Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 98297
En la ciudad de Dolores, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil veinte, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 98297, caratulada: "QUESADA PAOLA CECILIA C/ DALLA VIA HORACIO DANIEL S/ ESCRITURACION", habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden Dres. María R. Dabadie y Mauricio Janka.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
Primera cuestión ¿Es justa la sentencia apelada?
Segunda cuestión ¿Qué corresponde decidir?
V O T A C IÓ N
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE DIJO:
I. Contra la sentencia de fs. 109/112, que hizo lugar a la demanda de escrituración deducida por Paola Cecilia Quesada en contra de Horacio Daniel Dalla Vía, respecto de inmueble ubicado en la ciudad de Chascomús, Nomenclatura Catastral: Circunscripción II, Sección B, Chacra 35, Manzana 35a, Parcela 1, Subparcela 2, Matrícula 42017 (27) y mando pagar el saldo de precio en el momento del acto escriturario, con costas al demandado; dedujo recurso de apelación el condenado a fs. 122, que le fue concedido el 19/09/2019.
Los agravios resultaron expresados con la presentación del día 26/12/2019 y respondidos en tiempo propio a fs. 162.
Producido el llamado de autos para sentenciar (fs. 162) se produjo el sorteo de rigor, quedando la causa en estado de ser estudiada para el dictado de la sentencia. (arts. 263, 264 CPCC)
II. Los agravios. Su responde.
1.Agravios de la parte demandada-apelante.
El apelante al expresar sus agravios dijo que en el año 1980 adquirió un lote de terreno ubicado en calle Quintana esquina Tucumán de la localidad de Chascomús que fue escriturado a su nombre y el 06/01/1999 lo vendió con una construcción a Federico Luis Giles y a su concubina Paola Quesada, en un valor de $11.500,00; siendo la forma de pago de $6000 en efectivo y 16 cuotas de $300, mas una de $200, mas dos refuerzos de $250; suscribiendo el pertinente boleto de compra venta.
Agrega que en el año 2014 Quesada le requirió que se escriturara el lote, el 100% a su nombre, presentando un instrumento donde figuraba ella sola.
Luego de este relato indica que se le intenta endilgar la autoría de una firma en el boleto de compraventa que no le pertenece como así que la transacción no existió.
Señala que intervino la perito calígrafo de la Asesoría Pericial Sra. Iturmendi; quien habría presentado una pericia carente de gráficos, en la que concluye que la firma cuestionada de fs. 2 le pertenece al recurrente. A su tiempo impugnó la pericia e incorporó una privada, a fin de refutar la oficial y solicitó explicaciones. Refiere las cuestiones que conllevarían irregularidades en el dictamen pericial.
El agravio de modo concreto está dirigido a cuestionar la valoración del dictamen pericial, pues no se habría resuelto el planteo impugnatorio y pedido de nueva pericia. Entiende que no surge de las constancias de la causa como así tampoco de la sentencia el análisis de la impugnación al dictamen; insiste el recurrente en este punto, en tanto sostiene que la firma no le pertenece.
Se duele asismismo por la valoración que le ha dado el juez de grado a la prueba pericial en virtud del principio de la sana crítica, sostiene que en la sentencia se tomó la prueba pericial como esencial y decisiva para fallar la causa pero sin el rigor técnico-científico en que se sustentó la impugnación.
Respecto de las cuestiones técnico-científicas dice que no han sido inobjetables como lo ha entendido el Dr. Val, pues la pericia caligráfica aportada por la perito designada carece de toda explicación basada en principios técnicos, refiriendo la misma para arribar a su conclusión: “los elementos que constituyen la firma son paralelos y equidistantes entre sí, presentan una extensión muy similar…”.
Aduce que si bien el Juez no puede eludir la apreciación de la prueba pericial, tampoco esta ligado categóricamente a las conclusiones periciales, que resulta solo un elemento informativo sujeto a apreciación. Obviamente que las discrepancias deben ser debidamente fundadas en sus decisorios adversos, siendo que la especialidad del perito resulta generalmente ajena al hombre del derecho.
En prieta síntesis, el agravio de la quejosa queda limitado a una cuestión esencial al decisorio, que es el valor de la prueba pericial caligráfica.
2. Replanteo de prueba.
En el mismo escrito en que expresara sus agravios el apelante replanteo la prueba pericial caligráfica de conformidad con el art. 255 inc. 2 CPCC; en los términos de una medida para mejor proveer.
Indica para fundar su pretensión que conforme los marcados elementos diferenciales que señalara respecto de las firmas indubitadas y la dubitada, la carencia de complementos ilustrativos que la pericia caligráfica requiere, la falta de fundamentación en principios científicos conforme requiere art 474 CPCCC; por lo que solicita como medida de mejor proveer nueva pericia sobre las firmas indubitadas y dubitada, con el mismo objeto planteado, con un perito distinto al que realizó la impugnada.
En los mismos términos solicita se incorpore el informe privado producido por el perito calígrafo de la matrícula T° V – F° 109 SCJBA, Pablo Alberto Ciccone.
Para finalizar, reitera lo manifestado en otras oportunidades en relación a la existencia de autos “GILES, Federico Luis c/ DALLA VIA, Horacio Daniel y otro/a s/ ESCRITURACION” (Exp. 68.548), de trámite ante del Juzgado Civil y Comercial N° 1 del Departamento Judicial departamental y solicita se revoque la sentencia apelada, con costas a la actora. 3. Contesta agravios parte actora. Solicita deserción.
Al responder sus agravios la actora, solicita la deserción del recurso por entender que la expresión de agravios efectuada por la apelante no constituye una crítica fundada de la sentencia, considera no cumplidos los preceptos básicos, resultando por demás imprecisas sus manifestaciones.
Señala que Dalla Via se ha limitado a esgrimir y señalar los hechos relatados en la demanda y lo manifestado en un informe privado el cual ha sido presentado extemporáneamente. En modo alguno en su basta argumentación se menciona siquiera la sentencia recaída en los presentes obrados limitándose a efectuar un raconto de los hechos que se fueron sucediendo.
En cuando al responde de los agravios, lo hace punto a punto, en tanto destaca que la prueba pericial ha sido apreciada según las reglas de la sana crítica, por lo cual no existe motivo para restarle valor probatorio; con la que se tiene por probada la existencia de la obligación de otorgar escritura traslativa de dominio por parte de Horacio Daniel Dalla Via en la forma y condiciones establecidas en el boleto de fs. 2.
En cuanto a las medidas para mejor proveer peticionadas por el recurrente indica que el demandado extemporáneamente ofreció el informe de perito de parte, situación totalmente improcedente, inadmisible, superflua e inoportuna en virtud a la etapa procesal en la que se encontraban las actuaciones.
Solicita se rechace el planteo efectuado por la demandada, consistente en incorporar, como medida para mejor proveer, el informe privado producido por el perito calígrafo Pablo Alberto Ciccone como así también la realización de una nueva pericia con experto distinto al designado en autos.
Se opone asimismo a que se eleve el boleto de compraventa que se encuentra en los autos caratulados “GILES, Federico Luis c/ DALLA VIA, Horacio Daniel y otro/a s/ ESCRITURACION”, pues en ningún momento del proceso hizo mención a su existencia.
En definitiva, solicita se declare la deserción del recurso del demandado y de no ser así se confirme la sentencia apelada desestimándose la medida probatoria pedida.
III. Cuestiones previas.
Como cuestiones previas a tratar los agravios del quejoso corresponde decidir sobre los siguientes temas; pedido de deserción del recurso y replanteo de prueba.
1. Deserción del recurso.
En razón de que la parte actora (fs. 156 pto. II) en la oportunidad de contestar los agravios de la demandada, solicitó la declaración de deserción del recurso por imperio del art. 260 del CPCC; corresponde que me expida a su respecto (SCBA, Ac. C. 85.339, “Menéndez”, sent. 19-09-07) ya que en caso de prosperar la pretensión cerrará el embate recursivo. (SCBA, Ac. C. 92.588, “López”, sent. 31-10-07)
La expresión de agravios en estudio, si bien es extensa y sabido es que la extensión no garantiza la calidad y efectividad de lo pretendido; es lo cierto que se la debe de valorar en cuanto al cumplimiento de la norma indicada con una visión amplia que garantice la tutela judicial efectiva. Leído el libelo en cuestión, resulta una muestra de la férrea actividad del letrado apoderado de Dalla Vía, por revertir el decisorio recurrido, que cumple con la manda del legislador, pues constituye una critica razonada y lógica de la sentencia apelada con pie fundamentalmente en la valoración que ha merecido la prueba pericial caligráfica como determinante de la admisión de la pretensión actoril. En mi opinión existen en la presentación razones suficientes para no hacerla pasible de la sanción de deserción.
Sostengo que aquella pieza procesal ha superado el examen de suficiencia toda vez que hube de hacerlo con un criterio amplio de apreciación, que es el actualmente mantenido por la Suprema Corte de Justicia. (MORELLO, Augusto Mario, Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso, v. I, pág. 175 a 180; art. 260 CPCC)
2.Replanteo de prueba.
Al expresar sus agravios el apelante, introdujo en el punto IV bajo el título “Replanteo de Medida Probatoria-Manifiesta”, su pretensión a la luz del art. 255 inc. 2 CPCC, de replantear la prueba pericial caligráfica; digo en apariencia pues a poco andar, de la lectura completa de los argumentos que sostienen la petición se puede afirmar que se trata de que en esta instancia se haga lugar a la medida para mejor proveer consistente en realizar un nuevo dictamen pericial por medio de otro experto y de agregar el realizado por el perito de parte Ciccone y no. (fs. 55/59).
Tal pretensión que fue introducida en la instancia de origen al tiempo de impugnar el dictamen y solicitar ampliación, fue debidamente sustanciado con la contraria y la perito oficial; dando como resultado por parte del juez de primer grado la resolución de fs. 77, en la que se dijo que no era pertinente el pedido y debía tenerse presente lo dispuesto en el art. 255 inc. 2 CPCC, que nada decidió se limitó a diferir la cuestión a esta intervención.
Radicadas las actuaciones en esta instancia y ante aquel pedido, se confirió el traslado de estilo (fs. 155 último párrafo) razón por la que aquí he de trata aquella cuestión.
Dado que resulta evidente la confusión en que incurre el letrado apoderado del demandado, en tanto por un lado se refiere al replanteo probatoria ante la Alzada y por el otro a la medida para mejor proveer, por lo que resulta necesario aclarar la dimensión de sendas figuras.
El art. 255 inc. 2 CPCC habilita abrir a prueba en la segunda instancia, solo cuando se esté ante pruebas que han sido injustamente repelidas en su primera instancia. Según reconocida doctrina mayoritaria (Palacio, Morello, cit. por Hitters, Juan Carlos; 2004, Librería Editora Platense) para considerar que el replanteo pueda tener andamiento suficiente el proponente debe acreditar que la declaración de negligencia fue injusta e inoportuna; o infundada la negativa de prueba. Vistas las constancias de la causa nada de esto ocurrió pues la prueba en cuestión fue producida y el aquí apelante tuvo oportunidad de impugnarla y logró que la perito le respondiera a su pedido de explicaciones.
En lo que respecta a las medidas para mejor proveer, que es lo ciertamente pretendido, se dirá que están destinadas a conocer la verdad objetiva del proceso y son privativas de los jueces de mérito, por lo que mal se puede pretender que se dicten a pedido de parte. (art. 36 inc. 2 CPCC; SCBA, 18/06/2008, “Ullman, Luis Norberto c/ Consorcio de Gestión de Puertos de Bahía Blanca s/ Indemnización por despido, etc.”, Juba sumario B3345046)
No puede olvidarse que el dictado de medidas para mejor proveer, que se encuentran comprendidas en las facultades ordenatorias e instructorias de los jueces, pero con ellas no se pueden suplir la omisión, desidia o negligencia de las partes; su destino final es despejar las dudas o aclarar puntos oscuros en el proceso, entre otras cuestiones que pudiera tener el magistrado con relación a la prueba efectivamente rendida.
En lo que hace a la intervención de un perito de parte, no está previsto para el proceso sumario (art. 492 CPCC); razón por la que la incorporación del dictamen que se pretende solo pudo serlo en caso de ser ofrecido como prueba documental y sujeto a valoración en forma integrada con el total del plexo probatorio, situación procesal que en modo alguno se da en la causa.
Para cerrar esta parcela de mi voto he de decir que bajo ninguna de las figuras indicadas es posible la realización de una nueva pericia caligráfica, sobretodo teniendo en consideración los límites de la contestación de demanda que a los hechos del caso ha puesto Dalla Vía, tema sobre el que volveré, sumado a que la prueba en cuestión se realizó sin irregularidad alguna que pueda justificar la producción de una nueva en esta instancia.
IV. Este Tribunal.
Entiendo que se debe recordar que la actividad revisora, genuina de esta instancia, se encuentra limitada por el agravio traído por el recurrente, fijándose así la frontera de aquella tarea. Así se han de examinar las cuestiones de hecho y de derecho que hubieron de ser sometidas a la decisión del juez de la primera instancia, siempre que resultaran materia de agravios. Más aún, esta Alzada se encuentra dispensada de examinar aún cuestiones decisivas para el desenlace del proceso, si al expresar sus agravios el quejoso no realizó un planteo expreso a su respecto; al igual que aquellas sobre las que el iudex a quo guardara silencio. Estos principios resultan de inexorable cumplimiento, sin perjuicio del acierto o desacierto con que se hubiera dictado la sentencia puesta en crisis. (arts. 260, 261, 266, 272 del CPCC; S.C.B.A., Acs. 74.366 S 19-2-2002, 16.832 S 16-III-1971; CSJN, diciembre 2 de 1980, Fallos, v. 302, pág. 1435)
Vista la expresión de agravios del apelante es dable afirmar que una única cuestión, desde el prisma establecido en el párrafo anterior, habilita la competencia revisora del tribunal; en pocas palabras el agravio se encuentra circunscripto a la valoración de la prueba pericial caligráfica producida.
Ello en tanto el sentenciante de grado fundó su decisión en forma exclusiva en ese medio de prueba, conducta que no puede tener cuestionamiento alguno dado que en la causa solo se produjeron dos pruebas; la confesional del demandado y la caligráfica. (v. fs. 88 y 94).
De modo literal en la sentencia se dice “… Así las cosas en primer lugar considero que debe analizarse el alcance de la impugnación efectuada por la parte a fojas 52/60, y con posterioridad a ello, determinar el alcance vinculante o no de la pericia caligráfica de autos para la resolución del presente, dado que dicho dictamen será el sustento de la decisión que se adoptará…”; continúan párrafos en los que se establece la forma en que se debe realizar la valoración del dictamen más en modo alguno se realizó un examen pormenorizado del mismo, sobretodo cuando el accionado lo impugnó y acompañó esa pretensión de una análisis comparativo con el asesoramiento evidente de un profesional calígrafo, ciencia a la que los jueces somos ajenos, se trata de la reproducción de principios de pura dogmática procesal. (fs. 110 vta./111)
Es por lo dicho y los agravios que trae el apelante que he de evaluar la pericia que nos ocupa, a fin de dar una respuesta fundada a Dalla Vía, en la búsqueda de la verdad de los hechos del caso, de una manera razonada no con la mención de circunstancias dogmáticas como ha hecho el juez de grado, en un claro incumplimiento de la manda del art. 474 CPCC que no exime al juzgador de fundar su apartamiento o adhesión al dictamen de analíticamente.
1. Prueba pericial caligráfica.
Ya en el estudio del tema, de conformidad con el art. 384 del CPCC, los jueces formarán su convicción respecto de la prueba con las reglas de la sana crítica, que no son otras que las normas de la lógica que operan en el criterio personal de los jueces, o bien son reglas del entendimiento humano, criterios de la lógica no precisados en la ley, meras directivas señaladas al sentenciante cuya necesaria observación queda sometida a su prudencia, rectitud y sabiduría. (SCBA, 3/6/75, LL, 1975-D-89; 9/12/82, DJBA, 124-289, 7/9/82, Doctrina de los Fallos, setiembre de 1982, nº 276).
Este introito resulta ineludible ante la formulación de su agravio por la accionada, a lo que agrego que el dictamen pericial de fs. 49/50 fue susceptible de pedido de explicaciones por la parte demandada a fs. 55/59, pedido de rechazo de la impugnación por parte de la actora a fs. 68 y vta. y responde de la perito Iturmendi a fs. 71/72; conformando esta última presentación parte de la pericia primigenia de modo que su estudio y apreciación se realizará en forma conjunta, tomándolos como una unidad, un solo cuerpo, de otra manera no se podría saber cuál es el concepto definitivo y completo del experto. (SCBA, 20/07/79, Ac. 23.719, DJBA, 113-79 y ED, 78-362.
No puedo dejar de recordar que el juez debe valorar el dictamen pericial en oportunidad de dar su sentencia definitiva teniendo en cuenta “... las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrezca.”. (art. 474, última parte CPCC), al tiempo que es soberano al sentenciar en la apreciación de la prueba y de los hechos, dentro de los cuales se encuentra el dictamen. Así lo interpreta de modo unánime la doctrina judicial; pero, en consonancia con las reglas de juzgamiento enunciadas por el precepto, se le ha señalado una valla, pues deberá aducir razones de entidad suficiente para apartarse de las conclusiones; razones muy fundadas para desvirtuarlo, pues el conocimiento del perito es ajeno, en principio, al hombre de derecho.
Debe quedar en claro que la ley ritual no prevé un procedimiento impugnatorio de las conclusiones del perito sino tan sólo aquel estatuido por el art. 473 del CPCC, mas no por ello ha de desecharse de plano un cuestionamiento de esa índole que hace al ejercicio de defensa en juicio por la indudable trascendencia que el o los dictámenes de expertos pueden tener en la definición de intereses litigiosos controvertidos, dado que el órgano jurisdiccional acude a tal o tales opiniones frente a la necesidad de dilucidar determinadas circunstancias fácticas para las cuales es necesario detentar un conocimiento de rigor científico con incumbencia en la especificidad temática y respecto del cual el director del proceso en principio podría carecer, y es allí donde acude –para integrar sus conocimientos- a los servicios de un auxiliar de la justicia que ha demostrado previamente –en el caso- su específica idoneidad a tal fin en virtud de ostentar un título universitario de nivel científico. (Liebman, E.T., Manuale de diritto processuale civile, 2ª ed. T. II.I, pág. 93).
La situación del justiciable para el caso de considerar de su lado que el dictamen pericial se encuentra afectado bien en su validez o en su eficacia –lo que en manera alguna cercena la facultad del órgano jurisdiccional- debe brindar certeros fundamentos (si de eficacia se trata, de indudable rigor científico) demostrativos de sus argumentos de ataque, pues no se debe favorecer la fácil y reiteradamente observada postura de cuestionar las conclusiones del experto en tanto ellas no se compadezcan co
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