Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 161277
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Desestimar el recurso de apelación en subsidio deducido por el actor a través del escrito electrónico de fecha 30-8-2019 (arts. 242, 246, 270, 497, 506, 509 y conc. del C.P.C.C.).
II. Imponer las costas de alzada en el orden causado por no mediar controversia (arts. 68 a contrario del C.P.C.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
REGISTRO N ° 335-S FOLIO N° 1765/7
EXPEDIENTE N° 161.277. JUZGADO N° 14.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justo el proveído de fs. 459/460?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En el auto atacado el juez desestimó los planteos del actor, tanto por la fijación de una suma de dinero en concepto de daño moral por el tiempo transcurrido hasta que pudo obtener la escritura traslativa de dominio del inmueble objeto de autos, como de la determinación de intereses por el tiempo transcurrido desde que quedara firme la sentencia de esta Cámara y/o en su caso, de sanciones conminatorias de carácter pecuniario a los accionados por cada día de demora en el debido cumplimiento de la orden judicial.
Para así decidir expuso que ello ya había sido objeto de análisis y rechazo a fs. 434/435, y confirmado por la alzada a fs. 449451, sobre la base de que el thema decidendum de estos autos se encontraba agotado, deviniendo improponible introducir rubros indemnizatorios que no fueran propuestos al momento de demandar y que, por tanto, no formaron parte de la litis.
Aseveró, en consecuencia, que resultaba inviable lo requerido debiendo estar a los términos y alcances de la sentencia de fs. 354/361.
II. Síntesis e los agravios.
El actor dedujo recurso de reposición con apelación en subsidio a través del escrito electrónico de fecha 30-8-2019. Desestimado el primer embate fue concedido el segundo, no mediando réplica de la contraria tal como se consigna a fs. 467.
En líneas generales afirmó que las sumas que se reclamaban en concepto de daño moral e intereses (o, en su caso, sanciones conminatorias), nunca pudieron haber sido conocidas al momento del dictado de la sentencia por esta Cámara, y mucho menos al inicio de la presente acción ya que, el incumplimiento -o cumplimento tardío- al que alude esta parte, se produjo con posterioridad a la sentencia dictada en fecha 13-3-2017.
Puso énfasis en que se trataban de cuestiones sobrevinientes al dictado de la sentencia, debido al incumplimiento, o cumplimiento tardío por parte de la accionada, por lo que no implicaba la "revisión de temas litigiosos definitivamente definidos", como se expresaba en la resolución atacada.
III. Antecedentes.
a) A fs. 285/291 (22-12-2015) el juez de primera instancia rechazó la demanda, con costas.
b) A fs. 354/361 (13-3-2017) esta Cámara hizo lugar al recurso de apelación deducido por el actor, revocó la decisión de primera instancia y condenó a los demandados, por un lado, a otorgar la escritura traslativa de dominio del inmueble objeto de autos dentro de los 60 días contados a partir de la firmeza de la sentencia y, por el otro, a pagar en concepto de cláusula penal la suma total de U$S 30.000 en el término de 10 días de operada dicha firmeza (ver aclaratoria de fs. 370).
c) A fs. 415/423 (20-2-2019) la Suprema Corte provincial rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por los demandados, quienes quedaron notificados el día 11-3-2019 conforme la cédula de fs. 426.
d) A fs. 430 (17-4-2019) se dictó el auto del "por devueltos" en primera instancia.
e) A fs. 442/443 (2-5-2019) los demandados acreditan que el pago de la cláusula penal tuvo lugar ese mismo día.
f) A fs. 457/458 (26-8-2019) el juez tiene por acreditado que los demandados celebraron la escritura traslativa de dominio el 10-5-2019.
IV. Consideración de los agravios.
IV.1. Tal como lo resolviera este Tribunal a fs. 449/451, constituye una premisa general de la ejecución de sentencia que sus modalidades y resultado no pueden ejercerse más allá de los límites que determina la propia decisión (arts. 509 del C.P.C.C.).
Es que, como la existencia de cosa juzgada veda el apartamiento del contenido del fallo, no resulta posible extender el marco de la ejecución a aspectos de conocimiento y su consecuente e ilegítimo tratamiento de cuestiones que no fueron objeto de oportuno debate o bien implican la revisión de temas litigiosos definitivamente definidos (Cám. Nac. Civ. sala A, 3-11-89, La Ley, 1992, v. C. p. 168; cit. por Morello- Sosa- Berizonce, "Códigos... ", Librería Editora Platense, La Plata, 1994, T. VI-A, p. 95)
En otras palabras, la autoridad de la cosa juzgada se extiende no sólo a aquellas cuestiones que fueron propuestas por las partes a la consideración de los jueces y expresamente decidida por ellos, sino también a aquellas otras cuestiones que pudiendo haber sido propuestas no lo fueron, configurándose así la llamada "cosa juzgada implícita" (esta Sala, en causa n° 138.405 RSD 65 del 30-3-2017, entre otras; Guasp, Jaime; "Derecho Procesal Civil", Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1956, p. 594)
IV.2. En el caso, el actor recurrente solicita que se fije una suma de dinero en concepto de daño moral a su favor, en atención al largo tiempo transcurrido desde la adquisición del inmueble base de esta acción hasta que pudo obtener la escritura correspondiente.
Asimismo, requiere que se determinen los intereses por el tiempo transcurrido desde que quedó firme la sentencia de Cámara y hasta el momento del efectivo cumplimiento o, en su caso, sanciones conminatorias de carácter pecuniario por cada día de demora.
Pues bien, a poco de cotejar los antecedentes de la causa encuentro que en función al modo en que quedó trabada la litis y, por ende, a los términos y alcances en los que se dictó la sentencia de este Tribunal que revocó el pronunciamiento de la instancia anterior, la condena a los demandados se limitó a que éstos a) otorgaran la escritura traslativa de dominio del inmueble objeto de autos dentro de los 60 días contados a partir de la firmeza de la sentencia y b) pagaran en concepto de cláusula penal la suma total de US$ 30.000 en el término de 10 días de operada dicha firmeza (v. fs. 354/361 y fs. 370).
Repárese que en dicho pronunciamiento se dejó claramente establecido que la cláusula penal ingresaba en sustitución de «todo daño derivado del incumplimiento de la obligación principal» (v. fs. 359 vta.), por lo que el pedido de reparación del daño moral debe rechazarse de conformidad con el carácter resarcitorio a forfait de la cláusula penal (art. 655 del Cód. Civ. -ley 340-).
Otro tanto cabe respecto a los intereses moratorios posteriores a la sentencia, por encontrarse vencido el plazo previsto en los arts. 36 inc 3ro. y 166 incs. 1ro. y 2do. del ritual para analizar su procedencia.
De allí que no habiendo sido objeto de reclamo en la demanda el rubro de daño moral que ahora se solicita, ni encontrándose prevista en la sentencia de condena tasa de interés alguna en caso de mora en el pago de la cláusula penal aludida, mal puede el accionante pretender la incorporación de dichos conceptos a esta altura de los acontecimientos (arts. 17 y 18 de la Const. Nac.; arts. 497, 500, 509 y conc. del C.P.C.C.).
Un razonamiento contrario violentaría los elementales principios de congruencia, preclusión procesal y seguridad jurídica, en detrimento del debido proceso y el adecuado ejercicio del derecho de defensa (arts. 17 y 18 de la Const. Nac., 15 de la Const. Prov. Bs. As.; 15 y 16 del CCyC; 34 incs. 4° y 5° apart. "c" del C.P.C.C.).
Por lo demás, no puedo dejar de observar que el interés prevaleciente de la ley es -por regla- el de conseguir el cumplimiento específico de la obligación (art. 505 del Cód. Civ. -ley 340- y art. 730 del CCyC -ley 26.994-), por lo que en ese orden de ideas en los juicios de escrituración la pretensión no se compadece con la aplicación de las sanciones previstas en el art. 37 del código de rito, sino con la efectivización del apercibimiento que el legislador incluyó en el art. 510 del ritual, según el cual si el obligado no acta la conducta impuesta por el juez, será éste quien suscribirá la escritura por aquél y a su costa (Colombo, "Código...", v. III, p. 799, ed. 1969, citado en Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos...", LEP-Abeledo Perrot, 1994, Buenos Aires,1994, p. 157).
IV.3. En suma, lo expuesto me persuade de rechazar el recurso de apelación deducido y, en consecuencia, confirmar la resolución apelada (arts. 242, 246, 270 y conc. del C.P.C.C.)
Por las razones expuestas VOTO POR LA AFIRMATIVA.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
Corresponde desestimar el recurso de apelación en subsidio deducido por el actor a través del escrito electrónico de fecha 30-8-2019, con costas de alzada en el orden causado por no mediar controversia (arts. 68 a contrario, 242, 246, 270, 497, 506, 509 y conc. del C.P.C.C.).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) desestimar el recurso de apelación en subsidio deducido por el actor a través del escrito electrónico de fecha 30-8-2019 (arts. 242, 246, 270, 497, 506, 509 y conc. del C.P.C.C.). II) Imponer las costas de alzada en el orden causado por no mediar controversia (arts. 68 a contrario del C.P.C.C.). III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (art. 135 del C.P.C.). DEVU ÉLVASE.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
Alexis A. Ferrairone
Secretario
Fin de la sentencia