Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2024-120626425-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el acto apelado en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $1.033.246 (pesos un millón treinta y tres mil doscientos cuarenta y seis) equivalente a 11,50 (once con 50/100) UMA-Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $2.583.114 (pesos dos millones quinientos ochenta y tres mil ciento catorce) equivalente a 28,74 (veintiocho con 74/100) UMA los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N°235/2026 (05/3/2026) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3Regular a la perito contadora, Dra. Maria Angélica Gattoronchieri, la suma de $ 593.206 equivalente a 6,60 (seis con 60/100) UMA los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y las labores periciales realizadas, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N°235/2026 (05/3/2026) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe firma conjunta Número: IF-2026-26219913-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 13 de Marzo de 2026 INDUSTRIAL Y FINANCIERA; SENTENCIA (VOCX)
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2024-120626425- -APN-SGAI#TFN, caratulado “ERPA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA s/recurso de apelación”
La Dra. Gómez dijo:
I – Que mediante RE-2024-120616081-APN-SGAI#TFN se interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 79/2024, dictada con fecha 16 de octubre de 2024 por la División Revisión y recursos de la Dirección Regional Oeste de la AFIP-DGI (hoy ARCA), por la que se determina de oficio el impuesto a las ganancias del período 2018, con más intereses resarcitorios y se le aplica una multa equivalente al 100% del gravamen intimado por aplicación de lo establecido en el art. 45 inciso a) de la ley N° 11683 (t.o. en 1998 y modificaciones). Explica que la fiscalización tiene origen en la impugnación de la declaración jurada del impuesto, como consecuencia de que la empresa para la liquidación del perído 2018 -con fecha de cierre de balance el 31/7/2018-, aplicó las disposiciones contenidas en el Título VI de la ley de tributo referidas al ajuste por inflación impositivo, dado que de no hacerlo la alícuota efectiva se elevaría al 61,89% lo que la torna confiscatoria, lesiva de la capacidad contributiva, la garantía de propiedad y del principio de reserva de ley. Remarca que en la propia resolución apelada se hace mención a que la incidencia del impuesto determinado sin ajuste por inflación arrojaría una tasa efectiva del 55,83% , indicando que si bien es menor a la establecida por la propia recurrente, el número que arroja sigue siendo superior a la fijada por la normativa (sic).
Hace mención a la normativa vigente antes de las modificaciones introducidas por las leyes 27.430 y 27.468 a la ley del tributo respecto del Título VI de la la ley de gravamen, entendiendo que el método del ajuste por inflación es aplicable al caso, tanto por lo establecido en el art. 39 anterior a la reforma referida como a partir de ella, indicando que el ejercicio bajo análisis se inició el 1°/8/2017, y que el contexto inflacionario se mantuvo durante el transcurso de los años 2017 y 2018. Cita en apoyo de su posición la doctrina fijada en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver el caso “Candy SA”(Fallos 322:1571) y las sentencias dictadas con posterioridad en igual sentido.
Se agravia de la intimación los intereses resarcitorios argumentando que no se configuró el elemento subjetivo para la constitución en mora, en tanto ésta no le fue imputable. De igual modo se opone a la sanción impuesta alegando que la utilización del mecanismo del ajuste por inflación en la liquidación del impuesto se debió a la necesidad de evitar la consumación de un grave perjuicio a su patrimonio y en subsidio, invoca la figura del error excusable.
Por último ofrece prueba pericial contable y por las razones de hecho y derecho que expone pide que se revoque la resolución apelada, con costas y hace reserva del caso federal.
II. Que por IF-2025-12074179-APN-DTD#JGM, contesta traslado el Fisco Nacional, refiriéndose en primer término que la actora pretende la aplicación de un régimen que se encuentra derogado, o bien suspendido para ser aplicado en el período fiscal en debate. Con relación a la conclusión arribada en el fallo "Candy S.A.", señala que el mismo versa sobre un período fiscal en el cual la legislación entonces vigente es distinta a las normas aplicables para la liquidación del tributo en el período fiscal 2018 (sic).
Explica que en función del ajuste estático, los agentes compararon la incidencia del impuesto determinado sin ajuste por inflación calculado por la responsable ($26.493.985,30) sobre el resultado impositivo determinado por la rubrada ($42.803.721,85), arrojando una incidencia del 61,89%; no obstante ello, pone de resalto que se detectaron distintos errores en la determinación realizada por la actora, razón por la cual se procedió a recalcular el monto del ajuste estático, dando como resultado una tasa efectiva del 55,83% y no 61,89% como surgía de la información de la recurrente.
Agrega, que los fiscalizadores analizaron la relación entre el impuesto histórico/resultado contable ajustado por inflación, arribando a un ratio del 29,89 %, valor inferior al 55 % previsto en el fallo Candy, por lo que se concluyó que no existía confiscatoriedad en los términos de dicho fallo. Señala que para que el agravio de confiscatoriedad alegado pueda resulta procedente, la actora debería llevar a cabo una acabada etapa probatoria, a partir de la cual surja con claridad que el impuesto determinado absorbe una porción sustancial de su patrimonio, lo que no ocurre en autos.
Sobre la capacidad contributiva destaca que la actora no ha acreditado de qué manera se vería conculcado este principio a partir de las constancias de la causa. Destaca que ha sido la actora quien se aparta de la regla general de liquidación de los resultados impositivos previsto en la normativa aplicable para todo el universo de contribuyentes y que utilizó un mecanismo de ajuste por inflación que, no es el contemplado en la norma aplicable al caso, por lo tanto el planteo efectuado por la recurrente deviene improcedente, haciendo hincapié en que no incorpora nuevos elementos de juicio que permitan desvirtuar las imputaciones formuladas en la resolución.
En punto a los intereses resarcitorios, destaca que la naturaleza de los mismos no es la de una sanción sino la de resarcir el uso del impuesto omitido ingresar en tiempo oportuno, constituyendo una garantía, si bien no absoluta, de que los contribuyentes procurarán cancelar sus obligaciones tributarias en término. Finalmente solicita su confirmación.
En punto a la sanción aplicada señala que la actora utilizó el ajuste por inflación que resultaba inaplicable, presentando deliberadamente su declaración jurada en forma inexacta, de este modo se cumple la condición de hecho, cual es haber omitido el ingreso del impuesto en su justa medida. Asimismo la parte actora actuó en forma lesiva para el patrimonio fiscal, por lo que se le achaca no haber obrado con mediana diligencia para evitar la omisión, resultando meros dichos su pretendido error excusable. Así las cosas teniendo en cuenta que se constató la comisión de la infracción, se entiende a la multa aplicada procedente y ajustada a las previsiones legales vigentes, solicitando se confirme la sanción impuesta por el Juez Administrativo, con costas.
Se opone a producción de las probanzaas ofrecidas por la contraria, hace reserva del caso federal y solicita que oportunamente, se dicte sentencia rechazando el recurso, con costas.
III. Que mediante PV-2025-25101229-APN-VOCX#TFN, se abre la causa a prueba haciendo lugar a la prueba pericial contable. La cual obra agregada mediante IF-2025-67192798-APN-DTD#JGM y RE-2025-67081327- APN-DTD#JGM. Que mediante IF-2025-69710664-APN-DTD#JGM la actora impugna las respuestas dadas por la perito designada a propuesta del ente recaudador, siendo contestado por dicha profesional en el IF-2025- 73029029-APN-DTD#JGM. Por su parte, la representación fiscal en el IF-2025-72615253-APN-DTD#JGM observa parcialmente lo expuesto por el perito de la contraria, lo que es respondido por el auxiliar en el IF-2025-
84112732-APN-DTD#JGM.
Que por PV-2025-73835754-APN-VOCX#TFN se pone de relevancia que los peritos incluyeron en el informe pericial los puntos individualizados como 4) y 5) y los contestaron, no obstante que no fueran ofrecidos por las partes ni propuestos por este Tribunal, por lo que a tenor de lo expresado por los peritos mediante IF-2025- 75734137-APN-DTD#JGM, es que por PV-2025-75931826-APN-VOCX#TFN se hacer saber a las partes que al momento de producir sus alegatos no deberán pronunciarse sobre los puntos 4 y 5 del informe pericial obrante en autos.
Que por PV-2025-85821676-APN-VOCX#TFN se clausura el período probatorio y se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D” y por medio de IF-2025-93966939-APN-VOCX#TFN se ponen los mismos para alegar. Que por IF-2025-97145438-APN-DTD#JGM e IF-2025-97890572-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional y la recurrente, respectivamente, presentan sus alegatos de bien probado.
Finalmente mediante IF-2026-25779278-APN-VOCX#TFN se pasan los autos a sentencia.
IV. Que a los fines de resolver la cuestión en debate resulta pertinente efectuar el análisis de la normativa vigente para el período en examen, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al texto de la ley del gravamen en lo que hace al método del ajuste por inflación y los términos en que ha sido planteada la litis.
Que el art. 39 de la ley 24.073 disponía que: “A los fines de las actualizaciones de valores previstos en la ley 11.683 (t. o. en 1978 y sus modificaciones), y en las normas de los tributos regidos por la misma, no alcanzados por las disposiciones de la ley 23.928, las tablas e índices que a esos fines elabora la Dirección General Impositiva para ser aplicadas a partir del 1° de abril de 1992 deberán, en todos los casos, tomar como límite máximo las variaciones operadas hasta el mes de marzo de 1992, inclusive. En idéntico sentido se procederá respecto de las actualizaciones previstas en el Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones). El Poder Ejecutivo Nacional en oportunidad de proceder al ordenamiento de las citadas disposiciones deberá efectuar las adecuaciones de texto pertinentes en virtud de lo establecido en el párrafo anterior”. Que dicha norma no suspende ni deroga el mecanismo de ajuste por inflación establecido en la ley del impuesto a las ganancias, si no que torna neutro el ajuste, porque a partir de la fecha allí dispuesta (1/4/92) la relación inicial de la variación de precios será siempre uno (1).
Con posterioridad, a partir del dictado de la ley ley 27430 (BO: 29/12/2017) se modifica el artículo 95 de la ley de impuesto a las ganancias (t.v para el período en examen) el que estableció que : “El procedimiento dispuesto en el presente artículo resultará aplicable en el ejercicio fiscal en el cual se verifique un porcentaje de variación del índice de precios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 89, acumulado en los treinta y seis (36) meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al ciento por ciento (100%). Las disposiciones del párrafo precedente tendrán vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2018. Respecto del primer y segundo ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso de que la variación acumulada de ese índice de precios, calculada desde el inicio del primero de ellos y hasta el cierre de cada ejercicio, supere un tercio (1/3) o dos tercios (2/3), respectivamente, el porcentaje indicado en el párrafo anterior”. Es decir, que el ajuste por inflación resultaría aplicable cuando la inflación acumulada supere el 100% en tres ejercicios, debiendo superar el 33,33% y 66,66% para los ejercicios primero y segundo iniciados a partir de la citada reforma, respectivamente, y para el cálculo del ajuste debería usarse el índice de precios internos al por mayor (conf. modificación introducida al art. 89 de la ley del gravamen por la ley 27430).
Que por otro lado, con la sanción de la ley 27.468 (B.O. 4/12/2018) se sustituye el último párrafo del art. 95 citado por el siguiente: “las disposiciones del párrafo precedente tendrán vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2018. Respecto del primero, segundo y tercer ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso de que la variación de ese índice, calculada desde el inicio y hasta el cierre de cada uno de esos ejercicios, supere un cincuenta y cinco por ciento (55%), un treinta por ciento (30%) y un quince por ciento (15%) para el primero, segundo y tercer año de aplicación, respectivamente”. Además, por ésta norma se reemplaza la aplicación del índice de precios internos al por mayor -IPIM- por el índice de precios al consumidor, nivel general -IPC-, e incorpora como segundo artículo sin número a continuación del artículo 118 de la ley del impuesto que: “El ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, a que se refiere el Título VI de esta ley, correspondiente al primero, segundo y tercer ejercicio iniciados a partir del 1 de enero de 2018 que se deba calcular en virtud de verificarse los supuestos previstos en los dos (2) últimos párrafos del artículo 95, deberá imputarse un tercio (1/3) en ese período fiscal y los dos tercios (2/3) restantes, en partes iguales, en los dos (2) períodos fiscales inmediatos siguientes”.
Lo cierto es que la reforma apuntada no es aplicable al caso, atento el período en estudio atento que la firma lo finaliza el 31/7/2018 y las reformas antes referidas lo son para los ejercicios iniciados el 1/1/2018. Que ello así, cabe recordar que el ajuste por inflación “...se trata de un mecanismo previsto en la ley de impuesto a las ganancias que tiene por finalidad corregir el impacto distorsivo que el fenómeno inflacionario produce en el resultado impositivo. Permite que el tributo recaiga sobre la expresión real de la materia imponible al depurarlo de los efectos distorsivos de la inflación...” (Tozzini, Gabriela I. - Corti, Arístides Horacio, “La ley de presupuesto 2006 y el ajuste impositivo por inflación ¿una cuestión superada?”, publicado en Sup. Act.
16/5/2006, 1 -IMP 2006-8,1073).
V. Que en el caso la recurrente centra sus agravios en que de no aplicarse el mecanismo del ajuste por inflación la alícuota efectiva daría como resultado un monto de impuesto a ingresar que resulta confiscatorio y por ende lesivo de la capacidad contributiva. En tal sentido, sustenta su postura en el informe pericial contable por ella propuesto -y ordenada su producción ante esta instancia jurisdiccional- y en el criterio fijado por nuestro más Alto Tribunal en el fallo “Candy SA c/AFIP y otro s/acción de amparo”, sentencia del 3/7/2009.
Que del cotejo de las actuaciones administrativas (vide informe final de inspección obrante a fs.272/280 del cuerpo 2 Ganancias, incorporado mediante IF-2025-12024496-APN-DTD#JGM), surge que la actividad principal de ERPA SACIF es la fabricación de colas, adhesivos, aprestos y cementos excepto los odontológicos obtenidos de sustancias minerales y vegetales y cierra sus ejercicios el 31 de julio de cada año. Se expone que el cargo se origina a partir de que la recurrente informa que a fin de realizar su determinación del impuesto a las ganancias del ejercicio fiscal 2018, procedió a aplicar el ajuste por inflación impositivo.
Al solo efecto de evaluar la incidencia, los inspectores señalan además que al pasivo computado por la recurrente a los fines del ajuste estático, corresponde sumar $7.000.000.- por los honorarios a directores deducidos, más $2.861.791,01.- correspondiente al saldo acreedor de las cuentas particulares accionistas, monto que omitió incluir como pasivo. Por todo ello indican que el ajuste por inflación impositivo calculado por la firma $32.893.379,02 negativo, se modifica en base al cálculo efectuado por la inspección a $28.245.103,49.- negativo. En virtud de ello es que los fiscalizadores arriban a una tasa efectiva del 55,83% entre el impuesto a las ganancias determinado sin ajuste por inflación ($26.493.985,30.-) y el resultado impositivo ajustado por inflación ($47.451.997,36.-) y a una tasa efectiva del 29,89% entre el impuesto a las ganancias determinado sin ajuste por inflación ($26.493.985,30.-) y el resultado contable ($88.651.751,04).
En base a lo antes dicho, es que el Fisco concluye en que no procede el ajuste por inflación impostivo computado por la actora dado que el período tomado es el comprendido entre 01/08/2017 y 31/07/2018 y siendo que la normativa vigente permite el cómputo de dicho mecanismo para los ejercicios iniciados el 01/01/2018, por lo que impugnó el ajuste por inflación computado por $32.893.379.- arrojando un ajuste en el impuesto determinado de $11.512.682,65.- y una diferencia de impuesto a ingresar de de $2.313.556,68.-, aclarando que la diferencia entre el ajuste y el saldo a ingresar ajustado corresponde, a la absorción del saldo a favor consignado en la declaración jurada original.
Que, en tal sentido, considero pertinente poner de resalto que en el escrito de inicio la apelante no cuestiona las modificaciones introducidas por la fiscalización con relación al cómputo de la cifra de $ 7.000.000 en concepto de honorarios de Directores, ni sobre el monto determinado como consecuencia de ello que ha sido plasmado en el acto apelado y si bien hace una somera referencia al monto y porcentajes a los que arriba el ente recaudador, lo cierto es que no formula agravios concretos sobre las correcciones que efectúa el Fisco ni ofrece prueba alguna sobre dicha cuestión, sino que -como se dijera- se enfoca a atacar el acto apelado por considerar que de no aplicar el ajuste por inflación el gravamen intimado resulta confiscatorio y lesivo de su capacidad contributiva. Así, se ha señalado que, para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (cfr. Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre otros) y en todos estos casos, el Tribunal ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por el actor, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la confiscatoriedad que se alega (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros)”conforme se expusiera en el fallo “Candy SA” . Que en dicho precedente la Corte se expide sobre la posibilidad de aplicar el ajuste por inflación, señalando que para que exista confiscatoriedad debe producirse una absorción, por parte del Estado, de una porción sustancial de la renta o del capital, siendo su límite relativo ya que puede variar en el futuro y aun en un mismo tiempo. Asi, remarca que en el caso concreto, de la comparación entre la liquidación del impuesto efectuada sin el ajuste por inflación y la suma que correspondería abonar por el tributo en caso de aplicarse tal mecanismo de ajuste, surge que de no recurrirse al mecanismo de ajuste cuya aplicación se discute en la causa, la alícuota efectiva del tributo a ingresar no sería del 35%, sino que representaría el 62% del resultado impositivo ajustado correspondiente al ejercicio 2002, o el 55% de las utilidades contables ajustadas. Estos porcentajes exceden los límites razonables de imposición.
También se hace hincapié en que “..., si bien el mero cotejo entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el ajuste por inflación y el importe que resulta de aplicar a tal fin el referido mecanismo no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad (cfr. causa citada "Santiago Dugan Trocello"), ello no debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar”.
En función de ello, la Corte consideró que la inaplicabilidad del mecanismo de ajuste por inflación impositivo no es procedente, en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las rentas obtenidas por la compañía, excediendo cualquier límite razonable de imposición, configurándose así el supuesto de confiscatoriedad.
VI -Que resta entonces analizar la prueba pericial rendida en autos. Que son sólo tres los puntos ofrecidos, a saber: a) Exprese los resultados contables de la Sociedad en el período fiscal 2018 aplicando las normas contables vigentes sobre exposición a la inflación; b) Exprese los resultados impositivos de ERPA en el período fiscal 2018 -considerando el cierre del balance- aplicando las disposiciones y normas de ajuste por inflación impositivo y los resultados sin su aplicación. Determine el monto de impuesto a ingresar y saldo a favor en cada uno de los casos y c) Determine la tasa efectiva del gravamen en el período fiscal 2018 utilizando las normas de ajuste por inflación y sin aplicar las disposiciones del Ajuste por Inflación Impositivo.
Que al responder el primero de los puntos, los peritos son contestes en que conforme el Estado de Resultados Contable, el Resultado del ejercicio bajo análisis antes del impuesto a las ganancias fue de $ 88.651.751.- y el resultado después del impuesto a las ganancias fue de $ 73.670.666.-
En lo que hace al segundo de los apartados los expertos dan su respuesta por separado.
Así el perito a propuesta de la actora dice que el monto determinado del ajuste por inflación total correspondiente al ejercicio resulta negativo de $ 32.893.379,00, siendo el impuesto a las Ganancias determinado para el ejercicio fiscal 2018 sin aplicar el ajuste por inflación de $26.493.985,30 y el gravamen aplicando el mentado mecanismo asciende a $14.981.302,56, siendo la diferencia entre ambos escenarios de $11.512.682,74, lo que implica -diceuna reducción del 43,47% en el impuesto determinado al aplicar el ajuste por inflación.
Por su lado, la perito del Fisco aclara que del papel de trabajo aportado y de los antecedentes administrativos surge que: el ajuste estático se modifica en su cuantía por la incorporación de $2.861.792,01.- que el actor dedujo del pasivo computable bajo el concepto "nota d: Se ajusta el saldo acreedor de los accionistas conforme al Art. 95º inc.b) pto. II inc. 2)", siendo que tal temperamento no resulta correcto en tanto en el articulado mencionado no se incluyen los saldos acreedores de los accionistas sino que se incluyen otras figuras; que del Estado de Evolución del Patrimonio Neto se toma conocimiento de la votación de honorarios a directores por el ejercicio fiscal 2017 por la suma de $ 7.000.000.-, siendo que los mismos fueron deducidos en la declaración del Imp. a las Ganancias 2017 y que se pagaron en el 2018 según Estado de aplicación de Fondos (integrante de los Estados Contables), debiendo incrementarse el pasivo computable en ese monto. De resultas de las incorporaciones mencionadas por $ 11.300.605,40.- se produce una modificación del Pasivo computable que pasa a ser de $ 79.482.202 , determinándose, en consecuencia, que el Activo computable menos el Pasivo computable arroja un monto de $ 82.439.013.-; actualizándose éste importe por el coeficiente pertinente surge un nuevo importe de Ajuste estático de $ 38.856.959,30.-, valor negativo , que al restarle la suma del ajuste dinámico $ 10.611.855,44.- permite determinar el monto del ajuste por inflación correcto: $ 28.245.103,90.- Así, concluye que el Resultado Impositivo histórico: es de $75.697.101,10.-, menos el Ajuste por inflación ( $ 28.245.103,9 . -) da como Resultado Impositivo Ajustado la suma de $ 47.433.997,20.-
Con relacion al tercero de los puntos los peritos también arriban a conclusiones disímiles y responden por separado. El perito de la actora, previo a todo manifiesta que de omitirse la aplicación del ajuste por inflación impositivo en el período fiscal 2018, el impuesto determinado asciende a $26.493.985,30, mientras que el resultado impositivo ajustado asciende a $42.803.271,85, indicando que ello implica una tasa efectiva del gravamen del 61,90%. Por otro lado, la perito del Fisco, sobre la base de lo que informa en respuesta al punto pericial 2), elabora los siguientes ratios: “a) Impuesto histórico/Resultado histórico: tasa normal 35%; b) Impuesto histórico / Resultado ajustado por inflación: -. Resultado histórico impositivo: $ 75.697.101,10.- ,Impuesto histórico $26.493.985,40.-,- Resultado impositivo ajustado por inflación $ 47.433.997,20.-, siendo la Relación porcentual o ratio: $26.493.985,40 / $ 47.433.997,20: 0,55 55 %”.
Que el informe presentado mereció objeciones por parte de la recurrente (vide IF-2025-69710664-APN- DTD#JGM) en tanto se limitó a impugnar las respuestas dadas por la perito de la parte contraria. Sobre lo expuesto por la auxiliar en el punto 2) dice que “ La objeción se basa en un error en la determinación del ajuste por inflación del ejercicio 2018, el cual desvirtúa el resultado del cálculo final.Específicamente, la perito sostiene que los $7.000.000 correspondientes a honorarios de directores, deben modificar el pasivo computable y, por ende, el ajuste estático. Sin embargo, esta afirmación es incorrecta” (sic) y se remite a los guarismos dados en el Anexo presentado por el perito de su parte. Sobre la base del mismo supuesto error que arrastraría la perito del Fisco es que la actora objeta la respuesta dada por dicha perito en el punto 3. Asimismo, hace mención a supuestas divergencias con lo expresado en los puntos 4 y 5 del mentado informe.
Que, además por IF-2025-72615253-APN-DTD#JGM la representación fiscal observa algunas de las manifestaciones que realiza el perito de la contraria en los puntos 2 a 5. Argumenta que el citado formula opiniones relacionadas con la cuestión de fondo a resolver cuando sólo se le pidió que indique guarismos, abstrayéndose del contenido de los antecedentes administrativos, no realiza ninguna consideración sobre la legitimidad de los importes volcados por el actor al exponer el ajuste estático y dinámico, y por ende, al no realizar ningún análisis conceptual de sus componentes, repite el mismo importe final de ajuste por inflación que el actor declaró en su presentación del Impuesto a las Ganancias 2018, arrastrando los importes erróneos que indica en el punto 2 a los que le siguen.
Que de dichas objeciones se les corrió traslado a cada uno de los peritos, las que fueron respondidas por la perito del Fisco en el IF-2025-73029029-APN-DTD#JGM y en el IF-2025-84112732-APN-DTD#JGM por el profesional designado por la actora.
Que antes de continuar con el análisis de la medida probatoria y las impugnaciones que sobre ella pesan, no puedo pasar por alto que el perito designado por la parte actora sustenta sus respuestas en la “compulsa de los papeles de trabajo donde se detallan los ajustes impositivos determinados por la Compañía con su correspondiente documentación de respaldo, los que no han sido objetados por ARCA en la fiscalización practicada a la Sociedad a través de la O.I. Nº1850041 ; y habiendo practicado el cálculo del Ajuste por Inflación impositivo” (sic, respuesta de dicho auxiliar en el punto 2 del informe bajo examen), es decir que no tuvo en consideración la reliquidación efectuada por la fiscalización en la Orden de intervención que menciona y que fue replicada en el acto determinativo apelado; situación que sí fue puesta de resalto por la perito del Fisco Nacional. Que frente a ello, y teniendo en consideración que -como ya dijera ut supra- la recurrente no formuló agravios sobre la reliquidación del Fisco Nacional en lo que hace al cómputo de los honorarios de Directores, a los fines de dirimir si se presenta en el caso el supuesto de confiscatoriedad alegado en autos, y en atención a las consideraciones que la perito del ente fiscal hace en el IF-2025-73029029-APN-DTD#JGM, corresponde estar a los guarismos expuestos por la auxiliar designada a propuesta del Fisco Nacional. Por las razones expuestas, la impugnación que formula la actora sobre los dichos de la perito del Fisco Nacional carecen de fundamento alguno y en tal sentido las objeciones que realiza la representación fiscal resultan atinadas.
Que párrafo aparte merece la situación que quedó evidenciada en PV-2025-73835754-APN-VOCX#TFN en cuanto esta juzgadora advirtió que se incluyeron dos puntos de pericia -individualizados en el informe como 4) y 5)- que no fueron ofrecidos en autos en tiempo y forma, por lo que jamás se dispuso su producción, situación que fue admitida por los peritos contadores en la presentación individualizada como IF-2025-75734137-APN- DTD#JGM, donde exponen que la inclusión de esos puntos se debió a un “error material y sin ánimo de beneficiar ni perjudicar a ninguna de las partes (actora y demandada)” (sic), y si bien la incorporación de los mismos excede el marco de un mero error, ello no mereció queja alguna de las partes. Que por lo tanto, no procede que se haga mérito alguno de de los puntos 4 y 5 de la pericia, como así tampoco las partes debían tenerlas en consideración al momento de presentar los alegatos de bien probado, conforme se especificara en el punto 1) del PV-2025-75931826-APN-VOCX#TFN.
A tenor de lo expresado y conforme lo expuesto por la perito del Fisco Nacional, no ha quedado demostrado fehacientemente que el tributo a ingresar absorbía una porción sustancial de la renta o del capital, excediendo los límites razonables de imposición, en tanto y en cuanto para nuestro más Alto Tribunal en el fallo Candy el porcentaje que toma como parámetro es del 62% por lo que el resultado aquí obtenido resulta ser inferior, dado que da como tasa efectiva el 55 % y que para los fiscalizadores, al analizar la relación entre el impuesto histórico/resultado contable ajustado por inflación, arribaron a un ratio del 29,89 %, siendo ésta una base confiable para la empresa ya que sobre dicho informe se distribuyen dividendos, se aprueban honorarios, entre otros.
En tal sentido, la confiscatoriedad alegada debe resultar no de una mera estimación personal, aunque ella emane de peritos ilustrados y rectos, ni de circunstancias puramente accidentales y eventuales, sino de una relación racional estimada entre el valor del bien gravado y el monto del gravamen, al margen de accidentes transitorios y circunstanciales sobre la producción y el aprovechamiento de aquel (CSJN, Fallos: 207:328; 220:1082; 322:3255, entre otros), es decir que debe existir una prueba concluyente a cargo de quien alega la confiscatoriedad del gravamen, puesto que prescindir de ella importa tanto como dejar a la acción sin fundamento, puesto que priva al Tribunal del elemento de juicio primordial y necesario para estimar de un modo concreto y objetivo la gravitación del impuesto sobre el rendimiento de la propiedad que lo soporta (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293). Por lo expuesto, y dado que no ha sido debidamente demostrada la existencia de un supuesto de confiscatoriedad, tal como ha sido fijado por nuestro más Alto Tribunal en el precedente “Candy S.A.”, corresponde rechazar el recurso incoado en autos.
VII. Que sobre los intereses resarcitorios intimados, cabe recordar que éstos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias.
Que la Alzada tiene dicho que la ley de rito dispone la procedencia de un interés resarcitorio ante la falta de pago del gravamen sin necesidad de interpelación alguna, de modo tal que la sola falta de pago total o parcial de un gravamen, como en el presente, torna procedente la aplicación de este tipo de intereses . Tal consideración, basada en la literalidad de la norma -art. 37 de la ley de rito- permite descartar sin más los agravios expuestos por los recurrentes. (cfr. Sala V in re "Cuerolandia SACIF (TF 9740-I) c/ DGI", sentencia del 27/07/2005). Que en esta línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en autos “Citibank NA C/D.G.I” (sentencia del 1/06/2000), resolviendo que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias y que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales, ajenas al deudor que deben ser restrictivamente resaltando que la imposición de intereses es ajena a la de las normas represivas, con lo cual descarta la necesariedad del elemento culpa para su imposición.
VIII. Que resta pronunciarse sobre la multa impuesta a la recurrente graduada en el 100% del tributo determinado, con sustento en el art. 45 de la ley de rito.
Que el art. 45 de la Ley N° 11.683 (texto según ley 27.430) dispone que: “Será sancionado con una multa del ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable, quienes omitieren:…a) El pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas….”. Además, se establece que cuando mediara reincidencia en la comisión de las conductas tipificadas en el primer párrafo de este artículo, la sanción por la omisión se elevará al doscientos por ciento (200%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir.
Que las infracciones deben ser imputables tanto objetiva como subjetivamente para justificar la imposición de una sanción (doctrina de Fallos 271:297; 303:1548; 322:519), y el artículo 45 de la ley N.º 11.683 no exige una intención dolosa, sino que para que se configure la conducta allí contemplada resulta suficiente la culpa del contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales (conf. CNACAF, "Velocidad Tiempo Cero S.A. c/ DGI", Sala II,del 28/06/2007; "La Rueca Porteña SA c/ AFIP – DGI", Sala IV, del 27/10/1998).
Que ello así y de acuerdo con las circunstancias expresamente analizadas, cabe confirmar la sanción impuesta, en tanto se encuentra debidamente justificado tanto el encuadre en el tipo penal como la graduación aplicada, no habiendo elementos que justifiquen su eximición.
IX. Que ello así, voto por confirmar la resolución apelada en todas sus partes, debiendo imponerse las costas a la parte vencida.
El Dr. Martín dijo:
Que adhiere al voto precedente.
Del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar el acto apelado en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $1.033.246 (pesos un millón treinta y tres mil doscientos cuarenta y seis) equivalente a 11,50 (once con 50/100) UMA-Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $2.583.114 (pesos dos millones quinientos ochenta y tres mil ciento catorce) equivalente a 28,74 (veintiocho con 74/100) UMA los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N°235/2026 (05/3/2026) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3. Regular a la perito contadora, Dra. Maria Angélica Gattoronchieri, la suma de $ 593.206 equivalente a 6,60 (seis con 60/100) UMA los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y las labores periciales realizadas, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N°235/2026 (05/3/2026) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
4. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Se hace constar que este pronunciamiento se emite de conformidad con lo previsto en el artículo 8 in fine del Reglamento de este Tribunal.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2026.03.13 11:32:53 -03:00 Date: 2026.03.13 11:41:31 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.13 11:41:32 -03:00
Fin de la sentencia