Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala II · Causa 37.359
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la sentencia en cuanto rechazó la demanda, condenando a la demandada al pago de la suma de $3.344.640, suma a la que deberán adicionársele intereses desde el 16/2/2022 hasta la fecha del dictado de la presente a calcularse utilizando una tasa del 6% anual, y a partir de este momento con la tasa indicada por el art. 768 inc. c) del Cód. Civ. y Com.
2Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (arts. 68 y 274 CPCC).
SII - 37359 - ESCALADA MARISOL C/ LA EQUITATIVA DEL PLATA SA DE SEGUROS S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES
Exp: 37.359 Juicio ESCALADA MARISOL C/ LA EQUITATIVA DEL PLATA SA DE SEGUROS S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 9 - MERCEDES En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, en la fecha de la firma digital, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes, doctores LUCAS RICARDO GOMEZ y MARTÍN HERNANDO CHERUBINI, con la presencia del Secretario actuante, para dictar sentencia en el Expte. N°37.359 en los autos: "ESCALADA, MARISOL C/ LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO".
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones de acuerdo con los artículos 168 de la Constitución y 266 del Código Procesal. PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada?
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Lucas Ricardo Gomez y Martín Hernando Cherubini.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el señor Juez doctor Lucas Ricardo Gomez dijo:
I. La señora jueza a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial N°9 doctora Elisa Fabiana Marcelli, mediante el dictado de la sentencia de fecha 6/8/2025, rechazó la demanda de cumplimiento de contrato y daños y perjuicios promovida por Marisol Escalada por sí y en representación de su hijo menor de edad Benicio Taborda, contra La Equitativa del Plata S.A. de Seguros, con costas.
La sentencia fue apelada por la parte actora y su recurso concedido libremente.
Convocada a expresar agravios, así lo hizo mediante la presentación de fecha 23/9/2025 formulada por su apoderado doctor Pablo Guidi. El recurso concitó la adhesión de la Asesoría de Incapaces (v. escrito de fecha 14/10/2025) y no fue replicado por la demandada.
Por su parte, el señor Fiscal de Cámaras dictaminó en los términos de los arts. 52 de la ley 24.240 y 27 de la ley 13.133 en fecha 17/10/2025, propiciando el acogimiento del recurso y que, en caso contrario se exima de costas a la parte actora y subsidiariamente sean impuestas por su orden.
II. Por razones de brevedad doy por reproducida la expresión de agravios, sin que sea necesario referirla minuciosamente y mucho menos transcribirla para adoptar una decisión razonablemente fundada (art. 3 del Cód. Civ. y Com.) que atienda las cuestiones esenciales a resolver para la correcta solución del pleito, no siendo tales los meros argumentos de las partes como fundamento de sus pretensiones u oposiciones o los reparos de orden jurídico que las mismas pueden tener (Tessone, Alberto y Azpelicueta, Juan J.; La Alzada, poderes y deberes, Librería Editora Platense, 1993, p. 201), y esta prescindencia de alguno o algunos de los argumentos jurídicos de las partes será ejercida, claro está, sin modificar el objeto del recurso (Cfr. Morello, Augusto M.; Sosa, Gualberto L. Sosa y Berizonce, Roberto O., Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, Abeledo Perrot, 2da. ed. reelaborada y ampliada, T°III pág. 420 y ss.).
En este sentido, es doctrina legal que no existe omisión de cuestión esencial si la Cámara resuelve expresamente los temas que le son sometidos, no teniendo obligación de tener en cuenta todos los argumentos jurídicos de las partes para rebatirlos en su totalidad sino los que considere suficientes y decisivos para dar solución al asunto (cfr. SCBA, DJBA 117-175; Loutayf Ranea, Roberto G., El recurso ordinario de apelación en el proceso civil, Astrea, T°2 p. 291).
III. Estimo conveniente, antes de entrar en el análisis puntual del recurso, precisar brevemente y sólo en lo esencial las circunstancias fácticas y legales que rodean al caso de autos.
La presente acción fue promovida por la actora por sí y en representación de su hijo menor de edad, con motivo del fallecimiento del señor Elías Antonio Taborda, en su condición de beneficiarios del seguro de vida contratado con la demandada.
Dijo que el fallecimiento ocurrió el 8/7/2018 y que con fecha 28/9/2018 intimó el cumplimiento del contrato (v. demanda, cap. III). Posteriormente amplió la demanda y en lo que llamó una rectificación de hechos (cap. V, escrito de fecha 8/9/2021) hizo mención a la contestación realizada por la demandada a la carta documento de intimación de cumplimiento, denotando lo que entiende una violación al deber de información establecido en el art. 4 de la ley 24.240, entre otras consideraciones.
El 15/2/2022 contestó demanda la aseguradora, reconociendo la existencia del contrato de seguro y haber sido anoticiada del fallecimiento del asegurado a través de la carta documento referida, haciendo saber que había respondido la misma requiriendo en forma previa a liquidar el siniestro se le acompañara el certificado de defunción, copias de Documento Nacional de Identidad de los beneficiarios y del sumario penal confeccionado con motivo del accidente de tránsito en el que falleciera el asegurado.
A esta contestación le fueron adjuntadas las cartas documento que he mencionado.
No hay controversia entre las partes sobre los hechos que brevemente he relatado, sino sobre los alcances que los mismos les han asignado.
La jueza de grado, con acierto dijo que correspondía determinar si la falta de pago constituyó un incumplimiento del contrato por parte de la demandada, o si tal falta de pago obedeció a que la actora no aportó la documental que le fuera requerida para la liquidación del siniestro, con cita del art. 46 de la ley 17.418 y de acuerdo a los términos de la póliza. Sobre esta plataforma y en función del informe pericial contable, consideró que el planteo de la actora relativo a un incumplimiento del deber de información no podía ser acogido, pues no puede considerarse seriamente que haya habido un impedimento para cumplir con lo requerido por la aseguradora, a la vez que reputa coherente con el art. 46 de la ley de seguros y con el art. 12 del contrato tal requerimiento para liquidar el siniestro, y crucial para la suerte adversa de la demanda que no se haya acreditado la autorización judicial para disponer bienes del hijo menor en los términos del art. 692 del Cód. Civ. y Com.
Dijo además que la actora debería "ocurrir por la vía y forma que viere convenir a fin de obtener el pago del siniestro" (Consid. IV bis o V, párr. 1ro.; hay dos considerandos IV).
IV. Son tres los pilares sobre los que asentaré mi propuesta que es -lo anticipo- revocar la sentencia.
El primero de ellos es que resulta indisputable que el presente caso debe ser resuelto teniendo en miras el estatuto del consumidor (arts. 42 Const. Nacional, 38 Const. Provincial y ley 24.240).
Luego, que en todo lo relativo al contrato de seguros rige con singular vigor el principio de buena fe (arts. 9, 10, 961 y ccs. del Cód. Civ. y Com.)
Por fin, que no puede perderse de vista el Interés Superior del Niño (arts. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 3 de la ley 26.061 y 4 de la ley 13.298), quien resulta ser beneficiario del seguro de vida.
A mi modo de ver, el requerimiento de información complementaria formulado por la aseguradora mediante la carta documento antes referida, en la medida que requiere copias de la causa penal instruída con motivo del fallecimiento del asegurado no ha sido idóneo para interrumpir el plazo para pronunciarse, en los términos de los arts. 46 y 56 de la ley 17.418.
Sobre el punto tuve oportunidad de expedirme en el Expte. SII-36.347, en los siguientes términos:
"Tampoco constituye causal de interrupción la pretensión unilateral del asegurador consistente en supeditar su pronunciamiento a que el asegurado le suministre copia de la causa penal" (Stiglitz, Rubén, S.; Notas sobre cuestiones relativas al contrato de seguro, LL 2011-E, 1206; con cita de jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones de. Concepción del Uruguay, Sala civil y com., 30/03/2000, "V.J.R. c. M.H. y otros", LL Litoral, 2001-554) y en el mismo sentido, comentando laudatoriamente el fallo de la sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, de fecha 28/10/05, autos Billorou, Arnoldo G. c. Provincia Seguros S.A. el prestigioso autor expresó: "tampoco constituye causal de interrupción la pretensión unilateral del asegurador consistente en supeditar su pronunciamiento a que el asegurado le suministre copia de la causa penal..." (Causales de interrupción del plazo del asegurador para pronunciarse sobre los derechos del asegurado; Derecho Comercial Doctrinas Esenciales, Ed. La Ley, Tomo IV, p. 483).
En efecto, caracterizando al contrato como de uberrimae bona fide señala Stiglitz -ob. cit., aunque 3ra. ed., 2011, T° II p. 165- que el deber de información comporta, correlativamente, un deber de informarse a cargo del asegurador, y por ello no debe adoptar una actitud pasiva si se hallaba en condiciones de conocer la información complementaria "en razón de que esto último se asimila -como presunción- al conocimiento mismo." La aseguradora, por su específica forma empresaria, dispone de una infraestructura y organización merced a las cuales se halla en mejores condiciones que el asegurado -o en este caso que los beneficiarios del seguro de vida- de tomar vista y obtener copias de la causa penal, y la propia ley autoriza al asegurador a examinar las actuaciones y hasta le permite arrogarse el carácter de parte en la causa penal, cfr. art. 46 párr. 4° ley 17.418.
Que no obstante ello se las solicite a su asegurado, configura una conducta desleal y abusiva que no puede encontrar amparo en la jurisdicción.
Así pues, siendo improcedente el pedido de copias de la causa penal, sólo resta ver cuáles son las consecuencias que se derivan de ese requerimiento inidóneo por irrazonable para interrumpir el plazo, y ello conduce a un único resultado: la aceptación del siniestro prevista por el art. 56 de la ley de seguros (Aguirre, Felipe; Cuestiones Teórico Prácticas del Derecho de Seguros, Notas acerca del art. 56 de la ley 17.418, Lexis Nexis, 2006, p. 71)."
Ahora bien, aceptado el siniestro, en los términos del art. 49 párr. 2do. de la ley 17.418, corresponde que el pago se haga dentro de los quince días de notificado el siniestro o de acompañada la información complementaria del art. 46 párr. 2do y 3ro.
Es aquí donde aprecio que el requerimiento de la restante documentación (certificado de defunción y copias de los DNI de los beneficiarios) no resulta desmesurada o irrazonable, aún cuando respecto del certificado de defunción el mismo seguramente obraba en los autos sucesorios mencionados en la carta documento que le fuera remitida. El art. 12 del contrato, mencionado por la a quo, textualmente reza: "Artículo 12º - Liquidación, lugar y condiciones de pago - Las prestaciones a cargo de la Compañía se efectuarán en su Oficina Central de la ciudad de Buenos Aires. Los derechos correspondientes deberán justificarse presentando los comprobantes relativos a la edad declarada por el Asegurado al solicitar el seguro, en cuanto sea razonable, a no ser que este último requisito se hubiese cumplido con anterioridad. En caso que el Asegurado no hubiese declarado su edad verdadera, se procederá según lo que dispone la Ley de Seguros sobre el particular. La muerte del Asegurado deberá ser avisada a la Compañía dentro de los tres días de conocerla. El correspondiente pago se efectuará dentro de los quince (15) días de notificado el siniestro, después de recibidas y aprobadas las pruebas legales del deceso, una declaración del médico que hubiese asistido al Asegurado o que hubiese certificado su muerte y otra de los Beneficiarios, extendidas ambas en formularios que proporcionará la Compañía, acompañadas, si procediera, de la información complementaria y cualquier otro documento que ésta considere necesario."
Dada las particularidades del deceso del malhadado Taborda está claro que "las pruebas legales" del mismo estaban al alcance de la demandada, luego de que fuera denunciado el fallecimiento por medio de la carta documento, pero no pierdo de vista que la actora guardó silencio al requerimiento que se le efectuara (el contrato de seguro es de ubérrima buena fe para ambas partes), escudándose en un supuesto incumplimiento del deber de información, que no es más que una afirmación dogmática pues, como bien dijo la jueza, la accionante tenía el domicilio de la aseguradora en la póliza, el número telefónico, la página web, etc., y "nada hay en autos que demuestre la utilización de estos canales para cumplimentar lo necesario para obtener el pago de la indemnización." (Consid. IV, párr. 4to.)
Con respecto a la imposibilidad alegada de efectuar el pago por la menor edad de uno de los beneficiarios, cabe decir que -lógicamentesólo es predicable respecto de éste y no así de la cobeneficiaria del seguro, la señora Escalada; pero aún así tampoco pierdo de vista que el art. 885 del Cód. Civ. y Com. dota de efectos liberatorios al pago que se realiza a persona incapaz o con capacidad restringida, en la medida en que lo beneficie.
Por estas razones es que mi propuesta es revocar la sentencia decidiendo que es ésta la vía y forma por medio de la cual la parte actora percibirá el pago del seguro (art. 15 Const. provincial).
V. Ahora bien, decidido ello, entiendo que corresponde desentrañar a cuánto asciende en la actualidad la suma que debe pagarse en concepto de capital asegurado, tal como ha sido solicitado por la apelante ("5° Agravio: Cuantificación de la condena. Necesidad de una reparación integral y plena").
Ello fue requerido expresamente en la demanda (cap. II), y fue objeto de contradicción (cap. V de la contestación de demanda), habiéndose pronunciado favorablemente por su recepción el señor Fiscal de Cámaras (punto V de su dictamen).
Tengo en cuenta, por imperio del instituto de la apelación adhesiva o reversión de la jurisdicción en palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las aristas de la defensa ensayada sobre este aspecto por la demandada (Cap. V ap. A de su contestación).
La procedencia misma de la actualización, en razón de la identidad fáctica del presente con los hechos juzgados en Causas C. 125.165, "R., M. L. y P., L. contra Mattioli, Susana y otros. Daños y perjuicios" y C. 127.551, "R., A. Y. y otro contra Obispado de Morón Jardín de Infantes San Juan Bautista y otros. Daños y perjuicios", ambos del 4-XI-2025, determina la aplicación al caso de la doctrina legal allí elaborada en torno a esta cuestión:
"Cabe añadir que la reciente doctrina legal de esta Corte emanada de la causa C. 124.096, "Barrios" (sent. de 17-IV-2024), refuerza la solución que se viene proponiendo, en tanto allí se hizo expresa referencia al precedente C. 119.088, "Martínez", como uno de los casos donde se inició la tendencia al apartamiento de los valores históricos." "Debe destacarse además que no se trata aquí de una '...indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios...' en los términos del art. 10 de la ley 25.561 sino, como ha afirmado esta Corte, '...de una razonable aplicación de las cláusulas del contrato de seguro ponderadas a la luz de la tutela reglamentaria de la Superintendencia de seguros de la Nación' (conf. doctr. causas C. 119.088, "Martínez", sent. de 21-II-2018; C. 122.588, "González", sent. de 28-V-2021 y C. 125.450, "Lemos", sent. de 29-IX-2023)." "Ello tampoco vulnera la pauta establecida por el art. 118 de la ley 17.418, pues técnicamente no se altera la medida del seguro sino que se readecuan con criterios de actualidad los guarismos representativos de la suma asegurada original."
La transcripción realizada corresponde al voto de la Dra. Kogan en causa C. 125.165, sustancialmente análogo al del Dr. Soria en causa C. 127.551, ambos plenamente predicables al caso de autos aunque aquí se trate de un seguro de vida. Sendos precedentes concitaron la adhesión unánime de los restantes miembros del Tribunal.
Cabe agregar que de ningún modo estoy proponiendo un apartamiento de las condiciones del contrato, sino que estoy considerando que este debe actualizarse (Cfr. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II, Expte. 175.368, sent. del 23/11/22; mis votos en exptes. SI-120.4998 y SI-121.386, entre muchos otros).
VI. En atención a las particularidades del presente y el modo en el que se recorrió el iter contractual, debe determinarse cuándo se produjo la mora del deudor (arts. 886 y ss. Cód. Civ. y Com.), es decir a partir de qué momento puede caberle un reproche válido del incumplimiento para, a partir de tal momento, procederse a la actualización de la suma asegurada.
A mi juicio, tal momento debe ser fijado a la fecha de vencimiento del plazo para contestar la demanda.
Ello así por cuanto recién en tal momento la aseguradora pudo cumplir a cabalidad la prestación comprometida en el contrato. Nótese que, en la propia contestación de demanda, la aseguradora reconoce deber la suma asegurada ($370.000) pero no su estado de mora y por ende tampoco intereses. Una conducta ajustada al estándar de buena fe referido, que hubiera tenido en cuenta no sólo el carácter de consumidores de la actora y de su hijo menor, y la menor edad de éste; requería que la suma en cuestión fuera dada en pago porque ello ningún perjuicio podría haberle irrogado. En efecto, aún si hipotéticamente se hubiera juzgado que tal pago no reunía sus requisitos propios (arts. 867 y 869 Cód. Civ. y Com.), las reglas que rigen su imputación (arts. 900 a 903 Cód. Civ. y Com.) de ningún modo le podrían haber aparejado perjuicio, por los efectos liberatorios del pago beneficiosos para la persona incapaz o con capacidad restringida al cual ya hice referencia (art. 885 Cód. Civ. y Com.)
Es así pues que, en mi propuesta al Acuerdo, la fecha de mora debe ser fijada el día 16/2/2022 (v. céd. electrónica de fecha 29/12/2021; Ac. 3989 y 3991), y a partir de este hito temporal, actualizarse la suma asegurada.
VII. En la doctrina legal aludida la Suprema Corte no estableció cuál es el modo de realizar la actualización en cuestión. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata -cuya decisión fuera recurrida en causa C. 125.165- difirió para la etapa de ejecución de sentencia la determinación del cálculo; en tanto que la Cámara de Apelación de Morón -cuya decisión fuera recurrida en causa C. 127.551- lo equiparó al seguro voluntario de responsabilidad civil para automotores, con el límite vigente de la resolución 739/2022 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Es decir que hay doctrina legal acerca de la necesidad de actualizar la suma asegurada en ciertos supuestos y bajo determinadas condiciones, pero no en lo relativo al modo de llevar a cabo tal operación pues en la medida que la Superintendencia de Seguros no actualiza las sumas aseguradas en este tipo de seguros, como sí lo hace con el seguro automotor, corresponde por analogía acudir a los límites que este posee en la actualidad, conforme a lo siguiente:
A la fecha de la mora fijada (16/2/2022) se encontraba vigente la Res. 776/2021, que establecía un monto máximo de $2.300.000 para el seguro obligatorio del art. 68 de la ley 24.449; de modo que los $370.000 de capital asegurado representaban el 16,08% de aquella.
Actualmente, el monto referido vigente (Res. 589/2025) es de $20.800.000.000; de modo que el porcentual referido representa $3.344.640.
A esta suma deberán adicionársele intereses desde el 16/2/2022 hasta la fecha del dictado de la presente a calcularse utilizando una tasa del 6% anual, y a partir de este momento, la indicada por el art. 768 inc. c) del Cód. Civ. y Com.
VIII. Bajo ningún aspecto procede siquiera el tratamiento del reclamo de una indemnización en concepto de daño punitivo formulado ante esta Alzada en la expresión de agravios.
No sólo por el sólido fundamento con base al cual propone su rechazo el señor Fiscal de Cámaras, que es nada menos que el derecho de defensa en juicio del demandado (art. 18 Const. nacional), sino porque no habiendo sido ello propuesto en primera instancia, resulta inaudible en esta instancia (art. 272 CPCC; Expte. SII-35.527).
IX. Costas: La revocación de la sentencia apareja que la imposición de costas efectuada en primera instancia deba ser adecuada a lo que aquí se propone (art. 274 CPCC).
A mi modo de ver si bien la demandada reviste la calidad de vencida, existen razones para eximirla de responsabilidad por el pago de las costas, en los términos del art. 68 del CPCC, aún cuando estrictamente no se encuentren configuradas las excepciones del art. 70 del CPCC. Conforme lo que he propuesto al Acuerdo, la mora de la demandada recién operó con la contestación de demanda; lo que puede entenderse como que hasta tal momento no mediaba incumplimiento de su parte; y a su vez si bien el requerimiento de información complementaria para liquidar al siniestro en alguna medida resultó inoficioso, no es menos cierto que la imposibilidad de cumplir tal requerimiento por la presunta falta al deber de información no ha sido un escollo insalvable para la actora, como bien lo señaló la a quo.
Por ello es que, con plena vigencia del principio de congruencia decisoria (arts. 34 inc. 4°; 163 inc. 6°, 164, 268 y ccs. del CPCC), aunque con distinta fundamentación legal (Iura novit curia; Preámbulo y arts. 18 y 42 de la Constitución nacional, arts. 15 y 38 de la Const. provincial, art. 24 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, 1, 2, 9, 10, 885 a 888, 961, 1061, 1092 a 1095 y cctes. del Cód. Civ. y Com., ley 24.240) es acogida la acción de cumplimiento de contrato incoada, y a fin de evitar el dispendio de actividad jurisdiccional que implicaría la promoción de otro juicio cuando las partes son contestes en la existencia y vigencia del contrato de seguro, es el mérito que encuentro para que la propuesta conlleve a que las costas de ambas instancias sean impuestas en el orden causado.
Con los alcances que surgen de lo precedentemente expuesto, voto por la NEGATIVA.
A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN el señor Juez doctor Martín Hernando Cherubini aduciendo análogas razones y con igual alcance, dio su voto también por la NEGATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el señor Juez doctor Lucas Ricardo Gomez dijo:
En atención al resultado alcanzado en la votación de la cuestión que antecede, la resolución que corresponde adoptar es: 1º.- Revocar la sentencia en cuanto rechazó la demanda, condenando a la demandada al pago de la suma de $3.344.640, suma a la que deberán adicionársele intereses desde el 16/2/2022 hasta la fecha del dictado de la presente a calcularse utilizando una tasa del 6% anual, y a partir de este momento con la tasa indicada por el art. 768 inc. c) del Cód. Civ. y Com. 2°.- Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (arts. 68 y 274 CPCC).
TAL ES MI VOTO.
A LA MISMA SEGUNDA CUESTIÓN, el señor Juez doctor Martín Hernando Cherubini aduciendo análogas razones, dio su voto en el mismo sentido.
Con lo que se dio por terminado el acuerdo dictándose la siguiente S E N T E N C I A
Lo que surge del acuerdo que antecede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser revocada.
POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE:
1. Revocar la sentencia en cuanto rechazó la demanda, condenando a la demandada al pago de la suma de $3.344.640, suma a la que deberán adicionársele intereses desde el 16/2/2022 hasta la fecha del dictado de la presente a calcularse utilizando una tasa del 6% anual, y a partir de este momento con la tasa indicada por el art. 768 inc. c) del Cód. Civ. y Com.
2. Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (arts. 68 y 274 CPCC).
NOTIFÍQUESE por medios electrónicos (conf. Res. del Presidente de la S.C.B.A. nro. 10/20, Res. S.C.B.A 480/20 y sus sucesivas prórrogas, Ac. 4013/2021 y AC 4023/2021).:
REGÍSTRESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia