Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 180362
Expte. N º 180362 - Juzgado Civil y Comercial N°13
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “DURAN, CLAUDIA GRACIELA Y OTRO C/ MASSA, CARMEN ELISA S/ ESCRITURACIÓN” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau:
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 6 de marzo de 2024?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. El 6 de marzo de 2024, el magistrado titular del Juzgado Civil y Comercial N°13 departamental, Dr. Maximiliano Colángelo, dictó sentencia definitiva en la cual hizo lugar a la demanda de escrituración promovida por Claudia Graciela Duran y Daniel Aníbal Fernández contra Carmen Elisa Massa y condenó a esta última a otorgar -dentro de los cuarenta días de quedar firme el fallo- la escritura traslativa de dominio del inmueble identificado como Circ. IV, Sec. FF, Manz. 167, Parc. 9, Partida Inmobiliaria: 045-342960, Matrícula n°86532 del Partido de General Pueyrredón, a favor de la parte actora y bajo apercibimiento de lo dispuesto por los artículos 510 y 511 del CPCC. Asimismo, hizo lugar a la pretensión de daños y perjuicios y condenó a la demandada Carmen Elisa Massa a abonar la cláusula penal por un total de $11.059.200 a valores actuales con más la pena que se devengue hasta el efectivo cumplimiento de la escritura.
Para así decidirlo, explicó que las partes no discutieron que están relacionadas contractualmente por un boleto de compraventa del cual surge la obligación de la demandada de otorgar la escritura traslativa de dominio. Se debate si esa obligación es exigible y si existe mora de la accionada en el cumplimiento de esa obligación.
Apuntó que la Sra. Massa vendió a Durán y Fernández un lote de terreno baldío ubicado en la ciudad de Mar del Plata. El bien se encuentra inscripto registralmente a nombre del Sr. Marcelo Eduardo Llopis, quien en vida fuera el cónyuge de la vendedora; esta última se comprometió a realizar la partición hereditaria y adjudicación del bien (cláusula séptima del boleto de compraventa).
Detalló que se pactó un precio total de U$D40.000 a pagar mediante la transferencia de una licencia de un auto rural y 18 cuotas mensuales de U$D410 y otras 17 cuotas de U$D270, venciendo la primera de ellas el 10 de febrero de 2018. Puso de relieve que las partes acordaron que la escritura traslativa de dominio se otorgaría “una vez que la parte compradora cancele el saldo de precio” ante la notaria Pamela F. Álvarez, siendo los gastos y honorarios que la compraventa genere a cargo de la compradora, incluyendo el estado parcelario y el impuesto a las ganancias. Por su parte, los compradores asumieron el pago de las deudas de impuestos, tasas y otros conceptos que afecten al inmueble a partir del día de la suscripción del boleto.
Seguidamente, afirmó que los compradores pagaron la totalidad del saldo en una fecha anterior al vencimiento de las cuotas pactadas en el boleto. Para el 1 de abril de 2019, tres meses antes de lo convenido, el saldo de U$D5000 ya había sido cancelado. Haber otorgado recibo en concepto de cuotas restantes pago casa implicó para la demandada el anoticiamiento de que la prestación debida -otorgar la escritura- ya era exigible.
De ello infirió que la mora se produjo por interpelación que el acreedor hizo al deudor el 13 de julio de 2021 a través de una carta documento, y en la que se compelió a la vendedora a concurrir a la escribanía y otorgar el acto escriturario en el plazo de 15 días corridos. La escribana suplente del Registro Notarial 64 del Partido de General Pueyrredón dijo que la accionada no se presentó.
Indicó que, tratándose de una operación inmobiliaria instrumentada en un boleto de compraventa, es dable presumir que los compradores suscriben el negocio con la intención de escriturar dentro de un tiempo razonable, lo que no ocurrió en el caso que luego de dos años del último pago, y pese a la intimación efectuada, la demandada no acreditó el cumplimiento de la obligación de otorgar el acto notarial ni prestó la colaboración necesaria para su consecución.
Seguidamente, evaluó el proceso sucesorio de Marcelo Eduardo Llopis y concluyó que a 5 años y 4 meses de ordenada la inscripción de la declaratoria de herederos conjuntamente con el acuerdo de adjudicación (01/02/2017), 3 años y 2 meses desde el último pago (01/04/2019) y 11 meses desde la intimación extrajudicial a escriturar (13/07/2021) la demandada no ha concurrido a la escribanía a otorgar el acto escriturario, sea por tracto abreviado o con la previa inscripción del acuerdo de participación y adjudicación en el Registro de la Propiedad Inmueble. Consideró que 5 años es un tiempo más que suficiente para realizar tales trámites.
Consideró inadmisible la defensa de la vendedora fundada en la imposibilidad de cumplimiento derivada de la falta de pago de los impuestos de la propiedad y confección de planos. Señaló que la deudora no explicó ni probó de qué modo la falta de pago de los impuestos del inmueble importan un obstáculo insalvable para cumplir su obligación de escriturar.
Agregó que al momento de oponer la defensa (en octubre de 2021) la demandada ya se encontraba en mora y tampoco acreditó que sea imposible escriturar pendiente las deudas de Emsur y OSSE, a la vez que nada impide que ese pago se verifique en el acto de escrituración. Tampoco se demostró la falta de realización del estado parcelario del inmueble.
A renglón seguido, hizo lugar al reclamo por cláusula penal, aunque la morigeró al 1% del equivalente en pesos del precio de venta por los 32 meses transcurridos desde la celebración de la mediación y hasta la fecha de la sentencia, aclarando que se devengará hasta el efectivo cumplimiento de la escritura y a un valor que se determinará en la etapa de ejecución de sentencia.
Rechazó los rubros daño moral y erogaciones.
II. El recurso de la demandada.
La accionada apeló el fallo el 13 de marzo de 2024 y fundó su recurso el 29 de mayo de 2024, mereciendo la réplica de los actores el 8 de junio de 2024.
Sus agravios son:
i) Considera que el juez realizó una lectura parcializada de las cláusulas del contrato, dado que el negocio estuvo condicionado a dos realidades: por un lado, el pago del precio y por el otro la culminación del proceso sucesorio del vendedor. Ambas condiciones eran necesarias para escriturar.
Alega que la existencia de un proceso sucesorio en trámite y el plazo incierto fueron condiciones esenciales para la realización de la venta en circunstancias favorables para los compradores: un menor valor de venta, una licencia de remises como parte de pago y la cancelación en cuotas del saldo de precio. Afirma que, si los actores pretendían escriturar en un plazo cierto o determinado, lo podrían haber estipulado de ese modo en el contrato.
ii) Argumenta que la intimación extrajudicial realizada por los compradores es un acto unilateral y no hace incurrir en mora a la vendedora ni tiene la virtualidad de provocar que un plazo incierto se transforme en un plazo cierto o determinado. Refiere que en el plazo incierto se ignora el día o momento exacto del acaecimiento del evento y lo es en relación al hecho futuro necesario para determinar el día en que ese hecho se realice.
Enfatiza y reitera que los compradores declararon saber y reconocer la existencia del proceso sucesorio y el compromiso de la vendedora a culminarlo. No había para ello un plazo determinado.
iii) Señala que se probó la falta de pago de impuestos municipales y provinciales y la falta de planos y/o estado parcelario por lo que esos son obstáculos que deben ser salvados por los compradores para otorgar la escritura.
iv) Entiende que la aplicación de la cláusula penal debe ser rechazada o morigerada a su mínima expresión dado que no hubo mora en el cumplimiento de escriturar ni retraso contrario a derecho. Reitera que la escritura estaba supeditada a dos condiciones: el pago del precio y la culminación de la sucesión. Dice que podría haber responsabilidad si vencido el plazo que fija la sentencia la escritura no se otorga.
III. Tratamiento de los agravios.
El recurso no prospera.
a. El argumento principal que sostiene al agravio de la demandada reposa en dos premisas: la primera, que su obligación de escriturar no tenía plazo, o que era incierto o indeterminado; la segunda, que su deuda estaba supeditada a un doble condicionante: el pago del precio del comprador y el cumplimiento de su propio “compromiso” a culminar proceso sucesorio de quien en vida fuera su esposo.
Me apresuro a aclarar que esta última alegación resulta insustancial porque el saldo de precio ya fue cancelado por los compradores. Cualquiera sea el efecto que pretenda endilgársele a esta última circunstancia (que, sin duda, no es el de operar como una condición -art. 343 CCyC-), lo cierto es que es un hecho que no tiene ninguna virtualidad a la hora de evaluar la demora de la vendedora en otorgar el acto escriturario o definir si esa obligación estaba sometida o no a un plazo.
En lo que respecta a la primera premisa vinculada a la modalidad de la obligación que se reprocha como incumplida, el planteo de la accionada es sumamente confuso puesto que por momentos parece alegar que la prestación debida por su parte no estaba sometida a un plazo , en tanto que en otros pasajes refiere que era un plazo incierto . En en otros apartados parece dar a entender que había un plazo, pero era indeterminado .
Cualquiera sea el alcance que debe asignársele a la defensa, considero que no es procedente. La cláusula séptima del boleto de compraventa que vincula a las partes aclara lo siguiente:
“(...) Ambas partes saben y reconocen que actualmente el bien objeto del presente se encuentra bajo la titularidad del señor Marcelo Eduardo Llopis, quien en vida fuera cónyuge de la Vendedora, comprometiéndose ésta a realizar la correspondiente escritura de partición hereditaria y adjudicación del bien, conforme Acuerdo celebrado con Esteban Nicolás Llopis, haciéndose cargo la parte vendedora de los gastos que irrogue dicha operación (...)”
De la lectura del fragmento transcripto no surgen dudas en cuanto a que la obligación de escriturar asumida por la Sra. Massa efectivamente tenía un plazo , pues se supeditó la exigibilidad de la conducta debida a un acontecimiento futuro y cierto (art. 350 del CCyC). Se trató de un plazo indeterminado dado que las partes no lo fijaron de modo preciso, sino con referencia a un genérico compromiso de una de las partes a realizar una serie de trámites en un proceso judicial, sin brindar expresa y explícitamente una indicación temporal concreta.
La determinación de este tipo de plazos indeterminados se logra de dos modos: o bien ponderando la naturaleza y circunstancias de la obligación (el llamado plazo indeterminado tácito del art. 887 inciso a del CCyC) o bien requiriendo la intervención de un tribunal de justicia (el denominado plazo indeterminado propiamente dicho del art. 887 inc. b del CCyC ). Ninguna duda me cabe de que el plazo para escriturar de la Sra. Massa -y con ello, de honrar su compromiso de realizar cuanto sea necesario en el proceso sucesorio de su marido- era de tipo tácito, y surgía “ de la naturaleza y circunstancias de la obligación, en la fecha que, conforme a los usos y a la buena fe, debe cumplirse” (art. 887.a del CCyC).
En un caso con ribetes fácticos similares al presente, donde una escrituración fue supeditada a la finalización de trámites de aprobación de planos de propiedad horizontal, la Sala M de la Cámara Nacional Civil dijo -con un criterio que comparto- que la obligación de otorgar el acto escriturario no era de plazo indeterminado propiamente dicho, sino de plazo tácito que se induce de las circunstancias de la obligación. Así fue entendido en la inteligencia de que la voluntad de las partes no puede ser interpretada en el sentido de que se propusieron diferir la fijación del plazo a la decisión de un juez, sino a la finalización de aquellas diligencias en un marco razonable de tiempo (causa n°54369/2018 " Calonge, Susana Raquel c/ Zentrum 42 SRL s/ Cumplimiento de contrato ", sent. del 03/06/2022)
En efecto, la causa fin de un contrato de compraventa es transmitir la propiedad de la cosa a cambio de un precio en dinero (art. 1123 del CCyC). La efectiva transmisión del derecho real constituye un objetivo común y tipificante de este negocio: es un resultado que constituye una expectativa fundamental para ambas partes La transmisión dominial inmobiliaria no se produce si no se cuenta con título suficiente: esto es, un acto jurídico revestido de las formas establecidas por ley, con aptitud para transmitir el derecho real (art. 1892 seg. párr. del CCyC). El otorgamiento de la escritura traslativa de dominio es un hito fundamental en el negocio de compraventa de un inmueble, pues constituye —junto con el modo— un requisito central para que el bien salga del patrimonio del vendedor e ingrese al del comprador (mi voto en c. 178290 -“ Porra, Alfredo.. .”- del 28/11/2023).
Se sigue de lo anterior que no resulta razonable interpretar que las partes contrataron para luego litigar en busca de la fijación de un plazo cierto, siendo tal la solución que indefectiblemente se extrae de considerar que la obligación de la Sra. Massa era de plazo indeterminado propiamente dicho, como parece sugerir la accionada en algunos pasajes de su recurso (art. 887.b del CCyC).
Esta última interpretación supondría asignarle a las palabras no solo un sentido impropio y un alcance al contrato que es inconciliable con su naturaleza, con su finalidad (art. 1065.c CCyC) y con los usos y costumbres (art. 887.a CCyC), sino además un efecto reñido con la regla de la buena fe negocial y el equilibrio en las prestaciones en el marco de un contrato sinalagmático: significaría que la vendedora se beneficiaría con un generoso marco de tiempo para que honre su compromiso (quedando a la espera de que su contraparte reclame en juicio la fijación del plazo cierto) en tanto que los compradores quedaron atados a un esquema estricto y puntual de cuotas mensuales para el pago del saldo de precio (arg. arts. 1061, 1063, 1064 y 1065).
El art. 887 in fine del Código Civil y Comercial prescribe que en caso de duda sobre si el plazo es tácito o indeterminado propiamente dicho debe entenderse que es tácito. Pizarro y Vallespinos concuerdan con esta solución dado que es “ un hecho notorio evidente que los contratantes sólo en raras ocasiones procuran integrar on un contrato con una actividad judicial futura” (Pizarro, D. - Vallespinos, G . Tratado de Obligaciones, Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2017, t. II, pág. 315 ) .
b. Por otra parte, resulta inatendible el argumento de la demandada mediante el cual parece dejar entrever que el precio de la propiedad reflejó de algún modo el plazo incierto que modalizó el compromiso a finalizar el trámite sucesorio para poder otorgar la escritura.
Este planteo tiene dos problemas. Por un lado, no hay prueba que justifique ese vínculo entre el contexto negocial y el supuesto menor precio de venta (arts. 375 y 457 del CPCCBA); por el otro, la redacción de la cláusula séptima lejos está de reflejar una obligación de dificultoso o aletargado cumplimiento.
Al contrario, de la lectura del contrato se infiere que, al momento de suscribir el boleto la vendedora ya había iniciado el proceso sucesorio del titular registral y ya había realizado un acuerdo particionario con Esteban Nicolás Llopis. Al recorrer las páginas del expediente sucesorio del Sr. Marcelo Eduardo Llopis surge que mucho antes de la suscripción del boleto de compraventa ese acuerdo ya había sido aprobado por el juez [en julio de 2017; fs. 328] y se había ordenado la inscripción de la declaratoria de herederos con relación a ese bien en particular [en diciembre de ese mismo año; fs. 344].
En otras palabras: buena parte —sino casi todo— el camino se encontraba allanado. Razonable es concluir que los compradores, en ese contexto, obrando con cuidado y previsión, tenían una legítima expectativa de que las gestiones implicadas en el “compromiso” asumido por Massa sean finalizadas en un marco temporal acotado, de mínima coincidente con el plazo establecido para el pago de las cuotas previstas para el pago del saldo de precio.
c. Agrego a ello que la imprecisión de la demandada sobre la existencia y características del plazo que modaliza su obligación tampoco luce casual. Ni la contestación de la demanda ni el recurso terminan de responder una pregunta central: si no era en julio de 2021 (cuando fue interpelada la vendedora, a 3 años y cinco meses de comprometido en venta el bien) y tampoco era en octubre de 2021 (cuando contestó la demanda, a casi cuatro años de celebrado el boleto), ¿cuándo considera la Sra. Massa que debía cumplir su compromiso de finalizar el sucesorio y otorgar la escritura? ¿cuándo considera que era razonablemente exigible la obligación que se le reprocha como incumplida? La respuesta a esta pregunta permanece como una incógnita al leer los párrafos que componen la expresión de agravios, lo cual debilita sustancialmente la posición defensiva asumida en este proceso.
Pese a los loables esfuerzos argumentales desplegados por el letrado que asiste a la accionada, entiendo que la pasividad de Massa para honrar el compromiso asumido y cumplir la obligación debida ha sido lisa y llanamente injustificable. Comparto el juicio crítico que el juez formuló en su sentencia, al destacar la enorme cantidad de meses que transcurrieron desde la celebración del negocio, desde el último pago o desde la intimación extrajudicial formulada por los compradores sin que la vendedora haya concurrido a la escribanía a otorgar el acto (consid. III.b. de la sentencia).
En la contestación de demanda la Sra. Massa enunció genéricamente supuestas dificultades derivadas de otros procesos judiciales seguidos contra el causante, o la falta de funcionamiento de los registros o del sistema judicial en épocas de pandemia, pero nada de ello justifica la extensión de su pasividad en honrar el compromiso y elevar el negocio a la forma exigida por ley. A todo evento, una parte de las circunstancias invocadas no fueron acreditadas (la existencia de otros procesos judiciales, la falta de funcionamiento de los registros) en tanto que otras revelan inconsistencias temporales en la narrativa (el boleto data de febrero de 2018 y el A.S.P.O. -que resintió el servicio de justicia solo por un breve tiempo- se inició en marzo de 2020).
d. Tampoco comparto el argumento de la demandada en el que señala que el plazo fue unilateralmente impuesto por los compradores mediante la intimación extrajudicial cursada en julio de 2021.
Las obligaciones sujetas a un plazo tácito constituyen excepciones a la regla de la mora automática, por lo que el estado de mora requiere la interpelación del deudor una vez vencido el momento de cumplimiento previsto en el art. 887.a del CCyC (Pizarro, Vallespinos, íb.idem., en posición compartida por Ossola, Compagnucci de Caso, Alterini, Calvo Costa, entre otros).
Con ello quiero decir dos cosas.
La primera, que el plazo no fue de 15 días ni fue fijado por los vendedores. Al ser tácito, el plazo surge no de la voluntad de uno de los contratantes sino de la naturaleza y circunstancias del compromiso asumido. Tampoco fue de 15 días, sino que el plazo para escriturar comenzó a correr mucho antes, al momento en que finalizó el tiempo para el pago de la última cuota del saldo de precio de acuerdo a
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