Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 182087
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Anular la sentencia definitiva del 23 de septiembre de 2024, remitiendo la causa al juzgado de origen para que, por intermedio de juez hábil, se dicte un nuevo pronunciamiento;
II. Imponer las costas de segunda instancia en el orden causado, en atención al modo en que se resolvió la cuestión (art. 68 "a contrario" del CPCCBA;
III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967);
Expte. Nº 182087 - Juzgado Civil y Comercial N°9
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “GIMÉNEZ, RAMONA ENCARNACIÓN C/ AMOROSO, DORA DANIELA S/ ESCRITURACIÓN”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau;
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Corresponde declarar la nulidad de la sentencia dictada el 23 de septiembre de 2024?
2ª) ¿Es justa la sentencia dictada el 23 de septiembre de 2024?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. Anticipo una respuesta afirmativa a la pregunta que abre el acuerdo.
Como ya señalara en anteriores pronunciamientos, antes de ejercitar la función revisora que compete a este Tribunal corresponde determinar si se está ante una sentencia válida dictada con sujeción a los principios que hacen al debido proceso y al ejercicio del derecho de defensa, extremos que condicionan la apertura de una instancia de apelación (esta Sala, mi voto en causas n° 171462 -"Lamoglia, Silvia...", sent. del 20/05/2021, 162742 -"Vidal, Marcelo..."- sent. del 30/05/2017 y 159508 -"Venier, Sixto Abel..."-, sent. del 29/12/2015).
Un elemento central que hace a la garantía del debido proceso es el postulado de congruencia, pauta de raigambre constitucional [Fallos: 313:915, 322:2525, 324:1234, 329:349 y 341:1091] en cuya virtud el juez debe guardar una estricta conformidad entre la decisión contenida en su sentencia y las pretensiones y defensas que formularon las partes (art. 34 y 163 del CPCCBA).
La congruencia debe resultar del pronunciamiento en su conjunto y la parte dispositiva no hace más que sintetizar las conclusiones establecidas por el juez al decidir, en los llamados considerandos, las cuestiones involucradas en la pretensión o pretensiones del actor y en la oposición u oposiciones del demandado. De ello se infiere que la observación de dicho principio exige una rigurosa adecuación de la sentencia a los sujetos, al objeto y a la causa que individualizan la pretensión y la oposición (Palacio, Lino E., "Derecho Procesal Civil", t. V, pág. 430, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1992).
Habrá vulnerado este postulado basal del proceso regular aquella decisión en la que el magistrado omite pronunciarse sobre alguna pretensión o defensa de las partes (fallo «citra petita»), resuelva sobre algún punto que no fue dado a su conocimiento («extra petita») o exceda cualitativa o cuantitativamente alguna de las pretensiones («ultra petita»).
Como bien señala Bidart Campos, el derecho a la jurisdicción y la tutela judicial efectiva sólo se concreta en la medida que el justiciable obtenga del órgano jurisdiccional una sentencia útil. Es decir, un pronunciamiento efectivo no ilusorio, que se logra únicamente cuando el juez resuelve todas las pretensiones -y defensas, agrego- que, en relación con aquellos derechos, llevan las partes ante el tribunal. En concreto, la sentencia debe decidir y abarcar aquellas pretensiones, ni más ni menos, sin excederlas, omitirlas ni disminuirlas, pues de lo contrario se vulnera el principio de congruencia (Bidart Campos G., "Manual de la Constitución Reformada", t. II, pág. 330 nros. 108/109, Ed. Ediar, 2004).
II. La sentencia definitiva que llega a conocimiento de este Tribunal debe ser anulada por resultar violatoria del postulado de la congruencia.
Seguidamente explicaré cómo arribo a esta conclusión.
a. Para comprender el alcance y la naturaleza de la acción ejercida por la actora, y para entender adecuadamente el vicio constitucional que justifica la solución anulatoria que propongo, conviene recordar que la interposición de personas estaba incluida como un supuesto de simulación en el art. 955 del Código Civil de Vélez (hoy en el art. 333 del CCCN) y se caracteriza porque en el negocio actúa una persona para ocultar a quien hace una enajenación o a quien va a ser el verdadero o definitivo titular del derecho que se transmite a través de él (Zannoni Eduardo A., “Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos”, Buenos Aires: Astrea, 1986, pág. 368; v. Sala II, causa n°173408 –“Gobbi, Gabriel Iván...”- del 04/08/2022 ).
De las tres formas posibles que esa interposición puede verificarse (ficticia, real y fiduciaria), la "convención de testaferro" o interposición ficticia es aquella que, mediante una simulación, el sujeto interpuesto es un contratante aparente y mediante el acuerdo simulatorio sustituye al verdadero contratante que permanece oculto. Hay aquí una verdadera simulación porque el acuerdo simulatorio se orquesta entre todos los otorgantes del acto.
Distinto es el caso en que la interposición es real, dado que allí el tercero interpuesto “adquiere efectivamente el bien o el derecho que se le transmite, aunque en realidad lo hace como mandatario oculto del verdadero interesado en la adquisición, ignorándolo el enajenante”. Quien transmite entiende realizar un acto serio, no simulado, a diferencia de lo que ocurre en la interposición ficticia, independientemente de las relaciones internas entre el adquirente y su mandante oculto (Zannoni, ob. cit., pág. 369).
La diferencia entre la interposición real y la ficticia radica en el conocimiento que el transmitente tiene o no de la maniobra. Si el transmitente forma parte del acuerdo simulatorio, existe simulación y la interposición de persona es ficticia. Pero si el transmitente la ignora, la interposición es real y la simulación, como tal, no existe puesto que el acuerdo simulatorio debe comprender a la totalidad de los otorgantes del acto.
Si el transmitente no estaba al tanto de la interposición, nada hay de simulado en ese acto pues él efectivamente quiso transmitir el derecho a la persona que allí se presentó como la verdadera parte del negocio otorgado. En estos supuestos, cualquier problema, vicisitud o conflicto vinculado a la maniobra de interposición de persona es un conflicto interno entre la persona que adquiere el derecho en el acto y el verdadero adquirente: es decir, entre mandante y el mandatario oculto. El transmitente es ajeno a esos desacuerdos y cualquiera sea la solución que se adopte para dirimir el diferendo, no puede ello derivar en la nulidad relativa —sea total o parcial— del acto en el que él intervino transmitiendo un derecho a quien efectivamente deseaba transmitírselo.
Zannoni, citando a Llambías, lo explica más claro aún: "en la interposición real de personas no hay simulación pues el transmitente ignora que ha tratado con el testaferro de un tercero. En tal supuesto no hay acto simulado, puesto que el acto es real y surte todos sus efectos entre las partes, sin perjuicio de las relaciones existentes entre el adquirente y su mandante oculto, las que son para el enajenante «res inter alios acta» (ob.cit., pág. 370, CNCiv., Sala A, 10/11/60, ED, 3-411, voto del Dr. Llambías; el subrayado me pertenece).
Esta distinción entre la simulación y la interposición real de personas no solo ha sido desarrollada por una jurisprudencia virtualmente unánime (esta Cámara, Sala III, c. 149372, "Ramella, Guillermo A.", del 31/08/2017, Morón, Sala II, c. 55198 "I., L. I." del 07/02/2008; CNCiv., sala H, 25/03/2009, Goldenfeld, Felisa y otro c. Czainik, Gustavo Daniel y otros s/incidente civil, LA LEY 2009-D, 588; Sala A, 28/12/2007, Martino, Gabriela Cristina y otro c. Braido, Ana Elena, La Ley Online; Sala B, 01/12/2006, Moroni, Héctor M. c. González, Claudio A., La Ley Online; Sala M, 2001/10/15. - G. S. de L., M. del P. c. D., V. A. y otro, DJ, 2002-1-698, entre muchos otros; Zannoni, ob.cit.), sino que tiene consecuencias procesales relevantes.
En efecto, en la simulación todos los otorgantes del acto cuya eficacia es materia de debate deben intervenir en el proceso en calidad de litisconsortes necesarios. En la acción fundada en las reglas del mandato, sustentada en una interposición real de personas, esa exigencia no resulta aplicable porque el resultado querido por el reclamante no es la nulidad relativa total o parcial del negocio: el reclamante no desea objetar los efectos de la transmisión originaria (pues el transmitente, recordemos, estuvo al margen del ardid y no podría verse afectado por un conflicto ajeno), sino que pretende que el accionado cumpla con el pacto y le transmita la propiedad.
b. Ahora bien, a la luz de las precisiones formuladas precedentemente, y ateniéndome al texto expreso de la demanda (incluyendo sus pretensiones y sus fundamentos), es claro para mí que la actora no ejerció una acción de simulación propiamente dicha, sino que reclama a su nieta el cumplimiento de un mandato oculto en el marco de una alegada interposición real de personas en una compraventa inmobiliaria ocurrida en abril de 2005.
Según se desprende del escrito que da inicio a este proceso, la Sra. Ramona Encarnación Giménez le reclama a su nieta Daniela Dora Amoroso que le reconozca la titularidad y derecho real de propiedad de un inmueble ubicado en calle Arenales N°2463 1er piso “A” de esta ciudad, para lo cual exige: (a) que ese reconocimiento se haga a través de una transferencia instrumentada en escritura pública (de allí que reclame la escrituración de una nueva venta y no la ineficacia de una venta pasada) y (b) le indemnice los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del acuerdo que motivó la interposición de personas en la venta originaria de 2005.
El fundamento de su demanda puede resumirse del siguiente modo: Giménez dijo haber trabajado durante muchos años en Estados Unidos y con parte de lo allí ganado decidió comprar un inmueble en Mar del Plata. Refirió que, para evitar costos derivados del trámite de su sucesión, y para superar desavenencias entre sus dos hijas (una de las cuales es la madre de la demandada), acordó con su nieta (accionada) que “inscribiría el departamento a su nombre”. Tal fue la modalidad en la que se instrumentó la venta mediante la escritura N°284 fechada el 4 de abril de 2005.
La reclamante argumentó que en el año 2017 decidió regularizar la situación y poner a su nombre el inmueble, acto para el cual le pidió a su nieta un poder de venta a favor de Margarita Cavallo (hija de la actora, tía de la demandada), lo que así se hizo en la escritura N°65 del 27/04/2017. De ese poder derivó un boleto de compraventa en el cual su nieta —representada por su tía— se obligaba a transmitirle a su abuela la propiedad, reconociendo allí, en paralelo, el acuerdo que motivó que figurase ella como compradora del departamento cuando en verdad era su abuela Encarnación. Alegó que su reclamo obedece a que su nieta traicionó su confianza y no honró el compromiso asumido, revocando el poder que le había dado a su tía y negándose luego a transmitirle el bien.
De la narrativa que la actora propone en su escrito inicial surge que el acuerdo para "poner a nombre de su nieta" el departamento fue una decisión exclusivamente intrafamiliar: concretamente, y según se indica en la demanda, un pacto entre la demandada y la actora destinado a generar el estado de cosas deseado (que Daniela Dora Amoroso sea propietaria de un bien que, en verdad, le pertenecía a su abuela). Pero ni la actora —ni mucho menos la demandada, que negó toda la plataforma fáctica de la demanda— alegaron que esta modalidad negocial fue orquestada con el transmitente del bien (o sea, los herederos que vendieron la propiedad mediante tracto abreviado y que en este pleito siquiera fueron demandados o citados como terceros).
Siendo ello así, y reitero: en la lógica que emerge de la narrativa de la accionante, no hay en verdad ninguna simulación, sino que Giménez alegó una interposición real de personas, orquestada, según dice, entre ella misma y su nieta.
Y no creo que la actora haya sido ajena a este encuadre normativo de su pretensión, puesto que, más allá del uso impropio del término "simulación", su reclamo nunca estuvo orientado a declarar la nulidad relativa de la transmisión originaria celebrada en mayo de 2005.
Por el contrario, lo que pide es algo muy distinto: reclama que su nieta (mandataria oculta) cumpla el pacto o acuerdo mediante el cual se materializó la decisión de poner a su nombre un bien ajeno, y reclama que le transmita la propiedad de calle Arenales. Es por ello que exige un nuevo título y una nueva transmisión mediante la forma exigida por ley (escrituración de Amoroso a Giménez), y no reclamó nunca la ineficacia total o parcial de la transmisión originaria (de los herederos de Luis Roberto Piro Casado a Amoroso).
La sentencia que llega a conocimiento de este Tribunal se aparta de este esquema y resuelve en un sentido muy distinto a lo que Giménez pidió en su demanda, pues: (i) ordenó una corrección registral de un asiento vinculado a la venta originaria de 2005, lo que implica alterar —sin pedido de parte— la eficacia de un negocio en el que intervinieron, además de la demandada, transmitentes que aquí no han sido llamados a participar como litisconsortes; (ii) declaró la ineficacia de un boleto de compraventa celebrado en 2017, lo que no fue objeto de demanda ni tampoco de reconvención (v. último párrafo previo al estudio de los rubros indemnizatorios); y (iii) derivado de lo anterior, omitió expedirse sobre la pretensión principal de la reclamante, que juzgó abstracta (la escrituración).
Si bien los jueces, de la mano del postulado del «iura novit curia», tienen un generoso margen para interpretar la demanda, sus fundamentos y sus alcances, lo cierto es que tal prerrogativa no es absoluta, ya que “no autoriza a alterar las bases fácticas del litigio, ni la «causa petendi», ni tampoco a la admisión de hechos o defensas no esgrimidas por los litigantes" (SCBA, C. 88.434, sent. del 08/03/2007, C. 112.660, sent. del 08/07/2012, C. 117.314, del 12/11/2014, entre muchos otros).
El problema constitucional de la sentencia no se vincula con el encuadre del caso o la interpretación de la demanda, sino con las consecuencias prácticas que siguieron a ese modo de concebir el reclamo de la Sra. Giménez: el vicio emerge de la discordancia entre lo que la actora pidió en su demanda y aquello que fue objeto de decisión (arts. 168 de la CPBA, 34.4, 163.6 del CPCCBA).
A ello se agrega un problema complementario derivado de la decisión adoptada en el fallo. Si el juez consideró que la acción intentada por Giménez era de simulación entre partes, y consideró también que la actora reclamó la ineficacia parcial de la venta de 2005, pues entonces debió integrar la litis con la totalidad de los otorgantes de ese acto cuya ineficacia fue materia de decisión, dado que había allí un litisconsorcio pasivo necesario. No solo la modificación registral que ordena el fallo no fue peticionada en la demanda, sino que, en los hechos, es una decisión que tiene aptitud para modificar la eficacia y la publicidad registral de un negocio en el que intervinieron otras personas —los vendedores por tracto abreviado— que no fueron citadas a este proceso y cuyos intereses pueden verse indebidamente afectados (art. 18 de la CN).
c. Por todo lo expuesto, propondré al acuerdo que se declare la nulidad de la sentencia definitiva del 23 de septiembre de 2024, debiendo remitirse a un nuevo juez hábil para que dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con las pretensiones y defensas articuladas por las partes (arts. 18 de la CN, 168 CPBA y 34.4 del CPC).
ASÍ LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la tercera cuestión, por no ser del caso tratar la segunda, el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: I) Anular la sentencia definitiva del 23 de septiembre de 2024, remitiendo la causa al juzgado de origen para que, por intermedio de juez hábil, se dicte un nuevo pronunciamiento; II) Imponer las costas de segunda instancia en el orden causado, en atención al modo en que se resolvió la cuestión (art. 68 "a contrario" del CPCCBA; III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967);
ASÍ LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia, se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Anular la sentencia definitiva del 23 de septiembre de 2024, remitiendo la causa al juzgado de origen para que, por intermedio de juez hábil, se dicte un nuevo pronunciamiento; II) Imponer las costas de segunda instancia en el orden causado, en atención al modo en que se resolvió la cuestión (art. 68 "a contrario" del CPCCBA; III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); IV) REGISTRAR Y NOTIFICAR en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase.
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Firmas
Funcionario Firmante: 27/05/2025 12:33:33 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2025 13:01:21 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2025 07:56:25 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 29/05/2025 08:46:41 hs. bajo el número RS-180-2025 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia