Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala I · Causa SI 119721
Expte: SI-119721
Juzgado de origen: Juzg Civ y Com N° 1 Dptal
Juicio: MARRAFEIRO MIRIAM ELISABET C/ ALVES DE COSTA JAIME MARIANO S/ESCRITURACION
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, en el día de la firma, en Acuerdo telemático continuo (Res. SCBA 480/20 y complementarias sobre COVID-19 y Res. del Presidente de esta Sala nro. 28/4/2020) los señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y LUIS MARIA NOLFI, en virtud de lo dispuesto por el art. 4° del Ac. Extraordinario del 25 de septiembre del 2008 (publicado en el Boletín Oficial el 06/12/2010, pags. 12.609/12.610), con la intervención del Auxiliar Letrado actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SI-119721 , en los autos: “MARRAFEIRO MIRIAM ELISABET C/ ALVES DE COSTA JAIME MARIANO S/ESCRITURACION”.
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.C..
1ª) ¿Es justa la sentencia apelada?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Emilio Armando Ibarlucía y Luis María Nolfi.-
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
I. La sentencia de fecha 29/04/22 es apelada por el demandado, quien expresa agravios en forma electrónica, los que no son contestados.
II.- 1.- La sra. Miriam Elisabet Marrafeiro promovió demanda de escrituración contra Mariano Alves Da Costa sobre la base del boleto de compraventa suscripto el 6/09/11, ante escribano, por el cual adquirió una fracción de terreno en Luján que debía surgir luego de hacerse los correspondientes planos de mensura y de subdivisión de acuerdo a la ley de propiedad horizontal.
Expresó que el precio fue de $ 35.000 y se estableció que la escritura se llevaría a cabo cuando se hubieran culminado los trámites necesarios, y que los gastos y honorarios de la escrituración, plano de obra, subdivisión y reglamento de copropiedad estarían a cargo de la compradora y los impuestos, tasas y contribuciones a cargo de la vendedora.
Dijo que el 27/10/11 el demandado intimó a su esposo a que le devolviera la escritura imputándole que la tenía retenida en forma ilegal, y que ella contestó la misiva negando sus términos, citándolo para que la retirara por un estudio jurídico y recordándole las cláusulas cuarta y sexta del boleto.
Continuó narrando que el 1/11/11 el demandado le envió otra CD diciéndole que la venta en realidad era por u$s 36.000 y que sólo había percibido $ 29.000, recibiendo como parte de pago un vehículo. También le dijo que quería resolver el contrato y la intimó a que le devolviera las llaves, ofreciendo devolver el vehículo (que – aclara la demanda – su esposo le había vendido en una operación aparte).
Ante ello – continuó - la actora contestó el 8/11/11 negando tales afirmaciones y diciendo que no era de su interés resolver el contrato. Manifestó que el demandado no podía alegar error o torpeza dado que había firmado dos veces el 08 del auto y también los planos presentados en la Municipalidad. Luego de tratativas frustradas con la abogada del demandado, lo intimó a escriturar por CD del 5/12/11 y a recurrir a una mediación, como estaba previsto en el boleto.
El 15/03/12 se realizó la mediación, la que fracasó dado que el demandado insistió en que el precio pactado era de u$s 35.000, hubo un principio de acuerdo consistente en requerir una tasación, pero terminó la reunión con agresiones por parte del demandado.
2. Contestó el accionado pidiendo el rechazo de la demanda, aduciendo que había sido estafado en su buena fe. Negó que la actora se hubiera avenido a ajustar el precio mediante tasaciones, ya que las mismas existieron (de fechas 11/11/11 y 20/03/12) y fundamentaron sus reclamos.
Reconvino por nulidad del boleto de compraventa por lesión. Expresó que pasaba un estado de necesidad por la rotura de su automóvil, que era su medio de vida como remisero. Dijo que sólo había concluido la escuela primaria y que desde pequeño había sido atendido en el Hospital Interzonal Psiquiátrico de Colonia Domingo Cabred, donde se le detectaron dificultades para el aprendizaje. Añadió que era el único sostén de su familia (esposa que no podía trabajar y seis hijos, una de ellas con retraso madurativo). Acuciado por esa situación económica, sus vecinos (la actora y su marido) le propusieron comprarle parte del lote donde vivía por u$s 37.000, dándole como parte de pago un Peugeot 406 valuado en $ 31.000 y el resto en efectivo al firmarse la escritura, lo que aceptó y concurrió sin compañía a la firma del boleto. Ante su sorpresa oyó que el precio consignado era de $ 35.000 y le explicaron que era para evitar mayores costos impositivos. Dijo que nunca fue asesorado ni advertido de las cláusulas que le hicieron firmar.
Expresó que fue vilmente engañado, que varias veces tuvo que pedir la entrega del automóvil, el que resultó estar en malas condiciones, con vicios ocultos, y que la escritura del inmueble le había sido retenida, aunque luego le fue devuelta. Continuó diciendo que lo amedrentaron, violando su domicilio, ingresando a los empujones, tomando las llaves del automóvil, lo que motivó denuncias penales.
Fundó la reconvención en la desproporción de las prestaciones, en que fue engañado y que la actora se aprovechó de su necesidad, ligereza e inexperiencia.
3. Corrido el traslado de ley, la actora pidió el rechazo de la reconvención. Dijo que el mismo demandado reconocía que el boleto fue firmado previa lectura, que el demandado ya había hecho operaciones inmobiliarias lúcida y conscientemente. Negó que no le hubiera pagado $ 35.000 en efectivo, que lo hubieran amedrentado y que fuera una persona poco instruida. Además, dijo que el reconviniente había aprobado todas las pruebas para obtener su licencia de conductor.
4. Producida la prueba, se dictó sentencia haciéndose lugar a la demanda, y rechazándose la reconvención, en ambos casos con costas.
Para así decidir, el juez, luego de decir que era aplicable el Código Civil ley 340 y explicar los requisitos de la nulidad por lesión (art. 954), tuvo en cuenta que la prueba pericial de tasación llevada a cabo por el martillero Juan Pablo Mateo, arrojaba que la fracción del terreno vendida tenía un valor de u$s 7.200, conclusión de la que no se apartaba dado que el perito había expresado haberla realizado conforme a normas del Tribunal de Tasación, y que la construcción existente era irrecuperable por su estado. Señaló que, al valor de la moneda estadounidense al momento del boleto (u$s 4,22) los $ 35.000 equivalían a u$s 8.293, por lo que no se configuraba el elemento objetivo de la lesión (desproporción de las prestaciones).
Dijo el magistrado que la denuncia penal hecha por el demandado por fraude había sido desestimada. Respecto de la pericial psiquiátrica de autos señaló que no surgían antecedentes del mismo en el Hospital Domingo Cabred, y que el experto dijo que, al ser examinado, no aparecían elementos que permitieran afirmar que padecía algún trastorno o enfermedad psiquiátrica, y que poseía memoria para retener información y elaborar un juicio de valor sobre ella. Asimismo, señaló que el informe de la perito psicóloga daba cuenta de que el demandado presentaba un discurso coherente y comprensible, no apareciendo indicadores de una personalidad fabuladora y que estaba capacitado para tomar una decisión sobre la disposición de sus bienes.
III. En sus agravios, el demandado se queja en primer lugar de que la sentencia se basa en una pericia muy cuestionada, realizada por un tasador de Nueve de Julio que nunca se presentó a conocer el inmueble y difiere de las restantes tasaciones. Dice que la norma del T.N.T. n° 10 rige para la valuación contable de inmuebles, que no es la que se tiene en cuenta para fijar el precio de mercado, y que si el perito se hubiera presentado en el lugar hubiera visto que se trata de un barrio muy lindo, con hermosas construcciones, con asfalto y demás servicios.
Expresa que dicho dictamen contradice las tasaciones del martillero Castiglioni (con inmobiliaria en la zona), de CEMACOL (Corporación de martilleros de Luján), y de la perito Rosana Biale designada en autos. Insiste con que el perito Mateo nunca concurrió al inmueble, por lo que en su momento pidió su remoción. Apunta que si no había ninguna duda sobre su trabajo no se entiende por qué el juez ordenó, como medida para mejor proveer, que se realizara una nueva tasación a través de un representante de CEMACOL.
Sostiene que no existe en Luján un lote sobre asfalto que tenga un valor inferior a los u$s 15.000. Dice que las otras tasaciones difieren en más del doble con la realizada por el perito Mateo.
Respecto de la pericial psiquiátrica dice que, sin perjuicio de que se concluya que Alves da Costa no padece enfermedades, ello no obsta a que sea una persona con dificultades para decidir por sus intereses y que, librado a su albedrío, pueda tomar decisiones que lo perjudiquen o pongan en riesgo su patrimonio. Con relación al dictamen de la perito psicóloga dice que da cuenta de que tiene características infantiles, y dificultades para respuestas complejas, que puede actuar impulsivamente, y que tiene necesidad de sostén y dependencia. También dice que ambas pericias – psiquiátrica y psicológica – informan que Alves no es fabulador. Expresa que tiene todas las características de persona inexperta, que actúa a la ligera.
Comenzando, entonces, por el elemento objetivo, se advierte que para rechazar la reconvención la sentencia se basa fundamentalmente en el informe aportado por el perito martillero Juan Pablo Mateo (EE del 5/12/19 y cont. a pedido de explicaciones del 4/02/20), que tasó el inmueble objeto de la controversia en u$s 7.200, monto inferior al que arroja la conversión del precio pagado ($ 35.000) a la cotización de la moneda norteamericana al momento del boleto (u$s 8.293). Dice, además, que el perito se basó en las normas del Tribunal Nacional de Tasaciones, y principalmente por ello descarta las otras tasaciones obrantes en autos.
A mi juicio la circunstancia de que el perito haya dicho que se basaba en las normas del TNT no quiere decir que las aplique bien. Cualquier perito puede afirmar lo mismo aunque llegue a conclusiones muy distintas.
La sentencia nada dice acerca de la impugnación y pedido de explicaciones formulados por el demandado (EE del 19/12/19). En primer lugar objetó el informe por no haber concurrido el perito personalmente al lugar y guiarse sólo por los planos municipales. Al responder el perito Mateo nada dijo al respecto, admitiendo tácitamente su no concurrencia (EE del 4/02/20), y es de señalar que no se concibe una tasación sin presencia en el lugar.
No sólo no contestó tal observación, sino que formuló una respuesta impropia como si fuera la contraparte del juicio, y no un perito llamado a informar al juez objetiva e imparcialmente. En efecto, dijo que, en caso de no estar de acuerdo con la pericia, el demandado debió solicitar un perito de parte, que pedir la intervención de CEMACOL implicaba dilatar el proceso y generar más gastos, que el “daño grave” lo había ocasionado el demandado al vender un porcentaje del inmueble en condiciones legales que no lo permitían, que no hace falta concurrir a un centro de martilleros “como pretende irrisoriamente la demandada”. Realmente parece escrito por el letrado de la parte contraria, lo que descalifica totalmente la validez del peritaje (arts. 473 y 474 CPCC).
Además, insólitamente el martillero Mateo, entre los argumentos para defender su informe, dice que existen otras cuatro tasaciones en autos (cuyas fotografías tuvo en cuenta), y son precisamente las mismas las que arrojan serias dudas sobre la tasación por él practicada, ya que dan cuenta de valores muy superiores.
En primer lugar, la de la perito tasadora Rosana Biale (sorteada a fs. 276), quien presentó su dictamen a fs. 351/58 (con fotografías y plano de ubicación). Si bien tasó la totalidad del inmueble, le adjudicó un precio de u$s 68.800. La mitad de esta cifra son u$s 34.400. No consta en autos que la actora haya objetado tal informe (arts. 473 y 474 CPCC).
Asimismo, la inmobiliaria Castiglioni por vía informativa ratificó la tasación que presentara el demandado, que da cuenta de un valor de la mitad del terreno (352 m2) y de la construcción de u$s 37.000 (fs. 281/83). Este informe no fue objeto de observación por parte de la actora (art. 401 CPCC).
Respondiendo a la impugnación del demandado el juez ordenó, como medida para mejor proveer, que se oficiara al CEMACOL para que aportara una tasación del inmueble (28/02/20). El informe de esta entidad fue presentado el 25/08/20, y del mismo surge un valor de u$s 18.283 (de la mitad del terreno y la construcción existente), prueba que tampoco fue observada por la actora.
Termina de convencerme de que no puede aceptarse la tasación del perito Mateo que el inmueble se halla ubicado a 4 km. de la ciudad de Luján, a 0,5 km. de la ruta 7, en un barrio de casas bajas y cuenta con servicios de gas natural, agua corriente y cloacas. No es posible que su valor sea equivalente al de un automóvil usado.
Quedan, entonces, para ser tenidas en cuenta dos tasaciones de entre u$s 34.000 y u$s 37.000, y otra de u$s 18.200. O sea, las dos primeras cerca de 5 veces y la última más del doble que la brindada por el perito Mateo. Si descartamos la de la inmobiliaria Castiglione por haber sido presentada por el demandado, el promedio entre las dos restantes es de u$s 26.300, monto que es más de tres veces superior al precio del boleto de compraventa (convertido a dólares del momento: u$s 8.293).
Se trata de una diferencia desproporcionada aún cuando se considere que la subdivisión del terreno todavía no estaba hecha y que el comprador – según el boleto – se hizo cargo de los gastos necesarios para su aprobación catastral y municipal. Es decir, se trata de una desproporción evidente sin justificación.
El 4to. párrafo del artículo 954 del C.C. dice que los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir en el momento de la demanda, y se advierte que en ninguno de los informes presentados hubo pronunciamientos sobre ambas cuestiones. El déficit obedece a la forma en que ambas partes ofrecieron la prueba, pero considero que está implícito en los informes de la perito Biale y de CEMACOL que las tasaciones suministradas no eran diferentes a la época de la firma del boleto (evaluados conforme a las reglas de la sana crítica, arts. 474 y 384 CPCC). En todo caso, correspondía a la parte a la cual perjudicaban los informes pedir las aclaraciones y explicaciones correspondientes (art. 473 CPCC), lo que no se hizo.
Por consiguiente, entiendo que se encuentra configurado el elemento objetivo de la lesión, que hace presumir el aprovechamiento del comprador de un estado de necesidad, ligereza o inexperiencia del vendedor (art. 954 C.C.).
Destaco que para algunos autores la presunción se extiende al elemento subjetivo del lesionante (la explotación o aprovechamiento), pero la mayoría entiende que incluye también al elemento subjetivo del lesionado. Como se dice en el Código Comentado de Belluscio-Zannoni, no guarda lógica pensar que alguien puede aprovecharse de otro que no se encuentre en una situación de inferioridad. “...El aprovechamiento o explotación no son sino especificativos de aquello que se aprovecha. Y lo que se aprovecha no es sino la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de la víctima del acto lesivo...” (Cód. Civ . Anot., T. IV, p. 375, con cita del voto del Dr. Cifuentes en fallo de la C.N.Civ., Sala C, 8/10/81, L.L. 6/08/82, y del Dr.Alterini en Sala C, 22/06/82).
La presunción opera como inversión de la carga de la prueba: el demandado es el que debe probar que no se dieron los elementos subjetivos del instituto (Llambías, Cód. Civ. Anot., T. II-B, p. 110; S.C.B.A., 7/03/95, E.D. del 29/08/95, voto del Dr. Mercader). En el caso de autos, tal prueba no se ha producido (arts. 375 y 384 CPCC).
Tal presunción resulta reforzada por la circunstancia de que el demandado ha probado que en la época de la firma del boleto tenía 5 hijos/as menores de edad (partidas de fs. 58/64), una de ellas con una discapacidad (fs.70) (ninguna de ambas cosas negadas especialmente por la actora al contestar la reconvención). Ello otorga credibilidad a sus dichos en cuanto a que pasaba por una situación de necesidad familiar. Asimismo, si bien de las pericias psiquiátrica (fs. 372/76) y psicológica (fs. 427/430) no se desprende que padeciera una enfermedad o discapacidad mental, sí dan cuenta los peritajes que se trata de una persona muy poco instruida (corroborado por dichos de los testigos, fs. 435/36), que concurrió a la escuela secundaria hasta segundo año, que trabajó en el campo y que tiene dificultades para comprender consignas complejas. Ello es suficiente, a mi juicio, para considerar que, en el tema que nos ocupa, haya actuado en estado de necesidad, y con la ligereza propia de quien, con familia numerosa, está pasando una situación económica apremiante. Es comprensible que, ante la falta de trabajo, haya querido vender una parte de la finca donde vive para poder tener un automóvil para trabajarlo como remís.
Por consiguiente, debe revocarse la sentencia y hacerse lugar a la reconvención, declarando la nulidad del boleto de compraventa de autos por vicio de lesión (art. 954 C.C.).
Ahora bien, al declararse la nulidad del contrato, las cosas deben volver al mismo o igual estado en que se hallaban antes del acto anulado (art. 1050 C.C.; CC0001 SI 76890 RSD-468-98 S 29/08/1998). En consecuencia, la parte vendedora debe reintegrar a la compradora las sumas percibidas, ya que, de lo contrario, se produciría un enriquecimiento sin causa de su parte.
El reconviniente dijo que, a cambio de los $ 35.000 consignados en el boleto recibió como parte de pago un automóvil Peugeot 406 dominio VER-942, valuado en $ 31.000 y el resto en efectivo (fs. 79). La actora negó que no le hubiera abonado $ 35.000 en efectivo, pero admitió que el demandado inscribió un vehículo con ese dominio en el Registro de la Propiedad Automotor (fs. 93vta.). De la causa n° 09-01-001908-12 tramitada ante la UFI n° 9 de Luján que corre por cuerda se desprende que en la época de la operación que motiva este juicio – exactamente el 30/09/11 -, el sr. Alves Da Costa tramitó el formulario 08 de ese Registro respecto de un Peugeot 406 STDT con esa patente, que tenía una cotización – modelo 1997 - de $ 31.500 (fs. 13/19), y surge de la copia del título que desde el 28/09/11 la titu
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