Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 59766
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma el decisorio recurrido en todo lo que fue materia de agravios; con costas al recurrente (art. 68 del C.P.C.C.).-
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
Causa Nº C2-59766 R.S. 103/2020
Con fecha 21 de Mayo de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "LEIS ENRIQUE CARLOS C/ GONZALEZ JOSE Y OTROS S/ ESCRITURACION, COMPENSACION Y COBRO", Causa N º C2-59766 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. Contra la sentencia dictada a fs. 603/608 vta. por la Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 Departamental, se alzó electrónicamente la parte actora, interponiendo recurso de apelación, el cual fue concedido libremente a fs. 609, y arribado los autos a esta alzada, se fundó con la expresión de agravios presentada -electrónicamente- el 19 de septiembre del 2019, confiriéndose el respectivo traslado a fs. 631.
2. A fs. 633vta., se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
La parte actora en primer lugar solicita que se modifique el decisorio cuestionado y que esta alzada disponga que la multa diaria que surge de la cláusula séptima del boleto, debe aplicarse hasta el efectivo cumplimiento de la obligación asumida por la contraria.
Según el apelante, el segundo agravio consiste en el rechazo de la pretensión actoril respecto al cobro de pesos y admitir parcialmente la reconvención por cobro de saldo de precio deducida por el coaccionado Gonzalez.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .
Planteada así la cuestión he de proceder a su estudio.
Para lo cual preliminarmente es necesario advertir que la interpretación del negocio jurídico consiste en desarrollar la actividad lógica encaminada a buscar y fijar el significado de la manifestación o manifestaciones de la voluntad a fin determinar el real contenido del acto, esto es, "lo querido por los partícipes"; que se da como basamento a la interpretación de los contratos el principio sentado en la norma del art. 1.198 del Código Civil, que es la "buena fe", "lealtad" y "probidad", y que en su 1er. párrafo establece que "los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión"; que en la labor de hermenéutica hay que considerar la voluntad real de las partes antes que el sentido literal de las expresiones empleadas, máxime cuando diversas cláusulas se contradicen, o cuando las partes afirman distintas obligaciones que han contraído verbalmente; que han de tenerse en cuenta -asimismo- los principios sustentados en las normas de los arts. 218 del Código de Comercio y el 16 del Código Civil (conf. Arauz Castex, M., "Tratado de Derecho Civil", Parte General, t. I, págs. 205/206, ed. Etja, Bs.As., 1965, y la denominada "Regla de Oro -Lord Wensleydale's Golden Rule"- del derecho anglosajón).-
Ahora bien situándonos en el concreto caso de autos, hemos advertido en el precedente punto II que la parte actora en la expresión de agravios traída a esta alzada solicita que se modifique el decisorio cuestionado y que este Tribunal disponga que la multa diaria que surge de la cláusula séptima del boleto, debe aplicarse hasta el efectivo cumplimiento de la obligación asumida por la contraria.
Bajo tal prisma recursivo analicemos el caso de autos.
Comencemos.-
La claúsula séptima del boleto de compraventa que vinculara a las partes fechado el 14 de julio del 2000, textualmente reza: "En caso de incumplimiento de cualquiera de las partes a lo pactado en el presente contrato, dará derecho a la contraparte a exigir el fiel cumplimiento del mismo, con más una multa diaria de DOLARES BILLETES ESTADOUNIDENSES CIENTO CINCUENTA (u$s 150) como clausula penal, reservándose los derechos de accionar por los daños y perjuicios ".-
Al incoar la acción la parte actora en el punto VIII de tal presentación reclama cobro de pesos, señalando que " tal como se demuestra con la liquidación que a continuación se practica, considerando que los importes resultantes de la aplicación de la multa de la clausula SEPTIMA del boleto de compraventa provenientes de multiplicar los días de mora en el otorgamiento de la escritura con la multa diaria CIENTO CINCUENTA (150,00) pesos o dólares, y siendo que dichos importes superan, los importes que hubiera correspondido abonar a mi mandante por el acto escritural; mediante la presente mi mandante reclama la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL (28.000). Al solo efecto de clarificar la cuestión, mi parte hace el siguiente distingo; por tratarse de valores equivalentes hasta la compensación entre ambos importes -valores de escrituración y valores de multa- ".-
A continuación en el punto IX titulado "LIQUIDACION", se advierte que en el apartado 6 se destaca la fecha final de escrituración "prorroga al 30/03/2001", mientras que posteriormente en el 7 °, se señala concretamente MORA ESCRITURACION AL 30/03/03= 730 días ; y en el 8° reza "Multa diaria por la mora en la escritura a favor del adquierente U$S 150.- 150x730= U$S 109.500 -81.500= $28.000" .
La transcripción literal de lo expresado por la parte actora, nos sirve para visualizar claramente la cuestión.
Al reclamar por cobro de pesos el actor concretamente puso una fecha de corte a la cláusula penal: el 30/03/2003
Sin dejar a salvo que dicha fecha lo era a modo de simple referencia y que la multa se pretendía hasta el efectivo otorgamiento de la escritura.
Más aún, el accionante fija un monto final del reclamo en $28.000.
Claramente y por más que el accionante -en sus escasos argumentos traídos a esta alzada (art. 260 del C.P.C.C.)- considere lo contrario la petición hoy efectuada en su escrito recursivo resulta violatoria a la teoría de los propios actos.
Por lo demás, es necesario destacar que no pueden introducirse, en sede revisora, cuestiones que deberían haberse planteado en la instancia originaria (art. 272 del CPCC).
Con lo cual si no se reclamó, inicialmente, la multa hasta el momento de la escrituración, no puede venirse con tal cuestión en la instancia de revisión.
Ahora bien en relación al segundo agravio vale destacar que esta Sala ha sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que -en el caso concreto- se atribuye al sentenciante (conf. Causas nros. 24.783, R.S. 178/90; 27.537, R.S. 74/92; 31.702, R.S. 147/94, entre otras).-
El embate contra la sentencia de Primera Instancia llevado a cabo por medio del memorial -o expresión de agravios, en su caso- debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta pieza procesal se erige como cuña que tiende a romper el fallo atacado, pero, para ello, atento el adagio "tantum devolutum quantum apellatum", hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la providencia impugnada.-
Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo (Causa nº 22.242, R.S. 44/89).-
La apuntada carga procesal supone la demostración del agravio, no correspondiendo al Juzgador suplir en esa tarea al justiciable, por ser un imperativo del propio interés del peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia.-
Para tener por satisfechos los fines legales de dicho escrito, deben concretarse punto por punto los déficit fundamentales que se atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba (conf. Hitters en "Técnica de los Recursos Ordinarios", págs. 442/446).-
Se exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído -en cuanto juzgado erróneo- como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia (conf. Causa nº 22.549, R.S. 89/89).-
La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del Magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata a sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en la sentencia (Cám. Nac. Com., Sala D, 24/4/84, L.L. 1.985, v. A, p. 309; esta Sala, Causa nº 31.349, R.S. 52/94).-
Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (arts. 260, 261, 34, inc. 5º, pto. c), del Cód. Procesal; Causa nº 32.277, R.S. 228/94).
Lo precedentemente expuesto, me lleva a considerar la insuficiencia del segundo agravio.
Toda vez que de la lectura del mismo se observa que el apelante se remite a los ya escasos argumentos del agravio anterior (el cual hemos abordado solo por aplicación del criterio de elasticidad) pero -en este caso- las escuetas manifestaciones sobre el monto no logran erigirse como crítica concreta, razonada y suficiente del punto (art.260 del C.P.C.C.).
Máxime cuando teniendo en cuenta la entidad del reclamo recursivo (rechazo del cobro de pesos) merecía una crítica a la altura del mentado art. 260 del C.P.C.C.
En consecuencia, no habiendo el apelante expresado idóneamente agravios en relación a la resolución apelada en este aspecto, quedando de esta manera irrebatidos los argumentos expuestos por la sentenciante, deviene aplicable la consecuencias prevista en el art. 261 del C.P.C.C.
Por lo expuesto, propongo, en definitiva, que se confirme el decisorio recurrido en todo lo que fue materia de agravios; con costas al recurrente atento su carácter de vencido (art. 68 del C.P.C.C.).
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor JORDA, por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Gallo.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA el decisorio recurrido en todo lo que fue materia de agravios; con costas al recurrente (art. 68 del C.P.C.C.).-
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2020 12:00:13 - JORDÁ Roberto Camilo ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 21/05/2020 12:00:23 - GALLO José Luis ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 21/05/2020 12:00:39 - QUADRI Gabriel Hernan ([email protected]) -
Fin de la sentencia