Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 11768
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma el decisorio apelado en cuanto ha sido materia de agravio, sin perjuicio de que -si la actora considera que ha de intervenir en autos representada por los letrados- se de cumplimiento a lo previsto por el art. 85 del CPCC con los alcances ya indicados.-
Sin costas, atento a lo novedoso de la cuestión (art. 68, 2° del C.P.C.C.).-
Causa Nº MO-11768-2015 R.S. 268/2018
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 06 de Noviembre de 2018, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "ENRIQUEZ ABASTO MIRIAM NOEMI C/ MASCOVETRO RAMONA MARIA Y OTROS S/ESCRITURACION", Causa N º MO-11768-2015 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 10 Deptal. a fs. 139/vta. dispuso que " deberá el peticionante elevar a escritura pública el mandato que invocara a fs. 63 a favor de los Dres. Anahi Delgado, Jorge Omar Feldman y Mawiel Jorge Alonso Armesto a los fines de su representación en presente proceso ".-
2. Contra tal forma de decidir se alza a fs. 140 la Sra. Enriquez Abasto Miriam Noemi, interponiendo recurso de apelación; siendo el mismo fue concedido en relación a fs. 141, obrando el respectivo memorial glosado a fs. 142/146 -a cuyos términos me remito brevitatis causae -.-
3. A fs. 151vta., se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Planteada como viene sí la cuestión he de memorar que el tema ya ha sido analizado por las restantes Salas que integran el Tribunal.-
Entiendo oportuno traer, en este punto, el voto de mi colega de integración, el Dr. Roberto Camila Jorda, al decidir en la causa Mo 17738, R.I. 12/17, de la Sala 1 de esta alzada; destacando que dichos argumentos fueron adoptados por el mismo colega al decidir en la causa MO 10.427, R.S.102/17, esa vez integrando la sala 3 de esta Cámara; en ambos casos con la adhesión de sus colegas de integración.-
En tal ocasión el respetado colega consideró:
" El tema ha sido objeto de algunos pronunciamientos jurisdiccionales y análisis doctrinario, si bien unos y otros se han expedido en sentido divergente, el enfoque del que participo y en el que me expedí en la causa N°: MO-17738-2012, considera que la falta de una directiva concreta en el art.1017 del nuevo C. Civil, no implica la derogación de la norma antes contenida en el inciso 7 del art. 1184 del C. Civil, sino que la exigencia de la escritura pública para la instrumentación de los poderes judiciales se mantiene vigente.-
Este recaudo surge ahora del inciso "d" del propio artículo 1017, en cuanto establece que además de los actos jurídicos mencionados en los tres primeros incisos del precepto, también deben ser otorgados en escritura pública aquellos actos que por decisión de las partes o disposición de la ley deban ser instrumentados con tal solemnidad.
A su vez, al regularse la figura del mandato, el artículo 1320 del C.C.yC.N. indica que cuando el contrato conlleve el ejercicio de la representación del mandante, resultan de aplicación las normas de los artículos 362 y siguientes de ese cuerpo legal. y así el apoderamiento debe ser otorgado en la forma prescripta para el acto que el representante debe realizar (art. 363).
De estas pautas se sigue que el poder para ejercer la representación en juicio deberá otorgarse con las formalidades que la ley contemple al efecto. y no hemos de perder de vista que no existe una libertad absoluta de formas en la medida que distintas normas procesales o sus n vas regulen la cuesti6n (conf. Rivera - Medina, "C6d. Civil Comercial de la Naci6n ComentadoH, TO I, pág. 812).
Las disposiciones que regulan en forma puntual el t6pico no se hallan en la ley de fondo, sino en la de forma. De este modo las cláusulas normativas abiertas que contiene la primera, deben articularse con las previsiones de la segunda, integrando las disposiciones de ambos cuerpos normativos.
Así nuestro ordenamiento ritual establece que "los procuradores o apoderados acreditarán su personalidad desde la primera gesti6n que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder ... H (art.47 del C. P. C. C. ): esta alusi6n a la escritura de poder, está referida inequívocamente al instrumento labrado al efecto ante un escribano. También se prevén dos supuestos en que puede prescindirse de dicha escritura, estos son: el caso en que el valor pecuniario del juicio no supere los 120 jus ( ... ) , y el de aquel que litigue con carta de pobreza; frente a estas alternativas el apoderamiento podrá realizarse mediante acta labrada ante el secretario del organismo actuante (arts. 46 y 85 ). En ninguna hipótesis se contempla la posibilidad de acreditar la personería en juicio mediante la presentación de un instrumento privado" .-
Resulta también del caso traer a colación las directivas del "Protocolo para Presentaciones Electrónicas", aprobado por la S.C.J.B.A. en su Resolución 3415/12. El artículo 2 de este cuerpo establece que el poder suficiente a efectos de realizar las presentaciones que regula, se otorgará mediante acta labrada frente al Secretario. Si bien la redacción de este Protocolo ha sido anterior a la sanción del C. C. y C. N., su puesta en funcionamiento -no obligatoria en su totalidad aún- ha sido posterior, sin que se haya juzgado necesario por parte del Superior Tribunal practicarle enmienda alguna sobre el aspecto que aquí nos ocupa.
Hemos de subrayar, que las disposiciones procesales a las que nos refiriéramos precedentemente, no han de considerarse derogadas ante la entrada en vigor del nuevo ordenamiento de fondo.
En este vértice se ha señalado que cuando se sancionan nuevas leyes que modifican parcialmente las anteriores, y existe una incongruencia absoluta entre ellas, se produce una derogación tácita. De no ser así, el principio es reconocer la subsistencia de todas las normas y considerar su ámbito de aplicación (del dictamen del Dr. David Halperín solicitado por el Colegio de Escribanos de la Pcia. de Buenos Aires, citado por Gozaíni, en "Formas de acredi tar la personería en juicio (sobre el art. 1017 del Código Civil y Comercial", L.L., 2016-D-118).
No existe incongruencia alguna entre las normas sustantivas y adjetivas a las que nos refiriéramos antes, sino una complementación armónica y congruente entre unas y otras; cada una aplicable en su ámbito particular e independiente, aunque referidas a distintos aspectos de un mismo negocio jurídico: las primeras consagradas en el C.C. y C. N., vinculadas al contenido, forma y prueba del contrato de mandato y la representación voluntaria; y las segundas enfocadas de manera puntual al modo en que debe acreditarse la personería, cuando se confiere poder a un letrado quien va a representar al mandante ante los estrados judiciales, cuestión de exclusivo corte procesal.
Y en pos de esta integración de normas de distinto origen y naturaleza, se ha interpretado que el mentado inciso "d) del artículo 1017 del nuevo Código Civil y Comercial, en cuanto exige la escritura pública en los demás casos que la ley así lo dispone, obedece a una decisión de política legislativa que ha procurado respetar la costumbre arraigada en nuestro derecho de conferir a las provincias la facultad de legislar en lo relativo a los poderes judiciales I por lo que las disposiciones rituales atinentes a la cuestión, no pueden ni deben considerarse tácitamente derogadas (conf. Lorenzini, "La forma de los poderes judiciales a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y ComercialH, J.A. 2016-IV, 37.-
No puede resultar ajeno a este análisis el carácter publicístico que reviste el tema, ante el cual cede el interés individual. Es dable recordar que en un pleito judicial se hace efectiva la garantía constitucional de defensa en juicio y se persigue el reconocimiento de derechos cuya existencia o alcance se encuentra discutida, amén de que además pueden concretarse infinidad de actos que comprometen el patrimonio de las partes, entre los que cabe mencionar la posibilidad de transigir, reconocer o renunciar derechos, desistir, recurrir, cobrar y percibir sumas de dinero, etc. (conf. Lorenzini, op. cit.).
La relevancia de los actos jurídicos que se llevan a cabo en un proceso judicial, exige una certera demostración del derecho que asiste al mandatario de comparecer en representación de la parte litigante. Y con esa orientación se ha dicho que no puede desconocerse la trascendencia del acto jurídico que implica actuar en nombre de otra persona en juicio, lo que conlleva la observancia o el cumplimiento de un minimo de garantías o recaudos que no pueden ser soslayados. En tal sendero, sabido es que resulta; función intrínseca de la judicatura muñir de certeza jurídica a los actos que conforman el proceso, y por ende el consecuente deber de realizar el correspondiente control de legalidad de los mismos (del fallo "Focke" dictado por la Cám. Civ. y Com. Dolores, citado por Leguisamón en "La representación convencional o voluntaria en juicio según el Código Civil y Comercial, cuatro fallos y una gran incertidumbre", L.L.B.A. 2016, del8/7).-
En este cometido se inscribe la necesidad de la protección tanto del representado como del oponente, a los fines de que el contradictorio se realice con la real intervención de los interesados, recaudo que se hace efectivo a través de la actuación del notario en el instrumento público o, en su caso, la del funcionario judicial, garantizando de este modo la seguridad jurídica (del fallo "Grippaldiu de la Cám. Civ. y com. Mar del Plata) .-
Las razones hasta aquí expuestas nos llevan a concluir que dado que la providencia de fs. 94 procura adecuar el planteo de la demandada a los lineamientos del artículo 46 del C.P.C.C., en orden a una correcta acreditación de la personería para actuar en juicio, la misma habrá de mantenerse" .-
Una postura análoga fue sostenida por la Sala 1° -integrada entonces por los Dres. Ludueña y Russo- del Tribunal en la causa MO-50184, R.I. 181/2017.-
De este modo, los integrantes de esta Excelentísima Cámara ya han tomado postura en la cuestión que se analiza y resulta contraria a los anhelos recursivos del quejoso.-
Sobre tales bases, volvamos al caso concreto de autos.-
En el decisorio cuestionado, la Sra. Juez a quo resolvió que se deberá elevar a escritura pública el mandato que se invocara a fs. 63, lo que llega cuestionado en los agravios pretendiendo que se permita la intervención en las condiciones en que se ha presentado dicho instrumento.-
Como está a la vista, tal petición sería contraria a la postura que he venido reseñando y que ha sido adoptada ya, mayoritariamente, por los diversos magistrados integrantes de esta Excelentísima Cámara.-
Sobre este piso de marcha, pasemos al pedido de plenario que efectuara la apelante al finalizar el memorial en estudio.-
Allí señala que "se ha aceptado implícitamente que en virtud de la redacción del art. 1017, el cual no repite inciso 7 del viejo art. 1184 CC., no es necesario la intervención de notario publico para conferir poder judicial general o especial ni la ratificación por parte del otorgante ante el secretario del Juzgado o tribunal interviniente" .-
Vemos así que la apelante hace mención a una aceptación "implícita"; y en el mismo sentido menciona los antecedentes de esta Sala.-
Pero tal manifestación al ser "implícita" deriva inexorable en que la cuestión no fue materia de recurso ni de decisión puntual -y expresa- por parte del tribunal.-
Por otro lado observamos que la interpretación que efectúa la recurrente dista de lo concretamente resuelto tanto por la Sala 1° como la Sala 3° en los antecedentes precedentemente mencionados.-
Atento a lo cual, no habiendo citado fallos en concreto contradictorios no se deberá admitir el pedido de plenario.-
En tal contexto, es que entiendo que el fallo apelado debería confirmarse.-
Por lo demás, no dejo de advertir que de fs. 12 surge que se ha iniciado un beneficio de litigar sin gastos; con lo cual, la solución del tema -si se quiere obviar la escritura pública- pasa por la previsión del art. 85 del CPCC, pudiendo instrumentarse el mandato en cuestión en la forma allí prevista o, en su defecto, concurrir la actora a ratificar la presentación de fs. 63; y no pierdo de vista, en el punto, que el domicilio de la actora se sitúa en el ámbito de este Departamento Judicial (ver fs. 8) lo que denota la posibilidad de ajustarse a tales previsiones sin mayor complicación.-
De tal manera y pese a la queja de la apelante, considero que se pueden zanjar casos como el presente, garantizándose así la seguridad jurídica sin necesidad de recurrir al notario para formalizar la pertinente escritura pública (con los gastos que ello implicaría) y por el otro lado se evitarían eventuales planteos de la contraparte, que resultarían dilatorios para la prosecución de las causas.-
En virtud de lo expuesto, considero que se deberá confirmar el decisorio apelado en cuanto ha sido materia de agravio, sin perjuicio de que -si la actora considera que ha de intervenir en autos representada por los letrados- se de cumplimiento a lo previsto por el art. 85 del CPCC con los alcances ya indicados.-
Todo ello, sin costas atento a lo novedoso de la cuestión (art. 68, 2° del C.P.C.C.).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor JORDA , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Gallo.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA el decisorio apelado en cuanto ha sido materia de agravio, sin perjuicio de que -si la actora considera que ha de intervenir en autos representada por los letrados- se de cumplimiento a lo previsto por el art. 85 del CPCC con los alcances ya indicados.-
Sin costas, atento a lo novedoso de la cuestión (art. 68, 2° del C.P.C.C.).-
REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. ROBERTO CAMILO JORDA
Juez Juez
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
Fin de la sentencia