Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 130897
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma el decisorio atacado de fecha 9 de noviembre de 2021, con costas (conf. arts. 68, 69, CPCC)..
Sentencia Interlocutoria
Causa N° 130897; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº12 - LA PLATA
GIGENA ALBERTO RICARDO C/ RANDO DE PANCALDO Y CAYETANA RANDO S/ ESCRITURACIÓN
La Plata, 16 de Marzo de 2022.
1.Vienen las presentes actuaciones a efectos de tratar el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto por el accionante con fecha 15 de noviembre de 2021 -fundado en dicha pieza expositora-, contra el decisorio de fecha 9 de noviembre de 2021.
2. A. En el caso, luego del acta celebrada con fecha 25 de agosto de 2021 -en la cual se dejó constancia, en lo que aquí interesa, que se hacía entrega por ante la Mesa de Entradas de las actuaciones-, la juez de grado dispuso que previo a todo trámite, atento el tiempo transcurrido del último movimiento del expediente y lo que surge del acta de fecha 25/08/2021, a fin de dar cumplimiento con lo normado por el artículo 135 inc. 7 última parte del Código Procesal Civil y Comercial -en adelante CPCC-, debería librarse cédula a los demandados (v. prov. del 2/9/21).
Con posterioridad a ello, la juzgadora decidió intimar a la parte demandada para que en el término de 10 días constituya domicilio electrónico, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del Juzgado, respecto de los proveídos que deban serle notificados a dicho domicilio, ordenándose que dicha providencia sea notificada conjuntamente con el proveído del 2/9/21 en formato papel (v. prov. del 16/9/21).
En atención a lo requerido con fecha 28/10/21 y de conformidad a cuanto surge de las constancias de las cédulas devueltas, la juez de grado dispuso, a fin de evitar eventuales nulidades, así como la lesión de la garantía de defensa en juicio, que se practiquen las notificaciones ordenadas con fecha 16 de septiembre de 2021 en el domicilio real de los demandados. Ello así, pues consideró que el último movimiento procesal se llevó a cabo el 3/4/1992, siendo devueltas las actuaciones por ante la Mesa de Entradas del Juzgado con fecha 25/08/2021 por el Dr. Ricardo Alberto Gigena, por lo que, siendo que las presentes actuaciones estuvieron fuera de Secretaría por un tiempo prolongado, consideró que el domicilio constituido cesó (v. prov. del 9/11/21).
B. El recurrente se muestra disconforme, pues entiende que la providencia recurrida atenta contra el principio de celeridad y economía procesal, además de resultar ajena a la realidad y constancias emergentes del presente expediente, donde la demandada ha tenido un lógico desinterés por la tramitación de esta causa. Refiere que las notificaciones dispuestas fueron bien practicadas, siendo ya una etapa precluida, no correspondiendo que se retrotraiga la misma. Alega que la falta de interés de la contraparte o el incumplimiento en mantener actualizados los domicilios no puede ser peso o carga de la actora. Indica que la causa no estuvo paralizada ni archivada, mas sí fuera de secretaria, por lo que no existe motivo alguno por el cual deba considerarse que el domicilio constituido ha cesado, pues así no lo dispone el artículo 42 del CPCC, incurriéndose, tal como ha resuelto la juzgadora, en un excesivo rigorismo formal no contemplado por la norma (v. esc. eléc. del 15/11/21).
Manifiesta que no se afectan derechos subjetivos ni el derecho de defensa de la contraparte, sino que se vulneran los derechos adquiridos de los actores y su derecho de propiedad, al dilatarse injustificadamente la escrituración del bien adquirido. Finalmente, señala que el decisorio recurrido deviene abstracto y divorciado de la realidad y las constancias de la causa, dando las explicaciones al respecto (v. esc. eléc. del 15/11/21).
3. Si bien el artículo 42 del CPCC estatuye que tanto el domicilio constituido –sea electrónico o físico- como el real, subsisten para los efectos legales hasta la terminación del juicio o su archivo, mientras no se constituyan o denuncien otros, debe puntualizarse que la ficción legal que domina el instituto procesal del domicilio a los efectos del juicio no puede ser extendida más allá de sus límites razonables. Es por ello que se ha admitido su aplicación al supuesto de la paralización del juicio durante un tiempo prolongado, lo que resulta equiparable al archivo (esta Sala, Causas A-41637, RSI 105/1991, sent. int. del 15/3/1991; Causa 106775, RSI 245/2006, sent. int. del 5/10/2006; Causa 117552, RSI 114/2014, sent. int. del 5/6/2014; 120551, sent. int, del 17/11/20, RSI 333/20; e/o).
En otras palabras, se ha dicho que el principio de que el domicilio a los efectos del juicio subsiste hasta tanto los justiciables no establezcan uno nuevo, reconoce como excepción la finalización del pleito o la circunstancia que hubiese sido archivado, desde que estos extremos, por su trascendencia en la dinámica de la relación procesal, conllevan la pérdida de vigencia del domicilio constituido, pues tanto el agotamiento del debate o su alongada inmovilización, poseen virtualidad suficiente para hacer presumir que las partes se han desentendido de la controversia que las vincula y, en tales condiciones, la salvaguarda del derecho de defensa en juicio veda extenderle los efectos de actos que, a raíz de sus propias conductas han concluido su operatividad o han permanecido detenidos en el tiempo (conf. arts. 18, CN; 42, CPCC; Morello-Sosa-Berizonce, “Códigos…”, edit. AbeledoPerrot, 4ta. Edic. ampliada y actualizada, Tomo II, pág. 616).
En vista a ello, siendo que el último trámite llevado a cabo en las presentes actuaciones aconteció en abril de 1992, es decir, hace casi 30 años, mal puede pretender el recurrente la subsistencia de los domicilios cuando, tanto su parte como la demandada se han desentendido del litigio en cuestión por un tiempo más que prolongado.
Si bien las actuaciones no se paralizaron ni se archivaron, tal como indica el recurrente, se aprecia que el doctor Ricardo Alberto Gigena procedió a entregarlas manifestando que se encontraban en préstamo en poder de los profesionales intervinientes (v. acta del 25/8/21), mas ello no puede considerarse en favor de quien aquí se disgusta, pues lo cierto es que transcurrieron aproximadamente 30 años sin actividad procesal alguna, lo que tira por tierra los planteos efectuados por el quejoso, tales como que la providencia atenta contra el deber de celeridad y economía procesal; que se ha actuado con un excesivo rigorismo formal; y que se vulneran los derechos adquiridos de los actores y su derecho de propiedad, al dilatarse injustificadamente la escrituración del bien adquirido, cuando, cabe reiterar, las actuaciones no fueron impulsadas por ninguna de las partes en un tiempo más que considerable (conf. arg. art. 42, CPCC).
Tampoco puede considerarse que las notificaciones dispuestas fueron bien practicadas, y que se trata de una etapa precluida, toda vez que debe meritarse lo informado en las mentadas cédulas (v. céd. del 21/10/21) y tenerse en consideración que proceder tal como pretende el accionante deviene contrario a la esencia del artículo 42 del CPCC, a la vez que podría atentar contra el derecho de defensa en juicio de la contraria (conf. arts. 18, CN; 42, CPCC).
Por último, sin perjuicio de lo señalado por el recurrente en su escrito electrónico de fecha 15 de noviembre de 2021, referido a los domicilios reales de los demandados, cabe señalar que tales argumentos de manera alguna logran revertir el decisorio atacado, en donde por un prolongado tiempo ambas partes se desentendieron de las presentes actuaciones, por lo que, ante las circunstancias alegadas, deberá notificarse de conformidad con lo establecido en el código de rito.
De conformidad con lo hasta aquí expuesto, corresponde confirmar el decisorio atacado, con costas (conf. arts. 68, 69, CPCC).
POR ELLO, se confirma el decisorio atacado de fecha 9 de noviembre de 2021, con costas (conf. arts. 68, 69, CPCC).. REGISTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
.
Fin de la sentencia