Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 134564
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe deja sin efecto la sentencia definitiva apelada y se decreta la nulidad de la notificación de la demanda y de los actos que son su consecuencia, sin perjuicio de la validez de los informes producidos al ser independientes de la nulidad. Las costas de ambas instancias se imponen al actor por haber originado la nulidad (arts. 68 y 384 del C.P.C.C.).
EAS
En la ciudad de La Plata, a los 05 días del mes de Diciembre de 2023 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "BRANDONI JOHANNA ELIZABETH C/ CAPARELLI BLANCA IRIS Y OTRO/A S/ ESCRITURACION " (causa: 134564), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES :
1ra. ¿Resulta ajustada a derecho la apelada resolución de fecha 14/12/2022?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. SOSA AUBONE dijo:
I. Antecedentes.
1.1. A fs. 1/21, se presenta Johana Elizabeth Brandoni, con el patrocinio letrado de la Dra. Glenda Elena Nogareda, y promueve demanda de escrituración en relación al bien inmueble identificado según título como lote 37 Manzana 128, identificado catastralmente como Cir. IX Secc. A, Manz.128, Parc.37, Matricula 218.516 de esta ciudad, contra CAPARELLI BLANCA IRIS y ESPOSITO JOSE con domicilio denunciado en la calle 145 esquina 41 n° 460, La Plata.
Expresa que la titular registral Blanca Iris CAPARELLI, con fecha 12 de junio de 1982, vendió el bien a VALLEJOS, Rubén Omar, por medio de un boleto de compraventa, y que éste último, cedió el boleto a la Sra. VANNEY, Elena Mirta, el día 14/08/2008 y está lo cedió a la actora el día 08/04/2019.
Dice que se le requirió al vendedor otorgamiento de la escritura y frente al incumplimiento lo demanda para que cumpla con dicho cometido.
1.2. Se corre el traslado de ley y los demandados son notificados “bajo responsabilidad de la actora” con fecha 07 de febrero de 2020 en la calle 145 esquina 41, número 460, La Plata.
1.3. Con fecha 10/03/2020, se declara la rebeldía de los accionados, providencia que fue notificada “bajo responsabilidad de la actora” al domicilio de la calle 145 esquina 41 nro. 460, La Plata, y no mereció cuestionamiento alguno.
1.4. La sentencia es apelada por la actora, quien expresó agravios, los que no fueron contestados.
El recurrente se agravia del rechazo de la demanda, con base en que los hechos expuestos deben considerarse admitidos por los demandados, más aún cuando el órgano de grado propuso no abrir a prueba el proceso.
1.5. Producto de la medida para mejor proveer dispuesta por este tribunal, se obtuvo la siguiente información: a) la sucesión de Espósito o Sposito José, tramitó ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 de Neuquén, en el cual se dictó declaratoria de herederos en la que fue declarada única y universal heredera su cónyuge Blanca Iris CAPPARELLI de ESPOSITO; b) la sucesión de Blanca Iris Capparelli, tramitó ante los Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 de Neuquén, habiéndose dictado declaratoria de herederos con fecha 7/10/97, en la que fueron declarados universales herederos sus hijos: Rubén Oscar ESPOSITO; Susana ESPOSITO, Alicia Beatriz ESPOSITO y Jorge Enrique ESPOSITO (fallecido en fecha 21/11/2017). Asimismo, la sucesión de Jorge Enrique ESPOSITO, tramitó ante el Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Neuquén, donde con fecha 28/9/2018 se dictó declaratoria de herederos en favor de sus hijas y su cónyuge (ver informe agregado al proveído del 7/11/2023).
Asimismo, se informó que BLANCA IRIS CAPARELLI falleció el 1/10/89 en Neuquén, habiendo tenido domicilio en Ministro Alcorta 797, Neuquén; y que el Sr. ESPOSITO o SPOSITO JOSE falleció el 25/5/82, en Neuquén, habiendo tenido domicilio en la calle Alcorta 797, Neuquén (ver informe agregado al oficio del 26/10/2023 y 24/10/2023).
Dicho domicilio es el que informa la Justicia Nacional Electoral respecto de la Sra. CAPPARELLI (ver informe adjunto al proveído del 19/10/2023).
II. Tratamiento de los agravios.
2.1. Previo al tratamiento de los agravios vertidos, se impone analizar si la litis se ha integrado regularmente, ya que ello hace a la constitución válida del proceso y a la tutela del derecho de defensa en juicio (arts. 15, Const. Prov.; 18 y 75 inc. 22, Const. Nac.), supuesto en el que corresponde actuar de oficio cuando el vicio no se hallare consentido (art. 172, C.P.C.C.).
2.2. Considero, a la luz de los hechos relevantes acreditados en la causa, Si se ha probado la irregularidad del acto de notificación de la demanda, realizado “bajo responsabilidad de la actora” cuando los mismos habían fallecido, previo al tratamiento de los agravios vertidos se impone analizar de oficio -siempre que el vicio no se hallare consentido- si la litis se ha integrado regularmente, ya que ello hace a la constitución válida del proceso y a la tutela del derecho de defensa (arts. 15, Const. Prov.; 18 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 172, C.P.C.C.), por lo que debe revocarse la solución dada en la instancia de origen y anularse todo lo actuado a partir de la notificación de la demanda, sin perjuicio de la validez de los informes producidos en autos (arts. 34 inc. 5, 36 inc. 2, 163, 164, 169 a 172, 174, 338, 375 y 384, C.P.C.C.).
2.3. La actividad del juez y de las partes en el proceso puede originar irregularidades, defectos o vicios, que se reflejan de dos modos diferentes: el error “in iudicando” y el error “in procedendo”. Aquél apunta a la justicia o mérito mismo de las decisiones judiciales; éste se repliega a los déficit de actividad en el proceso. Unos y otros originan, consecuentemente, resultados perjudiciales para los fines perseguidos por el servicio de justicia. La nulidad nos coloca en la patología del proceso. Las formas procesales, en sentido estricto, comprenden las condiciones de lugar, tiempo, modo y medios de expresión a los que deben sujetarse las actividades desplegadas por las partes y por el propio órgano jurisdiccional, mediante los cuales el proceso se encamina hacia su composición por la sentencia. No hay acto procesal sin forma externa y es necesario, además, observar un orden predeterminado dentro del proceso (MORELLO-SOSA-BERIZONCE, “Códigos…”, t. II-C, 2da. edición, 1986, pág 313).
Las formas son necesarias en el proceso, ya que a su falta suceden la confusión, el desorden y la incertidumbre. Su inobservancia, puede -atendiendo a la gravedad de la falta- ir desde la mera irregularidad, pasando por la nulidad, hasta llegar a la inexistencia. En el primer supuesto, cuando no obstante la falta se cubren las condiciones mínimas exigidas para ser considerado como tal, el acto es eficaz, conserva su vigencia. Cuando al acto le falta alguno de los requisitos marcados por la ley, y queda viciado en su esencia, éste no produce sus efectos normales y es nulo. Por ello, las nulidades procesales no tienen por finalidad satisfacer pruritos formales, sino enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación de los métodos de debate, cuando ello suponga restricción de las garantías a que tienen derechos quienes intervienen en un proceso.
Los presupuestos de la nulidad procesal se enuncian a través de cinco principios o postulados, que constituyen otras tantas condiciones de admisibilidad. Si alguno de ellos no se da, la nulidad no procede. Son los principios de especificidad, convalidación, trascendencia, protección y conservación. Así, la nulidad de los actos procesales es viable: a) cuando la ley expresamente ha establecido esa sanción -principio de especificidad- (art. 169, párr. 1º, C.P.C.C.), que lo es sin perjuicio de las nulidades implícitas mentadas por el párr. 2º de la misma norma; b) cuando el acto carece de los requisitos indispensables para obtener su finalidad, ya que si no obstante su irregularidad ha logrado la finalidad a la que estaba destinado, por el principio de conservación (art. 169, párr. 3º, C.P.C.C.), la nulidad no será viable, de allí que la nulidad sea de interpretación restringida; c) cuando no haya sido consentido expresa o tácitamente -principio de convalidación o subsanación- (art. 170, C.P.C.C.); d) debiendo pedirla quien no la haya provocado -principio de protección- (art. 171, C.P.C.C., aplicación del nemo auditur propiam turpitudinem allegans ); y e) quien promoviere un incidente de nulidad debe expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración de nulidad y mencionar, en su caso, las defensa que no ha podido oponer. Se refiere entonces a dos extremos: a) expresar el perjuicio sufrido del que derive el interés en la nulidad y b) mencionar, "en su caso", las "defensas" que no se han podido oponer -en los supuestos en los que se puedan oponer defensas o planteos-, lo cual responde al principio de trascendencia (art. 172, párr. 2º, C.P.C.C.).
Si bien la nulidad se declarará a petición de parte, los jueces pueden declararla de oficio siempre que el vicio no se hallare consentido (art. 172, C.P.C.C.), tal como sucede en autos, donde se advierte de la reseña efectuada que la litis ha sido trabada en forma indebida, habiéndose notificado a los demandados Blanca Iris Caparelli y José Espósito “bajo responsabilidad” cuando ya habían fallecido, supuesto en el cual está afectado el orden público por estar comprometida la debida administración de justicia y el derecho de defensa, correspondiendo actuar de oficio. De lo contrario, se estaría convalidando un proceso ilegítimo e inválido (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.; 34 incs. 4 y 5, 36 inc. 2, 140, 141, 142, 149, 163, 164, 169, 170, 172, 174, 338 y 384, C.P.C.C.).
En consecuencia, corresponde declarar la nulidad del acto de notificación de la demanda y las actuaciones posteriores que son su consecuencia, tornándose carente de sentido tratar los agravios vertidos por la parte actora (arts. 163, 164, 174 y 338 última parte, C.P.C.C.).
2.4. Bajo tales postulados considero que debe revocarse la sentencia dictada y anularse la notificación de la demanda y los actos que son su consecuencia, sin perjuicio de la validez de los informe producidos al ser independientes de aquella, con costas a la actora, quien con su actividad ha generado la nulidad decretada (arts. 34 inc. 4º, 68, 160, 169 a 172, 174, 242, 246, 338, 375 y 384, C.P.C.C.).
Consecuentemente, con el alcance indicado voto por la NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. LOPEZ MURO dijo :
Adhiero al voto del Dr. Sosa Aubone y consecuentemente doy mi voto por la NEGATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. SOSA AUBONE dijo :
Atendiendo al acuerdo logrado corresponde y así lo propongo dejar sin efecto la sentencia definitiva apelada y decretar la nulidad de la notificación de la demanda y de los actos que son su consecuencia, sin perjuicio de la validez de los informes producidos al ser independientes de la nulidad. Propongo que las costas de ambas instancias se impongan al actor por haber originado la nulidad decretada (arts. 68 y 384 del C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. LOPEZ MURO dijo : que por idénticos motivos votaba en igual sentido que el doctor SOSA AUBONE.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO , se deja sin efecto la sentencia definitiva apelada y se decreta la nulidad de la notificación de la demanda y de los actos que son su consecuencia, sin perjuicio de la validez de los informes producidos al ser independientes de la nulidad. Las costas de ambas instancias se imponen al actor por haber originado la nulidad (arts. 68 y 384 del C.P.C.C.). REG. NOT. DEV.
Fin de la sentencia