Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 42779
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio, con costas a los recurrentes (art. 68 del CPCC).-
“SONEIRA YANINA JESICA ALEJANDRA C/ GALLO EDUARDO LUIS Y OTRO/A S((N9)/ ESCRITURACION”
Causa Nº MO-42779-2016 R.S.301/2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 03 de Diciembre de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "SONEIRA YANINA JESICA ALEJANDRA C/ GALLO EDUARDO LUIS Y OTRO/A S((N9)/ ESCRITURACION", Causa Nº MO-42779-2016 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
1. Contra la sentencia definitiva de fs. 254/261vta., se alzó la parte demandada, interponiendo recurso de apelación, el que fue concedido libremente a fs. 264 y se fundó con la expresión de agravios (electrónica) presentada con fecha 18/6/2019, la cual fue replicada con el escrito electrónico de fecha 4/7/2019.-
Se agravian los accionados de que se haya hecho lugar a la demanda, aun a sabiendas de que la misma era de cumplimiento imposible; también se quejan de la exoneración de responsabilidad de la corredora inmobiliaria y de que la sentencia les achaque mala fe.-
A los términos de la presentación recursiva cabe remitirse en homenaje a la brevedad.-
A fs. 273vta. se llamó "autos para sentencia", providencia que -firme- deja los obrados en condiciones de decidir.-
2. A fin de dar respuesta a la cuestión planteada, debo señalar -de todo comienzo- que el Sr. Juez de Grado falló el caso aplicando la normativa vigente al momento de celebrarse el convenio de autos (ver fs. 258/vta.) y al respecto no existe crítica de las partes.-
Zanjada tal cuestión, y abordando los agravios, tenemos que el primer planteo de los quejosos gira en rededor de la eventual imposibilidad de cumplimiento de la obligación asumida; consecuentemente, a estar de su planteo recursivo, lo que correspondía era resolver la operación en los términos del art. 627 del C. Civil con costas en el orden causado, en razón de que ambas partes fueron inducidas a error esencial por el mal obrar de la corredora inmobiliaria interviniente.-
Ahora bien, así posicionados, hay algo que debo advertir liminarmente: si los quejosos pretendían la resolución del contrato por imposibilidad de cumplimiento inicial debían, a mi modo de ver, introducir la pertinente pretensión reconvencional; pero, de la lectura y relectura de su presentación inicial (ver fs. 90/4) no surge que lo hubieran planteado de ese modo.-
Viene cierto que introdujeron el tema (ver fs. 92/vta. y 93vta. punto 5) pero de manera técnicamente incorrecta, y no mediante una reconvención.-
Esto es relevante porque, de mediar reconvención, la misma debía haberse bilateralizado (art. 356 CPCC) permitiéndole a la actora ejercer su defensa en esta cuestión, cosa que -por haber sido inadecuadamente propuesto el tema- no sucedió.-
Ahora bien, al margen de tal ápice procesal, existe una cuestión, sustancial, que da por tierra con los anhelos recursivos de los apelantes.-
En efecto; ellos plantean que el contrato debería resolverse en los términos del art. 627 del Código Civil.-
Recordemos que el mismo establecía que " si el hecho resultare imposible sin culpa del deudor, la obligación queda extinguida para ambas partes, y el deudor debe volver al acreedor lo que por razón de ella hubiere recibido" .-
Pues bien, aquí los demandados se obligaron en los términos del acuerdo de fs. 6/7; de la lectura del mismo es claro que se obligaban en relación a determinada unidad funcional (futura) -cláusula primera-; es muy explícita la cláusula quinta donde la parte cedente se obligaba a los gastos de subdivisión y confección de los planos para subdividir en TRES UNIDADES FUNCIONALES.-
En este contexto, y si los accionados venían a sostener que la obligación era de cumplimiento imposible, eran ellos quienes debían acreditarlo (art. 375 del CPCC).-
Ellos hablan, en sus agravios, del informe de fs. 245.-
Y llevan razón cuando dicen que el mismo habla de la imposibilidad de subdividir por tierra el inmueble, dada la superficie.-
Pero soslayan, y aquí lo fundamental, que a fs. 241 la dirección de planeamiento menciona, expresamente, LA POSIBILIDAD DE AJUSTARSE A UNA REGLAMENTACIÓN DE SUBDIVISIÓN POR PROPIEDAD HORIZONTAL .-
Este informe es prueba adquirida para el proceso y ninguna de las partes ejerció la posibilidad del art. 401 del CPCC.-
Con lo cual, no solo es que no surge probada la imposibilidad alegada, sino que de las constancias de autos surge mas bien lo contrario.-
Pues no debemos olvidar que, en el contexto del vínculo que ligó a las partes, no se apuntaba a la división del terreno, sino a la creación de unidades funcionales.-
Porque una cosa es subdividir por tierra y otra someter al régimen de propiedad horizontal; siendo este distingo, justamente, el que surge del informe en cuestión.-
Luego, y por tales razones, han de rechazarse los agravios que se traen en este sentido.-
Ahora, descartada la imposibilidad de cumplimiento, pierden toda virtualidad los agravios vinculados con la responsabilidad achacada a la corredora inmobiliaria.-
Es que no cabe predicar su responsabilidad cuando, como lo hemos visto, no solo no se ha demostrado cabalmente el incumplimiento, sino que el municipio deja planteada una posibilidad de cumplimiento de la obligación.-
Por lo demás, cabe agregar a ello -como bien se lo planteara ya desde la presentación de fs. 136/143, ver puntualmente fs. 140/vta.- que aquí estamos, al menos en este momento, frente a una acción de escrituración.-
Con lo cual, la venida al proceso -como tercero- de una persona distinta de las partes del contrato, pretendiéndose poner en juego su responsabilidad civil, trasciende -a todas luces- los alcances del art. 94 del CPCC.-
Quiero significar con esto que si los accionados consideraban que debían dinamizar alguna pretensión resarcitoria -o de otro tipo- respecto de la corredora inmobiliaria, ello debió hacerse en la vía y forma que correspondiera (incluso con eventual acumulación de procesos, si ello era menester), y no trayéndola a este juicio, donde ellos son demandados, para cumplir una obligación que ellos asumieron.-
Así entonces, y por tales razones, las quejas vinculadas con la actuación de la corredora, devienen también inatendibles.-
Diré finalmente, en relación al tercer agravio (vinculado con la mala fe de los apelantes), que comparto lo sostenido por el Sr. Juez de Grado en el sentido de que, si ellos habían asumido determinadas obligaciones en relación al inmueble, no correspondía que, tiempo después y aun no definidas las mismas, estuvieran transmitiendo el inmueble a otras personas.-
Considero que, de este modo, incumplen el standard de buena fe que dimana del art. 1198 del C. Civil y es, a mi juicio, correcta la consideración que en tal sentido ha hecho el sentenciante.-
3. Luego, por todo lo que llevo dicho, entiendo que la resolución apelada ha de confirmarse en todo cuanto ha sido materia de agravio, con costas a los recurrentes (art. 68 del CPCC).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Jorda.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio, con costas a los recurrentes (art. 68 del CPCC).-
REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE .-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. ROBERTO CAMILO JORDA
Juez Juez
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
Fin de la sentencia