Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 158732
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar al recurso de apelación articulado el 23/8/22 por la demandada (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.);
II. Imponer las costas a la actora vencida (arts. 68 y 69 del C.P.C.);
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967);
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA. EXPEDIENTE N° 158732. JUZGADO N ° 4. "TRUJILLO ALFREDO CESAR C/ HEREDERO DE DAVERIO LUIS FRANCISCO S/ESCRITURACION" .
Mar del Plata
AUTOS Y VISTOS: Las actuaciones caratuladas: " TRUJILLO ALFREDO CESAR C/ HEREDERO DE DAVERIO LUIS FRANCISCO S/ESCRITURACION " traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido por la parte demandada el 23/8/22 contra la resolución del 10/8/22.
I. El 1/2/21 el Dr. Marceillac -patrocinante del actor- adjuntó el informe de valuación fiscal del año 2021 del inmueble partida nro. 154451 y solicitó se regulen honorarios tomando como base regulatoria la suma de $ 2.526.967 (correspondientes al valor fiscal).
El 2/3/21 el Dr. Robles -apoderado del Sr. Corva- impugnó la base propuesta. Solicitó que se tome el valor del lote sin edificar a efectos de establecer la base regulatoria (por una suma de $ 446.124).
El juez corrió traslado de la impugnación a la actora, quien manifestó que resulta aplicable la doctrina de los actos propios. Sostuvo que la demandada, al interponer recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra la sentencia de Cámara del 31/10/19, alegó que el valor del litigio superaba ampliamente el exigido por el Código de rito para la procedencia del recurso, que conforme el jus vigente en esa fecha alcanzaba el monto de $ 858.000.
II. El 10/8/22 se dictó la resolución que se encuentra apelada. El juez rechazó la impugnación efectuada por la demandada y aprobó la base regulatoria conforme el valor del inmueble edificado y en función del valor del impuesto al acto, al reputar aplicable al caso las previsiones del art. 27 de la ley 14967.
III. El 23/8/22 la demandada apeló la resolución y fundó en el escrito del 5/9/22. Sostuvo que la base regulatoria debe estar representada por lo que constituyó el bien jurídico protegido: un lote y no sus mejoras. A su vez, manifestó que la normativa que resulta aplicable a fin de tarifar los honorarios es la del derogado decreto ley 8904/77.
El 16/9/22 contestó el recurso la parte actora y solicitó que se declare mal concedido el recurso, en atención a que se interpuso dentro del plazo de gracia, que reputa inaplicable para las presentaciones electrónicas.
IV. Respecto a la temporaneidad del recurso:
En atención a que el Reglamento para las Presentaciones y las Notificaciones por Medios Electrónicos (Anexo del Acuerdo 4039 de la SCBA -texto ordenado del Ac. 4013 y modificatorias-) no modificó el artículo 124 del CPCC, subsiste la posibilidad efectuar presentaciones dentro de las cuatro primeras horas del día del vencimiento y que estén en término.
Por lo tanto, el recurso interpuesto el 23/8/22 a las 09:39:03 a.m. contra la resolución dictada el 10/08/22 -notificada de manera automatizada- resulta temporáneo (art. 124, 135, 246 y ccdantes. del CPCC; Acuerdo 4039 de la SCBA).
V. El recurso de la demandada merece prosperar.
a. Análisis del agravio relativo a la base regulatoria:
De conformidad con lo prescripto por el art. 46 de la ley 14967 para determinar la cuantía del asunto en los juicios de escrituración resulta aplicable el art. 27, el cual dispone el valor resultante de la valuación fiscal como impuesto al acto, incrementado en un 20% (salvo que resulte un monto mayor del boleto de compraventa y/o tasación).
Si se trata de un juicio de escrituración de terrenos, al no integrar las mejoras introducidas con posterioridad el objeto del contrato de compraventa que diera origen al pleito, el valor de ellas no debe ser computado a los fines arancelarios (Hitters-Cairo, Honorarios de Abogados y Procuradores, Ed. Abeledo Perrot, p. 530).
El objeto de la presente controversia fue un lote de terreno ubicado en Sierra de los Padres (matrícula nro. 10.487 y partida nro. 154151). De ello dan cuenta el escrito de demanda (en el que se persigue la escrituración por la adquisición de "un lote de terreno ubicado en el paraje Sierra de los Padres" -v. fs. 53 vta.-); el boleto de compra venta (que refiere a "un lote de terreno baldío con todo lo plantado y de cualquier forma adherido al suelo" -v. fs. 8-), el recibo en concepto de reserva de compra (que refiere a "un lote de terreno baldío" -v. fs. 10-) y la misiva de fs. 19 (que refiere a "un terreno").
En la sentencia de fs. 464/8 (confirmada mediante la sentencia de esta Sala de fs. 520/3), al referirse al inmueble objeto de la controversia lo hace bajo la calificación de un "lote de terreno".
De tal manera, resulta palmario que el inmueble objeto de controversia fue un terreno y no una edificación.
Por otra parte, y a todo evento, si bien la actora alega que la contraparte reconoció que el inmueble objeto de la controversia estaba integrado por el valor tierra y sus mejoras por lo expuesto en el escrito del 4/12/19 (mediante el cual interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra la sentencia de Cámara del 31/10/19), ello no reviste entidad para modificar la procedencia del embate.
Recordemos que en materia de liquidaciones o estimaciones de bases regulatorias no puede hablarse en sentido estricto de preclusión ya que ellas pueden ser ulteriormente rectificadas en virtud de que son aprobadas “en cuanto ha lugar por derecho". De concluir en una solución contraria se podría convalidar un enriquecimiento sin causa y una conducta abusiva del derecho que la ley no ampara (arts. 1071 del C.C; 10, 11 del CCyC; 501 y 502 del C.P.C.; esta Sala, causa nro. 160.115, RSI 746 del 29-12-2015).
Argumentar del modo pretendido por el apelante frente al deber jurídico de los jueces de otorgar primacía a la verdad jurídica objetiva, excedería los límites de la razonabilidad pretender extender el resultado de una liquidación o estimación obtenida sobre las bases de pautas equivocadas (esta Sala, causas nro. 141.898, RSI 1128 del 4/12/2008; nro. 153.599, RSI 149 del 25/4/2013; entre otros).
Tampoco se puede hablar de "consentimiento", pues sabido es que las deficiencias o irregularidades que presenta una liquidación o estimación deben ser ajustadas por el juez de oficio y con prescindencia de las pretensiones u objeciones que postulen las partes (esta Sala, causas nro. 145.668, RSI 418 del 12/8/2010; entre otros).
A su vez, la doctrina de los actos propios no puede esconder, tras los reales y valiosos fundamentos y alcances de la institución, la intención de forzar al juez a permanecer en el error (López Mesa, La doctrina de los actos propios, Ed. Depalma, p. 102/3).
Por lo expuesto, el embate merece prosperar en lo que a esta parcela concierne.
b. Análisis del agravio relativo a la ley arancelaria aplicable:
En el caso, la ley que rige la cuestión -más allá de la distinción a realizarse a la hora de calificar la ley aplicable en función de las tareas cumplidas (conf. "Morcillo" Res. SCBA I-73016 del 08/11/2017)- resulta ser la N° 14967, pues la incidencia en torno a la base regulatoria tuvo lugar con posterioridad a su entrada en vigencia (esta Sala causas nro. 170.420 RSI 350 del 05/11/20; 173.353 RSI 149 del 23/11/21; 172687 RR 52 del 2/3/22).
La diferencia entre la aplicación de una u otra normativa radica en que mientras el decreto-ley 8904/77 preveía que en los casos de escrituración, ante la ausencia de tasación en el expediente correspondía adoptar como base regulatoria el monto de la valuación fiscal, la nueva normativa dispone que se tendrá como monto del pleito el valor del Impuesto al Acto aplicado por la Provincia de Buenos Aires de acuerdo a su Código Fiscal (esta Sala, causa nro. 172687 RR 52 del 2/3/22).
En el caso, la distinción entre el valor de valuación fiscal y el valor del impuesto al acto no incide en la resolución, ya que el valor a utilizar es el detallado como valor tierra.
Conforme lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por la parte demandada el 23/8/22 y revocar la resolución del 10/8/22, debiendo fijarse la base regulatoria por el "valor tierra" que prevea la valuación fiscal vigente a la fecha en que se tarifen los honorarios a excepción que resulte superior el monto del boleto de compraventa (arts. 245, 246, del CPCC; arts. 27, 46 y ccdantes. ley 14967).
Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del C.P.C., RESOLVEMOS: I.- Hacer lugar al recurso de apelación articulado el 23/8/22 por la demandada (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.); II.- Imponer las costas a la actora vencida (arts. 68 y 69 del C.P.C.); III.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967); IV.- Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
Firmas
Funcionario Firmante: 13/12/2022 09:26:01 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/12/2022 13:35:19 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/12/2022 13:42:25 - TROBO Lucas Mariano - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 14/12/2022 08:30:42 hs. bajo el número RR-655-2022 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia