Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 149430
R EGISTRADA BAJO EL N º 65-S Fo. 333/48
Expte. N º 149430 Juzgado Civil y Comercial N°14
En la ciudad de Mar del Plata, a los 22 días del mes de marzo de 2019 reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “IACOVELLI, LUISA Y OT. C/ SUCESORES DE SAGRARIA, MARISA E. S/ ESCRITURACIÓN” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 17 de octubre de 2017 y que obra glosada a fs. 611/626?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. La sentencia definitiva dictada el 17 de octubre de 2017 y que obra glosada a fs. 611/626 viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 627.
En lo que aquí interesa destacar, el juez hizo lugar a la demanda promovida por Luisa Irene Iacovelli y Luis Rodrigo Moran contra los sucesores de María Esther Sagaria (Nora Báez y Daniel Julio Báez), condenando a estos últimos a que en el plazo de 30 días de quedar firme la resolución otorguen a los actores la escritura traslativa de dominio del inmueble ubicado en calle Rivadavia 2543 Piso 6° “C” de la “Galería Eves” de esta ciudad. Impuso las costas a los vencidos y difirió la regulación de honorarios.
Para así decidirlo, consideró reconocidos los instrumentos identificados como “Reserva de Compra” y “Contrato de compraventa de un departamento”, merced a lo dictaminado por el perito calígrafo.
En cuanto al primero de ellos, advirtió que fue suscripto por Luis Rodrigo Moran y Luis Inés Iacovelli en calidad de oferentes y quien inicialmente fuera demandada, María Esther Sagaria. Se consignó allí que esta última recibió U$D1.000 dólares en concepto de reserva ad referéndum por la compra del inmueble por un precio total y definitivo de U$D12.000.- En el mismo acto e igual fecha la vendedora aceptó la oferta.
El 13 de junio de 2006 se celebró el boleto de compraventa entre las mismas partes donde Sagaria intervino como vendedora sobre lo que allí se calificó como un departamento de su exclusiva propiedad. También se dejó constancia que la escritura sería otorgada ante el escribano que designe el vendedor dentro de los 365 días contados a partir de la firma del contrato.
Señaló que de la carta documento glosada a fs. 9 la adquirente del bien intimó extrajudicialmente luego de transcurrido más de tres años de la celebración del contrato para el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio del bien.
Seguidamente, explicó que la demanda fue originalmente dirigida contra María Esther Sagaria cuando ésta ya había fallecido; luego se redirigió contra sus sucesores y herederos forzosos, quienes invocaron la inadmisibilidad de la demanda con fundamento en que los accionantes debieron saber que Sagaria no era soltera y no era la única titular dominial del bien. Ello significa que, tratándose de un bien conyugal, la venta hubiera requerido el consentimiento de su cónyuge Andres Báez en los términos del art. 1277 del Código Civil. Explicó que, además, los demandados invocaron la vulnerabilidad de la vendedora -persona de edad avanzada, enferma- y la falta de pago de precio por vulnerar las leyes 25.345 y 25.413.
Sobre los planteos de los accionados el a quo señaló en la operatoria no intervinieron corredores ni escribanos -estos últimos, por fuera de la certificación de rúbricas- por lo que tratándose de personas capaces de derecho y libres para decidir sobre el destino de su patrimonio no podía presumirse que la enajenante no era la única titular registral para realizar la operación. El hecho de que a la fecha de la celebración del boleto ya se hubiese declarado el deceso de Báez tampoco justifica el planteo de nulidad, dado que se trató de una circunstancia ignorada por las partes y que no era obstativa para la celebración del boleto.
Afirmó que al fallecimiento de Báez la sociedad conyugal se disolvió y únicamente los herederos forzosos eran los nuevos titulares del 50% indiviso del bien en transmisión. Frente a la falta de asentimiento prestado en el boleto de compraventa -refirió- se ha resuelto jurisprudencialmente que no es necesario que se preste en el boleto y puede prestarse hasta el momento de la escrituración, pues se trata de una nulidad de tipo relativa.
Dijo que no existe obstáculo alguno para que los demandados puedan responder por la escrituración del bien comprometido en venta. Sobre esa base, estimó inadmisible el planteo de nulidad propuesto por la demandada.
Con relación a los restantes planteos, el a quo afirmó que la Ley 25.345 solo repercute en la materia fiscal y tributaria, pero no habilita a las partes a denunciar la ineficacia de los pagos so pena de incurrir en abuso de derecho y enriquecimiento sin causa. Con relación al supuesto “fraude o engaño”, señaló que no hay elementos de prueba que permitan verificar que tales circunstancias hubieran viciado el acto. Por último, señaló que en nada incide y nada se puede inferir del hecho que los actores hubieran demorado tres años para intimar el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio.
II. Síntesis de los agravios.
La demandada expresó sus agravios mediante la presentación electrónica depositada en el servidor del poder judicial el 12 de diciembre de 2018, mereciendo la réplica de la contraria —por igual medio— el 20 de diciembre de 2018. En su memorial la recurrente desarrolla las siguientes líneas argumentales:
(i) Que el juez confundió el enfoque que el caso merece: identificó la controversia con el caso del cónyuge titular exclusivo y administrador de un bien ganancial que promete en venta el bien estando en vigencia la sociedad conyugal y bajo esa perspectiva resuelve el diferendo adoptando la solución que existe para la hipótesis que toma como modelo. Pone de relieve que al momento en que se suscribió el contrato de compraventa (13 de junio de 2006) la sociedad conyugal Sagaria-Báez se había disuelto hacía un año y medio, cuando el 10 de enero de 2005 falleció Báez. A ese momento los herederos de Báez habían pasado a ser titulares exclusivos del 50% indiviso del bien prometido en transferencia. Sagaria —dice— solo era dueña del 50% indiviso del bien al momento de comprometerlo en venta en su totalidad. Entiende que esta circunstancia fue el fundamento del planteo de nulidad y el juez omitió darle tratamiento suficiente.
(ii) Que con motivo de lo anterior, el juez no reparó en que la vendedora no podía transmitir un derecho mejor o más extenso que el que gozaba y, recíprocamente, los adquirentes no podían recibir un derecho mejor o más extenso que el que tenía aquel de quien lo adquiere. Insiste en que a la fecha de la firma del boleto la Sra. Sagaria era titular únicamente del 50% indiviso del bien.
(iii) Que el juez confunde los roles que los demandados tienen frente al negocio controvertido: por un lado, como herederos de su padre y propietarios del 50% indiviso del bien; por el otro, como sucesores de su madre. Afirma que la sentencia solo puede válidamente obligarlos en este último carácter, pero no en su calidad de herederos de Báez con relación a una porción indivisa que nunca comprometieron en venta.
(iv) Que el juez se equivoca al rechazar la nulidad del art. 1058 bis del Código Civil dado que al menos debió declararse en relación a la promesa de transferencia sobre la porción que objetivamente la vendedora no podía transmitir; o, al menos, inoponible en la porción indivisa de los herederos. Reitera que la acción de escrituración jamás podrá alcanzar a los propietarios no contratantes, por resultarles -a su respecto- inoponible el contrato. Detalla los trámites sucesorios que deberían realizar para dar cumplimiento a la condena.
(v) Que la sentencia desconoce las consecuencias seguidas de la publicidad registral al afirmar que la sola capacidad de las partes para realizar actos jurídicos hace presuponer la buena fe de los compradores.
(vi) Que es injusta la interpretación que realiza el juez sobre las leyes 25.345 y 25.413 dado que se aparta de su contenido literal y expreso. Afirma que tales normas permiten, en el caso, proteger a quien el magistrado expresamente reconoció como una persona vulnerable en un acto que ha estado rodeado de anormalidades. Explica que no es normal -ni propio de un contratante de buena fe- adquirirle un inmueble a una persona de 75 años de edad internada en un geriátrico sin pagar la totalidad del precio y fijar un plazo anual de escrituración. Lo que hace un contratante normal -alega- es concurrir a un escribano, solicitar certificados urgentes y lograr el perfeccionamiento de la venta a través de la reunión del título, modo e inscripción en el registro.
Enfatiza los tiempos con los que se manejaron los compradores: esperaron tres años para reclamar la escrituración y lo hicieron pocos meses después de que la vendedora falleciera. Critica al juez al no advertir la mala fe de los actores que acompañaron junto a la demanda un informe de dominio en el que emergía que Sagaria estaba casada con Báez y notificaron a una anciana en el domicilio de un geriátrico, solicitando luego su rebeldía y la declaración de la cuestión como de puro derecho. Destaca numerosas circunstancias que califica de indicios que llevan a inferir un comportamiento malicioso de los actores (vinculados a su relación con el abogado original que presentó la demanda; a su comportamiento luego de la declaración de nulidad, al trámite del beneficio de litigar sin gastos, entre otras).
(vii) Que la sentencia es equivocada al sostenerse en la ausencia de elementos que permitan advertir fraude o engaño de los compradores: dice haberse probado el cuadro de situación en el que personas solventes se aprovecharon de una anciana vulnerable y que luego promovieron un proceso de escrituración irregular mediante imposibilidades objetivas sabidas de antemano.
III. Tratamiento de los agravios.
Adelanto que el recurso debe prosperar.
III.1. Una mejor comprensión del conflicto que media entre las partes me obliga a recapitular brevemente los extremos fácticos que llegan incontrovertidos o acreditados a esta instancia.
El 9 de junio de 2006 los Sres. Luis Rodrigo Moran y Luisa Irene Iacovelli formularon una reserva de compra por un inmueble ubicado en calle Rivadavia 2543 “Galería Eves” piso 6°C de esta ciudad entregando la suma de mil dólares estadounidenses sobre la base de un precio total de doce mil dólares. En ese mismo documento —que en copia autenticada obra glosada a fs. 15— la Sra. María Esther Sagaria asumiendo el rol de vendedora de la propiedad aceptó la oferta, recibió el dinero y se consignó que el bien se encontraba en condiciones de ser transmitido sin inconvenientes (fs. 6).
El boleto de compraventa se suscribió cuatro días después, el 13 de junio de 2006. Allí se dejó constancia de la recíproca entrega del precio y de la posesión. El plazo para escriturar se pactó en un año. Las firmas de los tres intervinientes (Sagaria, en calidad de vendedora; Iacovelli y Morán, como compradores) fueron autenticadas por la entonces titular del registro N°29 del Partido de General Pueyrredón, la notaria Susana Inés Ravalli (extremo que por otra parte, no mediando redargución de falsedad, hacía innecesaria la producción de pericial caligráfica; arg. art. 993 del Código Civil -Ley 340- y 296 del Código Civil y Comercial -Ley 26.994-).
La propiedad comprometida en venta había sido adquirida por la Sra. María Esther Sagaria el 9 de febrero de 2001 estando casada con Andrés Baez, lo que así fue publicitado en el asiento «A-3» de la matrícula respectiva en el Registro de la Propiedad Inmueble (fs. 407/410 y 476/8); el bien, por este motivo, era de naturaleza ganancial en los términos del entonces vigente art. 1272 del Código Civil .
El Sr. Andrés Baez falleció el 9 de enero de 2005 por lo que al momento de la celebración del boleto de compraventa —y también al tiempo de realizar la reserva de compra— la Sra. Sagaria ya era viuda. La vendedora falleció el 14 de mayo de 2009, 2 años y 11 meses después del otorgamiento del acto. Los demandados Nora y Daniel Julio Báez son hijos y sucesores universales de Andrés Baez y de María Esther Sagaria.
El conflicto entre la parte compradora y los demandados (en su doble rol de herederos del Sr. Baez y también de la Sra. Sagaria) nace como consecuencia del reclamo de los primeros para que les sea transmitida la propiedad mediante la celebración de la escritura traslativa de dominio —de allí su pretensión principal de escrituración — y la resistencia de los accionados para hacerlo. Estos últimos invocaron tres defensas: (a) la nulidad de la operación de compraventa (alegando que a la fecha del boleto ellos eran titulares del 50% de la propiedad como herederos del cónyuge premuerto y que su madre, por este motivo, no estaba en condiciones de prometer en venta la totalidad de la propiedad); (b) la excepción de incumplimiento sobre la base de la inexistencia de pago de precio (invocando, a tal fin, la violación a las reglas contenidas en las leyes 25.345 y 25.413) y (c) la mala fe con la que se condujeron los actores tanto al celebrar el boleto como al iniciar este proceso (enuncian lo que a su entender son indicios de una maniobra engañosa y fraudulenta con la que perjudicaron a Sagaria al firmar el contrato y luego al demandar a una persona que ya había fallecido).
Contrariamente a lo resuelto en la sentencia apelada, entiendo que el negocio de compraventa que da fundamento a la pretensión escrituraria es nulo, tal como alegaron los demandados al resistir la pretensión. En los párrafos que siguen explicaré los fundamentos que dan soporte a esta conclusión.
a. Como señalé, no es controvertido que al momento de la firma del boleto la Sra. Sagaria era viuda y el bien comprometido en venta era ganancial puesto que había sido adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal. La muerte del Sr. Andrés Baez produjo de pleno derecho la disolución de esa sociedad y dio inicio a la etapa de liquidación del acervo y el nacimiento de la llamada indivisión poscomunitaria (art. 1291 del CC) . El entonces vigente art. 1313 del Código de Vélez mandaba a producir inventario y dividir los bienes siguiendo las reglas que rigen la partición de las herencias.
Pero el fallecimiento de Baez también significó la apertura de su propia sucesión (art. 3282 del CC) y, consecuencia de ello, la coexistencia de dos formas de indivisión: la poscomunitaria generada por la disolución del vínculo matrimonial y aquella que se deriva del nacimiento de la comunidad hereditaria generada por la concurrencia más de un sucesor a la misma herencia del cónyuge premuerto.
La liquidación de los bienes que constituyen la sociedad conyugal disuelta requiere una consideración unitaria y universal, como masa única de bienes . La naturaleza de esa comunidad variará según el motivo de la disolución del vínculo. Cuando ocurre por divorcio o nulidad de matrimonio, la liquidación no supone la alteración de las relaciones que la titularidad original sobre los bienes de la sociedad conyugal permitió a cada cónyuge oponer frente a terceros título suficiente para administrar y disponer. O sea: en tales casos el ingreso en la etapa de liquidación de la sociedad no impide que cada uno siga siendo erga omnes titular de los derechos que ya tenía durante la vigencia de la sociedad. Así, por ejemplo, la operación que aquí se controvierte hubiera sido perfectamente válida si Sagaria —divorciada de Baez— compromete su propiedad y en ese momento o en otro ulterior se procura el asentimiento conyugal del art. 1277 del CC. Dice Zannoni: « la disolución no muta ni altera frente a terceros las atribuciones que, en la singularidad de cada uno de los bienes, la ley efectúa respecto del titular» (Zannoni, Eduardo A., Derecho de Familia. 5ta. Edición actualizada y ampliada, Buenos Aires: Astrea, 2006. T. I, pág. 711).
Pero muy distinto es el caso de la disolución por muerte de uno de los cónyuges, hipótesis que se identifica con la existente al momento de la celebración del acto cuya eficacia se controvierte en este pleito. En este supuesto se altera la relación de titularidad originaria que el cónyuge premuerto investía respecto de los bienes y derechos, los que, como es natural, se transmiten por sucesión universal. Cuando la disolución de la sociedad conyugal se disuelve por muerte, los bienes gananciales integran el acervo sujeto a liquidación y la comunidad ahora vincula a los herederos del premuerto con la supérstite. Se forma allí una masa única integrada por los bienes propios del premuerto y por la totalidad de los gananciales , cualquiera fuere el cónyuge que los hubiese adquirido ( ob.cit ., pág. 715-716).
La coexistencia de la indivisión poscomunitaria conyugal y la comunidad hereditaria del derecho sucesorio refiere exclusivamente a las vicisitudes de las relaciones de comunidad (esto es, el aspecto interno de la comunidad de derechos que vincula al supérstite con los herederos del premuerto). Frente a terceros, el fallecimiento importa la apertura de la sucesión y por ende tales terceros se emplazan ante el supérstite y los herederos del causante reputándolos sucesores universales. En tal carácteréstos se sujetan a la situación de herencia que el fallecimiento crea y que impide desmembrar, antes de la partición, la universalidad que integran el conjunto de titularidades del causante y durante la cual, mediante la organización del proceso sucesorio, se satisfacen expectativas de publicidad que el derecho ha juzgado imperativas antes de conferir el pleno ejercicio de los derechos reales que emergen de la calidad de sucesor ( ib. idem. ).
La principal consecuencia normativa que se sigue de este esquema conceptual (ambas indivisiones dando forma a una masa única sujeta a liquidación) es que las reglas de la indivisión poscomunitaria remiten directamente a las normas que regulan la comunidad hereditaria y no a las de la sociedad conyugal (art. 1277 del CC- como se desprende del fallo) ni las del condominio (como alega la recurrente en algunos pasajes de su memorial), todo lo cual ha de incluir necesariamente el sistema de gestión de los bienes que integra la masa (art. 1313 del CC).
En otras palabras, la remisión del art. 1313 del Código Civil deriva en que, en lo que respecta a la universalidad de bienes sujeta a liquidación, las relaciones internas entre los herederos del premuerto y el supérstite se rigen por el principio del ius prohibendi del derecho sucesorio contemplado en art. 3451 del Código Civil. Tal era la pauta que debían observar tanto los herederos del cónyuge premuerto (los hijos de Baez) como la supérstite (Sagaria) con relación a la disposición de cualquiera de los bienes que conformaban la universalidad sujeta a liquidación y partición, inclusive —como se vio— los gananciales de titularidad exclusiva del cónyuge vivo (art. 1313 y 3451 del CC).
Adviértase además que el art. 3451 del Código Civil permitía que un juez dirima las diferencias entre los herederos en cuanto versen sobre la administración de la masa relicta. Nada dice sobre los actos de disposición . Ergo, para enajenar o comprometer los bienes que componen esa universalidad sujeta a liquidación (incluyendo aquí también a los gananciales de titularidad exclusiva del supérstite) la ley exige indefectiblemente la unanimidad de los interesados, insusceptible de ser procurada por vía judicial (aquí la diferencia principal con las posturas
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