Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9309/26 Sentencia: Definitiva Actor: Errodibart Pablo Silverio Demandada: Swiss Medical ART S.A.
Objeto: Demanda Laboral Fecha: 17-09-2026.-
Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los diecisiete días del mes de septiembre de dos mil veintiséis se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “ERRODIBART, Pablo Silverio c/ SWISS MEDICAL ART S.A. s/ demanda laboral”, Expte. Nº 3332/21 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº1 en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y de Familia de la localidad de Las Heras, que ingresaron en la instancia bajo el Nº 9309. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Horacio M. J. Fernández y Griselda I. Bard para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que Paulo Silverio Errobidart patrocinado por los Dres. Fernando Hernán Kustich y Julián Michavila inicia a fs. 1/17 acción sistémica contra SWISS Medical ART S.A. por prestaciones dinerarias, por un accidente sufrido el 18/3/2019, intereses y costas que tengo presente.
Corrido traslado en expediente digital en PE 675348/2022 por la demandada SWISS MEDICAL ART S.A. representada por la Dra. Mariana Clement quien plantea la excepción de prescripción y en subsidio contesta la demanda en términos que se tienen presente.
II. Que tras las contingencias procesales que surgen de los autos en PE 2136473/2025 se dicta la sentencia en crisis que nos convoca, tras rechazar en los considerandos la excepción de prescripción y resolver el planteo de inconstitucionalidad entendiendo que no resulta requisito que la actora recorriera la instancia administrativa como paso previo para acudir a la instancia judicial ordinaria FALLA haciendo lugar a la demanda promovida por el actor contra SWISS MEDICAL ART S.A. y condenando a esta última a pagar -al actor- la suma que surja de la liquidación previstas en el art. 99 de la ley 1444, de conformidad a las pautas establecidas en el considerando titulado:
determinación del monto de la condena donde, para la determinación del monto de la liquidación del art. 99 de la ley 1444, establece que se deberá tener en cuenta lo previsto en los arts. 12, 14, inc. 2 apartado a; art. 3 del decreto 1694/2009 y el art. 3 de la ley 26773. Adhiere a la inconstitucionalidad de la reforma que sustituyó el art. 12 de la ley 27.348 por el art. 1 del DNU 669/2019, debiéndose respetar por ende el art. 12 de la ley 24557, bajo el texto modificado por la ley 27.348 art. 11 que transcribe. Impone las costas procesales al demandado. Difirió la regulación de los honorarios.
III. Que únicamente el actor en PE2162204/2026 interpone recurso de apelación y lo funda. Por PE 1286152/2026 se lo concede con efecto suspensivo y ordena correr traslado.
La demandada en PE 2177714/2026 contesta los agravios vertidos.
Las actuaciones en papel y el expediente digital se elevan con la certificación de estilo de PE 2194670/2026. Recibidas en PE1309561/2026 según surge de la nota de la Jefa de Despacho, en PE 2215453/2026 se corre vista al Señor Fiscal de Cámara para que opine sobre el planteo de inconstitucionalidad quien se expide en dictamen de PE2247453/2026. A continuación en PE1333339 se tiene presente el dictamen se dicta el llamado de Autos a Sentencia y se establece el orden de estudio.
IV. Que en atención a los agravios vertidos este resumen de la causa lo considero suficiente, toda vez que la materia objeto del recurso no requiere una referencia prolija de los antecedentes.
Establecido ello vemos que el actor se agravia por la tasa de interés dispuesta en la sentencia para la actualización de su crédito respetando el art. 12 de la ley 24.557 bajo el texto modificado por la ley 27348 art. 11. Transcribe el art. 12 de la ley 24.557 texto conforme modificación art. 11 de la ley 27.348 que la sentencia establece como pauta para la liquidación y argumenta que esta tasa no recompone adecuadamente el capital por cuanto la tasa de interés dispuesta se encuentran por debajo de los índices inflacionarios imperantes en el país durante los últimos años. Argumenta que al declarar la inconstitucionalidad del decreto 669/19 la sentencia aplica la modificación introducida por la ley 27.348 y por ello estima ser el momento para plantear la inconstitucionalidad de esta última norma atento a que la tasa dispuesta (tasa activa cartera general nominal actual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina) no recompone adecuadamente el capital de condena señalando las normas constitucionales (arts. 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional y tratados internacionales que se vulnerarían, que transcribe y tengo presente.
Sostiene que la tasa de interés aplicada al caso atenta contra la integralidad de la indemnización diferida a condena y provoca la licuación del crédito del trabajador quebrantando el derecho de propiedad protegido por la Constitución Nacional y practica distintos cálculos para demostrarlo y cita jurisprudencia, que se tiene por reproducidos.
Solicita que se admita el agravio y disponga actualizar las sumas adeudadas conforme el Índice de Precios al Consumidor. En subsidio solicita se aplique la tasa pasiva de Banco Central de la República Argentina conforme criterio expuesto en “LINARES, Daniel Andrés c/ EXPERTA ART S.A. s/ accidente de trabajo” sentencia del 15 de sep. de 2025, con transcripción de lo pertinente del voto de la Dra. Bard. Pide se haga lugar al agravio con costas en caso de oposición.
V. Que la apoderada de la demandada al contestar los agravios sostiene que el apelante incurre en violación del principio de congruencia al pretender incorporar en la instancia un cuestionamiento constitucional contra la tasa de interés legal no invocado en la instancia, pretendiendo los intereses de ley al no objetar el sistema tarifado de la Ley de Riesgos del Trabajo ni planteó la insuficiencia o necesidad de indexación y transcribe el objeto de la demanda. Sostiene que el argumento de la inflación ha perdido vigencia toda vez que en estos momentos cursamos una inflación que no distorsiona el efecto indemnizatorio de la prestación dineraria.
Pide se contemple que la tasa activa de interés es propia del mercado financiero como es la ordenada en el texto legal y como tal contempla en su composición el componente inflacionario. Sostiene que no puede descalificarse al legislador al establecerla como interés legal por la sola comparación del mayor resultado a obtenerse con otras pautas de actualización. Hace notar que el Índice de Precios al Consumidor es un índice no una tasa de interés. Cita pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y explica que es el interés legal como precio por el uso del dinero que el legislador establece para brindar mayor seguridad y previsibilidad a un régimen jurídico y como normativa de orden público no puede depender de la voluntad del juzgador y cita el art. 768 del CCyC.
Aclara que el interés que se dispuso modificar en ese precedente es el interés moratorio regulado en el inc. 3 del art. 12, vale decir el que corre desde la fecha de pago de la liquidación judicial, en adelante, o sea un interés futuro e hipotético para el supuesto de incumplimiento en el pago de la obligación por lo que no se puede anticipar un juicio sobre la aptitud compensadora de la inflación futura de la tasa legal fijada para ese supuesto.
Señala que los argumentos con remisión a garantías constitucionales alegados por el actor con el tipo de acción aquí entablada. Recuerda que la automaticidad, con sustento en la sola responsabilidad objetiva de este seguro, tiene como contracara el límite tarifario. Por ello si el trabajador pretendía una reparación superadora de la respuesta de la ley de Riesgos del Trabajo tenía para darlo, debió encarar una acción civil con todo el peso probatorio y el mayor riesgo que implica. Es inaceptable su actual pretensión que supone incrementar la condena por fuera de los límites del seguro y de admitirse se afecta el derecho de propiedad de su mandante con un agravio de amparo constitucional. Entiende que el planteo violenta la congruencia procesal y carece de sustento ni en la ley, ni en la jurisprudencia que cita y por ello que se impone el rechazo del recurso, con costas. Mantiene la reserva del caso federal.
VI. Que resumidos en esta forma los antecedentes de la causa y los argumentos vertidos por las partes en agravios y contestación y oído en PE2247453/2026 el Señor Fiscal de Cámara quien invocó las causas “Veras”, “Heredia”, “Moreno”, “Gómez” “Salguero” y “Garay”, en las que se estableció que al monto de condena debía adicionársele intereses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina (cfr. Sentencia, Tomos XX, Reg. 675, Folio 3916/3921, Reg. 680, Folio 3952/3956 y Reg. 678, Folio 3940/3946; XXI, Reg. 698, Folio 4137/4146 y Reg. 689, Folio 4028/4039, XXIII, Reg. 731, Folio 4423/4426) aunque no se trataba de causas sistémicas. Con ello nos ponemos en materia y bueno es recordar que en su escrito de demanda ley 24.557 el actor en su reclamo critica el carácter perjudicial de la fórmula del DNU 669/2019 produciendo una disminución del crédito al aplicar una norma de inferior calidad y realidad de ajuste. En el año 2021 existía una notoria inflación.
En agravios pretende un reajuste por el IPC o en subsidio se aplique la tasa pasiva de Banco Central de la República Argentina conforme criterio expuesto en “LINARES, Daniel Andrés c/ EXPERTA ART S.A. s/ accidente de trabajo” sentencia del 15 de sep. de 2025.
Quiero antes de iniciar el análisis de los agravios hacer un mea culpa antes de seguir. En los autos “BALDERAS, Fabián Marcelo c/ Experta ART S.A. s/ accidente de trabajo” Expte. Nº 38.843 del año 2023, explique que un nuevo estudio me había llevado a apartarme de la adhesión formulada al emitido en primer término por la Dra. Griselda I. Bard en los autos “Linares, Daniel Andrés c/ Experta ART SA s/ accidente laboral” número de Cámara 8919/25 T.CII, reg. 134/139 y aplicar el art. 55 de la ley 27802 para resolver la cuestión. Hoy releyendo el voto de mi distinguida colega en esos autos me convencen que estaba equivocado por las razones que ella expuso respecto de que la ley de accidentes de trabajo se rige por una ley especial. Y, como dos errores no hacen una verdad, debo rectificarme.
Que fue lo que me indujo a equivocarme: la búsqueda de una solución equitativa en la lucha entre la tasa pasiva promedio del Banco Central y la llamada tasa activa. La primera es (no para los calculadores que utilizan la tasa estadística del Comunicado 14290 BCRA) un promedio entre las tasa que perciben quienes invierten depositando en Bancos. Mientras que la tasa activa es la que cobran los bancos al invertir el dinero de los depositantes; por lógica debe ser una tasa mayor pues debe contener la tasa que se abona a los inversionistas, los costos administrativos y la ganancia del banco. Empezó a darse en las liquidaciones la paradoja que la tasa pasiva era más alta. Los peritos me informaron que se debía al distinto año de inicio del cómputo para cada tasa. Pero en la actualidad no hay excepciones y siempre es más conveniente la tasa activa para el deudor, lo cual no tendría sentido. Consulté al Contador Público José Rodiño del Gabinete Contable y me dijo que en el gabinete se utilizaba el calculador judicial del Consejo Jusbaires-gob-ar entre las muchas de la red. Le pedí que me aclarara esta anomalía y se puso en la tarea de investigarla. Me informó que, aparentemente, en algún momento desde la justicia se ordenó al Banco Central colocar un factor de corrección de inflación futura en el cálculo. En resumen, el ahorrista no recibe más que el tomador del crédito en la ventanilla del banco sino que la anomalía se produce dentro de la serie estadística actualizada del Comunicado P 14.290 del BCRA para uso de la justicia. Los calculadores judiciales de tasa pasiva o bien ajustan por inflación o bien capitalizan en forma compuesta (interés compuesto o anatocismo) mientras que la tasa activa en el calculador puede estar aplicándosela de manera lineal y sin coeficientes (interés simple) de actualización, quedando, por ello, rezagada. Los calculadores oficiales y judiciales aplicarían la tasa pasiva efectiva diaria acumulada utilizando la fórmula de interés compuesto. Esto se debe a que la serie que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA) bajo el Comunicado 14290 (y sus actualizaciones) para uso judicial es una serie de factores diarios. Cada día tiene un coeficiente que ya incorpora la capitalización, por lo que el cálculo entre dos fechas no se realiza sumando tasas (interés simple)en largas sábanas, sino dividiendo los factores de ambas fechas (interés compuesto).
En realidad esta evolución comenzó con el (comunicado P 14290 del BCRA) donde en Agosto de 1991 con la publicación de una serie de estadísticas de tasas de interés para el uso de la justicia que reflejaría diariamente la capitalización de la tasa diaria equivalente a la tasa de interés efectiva mensual promedio ponderada de los depósitos en caja de ahorro común y a plazo fijo -en australes- correspondiente al segundo día anterior a la fecha informada, según la encuesta que diariamente lleva a cabo el Banco Central, de acuerdo con la metodología prevista en el punto 1 del Anexo a la comunicación “A” 1845. Se recomendó la siguiente expresión:
100 ./. tm I= [---------------- -1 ] . 100 100 + to Donde i= tasa de interés expresada en tanto por ciento tm = valor de la serie de interés promedio ponderada de depósitos en caja de ahorros común y a plazo fijo correspondiente al día hasta el cual deben devengarse intereses to = valor de la serie de tasa de interés promedio ponderada de depósitos en caja de ahorro común y a plazo fijo correspondiente al día anterior a partir del cual se devengan los intereses.
El 1º de septiembre de 2024 el BCRA anuncia que ya está disponible una calculadora que simplifica la tarea del cómputo de los intereses y que encuadra en lo estipulado en el art. 768 del CCyC y entiende que refleja la realidad económica existente en cada momento. El 7 de enero del corriente año el Directorio del Banco Central de la República Argentina resolvió difundir en el marco de lo previsto en el inciso c) del art. 768 del Código Civil y Comercial una nueva serie estadística de tasas de interés en pesos denominada Tasa de Intereses Moratorios (TIM) la cual se calcula con base en la metodología descripta en el anexo (F 200-00002786-GDEBCRA-GEM # BCRA) el cual forma parte de esa resolución.
En la actualidad todos saben que en las liquidaciones judiciales al acreedor le conviene la tasa pasiva y al deudor le resulta ventajosa la tasa activa, pero no saben por qué es más conveniente una u otra, ni cómo hacer el cálculo manualmente, siendo más cómodo utilizar sin cuestionarlos los calculadores, por la proliferación de ellos. Aclarado porque las tasas pasivas no son lo que eran vuelvo a la cuestión a resolver.
La sentencia en crisis estableció que el Gabinete Contable a los fines de liquidar debía considerar:
“A los fines de la determinación de la indemnización en la oportunidad prevista en el art. 99 de la ley 1444(por remisión del art. 104 de la norma citada) y de conformidad a lo indicado por el art. 166 CPCC (por remisión del art. 121 de la ley 1444) se deberá tener en cuenta lo previsto en los arts. 12, 14 inc. 2 apartado a; art. 3 del Decreto 1694/2009 y el art. 3 de la ley 26.773. En cuanto al planteo de inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia DNU 669/2019-en la demanda-en cuanto a la modificación del art. 12 de la ley 24.557- texto según el art. 11 de la ley 27.348…”
Y el inc. 2 del art. 12 de la ley 24.557, redacción según ley 27.348 establece:
“2º.-Desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador o homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina.
La sentencia ha aplicado la ley y si bien no se ha tachado de inconstitucional la actual reforma del inc. 2 del art. 12 de la ley 24.557, redacción según ley 27.348, ni del art. 768 del CCyC se puso en tela de juicio lo perjudicial de la formula por la desvalorización monetaria alta en la época de la primera manifestación y de la promoción de la demanda y que ahora ha descendido notoriamente.
La demandada hace hincapié en que la tasa activa es propia del mercado financiero pero en el los intereses se van capitalizando.
Estamos en un supuesto en que la ley ha establecido la tasa y sería por lo tanto aplicable esa tasa de conformidad con lo dispuesto en el art. 768 inciso b) del Código Civil y Comercial. Pero la aplicación de la tasa activa llevaría a un notable perjuicio patrimonial que puede repararse por la aplicación de la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina a treinta días (serie judicial) utilizada por los calculadores de interés usual. Ello no perjudica a la parte actora y la demandada ha utilizado el capital durante este tiempo. Entiendo que en este caso el esfuerzo compartido de ambas partes lleva a una solución justa.
En tales condiciones los agravios vertidos por la parte actora deben tener favorable acogida. En atención a que se trata de una cuestión discutida donde cada parte pudo creerse con derecho a litigar propongo imponer las costas de la instancia en el orden causado (art. 68 segundo párrafo del CPCC). Es mi voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
VII. Que voy a disentir con mi colega Dr. Monelos en cuanto propone en su voto admitir el agravio de la parte actora modificando la sentencia de grado disponiendo que los intereses se calculen mediante la tasa pasiva promedio del BCRA a 30 días. En éste sentido, destaco primero que la función jurisdiccional de fijar las pautas para actualizar los créditos reconocidos se ejerce dentro de un marco de discrecionalidad que debe adaptarse siempre a la justicia del caso, no pudiéndose dejar de evaluar si frente al proceso inflacionario las tasas de interés se mantienen como la herramienta suficiente para compensar las pérdidas que aquellos experimentaron ante ese escenario. Dicho lo cual y tal al criterio que he tenido en otros precedentes (“RIOS, JOSÉ R.
C/PREVENCIÓN ART S/ACCIDENTE DE TRABAJO” Expte. 20.546/2.002 Nro. de Cámara 9064), cuando se trata de créditos laborales como es el caso, es decir, de obligaciones de valor que por definición doctrinaria están ligadas a un valor intrínseco generalmente relacionado con el poder adquisitivo y las necesidades del trabajador y su familia, la naturaleza alimentaria de estos créditos deviene indiscutible y como tales merecedores de protección (Convenio 95 OIT). De lo que se trata, por una estricta razón de justicia, es de preservar ese valor, es decir, mantenerlo inalterado hasta el efectivo pago aplicando las herramientas idóneas para hacerle frente a la depreciación monetaria y evitar así que el crédito laboral se vea fuertemente menguado debido a los índices inflacionarios del último tiempo, ya que de lo contrario dejaríamos de lado el principio de la realidad económica.
Así las cosas y teniendo en cuenta que estamos frente a cuestiones dinámicas, de orden público y de naturaleza alimentaria, y dado que, como dije antes, rige para el Poder Jurisdiccional un margen de discrecionalidad y control de constitucionalidad de oficio cuando de actualización monetaria se trata, entiendo que apoyado en el principio de tutela judicial efectiva y el derecho de propiedad, el planteo recursivo que se trata debe ser declarado procedente y por ende corresponde declarar para éste caso particular la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 modificado por el art. 4 de la ley 25.561. Conforme con ello estimo justo disponer que las indemnizaciones reconocidas se actualicen por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de acuerdo a lo pretendido en agravios y al criterio que he sostenido en otros precedentes, tomando como índice final el del mes correspondiente a la liquidación final.
A esos efectos dichos créditos reconocidos se deberán actualizar desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta la liquidación final y en caso de mora se deberá proceder en los términos previstos en el inc. 3) del art. 12 de la ley 24.557 según redacción de la ley 27.348. Por ello considero que se debe hacer lugar al agravio en tratamiento. Sin perjuicio de mi postura, debo aclarar que si bien en los autos “Balderas, Fabián c/Experta ART S.A. s/Accidente de trabajo” Expte. Nro. 38.843/2023 Nro. de Cámara 9205, frente a la disidencia que se planteó entre los jueces preopinantes, adherí a la postura de la Dra. Griselda Bard, la que entre los fundamentos que expuso ratifico el criterio que adopto en los autos “Linares, Daniel Andres c/Experta ART SA S/Accidente Laboral” Expte.
Nro. 20.159 Nro. de Cámara 8919/25, en los que sostuvo que para la recomposición adecuada de los créditos laborables corresponde aplicar la tasa pasiva del BCRA, el eje central de la diferencia planteada estuvo dado en la aplicabilidad oficiosa al caso del art. 55 de la ley Nro. 27.802 de modernización laboral, compartiendo la opinión de mi colega que sostiene que ese marco normativo no ha sido sustituido por aquella norma general (ley 27.802) que centraliza las modificaciones que introduce en la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) sin alterar el sistema aludido que se mantiene vigente por tratarse de sistemas distintos, propugnando entonces la inaplicabilidad al supuesto de la normativa general.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VIII. En atención a la diferencia surgida entre los jueces preopinantes en el caso, comparto el resumen de los hechos y agravios realizado por el Dr. Monelos así como la solución propuesta al caso. Entiendo que la solución propuesta al caso coincide con el criterio sostenido por la suscripta en los precedentes señalados por el recurrente y el preopinante, lo que reitero en el presente. Advierto que utilizar la tasa activa en los presentes es contrario a los intereses del trabajador cuyo crédito laboral es de indudable naturaleza alimentaria; entiendo que corresponde aplicar la Tasa Pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina a fin de recomponer adecuadamente el crédito de autos siendo ello además la doctrina casatoria del Tribunal Superior de la Provincia y habiendo quedado acreditada la insuficiencia de los intereses que propone el juzgador de grado (arts. 14, 14 bis, 17, 18 y 19 de la CN; 768 inc. c) del CCyCN; arts. 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Por tal razón adhiero a la propuesta del Dr. Humberto E. Monelos.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
IX. Que en función de las consideraciones vertidas precedentemente propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir el agravio formulado por el actor y en consecuencia modificar la sentencia disponiendo que los intereses se calculen mediante la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina a treinta días (serie judicial) con costas en la instancia en el orden causado y confirmarla en lo demás que decide. 2º) Diferir la regulación del honorario de los profesionales intervinientes hasta que exista regulación en la instancia de grado. 3º) Tener presente la reserva del caso federal de PE2177714/2026 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
X. Por la forma en la que me pronuncié a la primera cuestión propongo al acuerdo el siguiente fallo: 1) Admitir el agravio de la parte actora y en consecuencia declarar para éste caso particular, la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, modificado por el art. 4 de la ley 25.561 y del inc. 2) del art. 12 de la ley 24.557 según redacción de la ley 27.348, disponiendo que la indemnización reconocida en la instancia de grado se actualice conforme al Indice de Precios al Consumidor (IPC) desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta la liquidación final, tomando como índice final el del mes correspondiente a ésta última. En caso de mora se deberá proceder en los términos previstos en el inc. 3 del art. 12 de la ley 24557 según redacción de la ley 27.348.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XI. Por la forma que me expedí al tratar la cuestión anterior adhiero al voto propuesto por el Dr. Monelos.-
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 17 de septiembre de dos mil veintiséis.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial por mayoría F A L L A:
1. Admitir el agravio formulado por el actor y en consecuencia modificar la sentencia disponiendo que los intereses se calculen mediante la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina a treinta días (serie judicial) con costas en la instancia en el orden causado y confirmarla en lo demás que decide. 2º) Diferir la regulación del honorario de los profesionales intervinientes hasta que exista regulación en la instancia de grado.- 3º) Tener presente la reserva del caso federal de PE2177714/2026.-4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara Presidente; Humberto E. Monelos – Juez de Cámara; Griselda I. Bard- Jueza de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 066 S.261 Tomo: CVII Sentencia: 3237 Folio Nº: 097/103 Secretaria: 1
Fin de la sentencia