino empleados y funcionarios, inclusive el Presidente de Equipos y Servicios Urbain S.A., lo que equivale a decir que los fondos salieron del patrimonio de la empresa y luego reingresaron.
Lo expuesto es suficiente para desconocer los créditos fiscales computados en las declaraciones juradas y confirmar la pretensión fiscal notificada en la Res. N° 241/2005.
b.- Ajustes en el impuesto a las ganancias – Res. N° 293/2005.
El juez administrativo también impugnó los gastos deducidos por las mismas operaciones en el periodo fiscal 2001 y 2002, respecto de los proveedores Transportes de Cargas Generales Silver de Juan Carlos Retar, Ingeniería del Movimiento S.O.N.O.R. S.A. y Movi-Construcciones S.A. Lo que la recurrente tenía que demostrar es que los comprobantes fiscales correspondían a gastos efectivamente realizados y que fueron necesarios para generar y/o mantener las ganancias gravadas, en los términos previstos en los arts. 17 y 80 de la ley del gravamen, pero tampoco lo hizo.
Es decir, no probó que incurrió en los gastos allí documentadas ni con los proveedores identificados en los comprobantes ni con otros, por ende, la prueba que produjo ante este Tribunal referida a los índices de rentabilidad de empresas dedicadas a la misma actividad o los servicios prestados a clientes de Equipos y Servicios Urbain S.A. nada aportan a la solución de la controversia.
Por esta razón, corresponde confirmar también la Res. N°293/2005.
V. Por último, respecto de la sanción de defraudación aplicada en la Resolución N°136/2014 respecto de la presentación inexacta del impuesto a las ganancias del período fiscal 2002 con sustento en el art. 46 y valiéndose de la presunción de dolo establecida en el art. 47, inc. b) de la ley 11.683, corresponde en primer término expedirse sobre el planteo de prescripción que la recurrente funda en que la única causal que suspende el plazo para aplicar la multa es el inicio de acción judicial.
Sin embargo, la ley 11.683 prevé otras causales de suspensión e interrupción del plazo de prescripción para que la Administración Tributaria ejerza sus facultades punitivas, entre ellas, la del art. 65, inc. d). En el caso, al instruirse el sumario el juez administrativo difirió expresamente la aplicación de la sanción material al resultado de la causa penal tributaria de acuerdo a lo previsto en el art. 20 de la ley 24.769. Surge de las act. adm. que la denuncia penal fue presentada el 27/2/2005 y la sentencia en sede penal fue dictada el 8/10/2013, período durante el cual el plazo de prescripción que había comenzada a computarse el 1/1/2004 estuvo suspendido, por lo que la sanción aplicada en la resolución dictada el 2/10/2014 fue en término.
Respecto del resto de los agravios formulados en el recurso de apelación, por su vaguedad y generalidad, entre ellos los referidos a la inconstitucionalidad de diversas normas, como el art. 20 de la ley 24.769, no resultan tampoco de entidad suficiente para controvertir la configuración de los elementos subjetivo y objetivo requeridos en el tipo de defraudación del art. 46 de la ley 11.683. Tampoco en el recurso de apelación contra la Resolución N° 136/2014 la empresa aporta ni ofrece prueba tendiente a acreditar la efectiva existencia de los gastos computados en la declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal 2002, ni hace esfuerzo alguno por refutar la presunción de dolo allí aplicada.
Por ello, corresponde confirmar la Resolución N°136/2014, con costas.
El Dr. Martin dijo:
Que adhiere al voto precedente.
La Dra. Gómez dijo:
I.-. Que si bien esta juzgadora comparte en los sustancial el rechazo de los planteos de nulidad efectuados por la Dra. O´Donnell, corresponde realizar algunas precisiones adicionales.
Respecto al planteo por incompetencia del juez administrativo en virtud del cambio de domicilio fiscal de la recurrente, en primer lugar surge de la Resolución 241/2005 (vide fs. 10/32) que la vista que dio inicio al procedimiento determinativo fue conferida el 27 de noviembre de 2003 por la Dirección Regional Microcentro, presentando la aquí recurrente descargo el 22 de enero de 2004. Posteriormente se abrió a prueba el procedimiento y luego de haber sido prorrogado hasta el 1 de septiembre de 2004, el día siguiente la actora efectuó una presentación comunicando el cambio de domicilio fiscal.
En tal sentido, resulta razonable –como lo sostiene el Fisco Nacional- que el juez interviniente al momento de la apertura del procedimiento determinativo (perteneciente a la Dirección Regional Microcentro) sea quien continué el trámite del mismo, aún ante un cambio de domicilio, no evidenciándose perjuicio alguno a la apelante para justificar su planteo de nulidad.
Respecto a la recusación del juez administrativo, debe remarcarse que no resulta procedente dicho planteo de forma genérica, por lo que deben invocarse causas concretas, sin que pueda admitirse que hubo irregularidad alguna por parte de la Jefa (int) de la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Microcento puesto que ha cumplido con sus funciones y dentro de las facultades conferidas por ley al merituar las probanzas que consideraba necesarias y procedentes para dilucidar la cuestión, pero el hecho de que no haya obrado en la forma querida por el apelante no puede ser tenido en cuenta para que proceda el remedio procesal intentado (cfr. esta Sala en anterior composición in re “Marcolini, Rubén Héctor”, sentencia del 17 de noviembre de 2005). En cuanto a la no admisión de la prueba informativa ofrecida, ello no puede considerarse causal de nulidad siendo que en la instancia de este Tribunal, las partes pueden ofrecer ante el mismo la prueba que hubiera sido denegada en sede administrativa, de acuerdo con lo que se establece en la ley de rito, lo que está corroborado en la presente causa, en que la recurrente ha tenido ocasión de proponer las medidas que estima conducentes a esclarecer los hechos controvertidos.
En definitiva, del examen de las actuaciones se evidencia que el acto no solo fue emanado por autoridad competente sino que se hace mención de los antecedentes de hecho y de derecho que justifican su dictado, razón por la cual no puede considerarse válidamente que se haya visto afectada la garantía del debido proceso adjetivo, ni existencia de vicio alguno que colocara a la recurrente en estado de indefensión. En tal sentido, los argumentos vertidos como fundamento de la nulidad intentada, resultan ser una mera discrepancia con el criterio fiscal y que, en realidad, integran el fondo de la cuestión que este Tribunal está llamado a resolver.
Ello así, corresponde rechazar los planteos de nulidad tratados en este punto. Con relación a las costas y en virtud de los términos expuestos por la actora en su recurso al articularlo como de previo y especial pronunciamiento (vide punto 4 del petitorio obrante a fs. 53) corresponde su imposición a la vencida.
II. Que comparte en lo sustancial los argumentos de la Vocal Instructora para confirmar tanto los ajustes practicados en las Resoluciones 241/2005 –en la parte no desistida conforme sentencia de fs. 452/453- y 293/2005 con más sus intereses y la multa aplicada en el acto individualizado como Resolución N° 136/2014; todo ello, con costas a la vencida.
III. Por lo expuesto voto por: 1) Rechazar los planteos de nulidad opuestos por la recurrente, con costas; 2) Confirmar los actos apelados en todas sus partes, con costas.
Atento el resultado de la votación que antecede,
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 241/2005, periodos fiscales 05/2001 a 12/2001, 293/2005, y 136/2014, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por la representación procesal la suma de $176.935, y por el patrocinio letrado $441.348, teniendo en consideración la naturaleza de la causa, el monto del litigio, las etapas procesales cumplidas, y demás pautas establecidas por la ley 21.839 modificada por la ley 24.432. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.03.09 17:20:56 -03:00 Date: 2023.03.10 09:13:43 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.03.10 11:33:50 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.10 11:33:51 -03:00
Fin de la sentencia