Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 178.526
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Se rechazan los recursos de apelación deducidos por “La Capital SA” y “Grupo Media SA” y se confirma la sentencia de primera instancia.
II. Las costas por los trabajos en la Alzada se imponen a los apelantes vencidos (art. 68 del CPCC).
III. Se difiere la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14.967.
Expediente nº 178.526 – Juzgado n° 10 // En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: “ESCOBAR Pablo Alejandro c. GRUPO MEDIA ATLÁNTICO S.A. y otro s. Daños y perjuicios extracontractual (Exc. Automot/Estado)”. Habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó del mismo que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Alfredo E. Méndez.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es justa la sentencia apelada?
2. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J.
Loustaunau dijo:
I: En la sentencia dictada el 14.9.2023 la Sra. Jueza de primera instancia hizo lugar a la demanda promovida por Pablo Alejandro Escobar contra Grupo Media Atlántico SA y La Capital SA, condenándolos a abonarle la suma de $ 1.570.000 dentro de los diez días de quedar firme la sentencia, con más intereses que ordenó liquidar a la tasa pura del 6 % anual desde la fecha del hecho dañoso -18.3.2018- hasta la sentencia, y de ahí en más a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Para así decidir estableció que no estaba controvertido que el 18.3.2018 en el sitio web de propiedad de la parte demandada se publicó una noticia relacionada con el actor, bajo el título de “el Pablo Escobar Marplatense”.
Consideró que en esa publicación no se habían respetado los estándares sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Campillay”, afectándose el derecho personalísimo al honor del accionante.
Analizó la prueba, y tuvo por válida la documental agregada por la actora, en atención a la falta de desconocimiento de los demandados a su respecto.
Valoró que para dar a conocer la noticia no era necesaria la comparación con el narcotraficante colombiano ni el tinte “sensacionalista” que se le dio, y que la publicación violó el principio de inocencia constitucional, porque el cotejo entre las constancias de la IPP y el texto de la publicación, “permite corroborar la inexactitud de la especie propalada”, con lo que tuvo por acreditado el obrar negligente (art. 1724 del CCCN).
Estimó procedente la indemnización para reparar el daño moral, tomando en consideración la edad, sexo y trabajo del actor, y al tratarse de una deuda de valor lo cuantificó en la suma de $ 1.570.000 al momento de la sentencia, para que se procure con ella algún bien de consumo o viaje que opere como satisfacción sustitutiva y compensatoria del perjuicio sufrido (art. 1741 del CCCN).
II: Apelaron los apoderados de las sociedades demandadas, los recursos les fueron concedidos libremente, presentaron las respectivas expresiones de agravios en escritos electrónicos de fecha 21.9.2023, que merecieron las respuestas del 19.10.2023.
II.1: Las críticas del apoderado de “La Capital SA”
pueden sintetizarse así:
i) La sentencia, afirmó, es lesiva del derecho constitucional de su mandante a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, porque tiene por acreditada su conducta antijurídica y el factor subjetivo de atribución por haber obrado de manera negligente e imprudente.
Señaló los derechos que se ven involucrados en el caso - la libertad de prensa y el honor de las personas-, y que del art. 14 de la CN se desprende la idea del derecho a la información como derecho humano, protegido también por el “artículo 19 de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre del 10 de diciembre de 1949” (se refiere en realidad a la Declaración Universal de Derechos Humanos), y al art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Sostuvo que la condena para indemnizar a una persona que trabajaba realizando transporte público, que fue detenido con varios envoltorios de cocaína fraccionados y al que se le formó una IPP como consecuencia de ese accionar, constituiría una violación a la libertad de expresión y un quebranto al derecho constitucional de libertad de prensa sin censura previa.
El ejercicio de estos derechos, agregó, debe estar libre de toda traba por parte del Estado y de los particulares, y esa libertad podría verse seriamente afectada “por el efecto multiplicador de la institucionalización de la interposición sistemática de demandas de daños…”, si los particulares entienden que la Justicia “hace lugar a cualquier tipo de reclamo”.
Citó los criterios establecidos por el Superior Tribunal de la Nación, en los fallos “Rodríguez c. Google” y “Petric” para afirmar que las limitaciones a la libertad de prensa deben ser interpretadas restrictivamente, que ninguna de las publicaciones periodísticas realizadas por el medio demandado fueron inexactas o agraviantes, y que está claro que “de lo que se agravian los actores es de las opiniones y expresiones que han formado parte de la información sobre los hechos acaecidos”.
Recordó que el carácter de agraviante debe provenir de los hechos en sí mismos de los que se da noticia y no de la formulación de juicios de valor descalificantes (doctrina fallo “Petric” de la CSJN). Concluyó señalando que no se había acreditado cuál era el daño cierto que las expresiones contenidas en las notas le provocaron al actor, “sólo un daño moral precariamente reclamado y con argumentos totalmente arbitrarios y subjetivos”.
ii) Se agravió de la imposición de costas, porque la condena del sentenciante se basó en “dos premisas equivocadas”: a) que su parte resultó vencida, y b) que la demanda prosperó en relación a “los actores”.
El apelante manifestó que espera que la sentencia sea revocada totalmente, y por ende, la imposición de costas.
II.2: Los agravios del apoderado de Grupo Media Atlántico SA pueden resumirse de la siguiente manera:
i) Cuestionó que la Jueza haya tenido por reconocida la documental acompañada por la actora, consistente en copias simples o links de páginas en las que ya no están disponibles las publicaciones o bien han sido inexistentes, y por ello, no se puede comprobar que sean verídicas.
No se ha realizado un acta notarial que validara las copias simples, tampoco se ha ofrecido prueba anticipada para constatar la página web de su mandante ni se ha ofrecido pericial de informática para peritar el sitio web o los servidores de la empresa, a fin de “corroborar si las notas acompañadas han existido alguna vez”, como era carga de la parte actora.
ii) Se agravió porque el medio que representa fuera considerado una fuente de información pública falsa, recordando que al contestar la demanda había advertido que un fallo como el que finalmente se dictó, “generaría un escándalo en la industria del periodismo”, porque la amenaza de un juicio injusto o la revancha excesiva de la ocasional víctima, podrían llevar a la retracción de la actividad, que terminaría “adoptando la autocensura si se impidiera publicar atemorizando con sanciones de violencia”.
Señaló que el hecho ocurrió en horas de la madrugada y en un vehículo destinado al servicio de taxi, que traslada pasajeros, por lo que es considerado un transporte público, y pese a que el actor alegó que el dinero que se le secuestró era el producto de los viajes realizados esa noche, no pudo demostrar que fuera un chofer profesional con habilitación a su nombre o de la empresa Taxicoop con licencia n°0463 al momento de ser interceptado.
Esa empresa lo desconoció como chofer (12.2.2022) y el Departamento de Transporte de la Municipalidad informó sobre las licencias con que se había desempeñado Escobar, sin incluir una con ese número (26.12.2022).
Agregó que las publicaciones no son ofensivas, sino que contienen “verdaderos hechos en los cuales la única información errónea visible ha sido los gramos de cocaína que se incautaron”, y no se menciona el nombre completo ni el DNI ni se incluyó una foto del actor. Adujo que pese a la homonimia nadie podría creer que se tratara del narcotraficante fallecido muchos años atrás.
iii) Afirmó que con la calificación de las publicaciones como sensacionalistas y lesivas del honor del actor, lo que se ha lesionado es el derecho constitucional de su mandante a la libertad de expresión y a la libertad de prensa.
A partir de allí, reiteró casi textualmente el agravio sobre este tópico formulado por la codemandada.
iv) Criticó por último los intereses que en el fallo se ordena liquidar, aunque textualmente dice que se agravia “del valor actual del daño que deduce V.S. en el punto III.c…”, siendo que la parte actora no pidió que se tuviera en consideración la depreciación monetaria.
Por ello, afirmó, es que como consecuencia, se fijan intereses siguiendo la doctrina legal de los fallos “Vera” y “Nidera”. Introdujo el caso federal.
III: La sentencia debe ser confirmada.
No encuentro elementos para apartarme de la decisión adoptada por la Sra. Jueza, cuyos fundamentos principales no han sido suficientemente abordados en las críticas formuladas por los apelantes. III.1: El apoderado de Grupo Media Atlántico SA pretende en esta instancia desconocer la autenticidad de las publicaciones agregadas por el actor en su demanda, para objetar que la Sra. Jueza las haya tenido por reconocidas.
En cuanto a la pericia informática ofrecida por la actora, advierto en el acta de la audiencia preliminar celebrada el 10.11.2022, se dejó constancia que “No encontrándose desconocida la existencia misma de las publicaciones efectuadas, sino el tenor de las mismas, resultando innecesaria la prueba ofrecida, no se provee (art. 362 del CPCC)”. En el certificado de vencimiento del término probatorio del 31.3.2023, respecto a la misma prueba, se reiteró que “no se proveyó la prueba ofrecida por no encontrarse desconocida la existencia misma de las publicaciones efectuadas sino el tenor de las mismas (art. 362 del CPCC).
El apelante consintió lo resuelto en aquella oportunidad, por lo que no puede introducir el planteo en esta instancia (art. 272 del CPCC).
Por otra parte, los argumentos que utilizó al expresar agravios, referidos al contenido de las publicaciones -que no son ofensivas, que no mencionan el nombre ni el DNI del actor, o una fotografía suya-, son contradictorios con la negativa de su existencia que ahora pretende sostener.
III.2: Sobre el carácter de las publicaciones, he podido constatar personalmente que todavía existe publicada cuando se accede al sitio de la codemandada “La Capital SA”, “https://www.lacapitalmdp.com/el-patron-del-mal-es-taxista-y-marplatense -detuvieron-a-pablo-escobar-con-cocaina/”, la noticia de la detención de Pablo Escobar, un taxista acusado de vender cocaína (fechado el 18.3.2018; hay otro sitio https://www.elmarplatense.com/detuvieron-a-un-taxista-que-vendía-droga-en-la-zona-roja, de fecha 17.3.2018, cuya fecha es coincidente con la de la publicación de 0223, última entrada 22.3.2024). Adviértase que la URL (en inglés “Uniform Resource Locator”, que se traduce como “localizador de recursos uniformes”), es la dirección única que se le asigna a cada recurso disponible en la web, es lo que coloquialmente denominamos “dirección web”, con la que ubicamos cualquier otro recurso en la web (www.google.com, www.yahoo.com, etc.), y en ella, el tenor de la noticia es netamente sensacionalista como sostuvo la Sra. Jueza.
En esa URL se menciona a “el patrón del mal”, en clara alusión a la serie de televisión colombiana “Pablo Escobar: el patrón del mal”, sobre el narcotraficante de esa nacionalidad.
También en la publicación de 0223 el título “Cayó Pablo Escobar con once gramos de cocaína”, era alusivo, y no una simple “ironía” derivada de la homonimia, que indudablemente iba a llamar más la atención que la simple noticia referida a un taxista hallado con cocaína en su poder, sin identificación alguna.
El título desmiente que no se hubiera proporcionado el nombre del actor, y en el texto puede leerse que “El chofer –identificado como Pablo Escobar- será trasladado esta mañana a Tribunales para prestar declaración” (cursiva y negrilla me pertenecen).
El argumento de la elección de un formato con “cierta forma de humorada” para difundir la noticia evitando la alarma de los lectores si se hubiera incluido a todos los trabajadores del gremio, no resiste el análisis, y tampoco puede ser calificado como “naif”, para evitar “el estupor ciudadano”, como sostuvo el apoderado de Grupo Media Atlántico SA al contestar la demanda (punto III, párrafos 7 y 11).
III.2.1: Las cartas documento enviadas en su oportunidad, intimaban a reparar el daño originado en la ofensa al nombre, honor, ética y moral del actor, afectándolo en lo personal, familiar y laboral, además de generar la condena social, por lo que les reclamaba: a) una disculpa pública en el medio de comunicación de conformidad al derecho a réplica; b) la eliminación y “borrado” de todo artículo en que se lo mencionara; c) el cese inmediato de toda calumnia e injuria; y, d) una indemnización de $ 400.000 y sus respectivos intereses (CD de fecha 23.4.2018 dirigidas a La Capital SA, y Grupo Media Atlántico SA).
Sólo respondió “La Capital SA” con fecha 4.5.2018, rechazando el reclamo y negando que la nota periodística a que hacía referencia la carta documento del actor, “concierna a su persona y que su contenido pueda haber provocado una ofensa a su nombre, honor y moral, por lo que rechazamos íntegramente sus requerimientos”.
Ante la negativa de una empresa y el silencio de la otra, Escobar tuvo por denegado el derecho a réplica que había intimado, y les comunicó que iniciaría las acciones legales pertinentes (CD de fecha 11.5.2018 dirigida a La Capital y del 17.5.2018 a Grupo Media Atlántico SA). Para el mes de abril y mayo de 2018, cuando fueron enviadas las cartas, en la IPP caratulada “Escobar Pablo Alejandro s. Tenencia simple estupefacientes” (n°08-00-006608-18/00, recibida en el Juzgado el 17.8.2023), se había producido un hecho que estimo relevante..
El 20.3.2018, el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Garantías n°2, denegó el pedido del fiscal para la convalidación del secuestro de un teléfono celular marca Samsung, material estupefaciente y dinero en efectivo, y de autorización para analizar el contenido del teléfono celular. Los fundamentos de la negativa fueron que “la regla general para proceder al secuestro de objetos, al registro de lugares o a la requisa de las personas, es que la medida debe ser dispuesta por el órgano jurisdiccional (sin perjuicio de que en determinadas situaciones contempladas en el art. 59 inc. 1 párrafo 2 del CPP, se habilita al Agente Fiscal a llevarlas adelante con aviso previo al Juez de Garantías, como así también solicitarle la convalidación de lo actuado en los supuestos de los arts. 219, 220 y 221 del mismo código), que el art. 294 inc. 5 del CPP, le confiere facultad a la autoridad policial para disponer los allanamientos del art. 222 y las requisas urgentes con arreglo al art. 225, normas que “se diseñan ante situaciones de excepción que deben reunir las condiciones que las mismas contienen”, y que esas autorizaciones, “de ninguna manera implican una carta blanca para superar la regulación de los supuestos, pues debe hallarse presente el requisito de urgencia reclamado por la norma”.
El Juez señaló que de la presentación del fiscal no se desprendía la norma en que fundaba su pretensión, más allá de manifestar que fue consultado telefónicamente sobre el temperamento a adoptar tras el procedimiento, y que esa circunstancia tampoco aparecía asentada en el acta, sino en una declaración testimonial (fs. 4/5 de la IPP), donde también se deja constancia de que se ordenó la restitución del dinero sobre cuyo secuestro se pidió la convalidación.
Y en relación al procedimiento, sostuvo que del obrante a fs. 1, surge que la autoridad policial “actúa en una iniciativa autónoma por lo que cabe ubicar su accionar en lo dispuesto por el art. 294 inc. 5 del CPP, y en este contexto debe advertirse que la situación de urgencia reclamada por la norma no ha sido plasmada, como así tampoco emerge con claridad cuáles han sido los parámetros valorados para la interceptación de Pablo Escobar”.
“Los efectivos no han situado siquiera con precisión el lugar donde se produjo el avistamiento, constando simplemente que se trasladaba por 14 de Julio hacia Avda. Luro, tampoco han brindado detalles de la acción que motivara el interceptar a Escobar, la que por lo escuetamente consignado podría dar pie a un sinnúmero de interpretaciones distintas que la adjudicada por el personal policial, no aportando en sus relatos datos inequívocos que habilitaran su intervención” (la cursiva, negrilla y resaltado me pertenecen).
Concluyó afirmando que “Toda injerencia de la fuerza del Estado tiene que estar precedida de una motivación suficiente, tal exigencia parte de los conceptos expresados por el máximo Tribunal de la Nación en el precedente “Fernández Prieto”, donde se establece la necesidad de demostrar en forma previa la existencia de ciertos parámetros que derivan de la conceptualización de la existencia de causa probable, sospecha razonable, situaciones de urgencia y la totalidad de las circunstancias, los cuales deberán estar presentes para avalar el avance sobre los derechos de las personas, el cual hasta aquí no se ha plasmado, lo que obtura la posibilidad de continuar con el análisis de la cuestión traída a decidir”.
En virtud de ello, denegó la convalidación solicitada.
Si al recibir las cartas documento, las demandadas hubieran tenido la diligencia de consultar las constancias de la IPP, podrían haber conocido lo resuelto por el Juez de Garantías - tres días después de realizado el procedimiento-, y advertido las irregularidades por él señaladas, y que se había ordenado el archivo de las actuaciones con fecha 5.4.2018 (fs. 20 de la IPP).
También habrían comprobado que los gramos de cocaína secuestrados no fueron 11 sino 2,5 (ver parte policial de fs. 1). Ello les hubiera permitido acceder al pedido de réplica del actor, obrando con la buena fe que el ejercicio de todo derecho requiere (arts. 11 y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 9 y arg. art. 1770 del CCCN; CSJN, “Petric Domagoj Antonio c. Página 12”, sent. del 16.4.1998, en Fallos: 321:885; Rivera Julio César (h), “La constitucionalidad del derecho de rectificación o respuesta”, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2004, págs. 64 y sgtes, 91 y sgtes.; Ballester Eliel, “Derecho de respuesta. Réplica. Rectificación. El público, la información y los medios”, ed. Astrea, Buenos Aires 1987, pág. 55 sobre las crónicas policiales, y 62 y sgtes., sobre el ejercicio del derecho y las condiciones del requerimiento). No lo hicieron y se mantuvieron en la negativa de la potencialidad dañosa con que la noticia se había difundido o en el silencio. III.3: El derecho personalísimo al honor es un derecho autónomo, que participa de los caracteres de los derechos personalísimos en general (Cifuentes Santos, “Derechos personalísimos”, ed. Astrea, Buenos Aires 1995, pág. 175 y sgtes.; Saux Edgardo I., “Tratado de Derecho Civil Parte general”, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2018, Tomo II, pág. 236 y sgtes.), y está expresamente incluido en el art. 52 del CCCN, que entre las afectaciones de la dignidad de la persona menciona a la de su honra o reputación (superando desde la óptica normativa la concepción de honor subjetivo y honor objetivo, porque la lesión a uno u otro implica el menoscabo de la persona humana).
Miguel Federico de Lorenzo señala que el derecho privado recurre a la dignidad humana como una técnica de tutela que hace pie –mediante una interpretación evolutiva- en la filosofía jurídica del art. 19 de la Constitución Nacional, y que en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un valor supremo de orden constitucional (con cita de Fallos: 333:405), sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales (art. 11.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; CSJN, Fallos: 327:3753; de Lorenzo Miguel Federico, “Repensar al “otro”: reflexiones sobre el derecho civil”, en RCyS-2019-VI-3, cita on line AR/DOC/1190/2019; Ghersi Carlos A., “La dignidad como principio general del derecho”, en LL-2014-D-1054, cita on line AR/DOC/1244/2014; Pizarro Ramón Daniel, “Responsabilidad civil de los medios masivos de comunicación”, ed. Hammurabi, Buenos Aires 1991, pág. 101 y sgtes.). El derecho al honor está protegido en el derecho positivo argentino, por los arts. V de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los arts. 109 a 117 del Código Penal, y por los arts. 52, 1771, 1740 y ccdtes. del CCCN. La doctrina ha considerado que también le resulta aplicable el esquema de protección el art. 1770 del CCCN (antes art. 1071 bis del CC), porque el honor no sólo puede verse afectado por calumnias e injurias, sino que en muchas oportunidades puede existir una lesión a ese bien, resultante de un acto culpable o aun del ejercicio abusivo de un derecho, como es el de informar. “Entre el derecho a la intimidad y el derecho al honor existe una notable vinculación, por lo que en tales casos no hay obstáculo para que encuentre una más generosa protección en el art. 1170, que amplía los factores de atribución y permite formas de reparación peculiares, como la publicación de la sentencia que admita la demanda de la persona afectada (Rivera Julio César, “Instituciones de Derecho Civil. Parte general”, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires 2020, Tomo I, pág. 1303 y 1304; en igual sentido, Saux Edgardo, ob. cit., pág. 236; CSJN, “Costa Héctor Rubén c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y otros”, sent. del 12.3.1987, considerando 16, en Fallos: 310:508, con comentario de Bidart Campos Germán, “El derecho de crónica periodística y el honor personal”, en ED-123-128).
III.4: La decisión adoptada no afecta ninguna garantía constitucional de la parte demandada.
La denominada libertad de imprenta o de prensa establecida por los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional, implica que cualquier intervención de la ley o de la autoridad en la conciencia o en las expresiones del pensamiento, “antes (de) que se comuniquen de palabra o por escrito es contraria al derecho natural reconocido en el art. 19, sobre la inviolabilidad de la persona privada… La Constitución asegura la absoluta libertad de emitir las ideas, pero no la impunidad de las ofensas a la moral, al orden público y a los derechos de terceros. Luego la única limitación que ella impone al poder de legislar sobre el ejercicio de ese derecho, se refiere a la censura previa…” (González Joaquín V., “Manual de la Constitución Argentina 1853/1860”, ed. Estrada, Bs. As. 1983, pág. 170; la cursiva es propia).
El derecho al honor reconocido en nuestra Constitución, los tratados internacionales, la ley y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiende un “puente de plata” con el art. 10 del CCCN que regula el perfil del abuso del derecho: el de informar está condicionado a que su ejercicio sea regular y se vincule con acontecimientos de interés general (Saux, ob. cit, pág. 245; Flores Oscar, “Libertad de prensa y derechos personalísimos. Criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, en RDPyC, 2006-2, “Honor, imagen e intimidad”, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2006, pág. 307 y sgtes.). III.4.1: La Sra. Jueza fundó su decisión en que las publicaciones cuestionadas no cumplían con ninguno de los estándares establecidos por el Superior Tribunal nacional en la causa “Campillay Julio César c. La Razón y otros” (sent. del 15.5.1986, en Fallos: 308:789, con comentario de Bidart Campos Germán, “Noticias erróneas difundidas por la prensa y resarcimiento del daño moral a la víctima”, en ED-118-305; Alterini Atilio, Filippini Aníbal, “Responsabilidad civil derivada de la difusión de noticias inexactas. Acto ilícito o acto abusivo”, en LL-1986-C-406; López Cabana Roberto, “Responsabilidad civil de los medios de comunicación social por la difusión de noticias”, en “Temas de Responsabilidad Civil”, ed. Ciudad Argentina y Facultad de Derecho de la UBA, Buenos Aires 1995, pág. 199 y sgtes.; Peralta Mariscal Leopoldo, “La protección del honor ante la difusión de informaciones: la doctrina “Campillay”, en RDPyC, “Honor, imagen e intimidad”, ob. cit., págs.. 221 y sgtes.), sin que los apelantes hayan formulado crítica alguna al respecto. Los conceptos desarrollados por la Corte nacional sobre la libertad de expresión (que ya había establecido dos años antes en el leading case “Ponzetti de Balbín Indalia c. Editorial Atlántida SA s. Daños y perjuicios”, sent. del 11.12.1984, Fallos: 306: 1892), pueden resumirse de la siguiente manera:
a) La libertad de expresión, garantizada por los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional y por el art. 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, comprende “la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección” (considerando 4).
b) El derecho a la libre expresión e información no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio, sea por la comisión de delitos penales o actos ilícitos civiles, y de ninguna manera puede traducirse en el propósito de asegurar la impunidad de la prensa. “La función primordial que en toda sociedad moderna cumple el periodismo supone que ha de actuar con la más amplia libertad, pero el ejercicio del derecho de informar no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, entre los que se encuentran el de la integridad moral y el honor de las personas (arts. 14 y 33 de la Constitución Nacional)” (considerando 5, la cursiva es propia).
c) El honor de las personas no sólo puede verse afectado a través de los delitos de calumnias e injurias sino que su lesión puede provenir de un acto culpable o del ejercicio abusivo del derecho de informar, por lo que “el propietario o editor del periódico que da a conocer las falsas imputaciones, no puede quedar exento –al igual que cualquier habitante de la Nación- de la responsabilidad civil emergente de tales actos (art. 1109 del CC)” (considerandos 6 y 9).
d) “… La seriedad que debe privar en la misión de difundir noticias que puedan rozar la reputación de las personas –admitida aún la imposibilidad práctica de verificar su exactitud- imponía propalar la información atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente, utilizando un tiempo de verbo potencial o dejando en reserva la identidad de los implicados en el hecho ilícito…” (considerando 7).
e) El hecho de que las publicaciones se limiten a transcribir prácticamente el comunicado policial respectivo, no excusa la responsabilidad de los editores involucrados, “toda vez que éstos hicieron “suyas” las afirmaciones… dándolas por inexcusablemente ciertas… pese a que un prudente examen de tal memorándum evidenciaba que la versión respectiva daba cuenta de que el actor no había sido oído ni juzgado por la autoridad judicial interviniente, la que concluyó a la postre, con un sobreseimiento definitivo a su respecto” (considerando 8).
Destaco que, en el caso de Escobar, fue sobreseído el 5.2.2020, la reproducción del parte policial fue errónea, inexacta, y la mención de la fuente, genérica, no se utilizó el modo potencial, y se lo identificó por su nombre y apellido.
En las publicación de La Capital se alude a “fuentes policiales”, y en la de 0223, a “los datos a los que tuvo acceso 0223”, sin identificarlos.
El estándar de los fallos “Campillay” y “Costa” ha sido seguido de modo invariable, y se ha establecido que la mera identificación de la fuente en términos de “Gendarmería nacional” o “altas fuentes judiciales”, por ejemplo, constituye una referencia genérica e incierta que no permite conocer al emisor de la noticia (CSJN, “Pierini Carlos c. Herrera de Noble Ernestina”, en Fallos: 326.4285; Zannoni Eduardo A., “Tutela del honor y difusión de noticias”, en RDPyC, “Honor, imagen e intimidad”, ob. cit., pág. 196, donde destacaba “la actitud del informador”).
La comparación de las constancias de la IPP y la noticia que se difundió demuestran el incumplimiento de la pauta de “conducta diligente” exigida por la Corte, porque la crónica impugnada presenta contrastes notables con la causa penal (CSJN, “G.C.A. c. El Día SA”, en Fallos: 324:4433, sent. del 18.12.2001).
El modo verbal utilizado es asertivo, violatorio del estándar de la Corte, que ha indicado que la verdadera finalidad del empleo del modo potencial, es otorgar la protección de la doctrina “Campillay” a quien “se ha referido sólo a lo que puede o no ser, descartando toda aseveración, o sea la acción de afirmar y dar por cierta alguna cosa”. No consiste solamente en la utilización de un determinado modo verbal, “sino en el sentido completo del discurso que debe ser conjetural y no asertivo. Si así no fuera, bastaría con el mecánico empleo del casi mágico “sería…”, para poder atribuir a alguien cualquier cosa, aún la peor, sin tener que responder por ello” (CSJN, “Burlando Fernando Andrés c. Diario El Sol de Quilmes”, en Fallos: 326:145, sent. del 18.2.2003).
En ambas publicaciones se identificó a Pablo Escobar, y en la de La Capital SA, se afirmó que “si bien no manejaba ni por asomo las mismas cantidades de droga que el recordado narco colombiano que quedó inmortalizado en la serie “El patrón del mal”, estaba investigado por vender cocaína al menudeo y utilizar el taxi que manejaba como excusa para hacer “delivery”.
Esta información es absolutamente inexacta, no hay constancia en la IPP que permita inferir que estaba siendo “investigado”. En la publicación de 0223 se afirmó que “la denuncia que realizaron algunos vecinos en la comisaría primera por la presencia de un taxista que se dedicaría a la venta de drogas culminó el sábado a la madrigada con la interceptación del rodado, el secuestro de varios envoltorios de cocaína y dinero producto de su comercialización”. A continuación lo identificaron.
Tampoco la supuesta denuncia de vecinos surge de la IPP, y pese al potencial “se dedicaría”, el tono del discurso no es conjetural sino asertivo, más allá de las inexactitudes ya señaladas. Cuando el art. 32 de la Constitución Nacional prohíbe el dictado de leyes que restrinjan la libertad de imprenta y que establezcan sobre ella la jurisdicción federal, “no consagra tales preeminencias ni misiones estratégicas exclusivas, de las que no gocen los otros derechos fundamentales, pues tampoco se admiten leyes que con cualquier pretexto dañen la intimidad o el honor de las personas (art. 11 y correlativos del Pacto de San José de Costa Rica)”. De la misma manera cuando el art. 33 establece que no se pueden desconocer los derechos y garantías que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno, “no ha colocado en preferencial situación a la libertad de prensa... y esos mismos principios deben aplicarse a todos los derechos humanos fundamentales no enumerados, dado que ninguno está allí excluido… Luego, esas normas de las que se pretende entresacar una protección para los medios de prensa, tienen un fin muy definido y no aparecen privilegiándola en relación con los derechos fundamentales de la persona…” (Cifuentes Santos, “La protección de la intimidad y la libertad de prensa”, en “La persona humana”, ed.
La Ley, Bs. As. 2001, pág. 301; Pizarro Ramón Daniel, “Responsabilidad civil de los medios masivos de comunicación”, ob. cit., pág. 103; CSJN, Fallos: 269:189, considerando 4; 269:195, considerando 5; 306:1892, considerando 4, cuarto párrafo del voto del Dr. Petracchi; causa 1177/2012, “Martín Edgardo c. Telearte SA y otros”, sent. del 3.10.2017, considerando 5; Rivera Julio César, “Libertad de prensa y derecho a la intimidad. Un conflicto permanente”, en LL-1985-B-114, cita on line AR/DOC/5044/2001). Ante el conflicto entre derechos constitucionales hay que recordar que todos son igualmente relativos (arts. 14 y 28 de la CN), es decir susceptibles de límites y restricciones que a veces son intrínsecas, derivadas del contenido del derecho de que se trate, y otras veces, extrínsecas, originadas en la coexistencia con otros derechos o impuestas por exigencias del bien general; esta relatividad “presta base constitucional a la doctrina del abuso del derecho, desde que dicha teoría presupone admitir que los derechos tienen o deben cumplir una función social, lo cual no es más que reconocer que todo derecho subjetivo arraiga y se ejerce en el marco de una convivencia social, donde la solidaridad impide frustrar la naturaleza social del derecho” (Bidart Campos Germán J., “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, ed.
Ediar, Bs. As. 1988, Tomo I, pág. 216).
Si bien la valoración debe efectuarse caso por caso, en principio corresponde dispensar máxima protección a aquellos derechos que como la intimidad, el honor y la imagen de las personas hacen a su dignidad (arts. 51 y 52 del CCCN).
Los demandados no han demostrado que hayan existido razones de “interés general” para difundir la noticia del modo en que lo hicieron, y el carácter agraviante surge de los hechos que se publicaron, en forma inexacta además.
Nadie discute aquí la entidad que la libertad de prensa tiene, “al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan sólo una democracia desmedrada o puramente nominal” (CSJN, Fallos: 248.291; 310:1715; 311:2553; 315:1943; 318:114), pero ello no significa asignarle un carácter absoluto que ningún derecho constitucional tiene (CSJN, Fallos:290:83; 297.201; 300:700; 304:319 y 1524), y por ello se han reconocido “como respetuosos del orden constitucional” límites a su ejercicio (CSJN, Fallos: 310:508; 312:1114; 315:632; 316:705). “Claro que si grande es la libertad, grande también debe ser la responsabilidad (Fallos: 310:508)” (del voto del Dr. Fayt en la citada causa “Petric”, considerando 15, último párrafo).
III.5: En un escueto párrafo final de su primer agravio los apoderados de La Capital SA sostuvieron que el daño moral no estaba acreditado.
Considero que el daño extrapatrimonial reclamado es consecuencia directa y necesaria de la violación de uno de los derechos personalísimos del actor por parte de las empresas demandadas (arts. 1726 y 1727 del CCCN), que no han acreditado ninguna justificación de su conducta (arts. 10, 1718 inc. a) y 1740 del del CCCN).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que: "Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado (...). El dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para reestablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales. El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida" (CSJN, “Baeza Silvia Ofelia c. Provincia de Buenos Aires y otros”, sent. del 12.4.2011, en RCyS-2011-VIII-176, con nota de Jorge Mario Galdós, “El daño moral (como “precio del consuelo”) y la Corte Nacional”, cita on line AR/DOC/2320/2011; Rivera Julio César, Giatti Gustavo, Alonso Juan Ignacio, “La cuatificación del daño moral en los casos de lesión al honor, la intimidad y la imagen”, en RDPyC, 2006-2, “Honor, imagen e intimidad”, ob. cit., pág. 419).
La Sra. Jueza indicó claramente cuáles eran las circunstancias que tenía en cuenta para cuantificarlo, sobre las que nada han dicho los apelantes, a las que agrego el nivel de difusión, pues los demandados son medios de amplia circulación en la ciudad a través de sus sitios web.
La sentenciante valoró asimismo, como pauta interpretativa, las directivas del art. 1741 del CCCN, en cuanto a las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que la suma indemnizatoria debe procurar, a las que Matilde Zavala de González calificaba como la “significación compensadora emocional que para las víctimas representan las condenas mismas”, abstrayendo su papel instrumental hacia destinos onerosos (Zavala de González Matilde, “Resarcimiento de daños”, ed. Hammurabi, Buenos Aires 2005, Tomo 5.a, “Cuanto por daño moral”, pág. 68).
Ante la violación de un derecho personalísimo, la sola demostración de la transgresión es en sí misma la prueba del daño extrapatrimonial, y por ello la acreditación de su inexistencia corresponde al responsable (art. 375 del CPCC), pues la víctima, ante la índole del perjuicio, “está dispensada de probarlo, pues queda establecido in re ipsa por la sola realización del acto antijurídico” (arts. 10, 52, 1736, 1737. 1740, 1741 y ccdtes. del CCCN; arts. 1068, 1071, 1078 y ccdtes. del CC ley 340; Bilotta Laura, Humphreys Ethel, Tanzi Silvia, “Derecho a la imagen: responsabilidad civil por la difusión no consentida de la imagen de un menor con fines comerciales”, cita on line AR/DOC/1790/2004, capítulo IX, “La responsabilidad”, aplicable al derecho al honor y a la intimidad).
III.6: El agravio de Grupo Media Atlántico SA relativo a los intereses que en el fallo se ordena liquidar, debe ser rechazado, pues la Sra. Jueza no ha hecho más que aplicar la doctrina legal de la Suprema Corte provincial.
La obligación de reparar el daño es una deuda de valor (arts. 772, 1740 y ccdtes. del CCCN; art. 1083 del CC;), la determinación de ese valor en el momento más próximo a la sentencia, no colisiona con los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, porque como ha establecido el Superior Tribunal provincial, no debe identificarse la estimación de rubros indemnizatorios a valores actuales con la utilización de mecanismos indexatorios de ajuste o reajuste según índices, pues la operación matemática de éstos últimos es diferente al justiprecio de un valor según la realidad económica existente al momento en que se pronuncia el fallo, aunque ambos se asemejen en cuanto evidencian una respuesta frente al impacto negativo de factores económicos notorios, como los derivados de las altas tasas de inflación (SCBA, causa C. 120.536, “Vera, Juan c. Provincia de Buenos Aires s. Daños y perjuicios”, sent. del 18.4.2018; C. 121.134, “Nidera SA c. Provincia de Bs.As. s. Daños y perjuicios”, sent. del 3.5.2018; C. 101.107, “Arbizu Víctor Esteban y otros c. Provincia de Buenos Aires s. Expropiación inversa”, sent. del 23-3-2010; C. 123.323, “Vargas Eduardo c. Bravo Virginia y otra s. Esrituración”, sent. del 26.4.2021; C. 123.695, “Vidal Laura c. Juárez Ana s. Cumplimiento de contrato”, sent. del 17.10.2023).
Por ello, y ante la falta de apelación de la parte actora, deben confirmarse los intereses fijados en el considerando IV del fallo de primera instancia.
Por los fundamentos expuestos propondré al acuerdo el rechazo de los recursos de apelación de los demandados.
VOTO POR LA AFIRMATIVA
El Sr. Juez Dr. Alfredo E. Méndez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J.
Loustaunau dijo:
Corresponde: I) Rechazar los recursos de apelación deducidos por “La Capital SA” y “Grupo Media SA” y confirmar la sentencia de primera instancia. II) Imponer las costas por los trabajos en la Alzada a los apelantes vencidos (art. 68 del CPCC). III) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14.967.
ASÍ LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Alfredo E. Méndez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Por los fundamentos dados en el acuerdo que antecede se dicta la siguiente sentencia: I) Se rechazan los recursos de apelación deducidos por “La Capital SA” y “Grupo Media SA” y se confirma la sentencia de primera instancia. II) Las costas por los trabajos en la Alzada se imponen a los apelantes vencidos (art. 68 del CPCC). III) Se difiere la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14.967. Regístrese. Notifíquese por el sistema automatizado (art. 10 del Anexo del Ac. 4039/21).
Fin de la sentencia