Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 122557
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la sentencia apelada, en cuanto a fines del prorrateo del 25 porciento se toman por separado todas las regulaciones derivadas de la demanda que prospera y de la reconvención rechazada, salvo las del letrado condenado en costas, y se ordena que el prorrateo se realice al momento del efectivo pago, con costas a la apelante en su objetiva condición de vencida (art. 69 C.P.C.C.).
En la ciudad de La Plata, a los 9 días del mes de Junio de 2022 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "VINAY EDUARDO FRANCISCO C/ RUBEL SEBASTIAN DANIEL S/ ESCRITURACION " (causa: 122557 ), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES :
1ra. ¿ Es justa la apelada sentencia de fecha 7/3/22?
2a. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
El juez de grado, el 07/03/22, rechazó la solicitud de prorrateo que edicta el art. 730 del C.C.C.N. segundo párrafo, con relación al auto del 14.10.2021 (modificado por la Alzada parcialmente en fecha 28.12.2021), pedimento que fue contestado por la contraria en escrito del 22/02/2022, por considerar que los honorarios no han excedido el monto máximo del 25% estipulado en la norma legal de referencia. pues se procedió a regular tanto por el proceso de escrituración q ue prosperó, como por el de reivindicación que fue rechazado , y teniendo en cuenta que sendos procesos c onstituyen pretensiones diferenciadas y autónomas, no resulta de recibo unificarlos a los efectos regulatorios (con cita del art. 26 ley arancelaria; SCBA, Ac 75.701, S ,13/09/2000; C. 97.539, S, 13/05/2009). Además, destaca que, tanto en uno como en otro caso, las regulaciones efectuadas están lejos de traspasar el máximo legal previsto en la normativa de fondo.
II. El recurso.
Contra esa decisión el demandado interpuso recurso de apelación el 12/03/22, que fue concedido el 16/03/22 y contestado el 22/03/22
Se agravia porque el art. 730 dispone que las costas no deben exceder del veinticinco por ciento del monto de la sentencia. No es correcto a su entender desdoblar dos pretensiones y contar ese tope de 25% para cada una, ya que existió una sentencia única y las costas representan un 47,29 % sobre la valuación del bien inmueble en cuestión.
III.1. El último párrafo del art. 730 del C.C.C.N. establece expresamente que “Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, deriva en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales, de todo tipo, allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no debe exceder del veinticinco por ciento de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades, superan dicho porcentaje, el juez debe proceder a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se debe tener en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que han representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas” .
Antes de seguir con el análisis de la norma, se impone destacar que los precedentes citados en el pronunciamiento apelado (SCBA, causas Ac. 75.701 y C. 97.539), no son aplicables al caso en análisis.
Sentado ello, el art. 730 establece un límite en la responsabilidad del deudor en el pago de las costas -sin perjuicio del reclamo que queda al profesional por el saldo y del planteo que pueda hacer el ganancioso si en virtud de ello ve afectado el principio de reparación integral- para el supuesto que el acreedor se vea obligado a iniciar un proceso judicial o arbitral para reclamar el cumplimiento de una obligación, cualquiera sea su fuente (contractual o extracontractual). No cabe separar las pretensiones acumuladas en un mismo proceso a los fines de prorratear por separado cada una de ellas. El límite del 25% debe calcularse sobre el monto de condena indicado en la sentencia o acuerdo, sin incluir los honorarios de los profesionales que asistieron al condenado.
Ello no obsta a que si en el pleito se hubieran acumulado pretensiones en la demanda o deducido reconvención, se puedan regular por separado los honorarios que correspondan a cada una (art. 26, ley 14.967), al momento de regular no rige el mentado límite.
Ahora bien, si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias aplicables a cada profesional - correspondientes a todas las profesiones-, superan el 25% del monto de la sentencia, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios.
La norma, al establecer un límite en la responsabilidad, debe interpretarse con criterio restrictivo , y se limita a los supuestos de condenación en costas al vencido, por lo que si se han acumulado pretensiones, y en una de ellas se asume la calidad de vencido y en la otra la de ganancioso, la actuación de la norma se limita a las costas impuestas por la calidad de vencido. En el presente caso fue condenado en costas por la demanda que prospera y la reconvención rechazada.
III.2. En el supuesto de la demanda admitida con una reconvención rechazada, ya que esta última no ha sido originada por el actor, sino por el demandado, sería incongruente que quien con su obrar ha incrementado -al introducir una contra-demanda- los costos del proceso, luego pretenda que dicho aumento sea afrontado en mayor grado por el vencedor bajo el amparo del límite de responsabilidad que establece el art. 730 del C.C.C.N. (arts. 1, 2, 9 y 10, C.C.C.N.). Obsérvese que uno de los fundamentos de la ley 24.432, que incorpora el agregado en cuestión al art. 505 del Código Civil -norma que reproduce el art. 730-, ha sido reducir los gastos judiciales (CSN, 5/5/2009, “Abdurramán, Martín c/Transportes Línea 104 S.A. s/Accidente ley 9688”), lo que no se cumpliría cuando es la propia demandada quien los acrecienta innecesariamente y en su propio interés -introduciendo otra demanda al litigio propuesto por el actor, quien a su vez pasa a ser demandado-, con un obrar que genera una mayor litigiosidad (arts. 1, 2, 3, 9, 10, 1724, 1725, 1726, 1727 y 1728, C.C.C.N.).
En consecuencia, en el marco expuesto, si las regulaciones superan el 25% del monto de la sentencia, se procederá a reducir -al momento del pago- los emolumentos a prorrata separando los honorarios de la demanda de los de la reconvención, por lo que corresponde confirmar la sentencia apelada.
III.3. Cabe aclarar que el cálculo se realiza al momento del pago respecto de los honorarios regulados en primera o única instancia; no alcanza a los honorarios regulados en una segunda instancia o instancias superiores. A su vez, no surge del texto de la norma que tal límite alcance a los honorarios regulados por los incidentes resueltos durante el trámite del proceso (Código Civil y Comercial Comentado INFOJUS, Caramelo y otros, comentario art. 730).
Esta Sala también ha dicho que el art. 730 del C.C.C.N. establece que a fin de calcular la responsabilidad por el pago de las costas de la primera instancia no exceda del veinticinco por ciento (25%) del monto del proceso, quedan incluidos tanto los honorarios de los abogados y sus aportes, a excepción de los correspondientes a los profesionales que hubieran representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas y los honorarios devengados por incidentes (conf. SCBA, Ac. 75.597, 22/10/2003, R, "Ghibaudi"; C. 97.539, 13/5/2009, por mayoría, “Poggi”), los honorarios de los peritos y auxiliares y sus respectivos aportes (SCBA, Rc. 120.880, I, 28/12/2016, “García Lazzarin”; Rc. 117.136, I, 10/4/2013, “Batafarano”; C. 97.539, 13/5/2009; Ac. 75.597, 22/10/2003) como así también la tasa de justicia y contribución de la ley 8455 (SCBA, Ac. 66.502, I, 25/3/1997, "Paz"; Ac. 68.235, 2/9/1997, I, "Armelli"; Ac. 78.699, I, 9/8/2000, “Rossi”). En todo caso, tal transgresión ocurrirá si luego se hace lugar a una ejecución por el total de los honorarios porque, lo que se ha limitado es la responsabilidad del deudor que quedará eximido de responder cuando el total de lo que se le reclama por costas supere el 25% del monto definitivo del juicio (ver voto del Dr. de Lázzari y lo resuelto por la SCBA en la causa L. 119.599, 11/4/2018, "Silveira Ros, María Ximena contra Comdisud SA y otros. Daños y perjuicios"). Si se supera dicho porcentaje, el condenado en costas solo es responsable hasta ese monto, en cuyo caso corresponde reducir a prorrata las regulaciones (esta Sala, causa 128.551, "NEVES MENDES EMILIO DANIEL c/YACOUB VIVIANA s/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) EJECUCION").
Por lo expuesto, considero que no es necesario ni obligatorio que el juez en la oportunidad de regular los honorarios se pronuncie de oficio sobre el prorrateo del art. 730 C.C.C.N. El orden lógico es que deben regularse los honorarios aplicando la normativa local, y luego de adquirir firmeza el condenado en costas podrá efectuar el pago a prorrata si se supera el aludido límite (25% del monto de la sentencia, computando capital y accesorios). En ese sentido la regulación de honorarios definitiva establecida por la Cámara -o en su caso la que quede firme- es condición para que se realice el prorrateo. En consecuencia, tampoco es necesario pedir que se prorratee al regular honorarios, ni al apelar, pues la ley es aplicable independientemente de la petición de parte.
Lo deseable es que el prorrateo no genere una incidencia, atento que el cálculo del 25% es fácilmente liquidable (la jurisprudencia se presume conocida por el profesional) y el obligado debe abonarlo -en el caso de los letrados- a los diez días de quedar firme el auto regulatorio, fecha a partir de la cual entra en mora (el pedido de prorrateo al juez no suspende el vencimiento). No corresponde otorgar un nuevo plazo para el cumplimiento del pago de los estipendios que ya se encuentren firmes (art. 54, Decreto Ley 8904/77 y ley 14.967; conf. esta Cámara, Sala II, causa 117.292, 22/11/2016, "GARCIA, MARIA EVANGELINA c/DIRISIO, GUSTAVO ADOLFO Y OTRA s/DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/LES. O MUERTE -EXC. ESTADO-“).
En suma, no es necesario que el juez resuelva el prorrateo, sin perjuicio de los planteos que los interesados puedan hacer respecto de su aplicación (vgr. por discutir cuales son los montos involucrados en la sentencia que fija la base, los efectos que el incumplimiento doloso ha provocado, o el planteo que podría realizar la parte gananciosa en la eventualidad de tener que afrontar los gastos del trámite que exceden el 25%, por afectación del principio de reparación integral) (arts. 34 inc. 5, 68, 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
Consecuentemente, voto POR LA AFIRMATIVA .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Lopez Muro dijo: que, por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante, adhería a la solución propuesta; y, en consecuencia, también votaba por la AFIRMATIVA .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Sosa Aubone dijo:
Por lo expuesto corresponde confirmar la sentencia apelada, en cuanto a fines del prorrateo del 25 % se toman por separado todas las regulaciones derivadas de la demanda que prospera y de la reconvención rechazada, salvo las del letrado condenado en costas, y se ordena que el prorrateo se realice al momento efectivo del pago, con costas a la apelante en su objetiva condición de vencida (art. 69 C.P.C.C.).
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Lopez muro dijo:
Que, por idénticos motivos, votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, se confirma la sentencia apelada, en cuanto a fines del prorrateo del 25 porciento se toman por separado todas las regulaciones derivadas de la demanda que prospera y de la reconvención rechazada, salvo las del letrado condenado en costas, y se ordena que el prorrateo se realice al momento del efectivo pago, con costas a la apelante en su objetiva condición de vencida (art. 69 C.P.C.C.). REG. NOT. DEV.
Fin de la sentencia